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Tras la votación de la reforma laboral, resurgió la interna entre CFK y los gobernadores del PJ que apoyaron a Milei

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En los minutos previos a la búsqueda del quórum por parte del Gobierno, para empezar a tratar la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el bloque de Unión por la Patria (UP) tuvo un estallido de furia. Una explosión previsible que se dió cuando divisaron, con absoluta facilidad, la presencia en sus bancas de los legisladores que responden a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), todos de extracción peronista.

La diputada Julia Strada, economista cercana a Cristina Kirchner, fue de las primeras en visibilizar en las redes sociales las imágenes de quiénes estaban sentados. En el listado de quienes contribuyeron con la iniciativa de Javier Milei sumó al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. ¿El motivo? En el peronismo advirtieron que la ausencia de Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres contribuyó para sostener el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los pilares de la reforma, que ha recibido una gran cantidad de cuestionamientos .

Strada no fue la única en mostrar los movimientos políticos dentro del recinto. También lo hizo la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora, que ingresó a la Cámara baja en el último recambio de legisladores, en representación del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires. “Diputados que entraron en boletas con el escudo del PJ y las fotos de Perón y Evita, dieron quórum para esta bosta. Después algunos no entienden qué tiene que ver que la presidenta del Partido Justicialista está presa. Para esto, para poder hacer mierda a la gente, la metieron presa”, sentenció.

En esa definición está una parte del trasfondo político que mantiene una batalla abierta entre el kirchnerismo, aglutinado en el PJ Nacional, bajo la conducción de CFK, y la dirigencia de los PJ provinciales, donde los gobernadores, peronistas o de vinculación directa con la fuerza política, han decidido acompañar la gestión de Milei en el Congreso. En esa lista están los cinco mandatarios apuntados tras el tratamiento del proyecto de ley en Diputados.

Con la misma tónica en su mensaje, la legisladora bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, escribió un largo mensaje en sus redes sociales, apuntando contra los peronistas del norte que contribuyeron con su quórum para que La Libertad Avanza (LLA) pueda abrir una sesión clave como la que tuvo lugar ayer durante más de diez horas.

“Los que asumieron sus bancas por el peronismo y hoy votan esto son, casualmente, los que quieren terminar con el kirchnerismo. ¿Será porque nosotros siempre defendemos a los trabajadores y no negociamos por un cordón cuneta?“, aseguró la quilmeña, para luego agregar: ”Subestiman al pueblo. Es momento de despabilarse y organizarnos para cambiar esta historia. Porque la historia no termina en una sesión. La escribe el pueblo”.

La avanzada del kirchnerismo tiene dos objetivos consistentes: defender la postura de Cristina Kirchner de intervenir los PJ provinciales, como los de Misiones y Salta; y exponer los apoyos de los legisladores del peronismo a la gestión libertaria para dejarlos, a futuro, afuera de cualquier armado nacional que enfrente a Milei en el 2027.

“Otra vez se puso en evidencia que Cristina tenía razón. Los lugares donde se discute el PJ y en los que CFK alertaba que eran funcionales a Milei, son de donde provienen los legisladores del peronismo que apoyaron la reforma laboral. Son funcionales a los recortes de los derechos laborales”, indicaron en el entorno de la ex mandataria.

En el kirchnerismo sostienen que esos legisladores de Catamarca, Salta y Tucumán “entran con la boleta del peronismo” y después, en el momento de las votaciones importantes como las de ayer, “terminan siendo funcionales al gobierno de Milei”. La ex presidenta viene insistiendo, desde hace tiempo, en que los diputados y senadores que entran en representación del PJ, tienen que estar alineados con las posturas del bloque.

Esa situación no sucede en los hechos porque los gobernadores del norte, distantes del kirchnerismo desde hace mucho tiempo, juegan su propio juego en la relación con la Casa Rosada, y desde que comenzó la gestión libertaria, tomaron la decisión de ser aliados tácticos de Milei. Pero, además, son críticos de la forma de gestionar el poder por parte de CFK y los principales dirigentes de su espacio político. Hay heridas que no se cierran.

“Es más fácil lanzarnos acusaciones a nosotros, que ver cómo se enfrascan en sus peleitas municipales mientras quedan de espaldas a las provincias”, explicó a Infobae un legislador vinculado a uno de los gobernadores cuestionados por el kirchnerismo. En las provincias del norte sostienen que el “kirchnerismo está fuera de la realidad” de lo que sucede ahí, y que no tienen una real mirada federal sobre las necesidades de cada gestión provincial.

La tensión viene en aumento entre la mayor parte del peronismo y los gobernadores norteños aliados a Milei. Hay una guerra de acusaciones que no para nunca. Mientras tanto, en paralelo, Axel Kicillof mantiene líneas abiertas con dos de esos gobernadores (Jaldo y Jalil), con el fin implícito de convencerlos para formar una opción opositora consistente para el próximo año. Dos miradas distintas sobre cómo afrontar la relación con los díscolos a la postura mayoritaria.

En paralelo, el peronismo está cerca de sufrir un duro golpe en el Senado, donde se rompería el interbloque de tres partes, y el bloque de Convicción Federal dejaría de formar parte del esquema justicialista. En ese esquema de cinco legisladores, hay cuatro que responden al tridente Jaldo-Jalil-Sáenz, y que están enfrentados con el kirchnerismo desde hace varios años.

En el comienzo del 2026 se empiezan a evidenciar las diferencias que tiene el peronismo en todo el país y que abrirán un escenario de debates cruzados para reorganizar el espacio político de cara a las elecciones presidenciales. El peronismo hace esfuerzos para salir de un lugar de debilidad y ordenarse con un eje claro: ser la principal opción opositora a Milei. El problema es que parte de la discusión pasa por no volver a ser lo que ya fueron, sino en cambiar y aceptar que hubo una modificación profunda en las necesidades del electorado.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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