El Gobierno nacional dispuso una reestructuración en la Jefatura de Gabinete de Ministros, que redefine la organización interna y los objetivos de varias áreas centrales para la gestión de medios y comunicación.

A través del Decreto 269/2026 publicado hoy jueves en el Boletín Oficial, se oficializó la modificación del organigrama y de los objetivos operativos de sus secretarías y subsecretarías, en una medida que impacta en la coordinación política, la innovación tecnológica y la gestión de la comunicación institucional en todo el sector público.

Según el texto oficial, la renovación busca mejorar la gestión de competencias asignadas a la Jefatura de Gabinete, optimizando recursos y actualizando los ámbitos de acción de los organismos descentralizados y desconcentrados bajo su órbita.

De esta manera, se transfiere a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General, dependiente de Karina Milei, a la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de Manuel Adorni.

Desde la entrada en vigencia de la medida, la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología asumirán funciones ampliadas y redefinidas.

A partir de ahora, la Unidad Gabinete de Asesores contará con nuevas atribuciones, entre las que destaca la coordinación de la comunicación institucional, la relación con la prensa y la difusión de contenidos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Entre las áreas más relevantes del nuevo esquema se encuentran:

• Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, con sus subsecretarías Legal y de Gestión Administrativa.
• Secretaría de Asuntos Estratégicos, bajo la cual funcionan la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos de Gobierno, la Subsecretaría de Análisis y Planificación de Gobierno y la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.
• Secretaría Ejecutiva, que incorpora la Subsecretaría de Coordinación Interministerial y la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria, además de la Oficina Nacional de Contrataciones.
• Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, compuesta por las subsecretarías de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Innovación, de Ciencia y Tecnología y de Gestión Administrativa de Innovación, Ciencia y Tecnología.
• Secretaría de Turismo y Ambiente, con las subsecretarías de Turismo y de Ambiente.
• Secretaría de Comunicación y Prensa, que ahora incluye la Subsecretaría de Prensa, la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno y la Subsecretaría de Medios Públicos.

La medida prevé también la aprobación de la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con anexos que detallan las responsabilidades primarias y acciones de cada área.

El decreto incorpora y sustituye objetivos clave para las áreas de innovación, ciencia y tecnología, así como para las áreas vinculadas a la gestión de proyectos estratégicos y análisis de políticas públicas.

Destaca, entre otros puntos, la participación activa en ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas del sector público, el desarrollo de marcos regulatorios para tecnologías estratégicas como inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas y el uso de software de código abierto.

Uno de los objetivos asignados a la Secretaría de Innovación es la dirección del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y la administración de las participaciones estatales en AR-SAT y Correo Oficial de la República Argentina S.A. Asimismo, la Secretaría ejercerá el control tutelar sobre organismos como el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Hasta que se complete el proceso de reestructuración, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes a nivel inferior, asegurando la continuidad de las acciones y dotaciones de personal. El gasto derivado de la aplicación de la nueva estructura se atenderá con los créditos asignados a la Jurisdicción 25 – Jefatura de Gabinete de Ministros.

La medida, dictada en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional, entrará en vigencia a partir de su publicación. La Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto intervinieron en la revisión y adecuación técnica de la nueva estructura organizativa.

Con estos cambios, el Gobierno busca fortalecer la articulación entre áreas estratégicas, actualizar la gestión de políticas públicas y promover una administración más ágil, transparente y orientada a los desafíos tecnológicos y de comunicación que enfrenta el Estado argentino.

El proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso para eliminar las PASO, dentro de un paquete que incluye otras reformas políticas como el financiamiento de los partidos políticos y Ficha Limpia, le abrió el camino al peronismo para empezar a avanzar, con mayor decisión, en la conformación de una nueva alianza política en las dos cámaras del Congreso.

Tal como se preveía, Javier Milei anunció que buscará derogar las elecciones primarias y así simplificar el proceso electoral del año que viene. Ese paso activó, en forma definitiva, la decisión del peronismo de salir a buscar adhesiones y votos en todo el universo opositor. El objetivo es claro: evitar que se caigan definitivamente.

En el PJ hay un consenso amplio respecto a la necesidad de que las PASO sigan vigentes el año que viene, ya que son la herramienta clave para poder despejar las diferencias internas que sobreviven entre las diferentes tribus, y lograr que emerja un solo candidato que sintetice las ideas macro de una nueva coalición opositora.

En un momento donde la discusión del peronismo es completamente horizontal, debido a la diversidad de liderazgos y la estadía afuera del poder central, las elecciones primarias son determinantes para poder reagrupar a viejos adversarios. En ese camino de construcción política están Miguel Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó, entre otros dirigentes, que empujan el nuevo armado desde los límites del justicialismo.

En el peronismo creen que el Gobierno tendrá un camino muy espinoso para buscar el apoyo necesario en la oposición. Sobre todo porque necesita mayoría absoluta, que se consigue con la mitad más uno del total de la Cámara. Es decir, necesitan 37 senadores y 129 diputados. Los gobernadores del norte que han sido aliados tácticos de Milei jugarán un rol central y determinante para inclinar la balanza hacia un lado u otro.

Gustavo Saénz (Salta) está a favor de las eliminación de las PASO. Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) aún no definieron sus posturas, aunque en el pasado se manifestaron en contra de sostenerlas. Lo cierto es que, puertas adentro de la provincia, ambos tienen que llegar a acuerdos políticos con otros sectores del peronismo, fuerza a la que pertenecen, para mantener el orden interno. Las figuras de Lucía Corpacci y Juan Manzur, presidentes de los PJ locales y jefes políticos de una porción de la dirigencia, serán determinantes.

“No la va a tener fácil el Gobierno. Hoy no tiene el número para eliminarlas”, sostuvo un referente del peronismo en el Senado, cámara en la que comenzará a tratarse todo el paquete de la reforma política. Aunque aún hay muchas posturas que no están visibilizadas, en el bloque justicialista que conduce José Mayans hay consenso en votar en contra de su eliminación.

La reforma política dará lugar a un extenso toma y daca entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. “A algunos Gobernadores no les conviene, a otros si y a unos pocos les da igual porque tienen muy ordenados sus problemas internos”, explicó a Infobae un importante senador de la oposición. Inevitablemente, las elecciones del año que viene entrarán en el juego político también. Sobre todo para los gobernadores que tienen en sus planes la reelección y que deben limitar el crecimiento de sus opositores en sus provincias.

Las fuerzas provinciales jugarán un rol central porque en una disputa tan fina, los dos polos intentarán llevar agua para su molino. Los legisladores también pondrán en consideración su juego político para el año que viene y si existe, o no, la posibilidad de ser parte de una alianza electoral donde el peronismo sea el eje central. Factores contextuales que influirán directa o indirectamente en las negociaciones cruzadas que se aproximan.

De los gobernadores de Fuerza Patria el único que está en contra de sostener las PASO es Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Los demás, Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Sergio Ziliotto (La Pampa) están a favor. Un indicio claro sobre cómo votarán los legisladores que pertenecen a esas provincias o que responden a esas jefaturas políticas .

Una serie de muertes asociadas al uso indebido de propofol —anestésico intravenoso de uso exclusivo hospitalario— motivó la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para instaurar controles reforzados, registro obligatorio y notificación inmediata de incidentes relacionados con la sustancia.

El objetivo es evitar la sustracción y el desvío de este medicamento, que, a diferencia de otros agentes como el fentanilo, carece de antídoto específico capaz de revertir sus efectos en caso de sobredosis, lo que aumenta su peligrosidad y requiere una respuesta regulatoria acorde, según la diputada nacional Silvana Giudici y los legisladores que acompañan la iniciativa.

“Las recientes muertes vinculadas al uso de propofol como droga recreativa encendieron una alarma que no puede ser ignorada. El robo de anestésicos de las áreas quirúrgicas y prequirúrgicas demuestra que es necesario implementar mayores controles dentro de las clínicas y hospitales”, señaló la diputada Giudici a Infobae.

Entre los fundamentos del proyecto de ley se indica que, en la actualidad, las faltas de propofol no se reportan bajo reglas claras y obligatorias para situaciones habituales en hospitales, como roturas de ampollas, descartes o sobrantes.

Esa ausencia de criterios unificados dificulta controlar con precisión el stock disponible, detectar irregularidades a tiempo y mejorar las auditorías en los establecimientos de salud. El proyecto incorpora de manera explícita al propofol dentro del listado oficial de Medicamentos de Alto Riesgo (MER) de la ANMAT, categoría reservada para sustancias que requieren controles reforzados por su potencial impacto ante errores, contaminación o uso no autorizado, y obliga a los establecimientos hospitalarios a informar a las autoridades sanitarias.

• La muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar en la Ciudad Buenos Aires, el 20 de febrero de 2026, desató un escándalo y una investigación judicial centrada en el robo sistemático de anestésicos como propofol y fentanilo del Hospital Italiano ubicado en CABA.
• Zalazar fue hallado sin vida en su departamento con una vía intravenosa conectada y drogas reservadas para uso hospitalario. El origen de los medicamentos fue rastreado hasta el Hospital Italiano, institución donde Zalazar no trabajaba.
• La investigación identificó a dos profesionales del hospital, Hernán Boveri (anestesiólogo) y Delfina Lanusse (residente de anestesiología), como sospechosos de desviar estos fármacos entre 2023 y febrero de 2026. Ambos están imputados en la causa; Boveri renunció y Lanusse está de licencia médica.
• Se investiga la presunta realización de fiestas privadas (“Propo Fest”) donde profesionales médicos consumían propofol y fentanilo de forma recreativa, fuera de todo control clínico y con el medicamento robado de las instituciones sanitarias.
• La causa judicial sigue abierta e incluyó allanamientos con resultados positivos en cuanto al hallazgo de evidencia. El Hospital Italiano inició acciones legales internas y los involucrados ya no forman parte de la institución.

Qué propone el proyecto

La propuesta, identificada como expediente 1687-D-2026 y redactada por Giudici junto a otros veintiséis legisladores nacionales, incorpora de manera expresa el propofol en el listado oficial de Medicamentos de Alto Riesgo bajo la órbita de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Esta categoría implica una obligación reforzada de vigilancia, notificación y registro para sustancias que, por su acción farmacológica, pueden causar daños significativos ante errores de administración, contaminación o uso no autorizado.

Giudici remarcó la ausencia de un recurso eficaz para contrarrestar la acción del propofol en caso de sobredosis: el propofol carece de un “interruptor” químico para revertir sus efectos de inmediato, lo que otorga gravedad a las fugas del anestésico. La ley propuesta exige a todos los establecimientos públicos y privados —hospitales, clínicas y laboratorios— informar cualquier pérdida, desviación o evento adverso vinculado al propofol mediante notificación fehaciente e inmediata a la autoridad sanitaria. El incumplimiento será sancionado conforme a la normativa vigente y puede derivar en denuncias penales si la omisión fuera deliberada o facilitara la comisión de delitos.

El texto establece que el propofol solo podrá utilizarse en entornos hospitalarios autorizados, bajo custodia física restringida y acceso limitado al personal formalmente designado. El almacenamiento adecuado implica resguardo bajo llave, sistemas automatizados de seguridad y la responsabilidad exclusiva de jefaturas de farmacia o anestesiología. En áreas críticas como quirófanos o unidades de terapia intensiva, las ampollas solo podrán almacenarse en carros de anestesia con cierres de seguridad, quedando prohibido el acceso abierto.

Los fundamentos del proyecto detallan que, actualmente, la administración de propofol en la Argentina no se rige por criterios de reporte obligatorios y uniformes en los hospitales, lo que dificulta la detección de robos y el control efectivo de los stocks disponibles. Esta carencia de reglas claras afecta tanto a eventos rutinarios, como roturas de ampollas o descartes, como a situaciones irregulares y riesgosas.

La iniciativa se alinea con los estándares internacionales promovidos por el Institute for Safe Medication Practices de Estados Unidos, que reconoce al propofol entre los medicamentos de alto riesgo —categoría reservada a fármacos con potencial significativo de daño en caso de error o mal uso— y recomienda restricciones de acceso, registros minuciosos de administración y sistemas de doble verificación.

En la Argentina, la regulación avanzó recientemente a través de mecanismos de trazabilidad definidos por la ANMAT en las disposiciones 6223/2025, 3752/2025 y 1848/2026. La integración propuesta del propofol en estos circuitos busca garantizar que la custodia y auditoría sobre este anestésico no sea inferior a la ejercida sobre opioides y otras sustancias controladas de alto impacto sanitario.

El proyecto establece sanciones específicas para casos de omisión o inobservancia en el control y reporte, incluidas aquellas cometidas por funcionarios públicos —a quienes resultarán aplicables tanto el artículo 249 como los artículos 200 y 277 del Código Penal, según corresponda—. En caso de detectarse conductas deliberadas para ocultar desvíos o facilitar el uso indebido, la ley prevé una agravación de las responsabilidades civiles y penales.

El texto legal justifica la inclusión del propofol como medicamento de alto riesgo por su mecanismo de depresión inmediata sobre el sistema nervioso central a través de la potenciación del neurotransmisor inhibitorio GABA. Esta acción puede suprimir rápidamente el impulso respiratorio y producir pérdida de conciencia, lo que exige un nivel de control equivalente al de los opioides para proteger la vida de los pacientes.

Entre los antecedentes mencionados, los legisladores hacen referencia al caso de una persona fallecida en el barrio porteño de Palermo, ex trabajador del Hospital Centenario de Gualeguaychú, en cuya vivienda se hallaron ampollas identificadas con lotes de la firma HLB Pharma Group. Según registros de la ANMAT, existían prohibiciones vigentes sobre determinados lotes de “Propofol HLB” (31106, 60001 y 60002) a raíz de las disposiciones 1517/2025 y 2464/2025, como consta en el Boletín Oficial del 6 de marzo y 16 de abril de 2025, respectivamente.