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Buscan prohibir los celulares en cárceles bonaerenses para que dejen de ser “call centers del delito”

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Un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses fue presentado en la Legislatura provincial por el diputado Oscar Liberman, de La Libertad Avanza(LLA), con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El legislador afirmó que actualmente los penales “son un call center del delito”.

La iniciativa fue bautizada como “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica organizada desde una cárcel, con la colaboración de familiares de detenidos que operaban fuera del penal de Magdalena.

Protocolo “sin justificación”

El proyecto propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido por la Resolución 476/20, implementado durante la pandemia de Covid-19 para facilitar las comunicaciones de los internos ante las restricciones sanitarias. Según el legislador, esa medida ya no tiene justificación en el contexto actual.

Además, plantea modificar el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense para que las comunicaciones de las personas privadas de la libertad se realicen exclusivamente mediante teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Restricciones e inhibidores de señal

La propuesta también establece que cada interno podrá comunicarse hasta un máximo de dos horas diarias, pero sin tener acceso libre a los teléfonos. Los aparatos deberán ser utilizados únicamente en los horarios y espacios habilitados y luego retirados por el personal penitenciario.

Otro punto central del proyecto es la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos, con el objetivo de impedir comunicaciones clandestinas con el exterior.

Para evitar delitos

Las cárceles parecen un call center del delito. Esto viene desde la época de la pandemia, pero sigue vigente el uso de celulares”, sostuvo Liberman al presentar la iniciativa. En ese sentido, remarcó que el objetivo es impedir que desde los penales se sigan cometiendo delitos como estafas o extorsiones telefónicas.

El legislador también propuso reforzar los controles internos mediante requisas diarias, para evitar que los detenidos ingresen o mantengan teléfonos de manera ilegal dentro de las unidades penitenciarias.

Aportes de especialistas

Según explicó, el proyecto se elaboró con aportes de especialistas y equipos jurídicos, entre ellos colaboradores de la jueza Arroyo Salgado, del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de Azul, Carlos Pagliere (h), y personas vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación.

En los fundamentos de la iniciativa, Liberman citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”, y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo.

Procedimiento

El proyecto también fija un procedimiento para la implementación de la norma. Una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá 10 días hábiles para notificar a los internos, quienes dispondrán de 24 horas para entregar voluntariamente los teléfonos que tengan en su poder, incluso aquellos no declarados.

Cumplido ese plazo, se realizarán requisas en celdas y espacios comunes de cada unidad penitenciaria para secuestrar los dispositivos y sancionar a quienes incumplan la normativa.

Fuente: Agencia DIB

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Uber en Bahía: la Municipalidad informó que habilita las plataformas de transporte y simplifica el registro para sus conductores

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El Municipio de Bahía Blanca comunicó este martes que implementó una serie de cambios en la reglamentación de la ordenanza que regula la actividad de conductores de plataformas digitales de transporte.

“Las modificaciones tienen como objetivo simplificar el proceso de inscripción, hacerlo más ágil y completamente digital, facilitando el cumplimiento de la normativa y brindando un marco claro para el desarrollo de la actividad”, afirmaron. 

La actual reglamentación reconoce que “la economía de plataformas genera oportunidades de obtención de ingresos para las familias en un contexto de dificultades para el acceso al trabajo formal y frente al incremento del pluriempleo en el marco de la actual crisis económica”. 

Es por esto que, a partir de la ordenanza sancionada en noviembre del 2025 y de esta nueva reglamentación, el Municipio habilita y ordena a todos los que quieran trabajar mediante la utilización de plataformas o aplicaciones de transporte de pasajeros. 

Conforme los distintos ámbitos de diálogo mantenidos, donde participaron concejales de distintos espacios políticos y conductores, se estableció que el registro se realizará a través de la aplicación Mi Bahía, “mediante un sistema simple, trazable y con seguimiento del estado del trámite”. 

El nuevo sistema – que entrará en vigencia desde el 1 de abril -,  permite un registro 100% digital,  reutilizar documentación ya disponible y realizar el seguimiento del trámite. Se trata además, de un trámite totalmente gratuito. 

La documentación requerida para poder formalizar la inscripción en el registro sera: 

* DNI

* Licencia de conducir profesional

* Cédula del vehículo

* Seguro del vehículo (captura de la póliza de la plataforma utilizada)

* Fotos de frente, laterales y parte trasera del vehículo

“Con esta actualización, el Municipio busca ordenar la actividad con reglas simples y claras, facilitando el registro de los conductores y brindando mayor seguridad tanto para quienes trabajan con estas plataformas como para los usuarios”, cerraron desde la Comuna.                                                                                                                                                                                                                                                                

 

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En los últimos días, Fiscalización llevó a cabo casi 150 actas de inspección y constatación a distintos comercios de la ciudad

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La Municipalidad informó que la Dirección General de Fiscalización, dependiente de La Comuna, llevó a cabo casi 150 actas de inspección y constatación en los últimos días a distintos comercios de la ciudad. 

Puntualmente, se indicó que entre el 28 de febrero y el 6 de marzo se llevaron a cabo 129 inspecciones a distintos comercios de la ciudad a partir de las denuncias de vecinos y también como parte de las habituales inspecciones de rutina.

“Como resultado de los procedimientos realizados se obtuvieron 109 actas de inspección y 32 actas de constatación”, afirmaron desde la Municipalidad. 

Detalle por rubros 

* Habilitaciones: 9 actas de constatación entre faltas de habilitación a comercios y clausuras. 

* ⁠Bromatologia: 19 actas de constatación entre secuestros de mercadería, faltas de higiene, clausuras y control de transporte de alimentos. 

* ⁠Nocturnidad: 2 actas de constatación entre clausuras y falta de habilitación.

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El Gobierno convocará a la mesa política la semana que viene para definir el envío de reformas al Congreso

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El Gobierno planea convocar la semana próxima a la mesa política del oficialismo para ordenar la agenda legislativa y definir el envío de reformas al Congreso durante el período de sesiones ordinarias.

La reunión se realizará después de la gira internacional del presidente Javier Milei, que incluye su viaje a Estados Unidos, su participación en la asunción de José Antonio Kast en Chile y su paso por un foro económico en Madrid.

El encuentro buscará establecer las prioridades del Ejecutivo para los próximos meses y coordinar la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza. El objetivo central es fijar el orden de los proyectos que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso a lo largo del año.

En ese esquema, la primera iniciativa que se abordaría es la reforma de la ley de Glaciares, cuyo tratamiento está previsto para abril. Luego aparecería el debate sobre financiamiento universitario. En tercer lugar se ubicaría la reforma política y, posteriormente, una modificación del Código Penal.

Ese orden forma parte de una planificación más amplia que también contempla el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales. La estrategia del oficialismo prevé que ambos procesos avancen de manera paralela durante el período legislativo.

La mesa política reúne a los principales dirigentes del núcleo de poder del Gobierno. Está encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y cuenta con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro del Interior, Diego Santilli. En algunos encuentros también suele sumarse el ministro de Economía, Luis Caputo.

Del espacio también suelen formar parte el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo. En determinadas reuniones participa además Eduardo “Lule” Menem, un funcionario cercano a la hermana del Presidente.

Fuente: TN

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