La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará una particular medida de fuerza en medio de una serie de modificaciones que se llevarán a cabo en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y protestarán ante posibles despidos.

El titular del organismo, Rodolfo Aguiar, sostuvo que realizarán un paro “a la japonesa” como una forma de manifestarse en contra de las modificaciones que se llevaron a cabo en el organismo en el sistema de información de juicios y mediaciones que deben presentar las aseguradoras. Estos ajustes, impulsados por la gestión de Claudio Stivelman, establecen nuevos requisitos y plazos para la carga y presentación de datos, generando inquietud entre los trabajadores estatales que advierten sobre la sobrecarga administrativa y el riesgo de recortes de personal.

La medida de fuerza, que se ejecutará bajo la modalidad “a la japonesa”, consiste en que los empleados atenderán reclamos en la puerta del organismo y acelerarán la resolución de expedientes para demostrar su rol central en la defensa del derecho a la salud. De acuerdo a lo informado por el sindicato, el objetivo es visibilizar la importancia de la tarea realizada por el personal ante los usuarios y exhibir públicamente las consecuencias de una eventual reducción de la plantilla.

En respuesta a la resolución de la Superintendencia, ATE expresó un rechazo enfático. El gremio, a través de un comunicado, advirtió que las recientes disposiciones no solo incrementan la presión sobre los equipos técnicos, sino que también podrían traducirse en despidos y afectaciones directas a la operatividad del organismo. Los trabajadores sostienen que la reorganización administrativa, lejos de mejorar el sistema, amenaza con debilitar los mecanismos de control y la capacidad de fiscalización estatal sobre el sector privado.

La protesta sindical fue decidida en asamblea y se llevará a cabo este viernes 20 de marzo en la sede central de la Superintendencia. El plan de acción contempla la atención de reclamos en la entrada principal y una aceleración formal de los trámites, en un gesto que busca evidenciar el compromiso del personal y la magnitud de la tarea cotidiana.

La decisión de adoptar una modalidad “a la japonesa” responde a la intención de ATE de evitar la paralización total del organismo y, en cambio, exponer que una estructura debilitada impactaría negativamente en la defensa de derechos esenciales. En palabras de Aguiar, la protesta pretende “poner en evidencia” la gravedad de la situación y enfrentar lo que consideran un intento de vaciamiento institucional.

La conducción sindical denunció además una presunta “paralización intencional” en la tramitación de reclamos, señalando que el superintendente y sus funcionarios estarían demorando expedientes para vaciar el organismo y beneficiar intereses privados. Aguiar afirmó que “desde la Superintendencia se favorecen negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes”, responsabilizando a la actual gestión por lo que consideran un ataque directo al derecho a la vida.

En el mismo sentido, el gremio denunció la existencia de sanciones aplicadas de manera desigual. Según Aguiar, las autoridades “establecen sanciones sólo para las obras sociales más chicas y miran para otro lado frente a los incumplimientos groseros de las empresas de medicina prepaga”. Este manejo discrecional, sostienen, responde a una estrategia de vaciamiento y desregulación.

Al reclamo vinculado a la actualización del sistema de información se suman otras demandas sindicales. ATE manifestó su rechazo al sistema PROMESA, una mediación prejudicial no obligatoria que, según el sindicato, trasladará costos a los beneficiarios y fomentará la judicialización de los conflictos. Esta iniciativa, advierten, representa un retroceso en el acceso a derechos para los afiliados y usuarios del sistema.

Como parte del plan de lucha, se prevé que la próxima semana se realicen nuevas acciones gremiales, incluyendo una concentración frente a la sede del organismo. ATE insiste en la necesidad de resguardar tanto las condiciones de empleo como los mecanismos de control y fiscalización, advirtiendo que cualquier intento de reducción o vaciamiento afectará la calidad de los servicios y los derechos de los usuarios.