El Gobierno cambió la forma en que el Estado Nacional financia el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social en todo el país y dejará de actualizar constantemente la cobertura en la SUBE ante los aumentos de boleto.

A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 40/2026, el reconocimiento del beneficio dejará de aplicarse de forma automática sobre cualquier tarifa que decidan las jurisdicciones locales. En su lugar, se establecen “tarifas de referencia” que funcionarán como el tope máximo sobre el cual se calculará el descuento financiado por el Tesoro Nacional.

La normativa dispone que para las provincias y municipios, las tarifas de referencia serán aquellas que estaban vigentes al 30 de junio de 2026. En el caso de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.

De esta manera, las tarifas de referencia establecidas precedentemente serán aplicables a partir de este miércoles 1 de julio y mantendrán su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización.

El fundamento principal de esta decisión radica en la “marcada dispersión tarifaria” y la dinámica de aumentos frecuentes y heterogéneos que aplican los gobiernos provinciales y municipales. Al no ser la autoridad de aplicación en esos distritos, el Estado Nacional veía cómo sus erogaciones aumentaban de forma imprevista ante cada suba local.

Al resaltar el nuevo esquema implementado, el Ejecutivo sostuvo que “la incorporación de tarifas de referencia para la determinación del reconocimiento del atributo social permite establecer un parámetro objetivo, uniforme y verificable para el cálculo del beneficio, compatible con la finalidad social del régimen y con una adecuada administración de los recursos públicos comprometidos para su financiamiento”.

La decisión no modifica el universo de beneficiarios de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, para gozar del beneficio, los usuarios deben contar con su tarjeta SUBE debidamente registrada.

Asimismo, la medida no altera las facultades de las provincias o municipios para fijar sus propios cuadros tarifarios. Si una jurisdicción decide establecer tarifas más altas o mantener esquemas de gratuidad superiores, podrá hacerlo, pero deberá regular su propia forma de implementación y asumir el financiamiento adicional correspondiente.

La implementación técnica de estos cambios estará a cargo de Nación Servicios S.A., que deberá adecuar los sistemas centrales de la red SUBE para procesar los nuevos mecanismos de cálculo. La medida ya se encuentra plenamente vigente desde este miércoles. (N/A)

El Municipio de Bahía Blanca realiza tareas de limpieza en un pluvial necesario para el desagote del sector de la obra hidráulica principal, que es el colector pluvial que se construyó sobre Agustín Agustín Álvarez, entre Rizzo y Latanzzio.

Se trata de un recorrido de 295 metros de una cañería de hormigón de 100 mm que se encontraba totalmente obstruida por la acumulación de sedimento, lo que provocaba inundaciones frecuentes en el sector.

“Este trabajo es una continuación de la obra hidráulica principal en este sector, que es el colector pluvial que se construyó sobre Agustín Agustín Álvarez, entre Rizzo y Latanzzio”, explicó el intendente Federico Susbielles durante una recorrida por el lugar donde se desarrollan las tareas.

“Cuando finalizamos esa obra y se dispuso conectarla con el pluvial que corre por Rizzo advertimos que éste estaba completamente obstruido, por lo que el agua que llegara del nuevo colector no tenía donde derivar e iba a generar más anegamientos”, agregó.

“Es por eso que se licitó y adjudicó esta obra complementaria que ya está avanzando y que es tan importante para los vecinos de esta zona. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad y con planificación, porque es lo que los bahienses se merecen. Vivir con la tranquilidad de sentirse protegidos”, manifestó Susbielles.

Los trabajos, a cargo de la empresa GEOMAC S.A. , también incluyen la limpieza de sumideros y de los caños de empalme que estaban totalmente obstruidos, e implican una inversión de  93.9 millones de pesos y un  plazo de ejecución de 60 días.

Fuente: La Nueva.

Tras la multitudinaria reunión de comerciantes con legisladores bahienses ocurrida a principios de junio, el diputado Oscar Liberman presentó un proyecto de ley para pedirle a la Provincia de Buenos Aires que exima a los afectados por la inundación del pago de Ingresos Brutos y que ARBA frene los embargos.

La iniciativa no lleva la firma de ningún otro legislador de la Sexta Sección presente en aquel encuentro y tiene los avales de Francisco Adorni, Ramón Vera y Maximiliano Bondarenko, todos de La Libertad Avanza.

“Con los comerciantes de Bahía no me comprometí con palabras y presenté un proyecto de ley con la exención del 100% de Ingresos brutos e Inmobiliario y freno a los embargos de ARBA”, escribió en la red social X.

“Ahora se ve quién cumple y quién promete. Espero a los demás”, posteó.

La iniciativa surge tras el encuentro que se realizó el 1 de junio en el teatro Don Bosco ante cientos de comerciantes locales preocupados por la crisis que atraviesan. Por el lado de los legisladores estuvieron Andrés De Leo, Alejandro Dichiara, Marcelo Feliú, Oscar Liberman y Nerina Neumann.

Durante el encuentro se reclamaron medidas urgentes para acompañar la recuperación económica de la ciudad tras las dos catástrofes que golpearon al distrito en poco más de un año.

Los organizadores recordaron el devastador temporal de viento de diciembre de 2023 y la posterior inundación que afectó a miles de familias, comercios y empresas. Señalaron que detrás de cada negocio dañado y de cada empleo en riesgo existen historias de esfuerzo, inversión y sacrificio que requieren acompañamiento del Estado en todos sus niveles.

Bajo el lema “La camiseta de Bahía Blanca”, las entidades impulsoras apelaron a la unidad política para afrontar la etapa de reconstrucción. La comparación con la selección argentina sirvió para plantear que, más allá de las diferencias partidarias, debe prevalecer un objetivo común, como es la recuperación de la ciudad y la defensa de su entramado productivo.

En representación de las entidades organizadoras, Jorge Bonacorsi, presidente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios (CCIyS), sostuvo que Bahía Blanca atraviesa una situación excepcional dentro de la provincia debido al impacto de las dos tragedias sufridas en tan corto tiempo. Además, remarcó la importancia de proteger a las pequeñas y medianas empresas como herramienta fundamental para preservar el empleo.

Fuente: La Nueva.