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Con el aval de Diputados, el Gobierno se encamina a sancionar la reforma laboral y a cumplir con la prioridad de extraorinarias

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En otra extensa jornada, el Gobierno Nacional se anotó un nuevo triunfo legislativo con la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados que deberá regresar al Senado para ser sancionada tras la eliminación del artículo que modificaba las licencias médicas para su sanción definitiva. Se trata del proyecto que encabeza la lista de prioridades de la administración libertaria, y que se suma al Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, tratadas durante el período de sesiones extraordinarias que culminará el próximo sábado 28 de febrero y que incluye otras normas en el temario.

Con el presidente Javier Milei en Washington, pero atento a gran parte del desenlace en el Congreso, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, supervisó la negociación que desplegaron los funcionarios y legisladores a cargo de conquistar las voluntades necesarias para la sanción de la ley que se impuso en la Cámara Baja por 135 votos afirmativos contra 115 rechazos.

“La clave estuvo en la eliminación del artículo 44. Generó ruido porque no lo mandó en el Ejecutivo. Lo incorporaron en el Senado. No sé que pasó ahí, pero la ley siempre estuvo consensuada desde que salió. Además, estamos todos en sintonía”, admitió ante Infobae un integrante de la mesa chica, involucrado en las conversaciones con los sectores aliados.

Para la ocasión, el oficialismo dio muestras de pragmatismo y luego de implementar más de 20 cambios de la redacción original, resolvió excluir el tan polémico artículo que buscaba modificar el régimen de licencias por enfermedades. Pese a haber sido aprobado en la Cámara de Senadores, la determinación se tomó a pedido de diputados aliados que lo resistían junto a otro puñado de artículos que el oficialismo logró mantener en la redacción como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), de los más cuestionados por los bloques de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Ganamos por lo mismo por lo que lo hicimos en el Senado. Solo un artículo cambió. Allá ganamos todo. En diputados también. Es razonable. Sacamos la ley, se discutió el artículo y todo siguió igual”, planteó una importante fuente legislativa a este medio.

El primer desafío de la jornada en el que se impuso el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, fue el haber logrado alcanzar el quorum necesario para iniciar el debate de la ley que contaba con media sanción en el Senado. Pasada las 14, el oficialismo se valió de 130 diputados entre los que sobresalieron varios legisladores que responden a gobernadores aliados como Hugo Passalaqcua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), y los sureños Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Esta acción profundizó lo que el bloque de La Libertad Avanza celebró durante el tratamiento del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea y la Ley Penal Juvenil en Diputados: el resquebrajamiento del peronismo.

En pleno paro general convocado por la Confederación del Trabajo (CGT), aunque sin movilizaciones masivas, el ministro del Interior, Diego Santilli, pasó la mañana en Casa Rosada y antes del mediodía se trasladó al Congreso para intensificar los contactos con los representantes provinciales. Algo similar efectivizó el secretario de asuntos estratégicos, Ignacio Devitt, que desde las 9.30 recorrió los pasillos del Congreso hasta la madrugada. También el armador libertario Eduardo “Lule” Menem, quien abandonó sus oficinas del primer piso de Balcarce 50 a las 16.30 rumbo al Palacio Legislativo.

Algunas horas más tarde, a diez minutos de las 22, la menor de los Milei se mostró en uno de los palcos junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con quien se fundió en un sentido abrazo tras la conquista de la media sanción. Sorprendió la ausencia de la senadora Patricia Bullrich, que por la necesidad de dictaminar hoy a las 10 para volver a debatir la reforma el próximo viernes en el Senado, optó por seguir el debate de manera virtual. Tampoco asistió el asesor presidencial, Santiago Caputo, que repitió el accionar de la exministra.

El segundo triunfo de la jornada que se anotó el oficialismo fue la aprobación en general del proyecto con 135 votos a favor y 115 en contra, con el apoyo del PRO, la UCR, el MID y varios diputados provinciales, pese al accionar de algunos legisladores que dieron quórum, como los tres del bloque Elijo Catamarca, pero que sorprendieron con su rechazo durante la votación. “Jalil no controla ni los puede controlar”, lo justificó una fuente legislativa. “Más allá del quórum, a los catamarqueños no los dabamos adentro. Tampoco al tucumano Noguera. Sí los misiones y los salteños que están adentro”, se escudó previo a la votación un funcionario a este medio.

En tercer término, en el ecosistema libertario señalaban también el acompañamiento en la votación particular de varios puntos discutidos, en particular el del título II, que contempla la creación del FAL que asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones. Lo cierto es que configura una de las claves de la reforma, y que si bien peligraba en la previa, en horas de la madgruda resultó aprobado con 130 votos a favor contra 117 rechazos.

Al cierre de la sesión, el mandatario no se había comunicado con ninguno de los representantes del Ejecutivo debido a que se encontraba en viaje de regreso al país, luego de haber participado de la ceremonia inaugural de la Junta de Paz convocada por el republicano Donald Trump en Estados Unidos. A través de su cuenta de X, algunas horas más tarde, expresó: “Histórico. Argentina será grande nuevamente. Viva la libertad, carajo”.

En pleno jolgorio violeta, los propios integrantes de la mesa política remarcaron la dinámica desplegada bajo la coordinación del jefe de Gabinete al que elogiaron en la tarea. También hubo halagos para el exlegislador del PRO Diego Santilli al que le adjudican “un gran trabajo”, y para el titular de la Cámara Baja, Martín Menem“La mesa funcionó de manera impecable. Todos aportaron algo”, aseveró uno de sus miembros. Otra voz coincidió: “El triunfo es todo del buen funcionamiento de la mesa política”.

Asimismo, hay quienes argumentaron que otra de las claves del resultado residió en la determinación de dar curso a los pedidos de los aliados y retirar el artículo 44. “Reflejó un cambio en lo que estuvo pasando en el último tiempo. Se decidió en base al diálogo darlo de baja y fue buen visto”, expresó una fuente libertaria.

Luego de 12 horas de debate, una frustrada moción de orden para que el proyecto vuelva a comisión, protestas e incidentes policiales que dejaron el saldo de más de 8 detenidos por los efectivos de seguridad, la CGT advirtió la judicialización del proyecto que cuenta con dos medias sanciones, pero que deberá volver a la Cámara de Senadores para revalidar la eliminación de las modificaciones en las licencias médicas. Como contó este medio, con la idea de anticiparse al accionar de varios sectores, el Ejecutivo ultima los detalles de la estretegia que desplegará para blindar la norma de los potenciales embates judiciales.

En los planes de la administración libertaria, la Cámara de Senadores deberá “aceptar o rechazar” la eliminación del artículo 44 el próximo viernes 27 de febrero, en la previa al cierre de las extraordinarias del 28. Además, deberá tratar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europera, como también la Ley Penal Juvenil que el pasado jueves obtuvo dictámen.

En el mejor de los escenarios diseñados en Balcarce 50, habrá media sanción de la modificación de la Ley de Protección de Glaciares y quedará para tratar en marzo el proyecto propio que busca compensar a las autoridades universitarias que reclaman fondos. Sin embargo, se conformarán las comisiones para avanzar en su discusión. Por lo pronto, la mesa política que pareciera haberse ganado su continuidad tiene en agenda una nueva reunión para la semana próxima.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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