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El PJ en modo electoral: el paso adelante de Kicillof y Uñac, la carrera de De la Sota y las diferencias económicas

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El peronismo está activo, en movimiento, avanzando por diferentes carriles y en velocidades disímiles. Con nombres, con estructuras, con debates internos abiertos. Camina con un horizonte claro. Camina sabiendo que el objetivo de fondo es ganarle a Javier Milei en el 2027, pero el objetivo a corto plazo es discutir un programa político y económico nuevo. Después están las caras visibles, las candidaturas y las señales que expresan mensajes.

En todo el universo peronista hay nombres propios que están completamente lanzados a la construcción de sus precandidaturas. El más conocido y el más firme es Axel Kicillof. El otro es Sergio Uñac. Son los únicos confirmados para participar por la carrera hacia la candidatura principal del peronismo. La semana que pasó lo manifestaron con claridad.

El sanjuanino dejó los rodeos de lado y afirmó que su intención es ser candidato a presidente. Lo hizo con una frase poco inocente. “Con Cristina inhabilitada, el peronismo tiene que ir a internas y yo quiero ser candidato”, planteó en una entrevista con Clarín. La decisión de nombrar a la ex presidenta como una figura limitada por su realidad, pero importante en el contexto político, cayó bien en el cristinismo, donde compartieron su mirada sobre el panorama que tiene por delante el peronismo.

Uñac tiene el aval de CFK y el empuje de Primero la Patria, la agrupación que se formó el año pasado con dirigentes del peronismo federal y un sector del kirchnerismo. Fue un dispositivo pensado desde las usinas K para contener expresiones del interior. Al sanjuanino le falta armado, pero tiene la posibilidad de mostrarse como una cara a la que no se la puede emparentar con el kirchnerismo en los lugares donde el espacio político tiene más resistencia.

El ex gobernador ya se anotó la carrera presidencial y sabe que tiene muchos meses por delante para buscar consenso interno dentro del justicialismo. Uñac expresó su voluntad, levantó la mano y empezó a acumular reuniones con dirigentes políticos y sindicales, además de estrechar vínculos con el sector empresario. La contracara de ese proceso es la que expresa el PJ Federal que se presentó unos días atrás en Parque Norte y que empezó a armar una nueva estructura, donde no hay candidaturas. Victoria Tolosa Paz, una de las principales referentes del espacio, lo dejó en claro esta semana: “No tenemos candidato a presidente ni a gobernador”.

El esquema federal está tratando de cerrar la próxima parada para debatir un programa. Aún no hay fecha ni lugar confirmado, pero la intención es que, de acá a fin de año, haya entre cuatro y cinco encuentros más en distintas provincias. Esa es la forma en la que van a poder sostener el debate, el espacio y la identidad. La esencia del armado es que no haya ningún candidato que ponga un límite en la construcción nacional. Quieren escaparse de las internas y de las candidaturas prefijadas.

El caso de Kicillof es bien diferente al de Uñac. Ayer en Córdoba, durante el congreso del gremio de Sanidad, Héctor Daer dijo lo que el Gobernador pretende no decir hasta más adelante. “Axel sos el mejor candidato del peronismo para conducir los destinos de la Argentina”, sostuvo. El Gobernador tuvo una segunda parada federal luego de haber viajado el 2 de abril a Tierra del Fuego en el aniversario de la Guerra de Malvinas.

Apenas dos días atrás el intendente de Ensenada, Mario Secco, también hizo público lo que Kicillof no va a decir. “El pueblo argentino canta las nuevas canciones. Axel presidente. Compañeros de todo el país empiezan a ver la nueva esperanza. Sos la esperanza. No lo dicen solo las encuestas, lo empiezan a cantar todos los compañeros a lo largo y ancho de este país”.

El mandatario bonaerense fue a Córdoba con un mensaje aperturista. En una rueda de prensa le consultaron por el peronismo cordobés, que mantiene históricas diferencias con el kirchnerismo, y dejó una puerta abierta para gestionar el vínculo político: “En esta situación tenemos que buscar coincidencias. Porque sino nos va a mirar la gente que está perdiendo el laburo, que no le alcanza el sueldo, que le sacaron los remedios y nos va a decir, ¿ustedes qué están discutiendo?”

Kicillof mantiene su idea firme de seguir construyendo el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en otras provincias y traer a su espacio a dirigentes de todo el país. Cree que este es el año de la construcción política, de la acumulación de dirigentes que puedan militar su proyecto y de la discusión de un programa nuevo. El año que viene será el que esté marcado por la campaña, el alto perfil y los mensajes direccionados a cada sector del electorado nacional.

Uñac y Kicillof son los únicos que están un paso adelante en el peronismo a esta altura del calendario. Juan Grabois, con menos armado político, más resistencia interna, pero con una firme convicción ideológica y programática, también ha manifestado su voluntad de ser candidato a presidente y competir en una interna. En paralelo, el nombre que siempre aparece es el de Sergio Massa, aunque en privado él se encargue de bajarlo y poner paños fríos.

El camino nacional de De la Sota

En el 2023, cuando se estaba discutiendo la candidatura presidencial del peronismo, Massa propuso que su compañera de fórmula fuera Natalia de la Sota. Las negociaciones cruzadas y tensas derivaron en que el compañero sea Agustín Rossi, que en ese entonces tenía el respaldo de Alberto Fernández. La diputada nacional estuvo cerca de sumarse a una fórmula del peronismo nacional, pero el final fue otro, lo que le permitió mantenerse distante del esquema de Unión por la Patria.

El año pasado, en pleno armado electoral, la legisladora decidió jugar en paralelo al oficialismo provincial que conduce Martín Llaryora. Cada uno tiene una versión de los hechos. En el gobierno provincial aseguran que ella no aceptó acompañar a Juan Schiaretti en la lista de diputados nacionales. En el entorno de la dirigente cordobesa aseguran que ni siquiera la llamaron para buscar un acuerdo.

Lo cierto es que De la Sota quedó en el tercer lugar, detrás de Schiaretti y Gonzalo Roca, el candidato libertario, que obtuvo el 42% de los votos. La actual diputada sacó casi el 9% de los votos y quedó plantada en el escenario político cordobés como una figura importante del la oposición y una figura con capacidad para construir un perfil nacional.

Y eso fue lo que empezó a hacer después de que pasaron las elecciones. Inició un camino para levantar el perfil y realizar actividades por fuera de las fronteras de Córdoba. Pasó por Mendoza, viajó a Brasil donde se encontró con el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, y estuvo en Santa Fe, con dos referentes locales del peronismo como Diego Giuliano y Caren Tepp. En ese andar endureció su postura contra el gobierno de Milei y se desentendió del equilibrio que hace el peronismo cordobés con la gestión libertaria. Opositora pura y dura.

“Natalia mantiene la coherencia en su camino. Se puso enfrente de Milei cuando tenía el 70% de imagen positiva, no ahora”, indicaron cerca de la legisladora. De la Sota está decidido a formar parte de una discusión nacional del peronismo para configurar una construcción post libertaria. “Tenemos que discutir con claridad que le vamos a ofrecer a los argentinos después de la etapa Milei”, sostienen en su entorno.

La hija del ex gobernador cordobés tiene puentes abiertos con todos los sectores del peronismo. Del kirchnerismo al PJ del interior, pasando por el Frente Renovador. Su postura y su figura tienen buena recepción en la dirigencia de anclaje bonaerense. Tal vez por eso y porque su apellido tiene un peso específico en la política nacional, las especulaciones con su nombre empezaron a florecer. Algunos dirigentes la ven como una buena compañera de fórmula de Kicillof. Otros la visualizan como una candidata a presidenta que hoy no está en los planes de nadie. Sumas y restas en el año impar.

En el peronismo cordobés tienen en carpeta contenerla el año que viene. Llaryora está decidido buscar su reelección y empezó a trabajar en ese objetivo. Enfrente, la oposición, en las cabezas del libertario Gabriel Bornoroni y Luis Juez, edifica una opción competitiva. El radical De Loredo, por el momento, juega en una tercera línea. En ese futuro escenario electoral el oficialismo visualiza una batalla dura. No tiene tanto margen para que los votos de De la Sota y los que posee el kirchnerismo se les escabullan con facilidad. Por eso apuestan a sentarse, al final del camino, y discutir una alianza provincial.

La discusión sobre el plan económico

Este viernes Santiago Fraschina, uno de los principales economistas de La Cámpora, escribió una nota titulada “Apuntes para una economía justicialista”, que fue publicada en el portal Contraeditoral, en el que marcó diferencias con la mirada del peronismo federal, que se presentó en Parque Norte el 1 de mayo. El texto giró por v varios celulares importantes del PJ.

“La mirada del peronismo federal sostiene que primero debe alcanzarse el equilibrio, luego consolidarse el crecimiento y recién después mejorar la distribución. La tradición justicialista plantea una secuencia distinta”, sostuvo el economista, quien aseguró que esa mirada diferente “no niega la necesidad de una macroeconomía ordenada, pero entiende que el orden durable no surge simplemente del ajuste de variables contables, sino de una economía que amplía su capacidad de distribuir, producir, invertir, exportar, recaudar y generar empleo”.

“En esa concepción, es el desarrollo el que crea las condiciones materiales de una macroeconomía consistente”, explicó Fraschina, al tiempo que resaltó que “ese punto es central porque supone una determinada concepción del crecimiento”. “El desarrollo no aparece como un proceso espontáneo ni como el resultado automático de los incentivos del mercado. Requiere orientación política, planificación estratégica y un Estado capaz de ordenar prioridades”, señaló.

El economista de La Cámpora marcó las diferencias sobre la mirada del sector del PJ que impulsan Guillermo Michel, Federico Achával, Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos. “La idea de que primero hay que crecer y luego distribuir remite a una lógica ajena a la tradición justicialista. Es, en esencia, la vieja teoría del derrame. La pregunta de fondo es otra: ¿de verdad la sociedad argentina no genera riqueza suficiente para sostener niveles salariales dignos?“, se preguntó.

En el PJ Federal advirtieron que el orden fiscal es determinante para la etapa que viene, que hay margen para que cada sector del peronismo discuta desde su postura y que, en los hechos, no hay nada para repartir luego de los dos primeros años de ajuste libertario y parate de la economía. Que lo importante es volver a reactivar la producción y el empleo, donde los indicadores están al rojo vivo. En ese sector la inflación y la emisión controlada, la recuperación de la confianza del electorado a través de un programa económico sólido y la claridad sobre cómo renegociar la deuda con el FMI son banderas que van a levantar cuando la discusión se vuelva más integral.

Existen diferencias en política económica y también existen márgenes para buscar acuerdos. Es una señal positiva atada a la horizontalidad del debate. Además, es parte de una de las premisas del peronismo del interior: discutir primero el programa, la base, el lugar hacia dónde ir, y después ver el nombre propio que lo represente. Cada cual tiene su manual de estilo y su hoja de ruta.

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Los movimientos sociales y piqueteros amenazan con cortes de rutas y otras medidas de fuerza contra el Gobierno

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La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, aprobó en asambleas realizadas en todo el país un plan de medidas de fuerza escalonadas contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Javier Milei, que incluye cortes de ruta por tiempo indeterminado si el Poder Ejecutivo incumple la medida cautelar que sostiene el programa Volver al Trabajo, y una marcha federal que culminaría en un paro general antes de fin de año.

La resolución surgió de las asambleas del 9 de junio, convocadas frente a las sedes de las secretarías de Trabajo de todo el país. En esos encuentros, la UTEP confluyó con expresiones de izquierda como Territorios en Lucha y el Bloque Nacional Piquetero bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. El secretario general de la UTEP, y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, ha evaluado la situación como “una emergencia social desbordante”.

La estrategia aprobada opera en dos planos simultáneos. El primero gira en torno al programa Volver al Trabajo, uno de los continuadores del Potenciar Trabajo, que desde hace dos meses se sostiene por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La medida obliga al Gobierno a mantener los pagos de ese programa social mientras se resuelve la cuestión de fondo. El gobierno apeló ese fallo y la causa ya es analizada por la Cámara Federal de San Martín.

La resolución judicial frenó el intento del Gobierno de cerrar el programa y obligó al Ministerio de Capital Humano a continuar los pagos a más de 926.000 beneficiarios, quienes perciben $78.000 mensuales —monto congelado desde el inicio de la gestión libertaria—.

En el caso de incumplir esta cautelar —desde la cartera de Sandra Pettovello afirman que no lo harán—, la UTEP activará cortes de ruta en todo el país, en algunos casos por tiempo indeterminado. El reclamo incluye además un aumento del salario atado al salario mínimo vital y móvil. Si el Gobierno mantiene el cumplimiento judicial, la organización definirá en los primeros días de julio el tenor de una jornada de protesta cuyas características dependerán de esa realidad.

El segundo plano articula una coordinación más amplia con el movimiento sindical. El 18 de junio, en la sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Azopardo al 800, el triunvirato cegetista conformado por Jorge SolaCristian Jerónimo y Octavio Argüello recibió a Gramajo y luego a los titulares de las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)Hugo Yasky y Hugo Godoy. Del encuentro también participaron confederaciones como la COSITMECOS, la CATT, la CASIA, la CSIRA y la CATHEDA, además de gremios docentes universitarios. El diagnóstico fue compartido: el rumbo económico profundiza el debilitamiento del entramado industrial, genera pérdida de puestos de trabajo y deterioro del poder adquisitivo.

De ese encuentro, surgió la coincidencia en construir un plan de lucha sostenido y escalonado, con capacidad de involucrar a todas las organizaciones confederadas.

La CGT moderó las expectativas sobre una huelga general inmediata y optó por un esquema gradual en el que cada sector presente sus demandas de forma coordinada, aunque voces como las de Roberto Baradel y Daniel Catalano, junto a Yasky y Godoy, insisten en acelerar las manifestaciones en la vía pública.

Desde la UTEP, la proyección de ese plan apunta a una marcha federal que recorra las provincias durante semanas y culmine en un lugar emblemático de las luchas populares, para desembocar en un nuevo paro general antes de fin de año. “La idea es hacer la mayor cantidad de acciones posibles que confluyan en un plan de lucha común de todos los sectores afectados por la crisis económica”, sostienen desde la UTEP.

La agenda de movilizaciones inmediatas incluye el 26 de junio, cuando las organizaciones sociales participarán del acto por los asesinatos de los militantes sociales el aniversario de los asesinatos el 26 de junio de 2002 por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el Puente Pueyrredón.

En los próximos días, además, algunas organizaciones recorrerán comercios y supermercados para solicitar alimentos ante la escasez que registran los barrios populares.

Un relevamiento realizado por la organización Libres del Sur en barrios populares de la provincia de Buenos Aires revela que el 86% de los hogares está en situación de estrés económico, el 77% de las familias se privó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero, y 4 de cada 10 familias comen menos para poder pagar deudas. El informe también indica que 8 de cada 10 jubilados afirman que su jubilación no alcanza para alimentarse y que el 66% de las familias suprime comidas.

El 7 de agosto, día del Patrono del Trabajo, la UTEP conmemora los 10 años de la primera marcha de San Cayetano realizada bajo el gobierno de Mauricio Macri y que contó con el apoyo del fallecido Papa Francisco. La organización trabaja en una gran jornada multisectorial que convoque a sectores gremiales, estudiantiles, del feminismo y del movimiento de Derechos Humanos, y mantiene diálogo con la Iglesia, que históricamente ha acompañado la marcha de los trabajadores de la economía popular desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo.

“La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”.

Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y uno de los dirigentes que realizó una semana de ayuno frente a la Casa Rosada realizó el siguiente diagnóstico ante una consulta de Infobae: “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”. Castro señaló también el impacto del aumento de tarifas y el encarecimiento de los productos básicos: “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”. Y resumió el alcance de la precarización: “Tenes que hacer dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir”.

La coordinación entre las centrales obreras también tuvo proyección internacional. En la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, las delegaciones argentinas actuaron de común acuerdo y alzaron la voz contra lo que señalan como intentos del Gobierno por desmantelar el sistema de relaciones laborales vigente.

Las movilizaciones de la UTEP se inscriben en un cuadro social que un informe técnico sobre situación de calle en Argentina, publicado este mes por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral retrata con datos precisos.

El informe advierte que el perfil de quienes llegan a la calle se transformó de manera estructural. Si bien históricamente predominaban los varones adultos solos, los referentes territoriales consultados reportan una diversificación que incluye familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos familiares. La causa más frecuente es la incapacidad de pagar alquileres ante la desocupación y la falta de oportunidades laborales.

La radiografía del trabajo indica que: solo el 14,75% de las personas en situación de calle terminó el secundario, el 61,5% no recibe asistencia económica estatal y cerca del 54% sufrió violencia desde que está en la calle. A ese cuadro se suma que 1 de cada 2 hogares en Argentina presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% con déficit compuesto, cuantitativo y cualitativo.

El documento señala que la Ley Nacional 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo”, sancionada por el Congreso de la Nación el 9 de diciembre de 2021 representó un avance al reconocer a estas personas como sujetos de derecho, pero advierte que su implementación es débil por la falta de lineamientos operativos homogéneos y de financiamiento. Por su parte, el Decreto 373/2025, que trasladó a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gran parte de las responsabilidades de ejecución, generó, según el informe, mayores riesgos de profundizar desigualdades territoriales.

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Un sector de la CGT impulsa un paro de 36 horas y propone que el Estado se haga cargo de las obras sociales

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La interna sindical volvió a recalentarse. Un grupo de unos 20 sindicatos que lideran Gastronómicos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad acordaron proponer a la CGT la realización de un paro de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo y la entrega de las obras sociales al Estado para que se haga cargo de administrarlas ante el agravamiento de su situación financiera y la “falta de soluciones” desde el Gobierno.

Las decisiones, como anticipó Infobae, se consensuaron en un encuentro realizado este martes por la tarde en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), al que concurrió una veintena de dirigentes sindicales alineados con Luis Barrionuevo y aliados como Omar Maturano (La Fraternidad) y Mario Calegari (UTA).

Hubo una presencia sorpresiva: concurrió el titular de la UOM Capital, Roberto Bonetti, equidistante en la interna de la CGT, quien fue como invitado especial. Por eso también se acordó reclamar que se designe una comisión normalizadora del sindicato metalúrgico, intervenida por la Justicia ante el desplazamiento de Abel Furlán, pero integrada por trabajadores de la actividad.

Además de los dirigentes mencionados, a la reunión también concurrieron Sebastián Maturano (La Fraternidad), Carlos Acuña hijo (estaciones de servicio), Gastón Frutos (panaderos), Daniel y Gustavo Vila (Carga y Descarga), Oscar Rojas (maestranza), Roberto Solari (guardavidas), Luis Cejas (viajantes), Facundo Aveiro (químicos), Dina Toledo (perfumistas) y Salvador Basile (tabaco), Argentino Geneiro, Sandra Barrionuevo y Laura Sasprizza (todos de Gastronómicos).

En el encuentro, que se extendió durante 3 horas, se coincidió en rechazar un plan de lucha contra el Gobierno basado en el “modelo francés”, que incluiría huelgas sectoriales y escalonadas, como promueve el triunvirato de la CGT y los sindicatos del transporte, entre otros.

En la visión de Barrionuevo y sus aliados, la única forma de “castigar” a la administración libertaria por sus políticas es mediante una paralización total de actividades de 36 horas y no con paros sectoriales.

Para este grupo sindical, la cúpula de la CGT está siendo “demasiado tolerante” con el gobierno de Javier Milei y deben tomarse medidas drásticas para que se rectifiquen las medidas oficiales: “Lo pudieron hacer en las universidades, así que hay otro camino que podemos seguir ”, señaló un dirigente afín al barrionuevismo.

Para ello, este sector considera que tiene un poder de fuego decisivo porque en sus filas están, por ejemplo, el gremio de los conductores de locomotoras (La Fraternidad), el que agrupa a los choferes de colectivos (UTA) y el de los empleados de estaciones de servicio.

La reunión en Gastronómicos se convirtió en un desafío al esquema de conducción actual de la CGT, de impronta dialoguista, que impulsa una modalidad distinta de protestas porque cree que no están las condiciones para un paro general que tenga un alto acatamiento.

La semana pasada, en un encuentro realizado en la CGT con confederaciones sindicales, se produjo un intenso debate sobre el nuevo plan de lucha y Maturano dio la nota al proponer un paro por tiempo indeterminado, propuesta que no tuvo consenso entre sus colegas.

Los líderes cegetistas convocaron al Consejo Directivo para este jueves, a las 14, con el fin de debatir las “acciones gremiales” que se llevarán adelante, entre otros temas oportunidad en la que el bloque de Barrionuevo y sus aliados (que tienen 8 representantes en ese cuerpo) harán la propuesta del paro de 36 horas y la entrega de las obras sociales al Estado, pero pedirán que se defina en un plenario de secretarios generales de la CGT que debería ser citado “en forma urgente”.

En medio de este clima tenso, este miércoles al mediodía se reunirá la mesa chica de la CGT para analizar la situación general y, sobre todo, el gesto desafiante de los rebeldes identificados con Barrionuevo y Maturano.

La propuesta más inesperada de los disidentes de la CGT es justamente la vinculada con las obras sociales y responde a las crecientes dificultades que tienen los sindicalistas para administrarlas y financiar las prestaciones médicas con recursos propios.

En abril pasado, la CGT advirtió que la crisis de las obras sociales es “casi terminal”, por lo cual existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema sindical de salud, que surgen del aporte de los trabajadores.

En un informe realizado por el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), se enfatizó que “un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.

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Federico Sturzenegger irá esta tarde al Senado para defender la ley de Sociedades

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Mientras continúa la incertidumbre en el Senado por el proyecto de propiedad privada, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expondrá esta tarde para defender la nueva ley de Sociedades que empuja la Casa Rosada. El funcionario y hombre de confianza de los hermanos Milei se presentará, desde las 15.30, en la comisión de Legislación General, que comanda la oficialista Nadia Márquez (Neuquén).

Durante la jornada también disertarán la subsecretaria de planeamiento estratégico de la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán; y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez. El objetivo del Gobierno es impulsar un renovado régimen jurídico societario integral que regule la constitución, funcionamiento, transformación, fusión, escisión y disolución de las sociedades, como contó Infobae a inicios del corriente mes.

En las últimas horas, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió: “La mayor autonomía y las menores restricciones por parte de los organismos del Estado que se propone es loable en muchos aspectos, pero puede generar distorsiones en la responsabilidad empresarial, tanto para los propios socios como para terceros. En concreto, la eliminación del requerimiento de capital mínimo, así como la supresión de la obligatoriedad de constituir la reserva legal y la liberación de la disponibilidad de las reservas existentes, desprotegería a acreedores ante posibles vaciamientos”.

Según la CAC, “el proyecto profundiza la digitalización de la vida societaria, por ejemplo, a través de firmas digitales, domicilios electrónicos, libros digitales y trámites íntegramente remotos”. En ese sentido, agregó: “Debería preverse una adopción optativa o al menos gradual, particularmente considerando las asimetrías existentes en las unidades productivas del país en lo que refiere a capacidad para adoptar tales transformaciones”.

La institución luego observó que “se habilitaría a declarar expresamente que una sociedad opera mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de Inteligencia Artificial sin recursos humanos para su operación ordinaria”, por lo que “surge el interrogante de quién asume el dolo penal, el fraude o la responsabilidad civil si el patrimonio de la sociedad automatizada se vacía o resulta insuficiente”.

Esto apunta, de manera específica, a la creación de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain. De aprobarse, se podrían constituir y operar íntegramente en entornos virtuales, con protocolos y reglas autoejecutables.

Por otra parte, se habilitan las participaciones sociales digitales y “tokenizables”: el articulado reconoce la posibilidad de emitir y transferir participaciones sociales en formato digital y de utilizar mecanismos tecnológicos para la gestión societaria, la votación, la representación y la trazabilidad de operaciones.

En lo que se refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el texto introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones. Se prevén procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pago de participaciones para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.

Sturzenegger se mostrará en las próximas horas en una Cámara alta que aún le frena -por ahora sigue en pie para el este jueves- la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Dictaminada hace largas semanas atrás, la iniciativa se convirtió en un problema para la jefa libertaria, Patricia Bullrich. Las bancadas dialoguistas le desplumaron el texto en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Ya se tuvo que aplazar en una sesión y, pese a que faltan menos de 24 horas para un nuevo encuentro en el recinto, los aliados reclaman mayores modificaciones a la ex ministra de Seguridad, que no logra blindar una propuesta que pierde forma y volumen con el correr de los días.

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