El diputado nacional Máximo Kirchner presentó en un proyecto de ley que propone declarar la emergencia pública en materia energética, alimentaria y de insumos productivos críticos en la Argentina. La iniciativa, respaldada por un grupo de legisladores del bloque oficialista, busca que el impacto del aumento internacional del precio del petróleo y otros insumos no se traslade a las tarifas de luz y los alimentos que consumen trabajadores y pequeñas y medianas empresas. Según informaron, el proyecto argumenta que la renta extraordinaria derivada del conflicto bélico en Medio Oriente debe ser destinada a garantizar tarifas sostenibles y reservas para la población.

De acuerdo con la propuesta impulsada por Kirchner, la coyuntura internacional generada por la guerra en Medio Oriente ha provocado un alza en los precios globales de la energía, los alimentos y los fertilizantes, así como disrupciones en la logística y volatilidad financiera. El texto advierte que estos factores comprometen tanto el suministro local como el poder adquisitivo de las familias argentinas y los costos de producción del sector agropecuario. En este marco, el proyecto plantea que el Estado nacional debe ejercer un rol activo para proteger a los sectores más vulnerables y a la economía real.

El documento, que cuenta con la firma de los diputados Emir Félix, Jorge Ávila, Jorge Araujo, Juan Carlos Molina, Ana María Ianni, Pablo Todero, Martín Aveiro, Marcelo Mango, Andrea Freites, José Glinski, Adriana Serquis, Carlos Castagneto y Julia Strada, sostiene que la Argentina afronta una oportunidad histórica como exportador neto de energía. El texto señala que la renta extraordinaria debe ponerse al servicio del pueblo para evitar que los aumentos internacionales se reflejen en la economía doméstica.

Entre los fundamentos, Kirchner señaló durante el debate legislativo por la modificación de la Ley de Glaciares que “en el país de las vacas, cada vez se come menos carne y menos leche. En el país de Vaca Muerta, segunda reserva de shale gas y cuarta de shale oil, los argentinos no pueden cargar nafta, y pronto, al acercarse el invierno, no hay una política que aborde el tema del gas. No solo para la industria, sino para la gente, que si no hay gas, pasa frío en muchos lugares de Argentina”. El legislador también cuestionó iniciativas para modificar la Ley de Zona Fría, que protege a los usuarios de regiones con bajas temperaturas.

El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo Nacional reciba instrumentos para mitigar el impacto de la coyuntura internacional. Entre las medidas propuestas se destaca la suspensión de la venta de activos energéticos durante la crisis, la creación de derechos de exportación móviles y especiales sobre el petróleo y la canalización de estos recursos a un fondo anticíclico. Este fondo distribuiría los ingresos en tres destinos principales: subsidios a insumos agropecuarios, estabilización de precios internos de alimentos y acumulación de reservas internacionales.

Una de las medidas sociales incluidas en la propuesta es el refuerzo del 30% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para asegurar el acceso a alimentos básicos como aceite, pan, leche y carne. “El aceite, pan, leche y carne son derechos, no deben ser considerados mercancías de especulación”, sostiene el texto presentado por Kirchner y sus colegas. El proyecto afirma que la protección de los ingresos y el abastecimiento es una función indelegable del Estado, y rechaza la idea de que la falta de fondos estatales sea un obstáculo, ya que la renta extraordinaria generada por el shock externo permitiría financiar estas políticas.

La propuesta también contempla medidas para evitar que los aumentos de precios internacionales de la energía y los alimentos se trasladen íntegramente a los consumidores argentinos. El texto remarca que cuando sube el petróleo, aumentan fletes, pan y leche, afectando la cadena de costos y el bolsillo de los trabajadores. Por eso, la intervención estatal se presenta como una herramienta para desacoplar los precios internos de los internacionales y evitar que la inflación importada deteriore el poder adquisitivo.

Respecto al sector agropecuario, el proyecto plantea que la renta extraordinaria del petróleo se capte a través de derechos de exportación móviles, que se reduzcan automáticamente cuando los precios internacionales bajen. Parte de estos fondos se destinaría a subsidiar gasoil, fertilizantes y otros insumos críticos para la producción agrícola, con el objetivo de garantizar la continuidad de las campañas y la estabilidad de los precios de los alimentos básicos.

El documento parlamentario enfatiza la necesidad de asegurar el abastecimiento energético, fortalecer la posición externa del país mediante la acumulación de reservas y mantener la capacidad productiva del agro, protegiendo el acceso a fertilizantes y otros insumos esenciales. Según el texto, el Estado actuaría como “colchón” ante la volatilidad de los mercados internacionales, reasignando la renta extraordinaria para proteger a las familias y a la economía real.

La declaración de emergencia propuesta por Kirchner y su grupo de diputados se sustenta en el impacto extraordinario del conflicto internacional sobre los precios y la seguridad de abastecimiento, así como en la necesidad de dotar al Gobierno de herramientas rápidas para responder a escenarios de crisis. El proyecto se encuentra bajo análisis en el Congreso, donde se espera que inicie su debate en comisiones durante las próximas semanas.