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Qué dice la reforma laboral sobre las licencias por enfermedad y por qué genera reclamos en el Congreso

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En Infobae en vivo, la discusión sobre el artículo 208 de la reforma laboral se volvió central tras la difusión del texto que habilita recortes salariales ante accidentes o enfermedades ajenas al trabajo.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Fede Cristofanelli, se analizó el origen y las consecuencias de la modificación introducida. Jastreblansky subrayó: “Invierte la carga de la prueba. El empleador tendrá derecho a pagar la mitad, no es una obligación, sino que la ley le abre la puerta. Probablemente la mayoría se agarre de esto para hacerlo, está claro”.

El texto del artículo 208 y la controversia sobre los derechos laborales

Manu Jove remarcó la ambigüedad del texto legal: “Lo de ‘el trabajador tendrá derecho’ hace ruido por cómo está planteado, pero al mismo tiempo se convirtió en un eslogan casi vacío de la oposición más férrea, el kirchnerismo, el peronismo. Esta idea de ‘la ley viene a quitar derechos’ empezó a instalarse con este artículo”. Jastreblansky recordó que la votación en el Senado se realizó con el proyecto repartido apenas seis minutos antes, lo que alimentó el desconcierto: “Muchos senadores se enteraron de este artículo y no sé si llegaron a leerlo porque hubo imágenes de cómo repartían el texto final de la ley de reforma laboral minutos antes de votar”.

La polémica también se concentró en la figura de Federico Sturzenegger, señalado como principal impulsor de la desregulación: “Desde que Sturzenegger entra al mundo Milei, lo único que él quiere hacer es cambiar, casi refundar las normas en Argentina y desregular todo lo posible”, sostuvo Jastreblansky. El staff recordó su impronta performática: “Es el hombre que andaba con esas carretillas, creo que literalmente, con pilas y pilas de hojas de artículos y leyes para derogar. El hombre detrás de la Ley Bases, incluso antes de ser funcionario formal”, sumó Jove.

Judicialización, conflicto de intereses y la reacción del Gobierno

El programa abordó el impacto judicial y los eventuales conflictos de interés vinculados al entorno del Gobierno. Jastreblansky explicó: “Muchas de las desregulaciones terminaron judicializadas y la justicia la frenó. Él dice: ‘Estoy estudiando qué hizo la Revolución Francesa con el sistema judicial, porque el sistema judicial es el último reducto de la casta’”. La periodista recordó el caso de la adjudicación directa de un contrato entre Cancillería y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por la esposa de Sturzenegger: “Es una adjudicación directa por especialidad, no hubo licitación. Se presenta un conflicto de interés, eso es así. Tenés que darle intervención a los organismos de control y en este caso se hizo. La Oficina Anticorrupción y la Sindicatura de la Nación dictaminaron sobre esta situación”.

El debate también incluyó las críticas a la estrategia oficialista de instalar casos extremos como “lastimarse jugando al fútbol” para justificar la reducción salarial. Paula Guardia Bourdin planteó: “Lo que hace es girar el eje del debate a una pavada, como es el romperte la pata jugando al fútbol, y lo quita de las enfermedades graves”. Jastreblansky enfatizó: “La primera parte del artículo dice que si tenés una enfermedad inculpable te pueden reducir hasta el 75% del sueldo. Si tenés un cáncer, ¿el empleador te va a pagar el 75% y no te va a cubrir esa licencia que hasta ahora te cubría el 100%?”.

Presión política y alternativas para destrabar la reforma laboral

Con la aprobación en Diputados en riesgo, el staff analizó las opciones que barajan los legisladores ante el rechazo social y político. Jastreblansky anticipó: “Empiezan a surgir algunas ideas para no tocar la ley como está: hacer una segunda ley de un solo artículo que aclare todo esto y diga que en casos de enfermedades gravísimas todavía el empleador tiene que cubrir el 100% del sueldo. Otros dicen de empacharlo desde la reglamentación y ahí aclarar que no aplica para casos de enfermedades graves”.

Jove señaló que la fragmentación política en Diputados abre la puerta a múltiples reclamos: “Aquellos dispuestos a acompañar la reforma dicen: ‘Si se abre la ventana para meter una modificación, aprovecho y te pido por acá, te pido por allá, hay que cambiar esto, ya está’. El bloque de Provincias Unidas ya votó en disidencia. El PRO y parte del radicalismo presionan para sumar sus propios temas. Si modifican el artículo, todos quieren meter la cuchara y se complica la aprobación”.

El debate evidenció la tensión entre la urgencia oficialista por sancionar la reforma antes del inicio de las sesiones ordinarias y la resistencia de sectores que advierten sobre la regresividad de los cambios. La opinión pública, atravesada por la discusión sobre derechos laborales y la credibilidad de los controles estatales, sostiene el tema en agenda mientras crecen las negociaciones legislativas.

 

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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