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ATE realizará un paro con movilización el día que se trate la reforma laboral en Diputados

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que realizará un paro con movilización frente al Congreso el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. La decisión fue comunicada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó con dureza el proceso legislativo y la postura del Gobierno frente a los reclamos sindicales. Según detalló en diálogo con Infobae al regreso, la organización estableció su alineamiento con un frente de más de cien sindicatos que rechazan cualquier intento de acuerdo parcial en el tratamiento de la ley.

Aguiar explicó que el frente sindical entiende que el diálogo para realizar modificaciones parciales no resulta viable, ya que, a su juicio, “toda la ley de principio a final nos perjudica”. El dirigente remarcó que, si bien se eliminaron artículos que afectaban directamente a los sindicatos, permanecen intactos aquellos que considera lesivos para los trabajadores. “No puede aparecer como que canjeamos plata por explotación, plata por más precarización, justo de aquellas y aquellos que tenemos que representar”, expresó, planteando la dificultad de justificar cualquier acuerdo en esas condiciones.

El anuncio de la medida de fuerza llega en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los principales actores sindicales. La movilización de ATE se sumará al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que también fijó una huelga nacional de 24 horas para el día en que se debata la reforma laboral en la Cámara baja. La adhesión de los gremios del transporte garantiza la interrupción total de colectivos, trenes, subtes y taxis en todo el país, lo que anticipa un fuerte impacto en la vida cotidiana.

El secretario general de ATE, quien obtuvo el respaldo de casi medio millón de estatales en la última elección interna, enfatizó que la postura de la organización no busca generar polémica interna en el sindicalismo, sino que refleja una forma de ejercer la representación gremial. Según sus palabras, “no estamos generando ninguna polémica. Simplemente, estamos expresando cada uno nuestra manera de pensar y de ejercer esta actividad”.

Consultado sobre la estrategia de movilización, Aguiar explicó que la decisión de convocar a un paro con movilización responde a la necesidad de evitar que el Congreso se quede sin la presión de la calle, lo que, según su visión, facilitaría el avance legislativo del oficialismo. “No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, consideró, haciendo referencia al debate en la Cámara Alta. El dirigente incluso ironizó sobre la dinámica parlamentaria, señalando que durante la votación en el Senado “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de retiro durante las vacaciones”.

Aguiar también cuestionó el comportamiento de algunos legisladores, señalando que “muchos gobernadores, muchas de esas senadoras y senadores y de las diputadas y de los diputados que van a intervenir esta semana, hace solo pocos meses juntaron votos diciéndose peronistas en sus provincias y confrontando las políticas del Gobierno Nacional”. El sindicalista advirtió sobre una “malversación instantánea del voto” y puso en duda la legitimidad de ciertas transformaciones políticas recientes.

La preocupación por el impacto de la reforma laboral en los derechos de los trabajadores se extiende más allá de la estructura sindical. Según el propio Aguiar, la iniciativa oficial “ataca a los sindicatos para debilitar y desproteger a los trabajadores a la hora de discutir sus salarios y sus condiciones laborales”.

El dirigente advirtió que la aprobación de la ley pondría en riesgo “todos los derechos laborales que conocemos” y anticipó la posibilidad de profundizar el plan de acción si el proyecto avanza en el Congreso.

El paro y la movilización de ATE se inscriben en una etapa marcada por la alta conflictividad entre el Gobierno y los sindicatos. Esta será la cuarta medida de fuerza general enfrentada por el presidente Javier Milei en poco más de dos años al frente del Ejecutivo, un indicador de la presión social y gremial que atraviesa la gestión. El fenómeno no es nuevo: los presidentes no peronistas suelen experimentar más paros generales en menos tiempo que los mandatarios del Partido Justicialista, de acuerdo con un estudio de la Universidad Austral.

La estrategia sindical se apoya también en el rechazo a ciertos artículos específicos de la reforma. Entre los puntos más cuestionados figura el artículo que limita el pago de salarios completos durante licencias por enfermedad o accidente no vinculado a la actividad laboral.

Según el texto aprobado en el Senado, los trabajadores afectados recibirán el 50% del salario, con opción a alcanzar el 75% si la situación no responde a una acción voluntaria ni a conocimiento previo del riesgo.

Por el momento, la atención permanece puesta en la fecha en que la Cámara de Diputados convoque a sesión para debatir la reforma laboral. La movilización de ATE promete constituirse en uno de los focos de presión más relevantes durante la discusión parlamentaria, en un escenario de alta tensión política y social.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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