A una semana de haber asumido como ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques empezó a tomar las primeras decisiones de alto impacto político e institucional de su gestión. En una entrevista con Infobae, confirmó que este mes comenzará a enviar al Senado una primera tanda de pliegos para cubrir vacantes judiciales y que entre mañana y el martes firmará la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino, quienes deberán revisar los balances de la entidad.

Se trata de dos definiciones relevantes para un Ministerio que enfrenta una agenda cargada desde el inicio. Por un lado, el Gobierno busca empezar a descomprimir un sistema judicial que arrastra más de 300 cargos vacantes entre jueces, fiscales y defensores, una situación que afecta el funcionamiento de distintos fueros en todo el país. Por otro, deberá resolver un expediente administrativo iniciado en la gestión anterior del ministerio, en el marco de la investigación sobre los manejos contables en la AFA.

Según explicó el funcionario, la decisión de avanzar con los pliegos responde a una instrucción directa del presidente Javier Milei, con quien habló sobre el funcionamiento del sistema judicial el mismo día de su jura. “Milei quiere una Justicia cercana a la gente, confiable, rápida. El servicio de justicia tiene una deuda con la sociedad, el presidente quiere saldarla y ese es su objetivo”, afirmó Mahiques.

En esa conversación, agregó, también abordaron otros temas de la agenda judicial que interesan particularmente al jefe de Estado, entre ellos, el impulso al juicio por jurados en el ámbito federal, una figura prevista en la Constitución desde 1853 pero que todavía no fue implementada en ese nivel.

Respecto del envío de pliegos al Senado, el ministro explicó que el Ministerio de Justicia está terminando de actualizar la información administrativa y los antecedentes de los candidatos que integran las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura. Una vez completado ese proceso, comenzará a enviar una primera tanda de nominaciones para avanzar con las designaciones.

Mahiques aclaró que el criterio para esa primera etapa no será político sino de funcionamiento. “La prioridad son los fueros que están colapsados”, explicó. Entre ellos mencionó al fuero de familia, al civil, al penal ordinario de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires y a la Cámara Penal Económica, donde —según describió— la falta de magistrados ya impacta directamente en el servicio de justicia.

La otra decisión concreta que dejó la entrevista tiene que ver con la AFA. El ministro confirmó que entre mañana y el martes firmará la designación de los veedores propuestos durante la gestión anterior, quienes deberán revisar los balances de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Según explicó, al llegar al ministerio pidió el expediente —que tiene cerca de 400 fojas—, lo analizó personalmente y concluyó que no presentaba irregularidades administrativas. Por eso, está prevista la inminente designación de Rubén Miguel Pappacena, un contador que integra el cuerpo de peritos de la Corte; y del abogado Agustín Ortiz de Marco, experto en derecho civil y comercial.

El funcionario detalló que el trámite ya inició el circuito interno previo a su firma, que incluye la intervención del nuevo titular de la Inspección General de Justicia. Una vez completado ese paso, señaló, firmará la resolución para formalizar la designación de los veedores.

Durante la entrevista con Infobae, Mahiques también detalló otras prioridades de su gestión. Entre ellas, mencionó la implementación del sistema acusatorio en las jurisdicciones donde todavía no rige, el envío al Congreso del proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Gobierno y la apertura de un diálogo institucional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sobre el sistema acusatorio, sostuvo que el proceso de implementación debe continuar, aunque advirtió que su aplicación requiere que estén dadas determinadas condiciones institucionales y operativas. Según planteó, para que el modelo funcione es necesario contar con fiscales suficientes, infraestructura, capacitación, recursos humanos y herramientas tecnológicas adecuadas.

En ese contexto, adelantó además que ya solicitó una reunión formal con los integrantes de la Corte Suprema. Según explicó, uno de los principales temas que espera abordar con el máximo tribunal será la cobertura de vacantes judiciales, una preocupación que el máximo tribunal viene señalando desde hace tiempo.

El ministro también se refirió al proyecto de reforma del Código Penal que el Gobierno presentó el año pasado y que incluye un endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas. Según explicó, antes de enviarlo al Congreso quiere que especialistas vinculados a los jueces de la Corte puedan revisar el texto y emitir una opinión técnica sobre el trabajo realizado.

“Es una deuda histórica”, sostuvo el funcionario al referirse a la necesidad de actualizar el Código Penal, que tiene más de cien años de vigencia. En ese sentido, señaló que el proyecto tiene más de 900 artículos y que su intención es terminar de estudiarlo junto con expertos antes de avanzar con el envío al Parlamento.

En el tramo final de la entrevista, Mahiques rechazó las especulaciones políticas que surgieron en las últimas semanas sobre su llegada al ministerio en medio de las discusiones que rodean al fútbol argentino. “No vengo a salvar ni a perseguir a la AFA”, afirmó.

LA ENTREVISTA A JUAN BAUTISTA MAHIQUES

—Primero quiero que me cuente cómo fue el desembarco en el Ministerio y cuáles son las prioridades sobre las que está trabajando hoy.

—Fue un desembarco lindo. Yo conozco este ministerio, ya trabajé acá entre 2015 y 2019. Así que llegué y conocía a mucha gente.

—¿Lo encontró cambiado el Ministerio?

—No, poco. Pero llegar como ministro… la vez pasada que estuve lo había imaginado, en algún momento lo había soñado. Así que llegar como ministro fue muy emotivo, muy fuerte. Un lindo desembarco y un lindo desafío.

—La propuesta para llegar a ser ministro la explicó varias veces, pero quiero que la reconstruya. Concretamente, ¿fue una convocatoria de Karina Milei, de Santiago Viola? ¿Cómo fue el contacto para que usted termine tomando este compromiso?

—Fue la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien me lo ofreció formalmente. Lógicamente lo había hablado con el Presidente de la Nación. Pero quien me lo ofreció formalmente fue ella. Inmediatamente lo acepté porque es algo que me interesa muchísimo y me gusta. La verdad es que en esta semana que llevo estoy muy contento y feliz de estar acá.

—Hay muchos temas para hablar: las ternas de candidatos a jueces, la definición del Código Penal, qué va a pasar con la Corte Suprema. También quiero hablar sobre la AFA, pero primero quiero meterme en el tema de los jueces, porque el propio presidente Javier Milei planteó que era una de sus prioridades para este año legislativo. ¿Cómo están trabajando y qué se puede esperar para los próximos días o semanas?

—Sí, el Presidente lo tiene como un objetivo prioritario. Quiere que haya una Justicia ágil, rápida, cercana a la gente. Y si hay una justicia sin jueces y sin fiscales, esa velocidad, esa agilidad y esa cercanía no se pueden dar. Entonces la prioridad —o una de las prioridades— es esa. Lo hablamos con el Presidente el día que asumí. Estamos actualizando todos los datos y todos los expedientes de los candidatos de las ternas y, en breve -cuando estemos en condiciones administrativas de mandar los candidatos- los mandaremos.

—Quiero hacerle una pregunta técnica. Durante los primeros dos años de gestión del presidente Javier Milei, tal vez con otro ministro, con Mariano Cúneo Libarona, se hablaba sobre la definición de las ternas y el tema de completar la Justicia. Con todos esos expedientes que estaban tramitados, ¿qué van a hacer? ¿Van a revisar, van a proponer otros? ¿Cómo va a ser operativamente esa definición?

—El procedimiento para la designación de un magistrado es muy complejo, porque intervienen todos los poderes del Estado…

—Porque son trescientos cargos, más o menos. ¿O más?

—Hasta donde tengo entendido, 313.

—Entre jueces, camaristas y fiscales.

—Entre jueces, defensores y fiscales de distintas instancias. La designación de un magistrado es un proceso muy complejo en el que intervienen todos los poderes del Estado. Una vez que llega al Ministerio de Justicia, después de todo ese proceso —salvo excepciones, que las hay—, el Consejo de la Magistratura ya hizo un trabajo previo. Ese organismo es el encargado de evaluar, sancionar o incluso remover a aquellos magistrados que no tengan las capacidades o la idoneidad necesarias.

Una vez que alguien está en una terna es porque, en principio, demostró capacidad, idoneidad y valores. Pasó exámenes escritos, orales y audiencias en el Consejo de la Magistratura. Es decir, todos los que llegan a una terna son personas capacitadas para ejercer la magistratura.

Después, el Presidente tiene la facultad de elegir uno de esos tres candidatos y mandar ese pliego al Senado. ¿Qué ha pasado estos dos años? O más, porque en realidad el gobierno anterior tampoco cubrió vacantes. Yo desconozco cuál fue el motivo por el cual no se mandaron pliegos. Yo llego y tengo claro que es una prioridad, que es una deuda que hay que saldar y, lo más importante, que el Presidente quiere hacerlo. Entonces elegiremos de esa terna un candidato, evaluando sus antecedentes, y lo mandaremos al Senado.

—Usted publicó la semana pasada que iban a revisar la situación impositiva y los antecedentes de cada uno de esos ternados. ¿Por qué había que hacer eso? ¿No se había hecho antes?

—Sí, pero es un trámite administrativo que se tiene que actualizar. En el medio hay concursos que vienen desde 2017 o 2018. Yo, estando en el Consejo de la Magistratura como representante del Ejecutivo, aprobé concursos que todavía están acá.

—Claro, volvió a encontrarse con esos expedientes de antes.

—Sí. En ese transcurso se actualizaron varias veces los antecedentes y las condiciones impositivas. Pero en el medio esa situación puede haber variado esa situación. Entonces, antes de mandarlos hay que volver a actualizarlos y asegurarse de que esté todo en orden.

Lo mismo pasa con los conjueces. Hay una lista amplia que aprobó el Consejo de la Magistratura y que también hay que actualizar, en cuanto a antecedentes y condiciones impositivas para poder mandarla al Senado y que el Senado pueda aprobarla. Hoy no tienen acuerdo del Senado y esa es otra de las razones por las cuales hay vacantes que terminan siendo subrogadas por jueces, que incluso están en otra provincia, a 400 kilómetros de distancia.

—Respecto de esas listas y de esa definición, ¿el Presidente o usted como ministro tienen alguna prioridad sobre qué cubrir primero? Porque en algún momento trascendió que iban a ser los camaristas. También está la cuestión de Comodoro Py, donde hay cuatro vacantes de jueces y eso hace muy complejo el funcionamiento de ese fuero. ¿Hay alguna prioridad?

—Sí. Puntualmente en el caso de Comodoro Py, los concursos todavía están en trámite en el Consejo de la Magistratura.

—Siguen todavía.

—Sí. La de los jueces y la de los fiscales, en la Procuración General. Se llamó a concurso hace poco, así que es un trámite que todavía falta y no hay ninguna vacante para cubrir que esté acá en el Ejecutivo: ni los juzgados de primera instancia, ni de la Cámara de Casación, ni de la Cámara Federal. No hay nada acá en el Ejecutivo.

—Bien.

—En cuanto a las prioridades, desde mi punto de vista, son los fueros que están colapsados. Hay fueros que están realmente colapsados. El fuero de familia está colapsado, el fuero civil está colapsado. El fuero penal ordinario de instrucción de la Capital Federal está con la mitad de sus miembros. La Cámara Civil.

—Cámara Penal Económica.

—La Cámara Penal Económica tiene cuatro vacantes de seis. Esos son los lugares que necesariamente hay que cubrir con urgencia, porque no dan abasto. Los jueces no dan abasto, tienen mucho trabajo. La justicia civil, la justicia penal ordinaria, la justicia de familia… hay mucho trabajo y hay mucha vacancia. Entonces creo que esas son, por lo menos desde mi punto de vista, las prioridades.

—Porque uno piensa en la Justicia y en las vacantes de los tribunales y lo primero que piensa es si va a haber alguna prioridad, entre comillas, política sobre esas coberturas. ¿Hay algún criterio que no sea de funcionamiento? ¿Se entiende la pregunta?

—No hay una prioridad política. Hoy la prioridad para cubrir las vacantes de la Justicia es que la Justicia funcione bien, para que dé la respuesta que tiene que dar. Y la Justicia del día a día, la Justicia cercana a la gente, es la justicia penal de instrucción, civil, de familia, comercial.

—La semana pasada trascendió —y pudimos confirmar— que hubo varias reuniones, tanto acá en el Ministerio como en la Casa Rosada, para tratar este tema. ¿Hubo alguna definición? ¿Hablaron sobre la cuestión política de los apoyos legislativos que pueden tener estas propuestas? Y le pregunto también: ¿hay alguna fecha concreta de cuándo van a elevar esos pliegos?

—Estos pliegos los vamos a elevar en cuanto estemos en condiciones administrativas de hacerlo.

—¿Fecha?

—En breve. Estoy esperando que me traigan los expedientes con las actualizaciones e inmediatamente mando algunos pliegos, una tanda de pliegos. Esos pliegos no debieran tener inconvenientes.

—¿Podría ser en marzo?

—Sí, mi idea es que sea en marzo.

—En semanas entonces.

—Si es por mí, en días. Pero no quiero decir algo porque estoy esperando las condiciones administrativas para mandarlos.

—Le quiero hacer una pregunta antes. ¿Qué le dijo el Presidente? Porque usted no lo conocía personalmente.

—No, lo conocí el día de mi jura.

—Es atípico que eso ocurra.

—Evidentemente confía en el criterio de la Secretaría General de la Presidencia.

—Digo, que un presidente tome la decisión de nombrar a un ministro al que no había conocido antes es singular, o al menos atípico.

—Puede ser que no sea habitual.

—¿Y en esa primera charla de qué hablaron? ¿Qué le dijo el Presidente?

—Me dio tranquilidad, me manifestó su apoyo y su confianza en mi desempeño. Y me dijo lo que quería.

—Lo que se pueda contar, ¿qué le dijo?

—Quiere una justicia cercana a la gente, confiable, rápida. El servicio de justicia tiene una deuda con la sociedad, porque los tiempos no son lo que la sociedad pretende. Tampoco necesariamente tienen que ser los tiempos de la Justicia lo que la sociedad pretende; son tiempos diferentes. Pero está claro que hay una deuda y el Presidente quiere saldarla, y ese es su objetivo. Después, puntualmente, hablamos de temas que a él le interesan, como el juicio por jurados.

—A ver.

—Es una deuda de la Constitución del 1853 que el presidente tiene claro. La idea es que haya una injerencia popular en las decisiones judiciales, que se instaure de una vez por todas el juicio por jurados. Es un tema que vamos a estudiar y proyectar para que, de una vez por todas, en el ámbito federal se puedan dar y podamos tener juicios por jurado.

—Retomamos el tema de la política. El gran problema que tuvieron este gobierno y gobiernos anteriores es la falta de acuerdo político para que esos jueces sean nombrados. ¿Ustedes tienen una estrategia para eso? ¿Cree que van a tener los votos? ¿Qué rol puede tener el kirchnerismo en esa discusión?

—Yo creo que no debería haber problema, porque ese problema existió para acuerdos que requerían mayorías agravadas. En el caso de un magistrado de primera instancia, de Cámara o de tribunales inferiores —que no sean la Corte Suprema, la Procuración o la Defensoría General— la mayoría es simple. Hoy el Gobierno, con sus aliados y con senadores que entienden que es necesario cubrir las vacantes del sistema judicial, entiendo que no debería haber problema.

Es lo lógico que pase en un sistema democrático, que pasó siempre. Y en este proceso ni siquiera se intentó, porque no es que se mandaron los acuerdos y se rechazaron. Hubo un rechazo a acuerdos que requerían mayoría agravada. Con mayoría simple no hubo ningún rechazo.

—Entre esas listas de primeros magistrados van a haber de provincia, me imagino.

—¿Juzgados federales de provincia?

—Juzgados federales de provincia.

—Probablemente sí, probablemente haya alguno. Hay un montón de vacantes: tribunales orales, cámaras.

—Algunos con competencia electoral incluso.

—Sí, hay algunos con competencia electoral.

—Vinculado a este tema, a partir de la aprobación de la reforma laboral está la eliminación —o la disolución paulatina— de la Justicia Nacional del Trabajo. Hubo recursos judiciales y amparos contra esa decisión. ¿Cuál va a ser el trabajo que va a hacer el Gobierno sobre ese tema?

—Ya hubo un rechazo de una medida cautelar que presentó la CGT. Es una causa que está en trámite. Sobre el tema no tengo mucho más para decir.

La Justicia Laboral es una justicia que también está diezmada por las vacantes. La Cámara laboral, si mal no recuerdo, tiene la mitad de sus integrantes y la otra mitad está vacante. En ese sentido, ese traspaso a la Justicia local —o que quede como una Justicia de transición para ocuparse de los temas que hoy existen en la Justicia Nacional del Trabajo— pareciera ser menos conflictivo, porque hay muchísimas vacantes.

Ahora, también hay que evaluar si parte de la Justicia Laboral tiene algún tipo de injerencia a nivel federal. Hay temas que pueden considerarse federales, temas gremiales y demás. Es un tema que hay que estudiar.

—No es que le van a bajar la persiana y de un día para el otro desaparece la Justicia Nacional del Trabajo.

—No. De un día para el otro no puede desaparecer una estructura como la Justicia Laboral. Sí hay una ley y hay que tener en cuenta que la Justicia local de la ciudad de Buenos Aires tiene que tener una Justicia Laboral, como la tienen todas las provincias. Después hay que evaluar si hay temas de la justicia laboral que pueden ser de competencia federal o no. Eso es algo que hay que estudiar. Lo que sí está claro es que la ciudad de Buenos Aires tiene que tener una justicia local del trabajo y de todos los fueros.

LA CORTE Y EL RÉGIMEN ACUSATORIO