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Reforma laboral: el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas, tras la presión de los bloques aliados

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El Gobierno decidió retirar el artículo 44 de la ley de reforma laboral, tras la fuerte presión y rechazo de los bloques aliados a la limitación de las licencias médicas que había sido aprobada en el debate en la Cámara de Senadores. La decisión se tomó en las últimas horas, luego del rechazo que los bloques aliados habían expresado a sancionar la iniciativa sin hacer modificaciones.

Fuentes parlamentarias confirmaron a Infobae que el artículo será eliminado en la reunión plenaria de comisión que tiene que emitir dictamen mañana en Diputados, con el objetivo de garantizarse la aprobación en la sesión prevista para el jueves próximo. La Casa Rosada tiene por delante una carrera contra reloj para conseguir que la Cámara baja apruebe con modificaciones el proyecto y el Senado, el viernes de la semana próxima, lo convierta en ley.

El artículo en cuestión era el siguiente:

“CAPíTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo

De los accidentes y enfermedades inculpables

Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”

La decisión del Gobierno nacional de retirar el artículo sobre licencias médicas del proyecto de reforma laboral marcó un giro en las negociaciones parlamentarias de los últimos días. La medida, resultado de una serie de reuniones intensas con bloques aliados, reflejó la tensión que generó este punto específico dentro de la iniciativa impulsada por el oficialismo. Las conversaciones, que se extendieron hasta última hora, pusieron en evidencia el delicado equilibrio que el Ejecutivo debe mantener para avanzar con su agenda en la Cámara de Diputados.

En el centro del debate se ubicó la propuesta original que establecía modificaciones en el régimen de ausencias justificadas por cuestiones de salud. La eliminación del artículo, confirmada por fuentes oficiales, surgió como respuesta directa a los reclamos de espacios políticos que consideraron que la redacción ponía en riesgo derechos adquiridos de los trabajadores. De acuerdo con lo informado, la postura que adoptó el bloque de Innovación Federal fue determinante para forzar el retiro del texto, ya que anticipó que no acompañaría la medida si no se revisaba su contenido.

Este escenario evidenció el peso político que adquirió el tema en las últimas jornadas, ante la proximidad de la sesión extraordinaria convocada para tratar la reforma. La urgencia por alcanzar consensos puso de relieve la fragilidad de la mayoría oficialista y la importancia estratégica de cada voto. Funcionarios del Ejecutivo, según trascendió, consideraron que priorizar la aprobación general del paquete de cambios era más relevante que insistir en un punto que generaba resistencias insalvables.

El debate por las licencias médicas se intensificó tras la difusión de la letra chica del proyecto, que proponía limitar la cantidad de días de ausencia por motivos de salud y endurecer los controles sobre los certificados expedidos. Legisladores de sectores dialoguistas manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que estas restricciones afectaran a trabajadores con enfermedades crónicas o situaciones especiales. En este contexto, la presión pública de organizaciones gremiales y asociaciones médicas sumó un factor adicional de tensión, acelerando la necesidad de revisar el texto.

La reacción sindical se manifestó en comunicados y pronunciamientos que reclamaron respeto por los convenios colectivos de trabajo y advirtieron sobre eventuales retrocesos en materia de derechos laborales. Voceros de la Confederación General del Trabajo (CGT) señalaron que cualquier intento de limitar las licencias representaba “un ataque a conquistas históricas”. La postura de la central obrera fue replicada por representantes de otros gremios, que coincidieron en la defensa de los marcos legales vigentes.

En paralelo, desde el oficialismo se intentó instalar la idea de que la reforma general no perdería fuerza por la exclusión del artículo en cuestión. Fuentes del Ministerio de Trabajo remarcaron que el objetivo central sigue siendo “modernizar las relaciones laborales y dotar de mayor flexibilidad a las empresas”, pero reconocieron que “la búsqueda de consensos es prioritaria”. La voluntad de allanar el camino para la aprobación del resto de los artículos fue compartida también por los bloques aliados, que destacaron la importancia de avanzar en los aspectos vinculados a la formalización del empleo y la simplificación de trámites administrativos.

El retiro del artículo no implicó, según se explicó, la renuncia definitiva a debatir cambios en materia de licencias. Algunos referentes legislativos anticiparon que el tema podría ser retomado en futuras discusiones, bajo un formato más acotado y negociado. Por el momento, la atención se centra en la votación convocada para las próximas horas, en la que el oficialismo aspira a obtener el respaldo necesario para aprobar el grueso de la reforma.

El escenario parlamentario se mantuvo en estado de máxima incertidumbre, con negociaciones abiertas y contactos permanentes entre los distintos bloques. La dinámica de los acuerdos reflejó el carácter fragmentado de la Cámara de Diputados y la necesidad del Ejecutivo de construir mayorías caso por caso. La eliminación del artículo sobre licencias médicas se convirtió, así, en un gesto de flexibilidad orientado a evitar el naufragio de una reforma considerada clave por el Gobierno.

El futuro de la iniciativa dependerá ahora del resultado de la sesión y de la capacidad del oficialismo para sostener el apoyo de sus socios coyunturales. Mientras tanto, actores sindicales y empresariales se mantienen atentos al desarrollo de los acontecimientos, conscientes de que cualquier modificación en la legislación laboral tendrá impacto directo sobre millones de trabajadores y empleadores en todo el país.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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