Luego de un verano en el que logró aprobar en el Congreso varias de las iniciativas que se propuso, el presidente Javier Milei ya se prepara para dar el debate sobre casi cinco decenas de otras reformas que tiene en carpeta y que apunta a que se traten a lo largo de este año.
Sobre el cierre de las sesiones extraordinarias, en el Gobierno confían en que se va a terminar de sancionar la ley de glaciares, el nuevo régimen penal juvenil, la modernización laboral y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Sin embargo, varios de los temas que se iban a votar durante este periodo quedaron pendientes por cuestiones de estrategia parlamentaria, mientras que otros desde un principio se dejaron para más adelante por decisión de las autoridades nacionales.
Algunos de los textos ya están listos y fueron elaborados en el marco del Consejo de Mayo, el organismo integrado por diferentes sectores y que se reunió periódicamente a lo largo del 2025 para discutir una serie de políticas de Estado que los gobernadores se comprometieron a abordar junto al Presidente durante la firma del pacto homónimo.
Ese cuerpo de trabajo estuvo encabezado por el jefe de Gabinete -primero Guillermo Francos y, después, Adorni- y compuesto además por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; Carolina Losada, por el Senado; Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados; Martin Rapallini, titular de la UIA, por el empresariado, y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, por los gremios.
De ese grupo salieron algunas iniciativas como la Ley de Libertad Educativa, que plantea un conjunto de cambios a la norma actual, que dta del 2006, en cuanto a la organización del sistema, el financiamiento y las modalidades disponibles para las familias.
Asimismo, se planea continuar con la discusión por el financiamiento universitario, que ingresó a la agenda de sesiones extraordinarias tras publicarse recientemente en el Boletín Oficial.
También se redactó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que entre otros puntos prohibiría el déficit y dejaría claron que cualquier norma que apruebe el Congreso y que “establezca o autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente”.
Asimismo, el Consejo también elaboró un proyecto para reglamentar La inviolabilidad de la propiedad privada, con modificaciones en los regímenes de expropiaciones y los procedimiento de desalojo, entre otras cuestiones.
Por su parte, el Ministerio del Interior, que conduce Diego Santilli, busca retomar la Reforma Política para mejorar la Boleta Única en Papel (BUP), que se comenzó a implementar el año pasado, endurecer los controles de financiamiento de los partidos políticos y volver a suspender, o directamente eliminar las PASO.
Sobre el primero de esos puntos, se analiza agregar un casillero que habilita a votar la lista completa con una sola marca, en lugar de tener que señalar a todos los candidatos para cada categoría, como sucede ahora.
Este fue, justamente, uno de los temas que conversó la Mesa Política cuando se reunió el lunes en la Casa Rosada para terminar de planificar la estrategia legislativa en el tramo final de las extraordinarias.
Además de Adorni y Santilli, en ese grupo están la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
“Lo que se está conversando es la posibilidad de mejorar la Boleta Única, modificar el sistema de financiamiento y eliminar las PASO. Lo principal es la eliminación de las primarias, por el costo que implican”, señaló a este medio una fuente al tanto de lo charlado.
Durante las sesiones ordinarias que comenzarán en marzo, el oficialismo también buscará debatir el nuevo Código Penal, el cual fue elaborado por una comisión especial de expertos en la materia convocada por el Poder Ejecutivo.
La junta entregó una primera versión ese año que tenía un total de 540 artículos, pero luego se siguió trabajando y esa cifra se amplió considerablemente, hasta llegar a 912.
El proyecto contempla cambios importantes sobre algunos aspectos vinculados a la corrupción, el terrorismo y el endurecimiento de las sentencias, además de ampliar el concepto de imprescriptibilidad, que rige para los crímenes de lesa humanidad, a otros delitos como homicidio simple y agravado, y abuso sexual, entre otros.
Asimismo, se conservan algunas leyes sancionadas en el último tiempo, como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, aunque fue un tema que generó fuerte discusión dentro del Gobierno, por el momento se sostenían los agravantes cuando los delitos son cometidos en contextos de discriminación por razones de género, identidad u orientación sexual.
Entre los nuevos delitos que aparecen, está el de los motochorros, que se redactó de manera más clara para que no haya grises; la criminalidad ambiental, sumando la contaminación, y se perfeccionó la figura del financiamiento del terrorismo.
Por otra parte, también resta ser aprobado en el Congreso el acuerdo comercial con los Estados Unidos, que demandará también una serie de leyes para adaptar la legislación local y poder cumplir así con las medidas con las que se comprometió la Argentina en el tratado.
En el Ministerio de Salud, que lidera Mario Lugones, también se está trabajando intensamente sobre diferentes medidas, pero el contenido de las mismas permanece bajo un fuerte hermetismo y se dará a conocer en los próximos días. Por el momento, no se está pensando en cambiar el sistema de pantentamiento de los medicamentos.
Por último, también podrían agregarse algunas iniciativas que se descartaron de otros proyectos o se dejaron para más adelante, como modificaciones en el régimen de licencias médicas para los tabajadores, el polémico artículo 44 de la reforma laboral.
La UIA tiene una propuesta ya diseñada para esto: “Se plantea pagar el 90% del salario los primeros 10 dias y el 100% del neto no remunerativo a partir del dia 11. Traspasa algo del costo al Estado, pero no todo”, explicaron fuentes del sector.
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