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La CGT afirmó que la situación de las obras sociales es “casi terminal”: los números que grafican una aguda crisis

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Las obras sociales sindicales prestan atención médica a 14 millones de personas en la Argentina, pero la CGT advirtió que la crisis que atraviesan es “casi terminal” por la cual existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos” y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema, que surgen del aporte de los trabajadores.

En un informe del secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), que fue presentado en la última reunión del Consejo Directivo cegetista, se afirmó que “la situación económica financiera general del sistema está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, tras lo cual mencionó el caso de obras sociales que fueron dadas de baja (Industria Del Fósforo) otras declaradas en situación de crisis (Dirección Industria Construcción e Industria Pesquera de Mar del Plata) y otras intervenidas como OSPRERA y Ladrilleros.

Por eso la CGT enfatizó que “un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.

A continuación, la CGT detalló en números una de las facetas de la crisis de las obras sociales: “Actualmente, el promedio de recaudación de nuestro sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67% de la población de obras sociales nacionales -indicó-. Pero lo que resulta más importante para tener en cuenta es el costo del menú prestacional que estamos obligados a dar, es decir, el costo del PMO (Plan Médico Obligatorio)”.

“De acuerdo con las estimaciones realizadas por el grupo de técnicos y profesionales en la temática de obras sociales de la CGT, que hace años se dedica a esta tarea, el valor del PMO para el mes de marzo de 2026 rondaría los $85.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra casi un 25% por encima de la recaudación promedio del sistema”, destacó el informe.

Según la CGT, “este último dato implica que más de 11 millones de beneficiarios, es decir el 78,5% del padrón, no aportan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO”.

Se explicó en el informe que, “como consecuencia de esta situación, para poder continuar con la prestación de servicios, la mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos”. Y agregó: “Paralelamente, se resiente la cadena de pagos a prestadores que se refleja en una caída de la calidad en la atención médica, prolongación de los tiempos de espera para acceder a prestaciones y malestar en nuestros afiliados”.

“Otra prueba del deterioro que está sufriendo el sistema de atención se visualiza en la reducción de la capacidad de nuestros afiliados en acceder a los medicamentos ambulatorios de uso habitual -resaltó-. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023 la capacidad de compra de medicamentos se redujo en promedio en el 49%. Esta situación se mantiene hasta la actualidad”.

Uno de los puntos centrales del crudo diagnóstico de la CGT es el de los aportes de los monotributistas al sistema de obras sociales: “A la situación general de nuestros afiliados naturales, debemos soportar el agujero financiero que nos produjo y nos sigue produciendo la incorporación de monotributistas, cuyo aporte al sistema (alrededor de $20.000) es un 290% inferior al costo del PMO. A esto debemos agregar que gran parte de los que ingresan al sistema por esta vía presentan una carga de enfermedad que supera al de nuestros afiliados de la actividad. Es decir que utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”.

Además, alertó la CGT, “la situación de los jubilados que permanecen en nuestras obras sociales también resulta ampliamente negativa y discriminatoria”, punto sobre el cual precisó: “Hoy el PAMI nos transfiere $48.269 per cápita, valor que resulta muy inferior a lo que realmente recauda el PAMI ($159.000 aproximadamente) y se agrava si tenemos en cuenta que por esa diferencia no contrapresta ningún servicio”.

Por otra parte, el informe aseguró que “la facturación de los hospitales públicos se ha transformado en otro factor de distorsión” para las obras sociales. “Por un lado, en determinados distritos, como ocurre con los hospitales de CABA, el nomenclador que utilizan para facturar las prestaciones presenta valores muchas veces superiores a los de prestadores privados”.

“A esta situación se suma el hecho que no solicitan autorización previa para la realización de prácticas programadas -añadió-. En el caso de las internaciones de urgencia, la denuncia de estas es irregular y muchas veces se realiza en forma tardía impidiendo que se pueda hacer la auditoria en el terreno correspondiente. Como corolario de lo expuesto, el sistema de facturación hospitalario emite facturas que se transforman en cosa juzgada, muchas veces judicializándose su cobro”.

Por último, el informe cegetista criticó al Ministerio de Salud de la Nación por la administración de los aportes de los trabajadores para financiar a las obras sociales: “El manejo de los fondos de los subsidios automáticos que distribuye la Superintendencia de Servicios de Salud, que podrían mitigar en parte la situación de crisis del sistema, resulta absolutamente inequitativa”.

Sostuvo que “el ejemplo más ilustrativo es la distribución del SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías), que distribuye un monto que actualmente ronda los $2.380 por beneficiario, lo que implica que reciben lo mismo las obras sociales de bajos ingresos que las entidades que más recaudan (por ejemplo, OSDE, Swiss Medical, etc.)“ y dijo que ”en el caso del SUMARTE (Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Trabajo Especial), que hoy distribuye aproximadamente $7.955 por monotributista, y del SUMA 65, que reparte $48.269 por mayores de 65 años, estos recursos surgen de los aportes y contribuciones de los propios trabajadores, por lo cual, si bien mitigan en parte la situación de estos beneficiarios, no resuelven el problema de fondo”.

El informe puntualizó que los pagos de INTEGRACIÓN (Discapacidad), subsidios para el financiamiento de las prestaciones de discapacidad, “se están recibiendo en forma regular”, pero advirtió que “el crecimiento del volumen de pacientes que acceden a estas prestaciones ha ido horadando el Fondo Solidario de Redistribución, consumiendo más del 75 % de sus recursos”.

Para finalizar, la CGT consideró que “el desfinanciamiento del Fondo Solidario de Redistribución también se ha visto seriamente afectado por otra medida antiequitativa que surge del último DNU que reduce 5 puntos (del 20 al 15%) los aportes de los salarios más altos, enrasando todos los aportes en el 15%”.

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Universidades: comienzan dos semanas de paros y marchas por mejores salarios

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Las universidades públicas sumarán esta semana y la próxima un nuevo capítulo de conflicto con paros, movilizaciones y diversos tipos de protestas para visibilizar el reclamo por mejores salarios y para que se cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación continúa siendo motivo de disputa judicial con el Ejecutivo.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) decidió nuevas jornadas de paro y movilización, a lo que se sumó la Conadu Histórica, el otro gremio fuerte que representa a los docentes, y Fatun, sindicato de nodocentes con varias jornadas de huelga. Todos piden por el cumplimiento de la ley pero además en rechazo al proyecto de Presupuesto 2027 que no contempla los fondos que consideran necesarios para el funcionamiento del sector.

El conflicto se desarrolla tras la 5ta Marcha Federal Universitaria y durante la disputa judicial por la falta de aplicación de la norma de financiamiento. La docencia universitaria y preuniversitaria atribuyó lapérdida de ingresos a una política de ajuste del Gobierno nacionalque, según sostuvo, afecta las condiciones materiales de la universidad pública.

Según informaron, las universidades nacionales acumulan desde diciembre de 2023 una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal universitario perdieron más del 30% de su poder adquisitivo. Los datos fueron presentados en una reunión de rectores.

Días de paro en las universidades

El primer paro de la Conadu está previsto para este miércoles 28 de octubre, fecha estimada para el tratamiento del proyecto presupuestario en comisiones del Congreso. Además, la federación anunció que el lunes 16 de noviembre comenzará una semana de protestas, con huelgas, movilizaciones y actividades en distintas universidades del país.

En cambio, Conadu Histórica anunció un paro nacional de una semana para la docencia universitaria y preuniversitaria, a partir de este miércoles y hasta el martes 3 de noviembre.

Vale recordar que los sindicatos realizaron el último miércoles 30 de septiembre un paro de 72 horas para reclamar al Gobierno nacional que cumpla los fallos judiciales y la norma que obliga una recomposición de los salarios universitarios. Todo esto hace que durante el año se hayan perdido casi un mes y medio de clases.

Además, hay que sumar la protesta de Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que convocó a cuatro paros nodocentes de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo: el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. Las medidas alcanzarán a las universidades públicas de todo el país y estarán acompañadas por actividades de visibilización en distintas regiones.

Fuente: Agencia DIB

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Un estudiante bahiense representará a Austria en un modelo de la Unión Europea

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Un estudiante de Bahía Blanca tendrá la oportunidad de representar a un país europeo en un ámbito de debate y negociación internacional.

Se trata de Gerónimo Fullana, de 25 años, estudiante avanzado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Siglo 21, quien fue seleccionado entre 484 postulantes universitarios de todo el país para participar del primer Modelo Nacional Unión Europea Argentina 2026, en el que asumirá el rol de representante de la República de Austria.

La iniciativa es organizada por la Delegación de la Unión Europea en Argentina, en el marco de su Programa de Diplomacia Pública, y se desarrollará desde el próximo miércoles hasta el viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La convocatoria tuvo carácter federal y, tras el proceso de selección, quedaron elegidos apenas 27 estudiantes, uno por cada Estado miembro de la Unión Europea. Durante tres jornadas intensivas, los participantes protagonizarán una simulación académica del Consejo de la UE, en la que deberán debatir, negociar posiciones y construir consensos en torno a uno de los principales desafíos de la agenda europea contemporánea.

El tema central será el programa Acción de Seguridad para Europa (SAFE 2025), un mecanismo que promueve las compras conjuntas de equipamiento de defensa entre los países miembros, la cooperación militar y una mayor autonomía estratégica del bloque.

En términos prácticos, la propuesta busca que los estudiantes se familiaricen con el funcionamiento de las instituciones europeas y experimenten las dificultades propias de la negociación diplomática, donde los intereses nacionales deben compatibilizarse con los objetivos comunes.

Para Fullana, la posibilidad de formar parte de esa experiencia representa mucho más que una instancia de competencia académica.

“Mi participación trasciende lo individual: es una oportunidad para representar a Bahía Blanca en una iniciativa internacional y para contribuir al fortalecimiento de las capacidades argentinas en relaciones internacionales, negociación y diplomacia”, señaló.

También destacó la importancia de profundizar el conocimiento sobre experiencias de integración regional como la europea, que consideró relevantes para pensar la cooperación en el Cono Sur y los vínculos entre América Latina y Europa.

Pura vocación

Nacido y criado en el barrio KM 5, y luego vecino del barrio Taxistas, Fullana cursó sus estudios primarios en la Escuela N.º 7 y los secundarios en el Colegio La Asunción.

Su camino universitario comenzó en otra disciplina. En 2021 decidió iniciar la carrera de Relaciones Internacionales, después de haber cursado dos años de Derecho en la Universidad Nacional del Sur y advertir que no era el rumbo profesional que buscaba.

“Encontré en las Relaciones Internacionales un campo que realmente me apasiona”, explicó.

Actualmente, se encuentra en la etapa final de su formación. Si todo marcha según lo previsto, a fines de este año defenderá oralmente su Trabajo Final de Grado, centrado en los mecanismos de cooperación que aplica la Unión Europea en el Sahel, una región de África que representa un área estratégica para la política exterior y de seguridad del bloque.

Ese interés por el proceso de integración europeo y por su marco jurídico fue, precisamente, uno de los motivos que lo impulsaron a presentarse a la convocatoria.

“La Unión Europea, especialmente su proceso de integración y el Derecho de la Unión, siempre fueron de mi interés”, contó. Cuando conoció la propuesta, entendió que podía convertirse en una oportunidad para acercarse al funcionamiento institucional del organismo y establecer contacto con las representaciones diplomáticas de sus Estados miembros en la Argentina.

En nombre de Austria

El proceso de selección incluyó un formulario de postulación en el que se evaluaron distintos antecedentes. Entre los requisitos figuraban estar cursando una carrera universitaria y acreditar conocimientos de inglés, idioma que puede resultar necesario en algunas actividades complementarias, aunque el Modelo se desarrollará íntegramente en español.

También se tuvieron en cuenta la trayectoria académica, la vinculación con Naciones Unidas y otras experiencias que pudieran enriquecer la participación.

Una vez elegidos los 27 representantes, la asignación de los países se realizó al azar durante la primera reunión virtual de bienvenida. A Fullana le correspondió Austria, una nación con tradición diplomática y una política de neutralidad que plantea particularidades a la hora de analizar los desafíos de seguridad y defensa europeos.

“Será interesante profundizar en su posición dentro de la Unión Europea y conocer mejor su perspectiva sobre los principales desafíos que enfrenta el bloque”, sostuvo.

Las actividades tendrán lugar en la sede de la Delegación de la Unión Europea y en la Legislatura porteña. Además de las sesiones de debate, el programa contempla encuentros con diplomáticos y embajadores de los Estados miembros con representación en Buenos Aires, así como otras actividades vinculadas con la práctica diplomática.

La experiencia también tendrá un incentivo adicional: los tres participantes que alcancen el mejor desempeño obtendrán un viaje de estudios a Bruselas durante 2027.

Representar a Bahía

Fullana reconoce que el objetivo de los seleccionados será destacarse en la simulación, aunque considera que la instancia final estará marcada por diferencias pequeñas entre estudiantes que ya demostraron contar con antecedentes y conocimientos suficientes para llegar hasta allí.

“Creo que todos los que fuimos seleccionados tenemos la intención de ganar, y comparto ese objetivo”, afirmó. Sin embargo, más allá del resultado, puso el foco en el aprendizaje y en la posibilidad de trasladar esa experiencia a su futuro profesional.

“Mi principal expectativa es que esta experiencia represente un crecimiento académico y profesional que, en el futuro, pueda trasladar a mi ciudad”, agregó.

En ese sentido, también expresó su deseo de que su participación contribuya a mostrar las capacidades de los jóvenes bahienses para desenvolverse en espacios de relevancia internacional.

“Me gustaría contribuir a visibilizar el potencial de los jóvenes de Bahía Blanca y demostrar que contamos con grandes perfiles académicos, con capacidad para participar en espacios de relevancia internacional”, concluyó.

En pocos días, el estudiante bahiense tendrá por delante el desafío de defender los intereses de Austria, negociar con representantes de otros 26 países y buscar acuerdos sobre una cuestión central para el futuro europeo. Una experiencia que, además de poner a prueba sus conocimientos, le permitirá dar un nuevo paso en el camino profesional que eligió hace cinco años.

Fuente: La Nueva.

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Zona Fría: el Gobierno reglamentó la Ley 27.828 que modifica el régimen

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El Gobierno aprobó este lunes la reglamentación del Capítulo I de la Ley 27.828, que modifica al Régimen de Zona Fría. Además, determina que continuarán los beneficios previstos para la región patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna.

La medida quedó establecida esta madrugada a través del Decreto 1266/2026, publicado en el Boletín Oficial. La normativa establece nuevas pautas para el funcionamiento del sistema de subsidios al gas, la distribución de las compensaciones y la administración de los fondos destinados a financiar las bonificaciones.

Uno de los principales cambios es la reorganización del mecanismo de compensaciones a las empresas proveedoras. De este modo, los pagos se calcularán sobre el precio del gas y se abonarán directamente a las compañías, mientras que las distribuidoras y subdistribuidoras deberán aplicar las bonificaciones correspondientes a los usuarios finales.

El financiamiento continuará a través del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que se constituirá con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con las excepciones previstas en la norma.

Además, la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo determinar las compensaciones y bonificaciones. Asimismo, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad continuará con las tareas de control técnico y certificación de la información presentada.

En el texto oficial, se indica que se aprobó un nuevo modelo de contrato de fideicomiso entre el Estado nacional y el Banco Nación. Sin embargo, el cambio no implica crear un nuevo fondo ni extinguir el existente, sino adecuar su funcionamiento al marco legal actualizado.

Por último, la disposición derogó el Decreto 486/2021 y estableció que las normas reglamentarias anteriores seguirán vigentes en todo aquello que no resulte incompatible con las nuevas disposiciones.

Fuente: diario Crónica

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