A 14.000 kilómetros de las Islas Malvinas, el Foreign Office en Londres, a través de la subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran convocó este miércoles a la embajadora argentina Mariana Plaza y trasladó el conflicto por el petróleo del Atlántico Sur al corazón de la relación bilateral. El mensaje fue directo: la decisión del presidente Javier Milei de impulsar un arbitraje internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido. No es sólo un rechazo jurídico. Es una advertencia diplomática.

La respuesta llegó horas después de que Buenos Aires notificara a Londres el inicio del procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), con un plazo de dos semanas para detener el proyecto o enfrentar una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo.

La escalada diplomática coincidió con un seminario de política oceánica convocado que se realizó en la ciudad de Buenos Aires y que reunió a diplomáticos, militares, académicos y funcionarios provinciales para debatir el futuro del Atlántico Sur. Planeado como un foro técnico, terminó como una demostración de que la cuestión Malvinas atraviesa la agenda de la política.

Según se informó de manera oficial, Kumaran calificó la decisión argentina de recurrir al mecanismo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Malvinas”.

La funcionaria fue más lejos y llevó la controversia al plano de la relación bilateral: “Tal comportamiento plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”, afirmó. Londres sostuvo que los esfuerzos de Buenos Aires por obstruir la actividad económica en las islas “no son actos de un compromiso internacional responsable”, sino intentos deliberados de afectar “la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”. La funcionaria británica reafirmó que los isleños “han elegido libre y democráticamente su futuro” y que tienen “todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceras partes”.

En simultaneo hubo una reacción parlamentaria igualmente firme. El diputado Andrew Rosindell, uno de los defensores más activos de los isleños en la Cámara de los Comunes, llamó a rechazar el ultimátum de plano. “El Reino Unido no puede ser intimidado por gobiernos extranjeros para que sacrifique a su gente, su soberanía o su territorio”, escribió en sus redes. Rosindell recordó que en el referéndum de 2013, el 99,8% de los habitantes de las islas votó por permanecer bajo soberanía británica, y advirtió que Londres no debe “repetir la capitulación de los chagossianos y traicionar a los isleños”.

Rockhopper mantiene su planificación

La respuesta más clara de las empresas involucradas llegó también este miércoles. El director ejecutivo de Rockhopper, Sam Moody, ratificó en el informe semestral presentado ante la Bolsa de Valores de Londres que “el primer petróleo sigue teniendo como objetivo el primer trimestre de 2028” y que la compañía entra al segundo semestre del año “totalmente financiada” hasta el inicio de la producción. Rockhopper recaudó USD 180 millones mediante una colocación de acciones y otros USD 20 millones a través de una oferta abierta que superó el 118% de las suscripciones disponibles.

Moody describió las acciones del gobierno de Milei como un período de “mayor atención mediática y política” sin impacto sobre el cronograma y ponderó el “continuo y firme respaldo” del gobierno del Reino Unido y de las autoridades isleñas. Es el primer documento regulatorio de la empresa que menciona de forma explícita las amenazas argentinas y descarta formalmente su efecto sobre el proyecto.

El proyecto Sea Lion se desarrolla a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas Petroleum, de capital israelí, controla el 65% de la participación; Rockhopper retiene el 35% restante. Las reservas estimadas ascienden a 1.700 millones de barriles. La primera fase contempla 11 pozos y una plataforma flotante con capacidad de hasta 55.000 barriles diarios; las etapas posteriores apuntan a 200.000 barriles por día hacia 2030.

Escalada legal y diplomática

El ultimátum argentino y la advertencia diplomática británica es el punto más alto de una presión que viene escalando hace semanas. El 3 de septiembre, Milei utilizó una cadena nacional para advertir que cualquier compañía vinculada al proyecto quedaría excluida de operar en la Argentina: “Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano”, sostuvo. La amenaza implícita es el acceso a Vaca Muerta, la formación de esquisto patagónica que produce más de 600.000 barriles diarios.

Al día siguiente, las empresas de servicios petroleros Schlumberger (SLB), Halliburton y Baker Hughes anunciaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las islas ni en los espacios marítimos circundantes. Las acciones de Rockhopper cayeron un 6,3% en Londres y las de Navitas perdieron más de un 2% en Tel Aviv.

El canciller Pablo Quirno confirmó el envío de unas 180 notificaciones a empresas vinculadas al petróleo en las islas. La Cancillería presentó al menos tres denuncias penales ante tribunales argentinos contra diez compañías y sus directivos, y envió al Congreso un proyecto de ley que contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes extraigan recursos en el área sin autorización argentina, y que comenzó a tratarse este miércoles.

El 16 de septiembre, la jueza federal Mariel Borruto, del tribunal de Tierra del Fuego, emitió una medida cautelar que ordena a Navitas y a Rockhopper detener las perforaciones hasta que las autoridades ambientales argentinas puedan expedirse, aunque reconoció en el propio texto que su cumplimiento “depende de la cooperación internacional y de la conducta” de las empresas.

Qué viene después del ultimátum

El plazo de dos semanas fijado por Milei vence a mediados de octubre. Si el Reino Unido no frena el proyecto, Argentina adelantó que recurrirá al TIDM en Hamburgo para solicitar medidas provisionales. El mecanismo está previsto en la Convemar: mientras el tribunal arbitral del Anexo VII no esté constituido —un proceso que puede llevar meses—, el TIDM puede dictar órdenes de emergencia para proteger los derechos en disputa.

El canciller Quirno aclaró que el arbitraje no tiene como objeto resolver la disputa de soberanía sobre las islas, sino la explotación unilateral de hidrocarburos. “Es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la causa Malvinas en cuanto a la explotación de hidrocarburos”, afirmó. La Argentina ya recorrió este camino antes: en 2012, cuando la fragata ARA Libertad quedó retenida en el puerto de Tema, en Ghana, Buenos Aires recurrió al mismo mecanismo y el TIDM ordenó por unanimidad la liberación del buque en menos de un mes.

Sin embargo, el caso Malvinas tiene un obstáculo que el de la fragata no tenía: la soberanía sobre el territorio está en disputa, y la Convemar regula espacios marítimos, no la titularidad territorial. Además, al ratificar el tratado, la Argentina declaró que no acepta los procedimientos obligatorios para controversias de delimitación marítima y títulos históricos, un argumento que el Reino Unido podría usar como defensa. Londres ya sostuvo que las actividades de Sea Lion se realizan “en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la Convemar”.

En este contexto, se realizó el Seminario de Políticas Oceánicas celebrado este miércoles en la Casa de Gobierno, en CABA, organizado en forma conjunta por la Cancillería, el gobierno porteño, y el Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Cooperación (Coferrec), que reunió a representantes de la Armada, la Prefectura Naval, el Servicio de Hidrografía Naval, provincias con litoral, autoridades portuarias, el sector productivo y la academia.

Entre los expositores estuvo el embajador Javier Figueroa, coordinador de Políticas Oceánicas y Atlántico Sur de la Cancillería, quién advirtió que el conflicto de soberanía tiene consecuencias que exceden el territorio en disputa. “Tener una disputa de soberanía sobre aproximadamente el 40% de nuestros espacios marinos nos plantea enormes desafíos”, señaló. Uno de los más concretos -indicó- es la llamada milla 201: una franja del Atlántico Sur donde operan entre 400 y 500 buques pesqueros por año sin ningún marco normativo, porque Argentina no puede avanzar en mecanismos multilaterales de regulación pesquera más allá de la milla 200 mientras el Reino Unido pretenda ser reconocido como Estado ribereño. “Eso nos impone ciertas restricciones en la definición de políticas”, afirmó.

El diplomático, a su vez, describió una agenda oceánica que va más allá del conflicto por Sea Lion, como la regulación de la plataforma continental y combate de la pesca ilegal no declarada. En paralelo, señaló que Argentina mantiene diálogos oceánicos bilaterales con Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador, y negocia declaraciones conjuntas para coordinar posiciones en organismos internacionales. “No veo por qué no podemos lograr en economía azul lo que logramos en industria nuclear”, afirmó Figueroa. “Tenemos todo.”

En tanto, Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, abrió la jornada con una referencia directa al conflicto: “Nuestros legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte de un consenso que atraviesa a toda la sociedad argentina”. El funcionario vinculó esa posición con el reconocimiento internacional del límite exterior de la plataforma continental argentina, producto de décadas de trabajo técnico y diplomático que calificó como “una verdadera política de Estado”.

La resolución de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, generó un cimbronazo político que tomó por sorpresa incluso al Gobierno. Ahora, la oposición busca aprovechar el revuelo que generó la liberación total de la venta de tierras a extranjeros para volver a la carga con la derogación del mega decreto que desreguló amplios sectores de la economía al inicio de la gestión de Milei.

El mega DNU 70 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición nunca logró un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en la Cámara de Diputados. Pero al nunca haber convocado a una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.

En aquel momento, los bloques dialoguistas y los gobernadores jugaron en sintonía con el Gobierno para evitar la derogación. Uno de los principales argumentos era que había que darle al Gobierno “las herramientas necesarias” para llevar adelante su plan de gestión y además el decreto derogaba, entre otros puntos, leyes cuestionadas como la de alquileres.

Ahora, desde Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas buscarán capitalizar la trascendencia pública que alcanzó el rechazo a la venta ilimitada de tierras a extranjeros y la derrota que sufrió el oficialismo en el Senado (tuvo que quitar el capítulo entero del paquete de Inviolabilidad de la Propiedad Privada) para derogar todo el DNU 70.

El mega decreto eliminaba una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, eliminaba las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberaba las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y desregulaba el mercado aéreos y la venta de tierras.

Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advierten que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal. En ese sentido, ya trabajan en diferentes estrategias para bloquear la arremetida opositora. Según dejaron trascender, una posibilidad sería volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado y ahora deberá discutirse en Diputados. De esta forma le darán una salida a los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas para sentar posición sobre la venta de tierras a extranjeros sin tener que avanzar contra el DNU 70. Otra posibilidad similar sería incluir un nuevo capítulo en la ley de Defensa de la Soberanía que empezó a tratarse este miércoles en comisión.

Por su parte, la oposición evalúa convocar a una sesión el próximo miércoles 7 de octubre o el 14. Muchos consideran que es vital aprovechar el shock político que generó el fallo de la Corte, pero otros advierten que la semana que viene podría haber algunas ausencias clave ya que muchos viajarán a Brasil por las elecciones presidenciales.

“Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros. Los objetivos son claros: pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”, planteó Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria.

En la misma línea, Martín Lousteau dijo: “En agosto, la movilización social y el rechazo político frenaron en el Senado el proyecto que buscaba poner límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Ayer, la Corte volvió a dejar vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que habilita la compra de tierras sin los límites que el Senado buscó establecer. En 2024 voté en el Senado contra el DNU 70/2023 porque es inconstitucional. Lo sigue siendo. Ahora, en Diputados tenemos la oportunidad de revertirlo”.

“El DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras. Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por la Cámara de Diputados, de no hacerlo, la Cámara de Diputados es cómplice del Poder Ejecutivo”, coincidió Elisa Carrió.

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se refirió al fallo de la Corte Suprema que dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites de tierras a extranjeros y pidió que la Cámara de Diputados rechace el capítulo en el DNU 70.

En diálogo con Infobae al Mediodía, la ex diputada explicó cómo fue la maniobra que permitió al oficialismo reflotar la Ley de Tierras: “Ellos mandan la ley y la pierden en diputados. ¿Cuál es la trampa que pasó en el Senado? Que en eso los aliados tuvieron que ver. En vez de rechazar en el Senado la parte de limitación a las tierras extranjeras, la sacaron del temario. Entonces se cayó. Ahí fueron cómplices los aliados, porque vos tendrías que haberla rechazado”.

Y explicó: “Si hubieran rechazado por diputados y por senadores el capítulo de tierras, esto ya no estaba vigente, pero al sacarla de la discusión, quedó vigente el DNU en ese capítulo de tierras. Lo que tienen que hacer los diputados ahora es sacar el rechazo al DNU en la parte de tierras”.

Carrió detalló la lógica constitucional que, según su lectura, explica por qué el decreto sigue en pie. Si el Poder Ejecutivo convierte una norma de un DNU en un proyecto de ley, la somete al Congreso y esa cámara la rechaza, esa parte del decreto queda derogada de manera implícita. El problema, subrayó, es el camino inverso: cuando una cámara decide no tratar el asunto en lugar de votarlo en contra, el decreto permanece válido. “No hubo rechazo de ambas cámaras”, sintetizó. Esa ausencia de pronunciamiento formal fue, en su análisis, lo que mantuvo vigente el artículo cuestionado.

El fallo que reactivó esta discusión fue dictado este martes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El tribunal revocó una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que, en marzo de 2024, había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023 —el que elimina las restricciones a la adquisición de terrenos rurales por parte de ciudadanos o empresas del exterior— tras un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

Sin embargo, la Corte no se expidió sobre el fondo del asunto. El fallo se limitó a señalar que el CECIM carece de legitimación activa para litigar en este caso: el tribunal sostuvo que la soberanía territorial es una competencia estatal y no un “bien colectivo” en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, por lo que la organización civil no puede representar ese interés ante la Justicia. El propio pronunciamiento aclaró que no implica un juicio sobre la validez constitucional del decreto ni restringe las facultades del Congreso para analizarlo y rechazarlo.

Esa aclaración no frenó la reacción opositora. Según consignó Infobae, líderes de distintos bloques comenzaron a articular una estrategia para voltear el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados, donde hasta ahora no habían conseguido los votos necesarios. Los decretos de este tipo deben pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y ser rechazados por mayoría simple en ambas cámaras. El Senado ya había votado en ese sentido, pero la Cámara baja no había completado el trámite.

Ante ese escenario, en el Gobierno de Javier Milei evalúan una salida por vía legislativa: incorporar la regulación de la compra de tierras a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y aguarda tratamiento en Diputados. La idea, según fuentes libertarias citadas por este medio, es negociar con los aliados un límite del 15% del territorio rural para las adquisiciones extranjeras. “Creemos que deberíamos abrir la negociación con los aliados sobre ese proyecto. Hay que resolver la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya está en Diputados”, indicó una de esas fuentes El objetivo sería dispersar la presión sobre el decreto y dejar el debate de las tierras dentro de un proyecto propio, con condiciones más favorables para el oficialismo.

Para Carrió, el problema es de otra magnitud. En sus declaraciones, advirtió que lo que está en juego con las restricciones fronterizas es la integridad territorial de la federación. “Vos tenés las provincias en un Estado federal, tenés la nación, poderes de la nación y tenés poderes de la federación. Entonces, vos no podés dar esa libertad”, señaló. En ese marco, citó declaraciones del empresario tecnológico Peter Thiel —quien habría mencionado la intención de realizar “experimentos” con este modelo— y advirtió que el interés externo sobre el territorio argentino no es nuevo: “Lo hicieron en Islas, tienen el modelo, ahora van a tomar la Argentina como experimento”.

Sobre Patricia Bullrich, Carrió fue directa. Recordó que cuando la actual senadora libertaria integró su espacio político, “planteó la nulidad de todos los decretos y habló de la independencia de la justicia”. Reconoció que Bullrich tiene buenas intenciones y vocación de cambio, pero cuestionó sus métodos y su concepción del poder. “Hay personas que nacieron para el poder”, afirmó, y aclaró que entre ambas persisten “enormes diferencias”.