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“Evasor, no corrupto”: Milei compra las explicaciones de Adorni mientras el Gabinete espera una renuncia

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–Javier, Adorni se tiene que ir.

Como si le quemaran por dentro, el funcionario escupió esas seis palabras y no dijo más nada. Sintió vértigo. Adrenalina. La boca del estómago cerrada. También, según le relató a sus colaboradores ese mismo día, creyó escuchar el lento fluir de su sangre en las venas alrededor de sus orejas y particularmente en la zona de su sien. Hubo algo de nerviosismo, sin dudas, pero la honestidad de sus convicciones y el profundo análisis previo que había hecho de la delicada situación política del oficialismo lo llevaron a estar seguro de que pronunciar esa frase era “lo correcto”. Sin embargo, no se bancó el silencio, que le pareció eterno, y completó:

–Te lo blanqueo con el mayor de los respetos. Y sabés que jamás te diría lo que tenés que hacer porque no me corresponde. Pero esto es insostenible.

No fue la única persona que en esta semana frenética se animó a manifestarle al Presidente que la incesante polémica en torno al jefe de Gabinete se tiene que cortar de una vez. Que nadie en La Libertad Avanza puede comunicar las “buenas noticias” sin que les pregunten por el affaire. Que los resultados económicos más esperanzadores acaban tapados por la “mancha venenosa de Manuel”. “Hay un puñado muy chiquito de allegados que, siempre en privado, le expresamos lo mismo. Ojo: tampoco fuimos tantos”, se sincera otro de los valientes.

Todos y cada uno recibieron la misma respuesta: el enojo de Javier Milei. Irascible como nunca antes con el asunto, el primer mandatario les explicó que no va a entregar a su ministro coordinador y les exigió que no vuelvan a sacar el tema. Al que más insistió en su postura le congeló el contacto por WhatsApp. “Ya está, hice todo lo posible. No me expongo más por nada”, se resigna, ofuscado, un importantísimo miembro del ecosistema violeta con acceso, al menos hasta acá, a la intimidad de la Quinta de Olivos.

Pese a este panorama y a la resistencia de Manuel Adorni en su rol, en el corazón del poder admiten sin disimulo que se están viviendo horas muy complicadas en Casa Rosada y que “el futuro del hombre más puteado del país” no está “para nada” asegurado. “Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento porque todo este quilombo es un descontrol”, dice un integrante del equipo de gobierno que jura que vio a Karina Milei y a Santiago Caputo más consternados que nunca por un escándalo que se les fue de las manos.

La nueva oleada de rumores con apellidos para eventuales reemplazos no para de crecer. Y no son pocos los que miran con atención los detalles del Decreto 130/2026, que definió el orden de reemplazo del jefe de Gabinete en caso de ausencia: es una formalidad, pero estableció que esa responsabilidad recae sobre la ministra de Capital Humano. “Ni en pedo quiero ese rol”, le escucharon decir a una Sandra Pettovello más que conforme por el acuerdo con las universidades públicas. “Empoderados” y con peso propio como Pablo Quirno, Diego Santilli, Federico Sturzenegger o Martín Menem, y “tapados y en ascenso” como la legisladora porteña Pilar Ramírez, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt y la secretaria de Energía María Tettamanti, son tan solo algunos de los mencionados tras bambalinas. Cuando los nombran, todos miran hacia un costado.

Así las cosas, el razonamiento que hoy domina en el reducido círculo de confianza violeta es tan sencillo como riesgoso: Manuel Adorni no se va porque Javier Milei no quiere que se vaya. Punto. La declaración jurada, los dólares debajo del colchón, las criptomonedas, las contradicciones, el silencio de los ministros, el fuego amigo, la furia de los aliados, la presión judicial/legislativa y la espuma digital entran en una categoría secundaria para un presidente que lee casi todos los conflictos bajo una misma lógica de batalla: si concede, pierde; si retrocede, lo doblaron; si entrega una cabeza, el sistema ganó. El problema, claro, es que la función pública rara vez se acomoda con tanta prolijidad a las épicas personales.

Los pormenores numéricos de quien cada vez menos allegados llaman “Manu” con cariño dejaron gusto a poco incluso entre quienes todavía creen que no hubo enriquecimiento ilícito. “Es un evasor, no un corrupto”, arriesga uno de los pocos que respalda a Adorni. Esa es, por ahora, la frontera conceptual que eligió Milei para justificar su respaldo, más allá de que una porción cada vez más amplia del oficialismo ya no compra el costo de sostenerlo. En Balcarce 50 hay funcionarios que pasaron de la defensa cerrada al silencio táctico, del silencio táctico al fastidio y del fastidio a una pregunta que se repite, con distintas variantes, en despachos, chats encriptados y mesas reservadas: “¿Hasta cuándo?”.

En las horas que rodearon la presentación de la DDJJ y otras 22 rectificaciones hubo frases lapidarias en las principales oficinas violetas. “¿En serio laburaron casi cien días para esto?”. “¿Esto es todo?”. “¿Tenemos un plan B?”. “Mamita, nos va a hundir a todos”. “Ah, nos toma por boludos mal y eso le va a molestar mucho a la población”, fueron las sentencias más fuertes de funcionarios de primera línea ante Infobae en estricto off the record. El sentimiento reinante en el palacio gubernamental fue, una vez más, la incomodidad.

Un ejército de abogados y contadores del Estudio Ledesma, profesionales carísimos que cobran honorarios imposibles para un sueldo estatal, tardó horas en cargar todo lo que tenían que subir a las plataformas preparadas para la cuestión.

El trámite se formalizó horas después de que Adorni y su esposa adhirieran al Régimen Simplificado de Ganancias, un sistema creado en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal que permite declarar ingresos y deducciones sin justificar el origen de los ahorros. En la Dirección General Impositiva se apuraron en aclarar que el mecanismo no implica un blanqueo, pero los habitués de los eventos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), especializado en combatir el lavado de activos, consignan que en la organización “no pueden creer” que se haya habilitado a Personas Políticamente Expuestas a poder usar este salvoconducto. ¿Todo tiene que ver con todo? El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, invitó a Ariel Lijo a acompañarlo a Francia para participar del próximo plenario del foro: el juez que tiene la responsabilidad de investigar a Adorni aceptó el convite y estará en París entre el 15 y el 19 de junio.

Lejos de clausurar el caso, los papeles que recibieron la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) abrieron una nueva línea de complicaciones; es que Adorni no solo puso sobre la mesa un patrimonio que ahora supera los 944 millones de pesos, sino que reconoció la existencia de dólares que hasta entonces no figuraban en su haber. Un necesario repaso sobre las tres grandes aristas que tiene la tesis oficial: 1) que parte de esos fondos venía de ahorros previos a su llegada al Estado; 2) que una porción relevante de sus tenencias, unos 506.000 dólares, se explica por operaciones con Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018; y 3) que las omisiones no implican movimientos espurios, sino regularizaciones tardías de bienes que nunca debieron haber quedado fuera del radar fiscal.

Como se podía prever, cada pata abre una discusión distinta. Los ahorros sin declarar molestan a los aliados que hacen campaña con la bandera de la transparencia; las criptomonedas irritan a quienes encontraron viejas declaraciones públicas del propio Adorni en las que relativizaba o directamente las despreciaba como método de inversión; y la idea de que todo se arregla pagando lo que corresponda genera un efecto político bastante más corrosivo ya que instala la sensación de que el ministro coordinador pide para sí mismo una indulgencia que el Gobierno jamás le habilitaría a un adversario.

Esta conjunción de factores envenenados son los que más lastiman puertas adentro. Adorni no era ni es un actor político lateral, ni un técnico silencioso, ni un ministro sin voz pública. Fue, durante más de dos años, el gran fiscal moral de LLA. El hombre del atril. El que repartía certificados de decencia y condenas de casta con una seguridad litúrgica. Por eso sus justificaciones no se miden con la vara de cualquier funcionario. Y ahí es donde el expediente empieza a volverse insoportable para muchos de sus compañeros de ruta. La campaña de 2027, que hasta hace poco parecía una abstracción lejana, empieza a condicionar cada movimiento del poder libertario. “No podemos regalar nada, y menos en este contexto económico lleno de tantos desafíos”, evalúa un integrante de la Mesa Política.

En paralelo, Adorni superó a Adorni: según un reporte de la consultora Ad/Hoc, las menciones digitales sobre el jefe de gabinete superaron este jueves 11 de junio las 319 mil y dejaron atrás el pico del 12 de marzo, cuando pronunció el tan condenado concepto de “deslomarse”. Además, durante esa jornada fue mencionado 2,3 veces más que el propio mandatario libertario. Otro estudio, de Reputación Digital, confirma la condena emocional: el 78,5% de las menciones analizadas expresó ira y el término más repetido fue “chorro”.

En esa lógica se explica también la soledad comunicacional de Adorni en estas jornadas de tormenta. Nadie salió en masa a defenderlo. Nadie pidió cadena nacional de tuits. Nadie armó un operativo militante coordinado. Hubo gestos aislados como el de Santiago Oría, que escribió en X que había quedado claro que Adorni no robó y que el periodismo mintió. Milei lo retuiteó. Nada más.

Un apunte sobre el Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación: quiere competirle a la potencia digital de Las Fuerzas del Cielo con su medio “Contrarelato” pero su cuenta de Instagram tiene menos de 7000 seguidores. “Manuel Adorni demostró en vivo que su patrimonio está en regla”, posteó después de la entrevista en LN+. Los primeros comentarios no generaron la reacción esperada: “Jajajaja, cada uno cree las mentiras que quiere. Ni siquiera servís para mentir”, “Es joda no???? Jajaja ni Capusotto se atrevió a tanto”, “Decime que dibujaste la declaración jurada, sin decirme que dibujaste la declaración jurada” son algunos de los cuestionamientos en un medio que quería generar lo contrario.

El fastidio de Luis Caputo merece un capítulo aparte. En las últimas semanas, el ministro de Economía empezó a ocupar un lugar que hasta hace no tanto parecía reservado para el ex vocero: el de comunicador central de las buenas noticias del Gobierno. Caputo explica, celebra, anticipa, baja línea, ironiza. Y esta semana tenía material de sobra para intentar instalar una narrativa de alivio: mejora en la evaluación de Standard & Poor’s, caída del riesgo país hacia la zona de los 450 puntos y su consecuente euforia bursátil y una inflación que volvió a ubicarse en el 2,1%. Pero esa agenda fue devorada por el apellido Adorni. “Toto está podrido, aunque no lo diga”, reconoce una voz frecuente del oficialismo económico.

Otro capítulo de novela de terror se dio en la convulsionada reunión de la mesa política. Si bien con algo de atraso “El Jefe” dio el OK para difundir una foto de ocasión, lo cierto es que los presentes casi se atragantan con la torta que el propio jefe de Gabinete mandó a comprar para una Patricia Bullrich que cumplía 70 años. La senadora, que venía de calificar la conducta de su coordinador como “más que un error” y una “omisión ética”, fue aún más implacable en privado: varios testigos afirman que el cruce entre los dos “fue muy picante”. Ella lo apuró por el desgaste que está generando y él le suplicó que tuviera códigos y no diga lo que dice en los medios. La escena transcurrió ante el silencio de Karina. De película.

Con ese telón de fondo, el PRO decidió endurecerse. El comunicado del partido fue mucho más que un gesto institucional para cubrirse ante la opinión pública: fue una señal directa a Milei. “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo”, plantearon desde el macrismo. Y después redoblaron la apuesta: “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, escribieron.

Comunicado PRO – Adorni

La oposición, mientras tanto, encontró una hendija. En el peronismo saben que el caso erosiona a la gestión aunque reconocen que la fragmentación opositora limita cualquier intento de capitalizarlo con eficacia. “Se están desangrando solos, pero nosotros tampoco tenemos demasiada capacidad de daño”, grafica un legislador de Unión por la Patria que mira el asunto con una mezcla de entusiasmo y resignación. La Coalición Cívica, con la firma de Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, avanzó con una nueva denuncia penal por “omisión maliciosa”, un delito que tiene una pena que va de los 15 días a dos años de prisión e incluye inhabilitación perpetua. Y Victoria Villarruel, siempre atenta a cualquier oportunidad para incomodar al Ejecutivo, reclamó que el jefe de Gabinete se presente en el Senado para cumplir con el informe mensual que exige la Constitución; si sobrevive a las renovadas turbulencias, lo va a hacer en julio.

Como si esto fuera poco, un variopinto conjunto de diputados volvió a empujar la moción de censura, contemplada en el artículo 101 de la Constitución, que podría terminar con la remoción del ministro coordinador. Por las dudas, Santilli viene llamando a gobernadores para que no apoyen esa idea en el Congreso. “No pasa nada: si hacen esa locura, Milei puede volver a firmar la designación y sentarlo nuevamente en el cargo”, arriesga uno de los pocos dirigentes que respalda a Adorni. En la Argentina libertaria las sorpresas siempre están a la orden del día.

En la intimidad del poder liberal libertario hay quienes todavía creen que el caso puede empezar a diluirse si la economía entrega buenas noticias sostenidas y si la Justicia no produce novedades explosivas. Es la apuesta clásica de cualquier oficialismo acorralado. Pero hasta los optimistas, que se cuentan con los dedos de una mano, confiesan que esta vez el daño es distinto: Manuel Adorni es funcionario que debió corregir su propia historia patrimonial después de haber afirmado con soberbia, en el palacio legislativo y en conferencias de prensa, que no existía “ocultación alguna”. “Mintió. Nos mintió a todos”, dice un dirigente que le tiene cariño personal pero que ya no le ve futuro político.

“Javier no lo va a entregar así nomás porque sería admitir que le doblaron el brazo”, repite uno de los hombres que todavía defiende la decisión presidencial. Del otro lado, una funcionaria que pide reserva absoluta ofrece una síntesis mucho menos heroica: “El problema es que por no entregar a Manuel nos estamos entregando todos”. Entre esas dos posturas se mueve hoy el Gobierno.

Adorni, por ahora, resiste. Pero resiste de una manera rara: sostenido arriba y debilitado abajo. Tiene el respaldo del Presidente, que es lo más importante en cualquier gobierno hiperpersonalista. Aun así, perdió frescura, perdió margen, perdió autoridad comunicacional y perdió parte de la paciencia interna. En el mejor de los casos para él, seguirá en funciones con una cicatriz visible. En el peor, terminará descubriendo que en el poder libertario el apoyo presidencial puede ser intenso, vehemente y hasta sincero, pero no necesariamente eterno. En estos tiempos para el olvido de los fanáticos del institucionalismo, el jefe de Gabinete conserva el cargo pero ya no conserva el control de su destino. ¿Fin?

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Nuevo foco de malestar con Bullrich y aparecen diferencias en el Gobierno sobre cómo lidiar con sus desmarques

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Mientras ella deja saber que está cada vez más cansada, que en la mesa política no se decide nada y que en el Gobierno están todos más atentos a pelear las internas que a ganar el año que viene, un sector de la administración vinculado con Santiago Caputo empezó a diferenciarse por primera vez, y de manera abierta, de las posiciones de Patricia Bullrich. Del otro lado, el entorno de Karina Milei insiste en dar la otra mejilla.

Los caputistas están convencidos de que la senadora estuvo detrás del pedido de los aliados para incluir al Ministerio de Seguridad en el Consejo de Seguridad Nacional, en el dictamen del proyecto sobre Malvinas. Es un tema clave para Santiago Caputo, que quería que el organismo quedara integrado solo por el área de Inteligencia, algo que dejó explícito en su cuenta de X. También hubo sospechas de que Martín Menem tenía interés en sumar legisladores al Consejo, algo que finalmente no ocurrió en el dictamen aprobado y que en la Cámara de Diputados lo negaron tajantemente.

El enojo con Bullrich, sin embargo, empezó por otro lado: haber reconocido de manera explícita la derrota de Flávio Bolsonaro y el triunfo de Lula da Silva, a contramano de Javier Milei, que optó por un silencio total y ni siquiera se expresó por la vía de su canciller. Para el sector que se referencia en “Las Fuerzas del Cielo”, esa diferenciación fue una afrenta política.

El detonante

El detonante fue un posteo del legislador bonaerense Agustín Romo, que responde al ala de Santiago Caputo. En X, Romo escribió: “Este es un gobierno de derecha. No de centro ni de centro derecha. Las tibiezas déjenlas en sus casas. Córranse que la libertad avanza”. El mensaje, confirmaron en la Casa Rosada, estaba dirigido a la senadora. Y en el Senado también lo entendieron así, aunque le restaron relevancia. Fue la primera vez que esa parte del oficialismo, hasta ahora estaba muy alineada con Bullrich en su cruzada contra Karina Milei, mostró malestar con ella.

En el sector de Bullrich dicen que la modificación de la integración del Consejo de Seguridad Nacional en el dictamen no fue su “culpa”. Y creen que, más que arremeter en su contra a través del X, ese sector en realidad estaba “defendiendo” a Caputo en su cruzada por ayudar a Bolsonaro a salir de Brasil.

En el bullrichismo, de todas formas, sintieron irritación por el episodio. “Se creen 007, son ridículos”, sostuvo un alfil sobre quienes cuestionaron la inclusión del Ministerio de Seguridad. Y agregaron que, en todo caso, la presencia de esa cartera tuvo como objetivo darle “legalidad” al organismo. Los defensores del proyecto original calificaron mal esa consideración. “En Estados Unidos no funciona así. El asesor de seguridad nacional no está condicionado por homeland security. Es más estratégico el rol. No es que vas a mandar a la cana a hacer un allanamiento menor, minucias”, dijeron.

En el entorno de Bullrich sostienen que la inclusión de Seguridad fue una concesión a los aliados en la negociación por el proyecto. Y sumaron, para legitimar el planteo, que Santiago Caputo estaba al tanto de que estaba en pie ese pedido de los aliados.

De todas formas, en Balcarce 50 no creyeron que se tratara de un pedido de los aliados. Pensaron en cambio que era un plan de Menem integrar a miembros del Poder Legislativo. Desde su entorno aclararon que no se metió en el tema: solo trasladó el planteo.

Fuentes del bloque de Diputados que participaron del debate, consultadas en off the record, van en la misma línea y negaron que Bullrich haya tenido algo que ver. Aseguran que la inclusión de Seguridad se resolvió a pedido de “varios diputados”, sin precisar de qué bloques, y que fue aceptada por Menem. Agregan que en los temas de la Cámara baja no hay contacto con la senadora, ni ella lo tiene con ellos en los asuntos del Senado.

La ministra de Seguridad también es eje de las críticas, pero de antaño. No la consideran apta para el puesto y no le perdonan haber “estropeado” el proyecto de agencia de migraciones que Caputo había planificado. La idea era emular una especie de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el organismo encargado de ejecutar las deportaciones y que provoca serias controversias en ese país. “No compartimos criterios con Monteoliva”, dijeron en las Fuerzas del Cielo.

La otra mejilla de Karina

Por el otro lado, Karina Milei sigue decidida a no responder. Hasta ayer, en su entorno sostenían que el planteo de Bullrich por el tema de Brasil, es decir, su diferenciación de la postura oficial del Presidente de no reconocer ni mencionar, y mucho menos felicitar, el triunfo de Lula, “fue correcto”. Y hacían silencio respecto del posicionamiento más belicoso de la otra facción.

Como en todas las últimas diferenciaciones de la senadora, en el área de la secretaria general omiten todo cuestionamiento. Dicen que es “más de lo mismo” y le restan importancia. Aseguran, incluso, que Bullrich “pierde efecto” político por lo repetitivo de esos desmarques. Y nuevamente no tienen planeado escalar, aseguran, al menos por ahora.

Dos lecturas, una misma interna

La situación deja a la senadora en una posición incómoda. Por un lado, recibe fuego de Las Fuerzas del Cielo, que la acusan de operar contra Caputo y de correrse de la línea oficial en política exterior. Por el otro, el karinismo la ignora, una estrategia que en el círculo de Bullrich leen como una forma de desgaste.

Cada una de estas diferenciaciones, sea por Brasil, por Malvinas o por cualquier otro tema, funciona como un termómetro de la interna en el Gobierno.

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El Senado aprobó cambios en la ley de salud mental: se modifican criterios de internaciones y equipos médicos

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El Senado aprobó esta madrugada y giró a Diputados una nueva la ley de salud mental que dista de la de 2010, en su momento empujada por el kirchnerismo y que, con el correr de los años, generó quejas varias y desesperados reclamos de cambios. La iniciativa, que obtuvo 42 adhesiones y 21 rechazos durante la votación en general, modifica criterios en internaciones involuntarias, adicciones y equipos médicos a cargo de tomar decisiones complejas relacionadas con la temática, entre otros puntos.

La iniciativa le da prioridad a psiquiatras, aunque en las últimas horas se consensuó el aporte de psicólogos en grupos interdisciplinarios, tras presiones desde provincias y algunas universidades. También hubo aportes para reprimir inquietudes por fondos extra.

Como miembro informante, la libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), primero destacó las exposiciones de “más de 70 representantes de instituciones, asociaciones civiles y del derecho”, y fue rápido hacia la ley vigente. “La internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia”, manifestó.

La puntana dio cifras de los casi 16 años de la norma actual y habló de resultados “insuficientes para asegurar la efectividad de derechos y dotar de herramientas nuevas”, más “avances dispares en distintas jurisdicciones”. Apuntó a un articulado “desactualizado” y cifras alarmantes de hospitalizaciones públicas -suba de 70%- post pandemia. Y finalizó: “Llegar a tiempo es pasar del riesgo inminente al riesgo grave”.

No pensó lo mismo el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), quien defendió y criticó, al mismo tiempo, las pautas actuales de salud mental. Llamó la atención, sobre todo, desde su profesión de médico. Como se esperaba, fue directo a la “falta de recursos”. Y agregó: “No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir”. Para el -de nuevo- justicialista, “no le dieron la oportunidad a una muy buena ley de poder ser efectiva”.

Otro doctor, el silvestre misionero Carlos Arce, leyó entera su alocución, algo que suele ser mal visto y no está permitido en el recinto, salvo pedido expreso a quien comande en ese momento la sesión. Su colega de bancada, Elizabeth Rojas Decut, hizo lo mismo durante la discusión previa sobre el mercado de carbono. Suelen manejarse en espejo. No fallaron. También se quejaron por las partidas involucradas, aunque libertarios aceptaron la incorporación del “financiamiento federal”.

Después de las protestas de Andrada y Arce, tuvo que ser una contadora la que bajó a tierra ejemplos pedagógicos para pincelar el delicado panorama que enfrentan familias en el interior del país. Fue la radical y ex vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider. “Hoy, el médico en el pueblo no tiene el respaldo legal para proteger a una persona en riesgo”, advirtió. En la misma línea fue la oficialista fueguina Belén Monte de Oca, quien expresó: “Se confundió libertad con abandono”.

“Vamos a promover leyes sin discutir cómo se financia la salud mental”, enfatizó desde el Frente Cívico el ex gobernador de Santiago del Estero y filo K Gerardo Zamora, quien lamentó que no se haya tenido “a la vista” un proyecto presentado tiempo atrás. “Error de enfoque”, añadió. Coincidió, por el cristinismo, la médica y ex mandataria catamarqueña, Lucía Corpacci.

El cierre estuvo a cargo de la líder libertaria, Patricia Bullrich: describió la “contradicción” que se generó entre “dos profesiones que atienden a la salud mental”, con una injusta acusación contra los psiquiatras “como violadores de los derechos humanos sin ningún sentido”.

“Son dos miradas o formas de encarar el problema -en la comparación con psicólogos-, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, indicó, y dejó en claro que “hoy no se puede actuar ante situaciones” que llevan a “muertes” o “violencia familiar”.

“Se dejó un tema sin resolver”, puntualizó la porteña, y subrayó la necesidad de “intervenir a tiempo” para “cuidar a las personas”. Y repitió un número contado semanas atrás por Infobae: 100.000 psicólogos versus casi 4.000 psiquiatras.

Detalles del proyecto

En las internaciones, se reemplaza la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia la mencionada especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también estaba escrita la palabra “preferentemente”, se negoció quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de dicha profesión.

La trifulca por esta cuestión fue una de las tantas entre Nación y provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Mismo caso para las quejas por fondos, por lo que el oficialismo hizo más taxativo el articulado, con el fin de despejar dudas restantes. Y se permitirá la ventana de tele consulta donde haya menor presencia de personal dedicado a la temática.

Por otra parte, se considera un concepto más amplio a la hora de hablar de adicciones -para incluir a la ludopatía, por caso-, se activa una delimitación de familiares en representación de pacientes, se imponen diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y queda prohibida la práctica de manicomios. También hay un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.

En cuanto a familiares, se limita la intervención a padres o hijos y se mantienen los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una eventual internación en unidades de adultos, la misma queda restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.

En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.

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La UBA lanzó una plataforma para rastrear los votos, proyectos e intervenciones de cada diputado y senador en el Congreso

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La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó el Monitor de Actividad del Congreso, una nueva sección de Data CP que reúne y sistematiza información pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación para que cualquier persona pueda conocer cómo votó cada legislador, qué proyectos impulsó y cuánto utilizó los pasajes oficiales, entre otros datos.

La plataforma organiza la información en cuatro grandes dimensiones: las votaciones de cada legislador y legisladora, los proyectos que presenta o acompaña, sus intervenciones en el recinto y la utilización de pasajes oficiales. La información abarca distintos períodos legislativos y puede explorarse a través de gráficos, tablas, mapas y visualizaciones interactivas que no requieren conocimientos técnicos especializados para su uso.

Detrás del lanzamiento hay una premisa concreta: si bien los datos del Congreso son públicos, históricamente se encontraron dispersos entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de ambas cámaras, en formatos que dificultaban su consulta y comparación. El Monitor apunta, precisamente, a resolver esa dispersión.

Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del proyecto, explicó el alcance de la iniciativa: “No alcanza con que la información pública esté disponible: también tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable. Queremos que cualquier ciudadano pueda conocer qué hicieron sus representantes, cómo votaron y qué iniciativas impulsaron. El Monitor permite transformar información que antes estaba dispersa en una herramienta concreta para la investigación, el periodismo y el control ciudadano”.

Entre las funciones disponibles, la plataforma permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, analizar la afinidad de voto de los legisladores con el oficialismo y la oposición, identificar coincidencias entre espacios políticos y observar la cohesión interna de cada bloque.

También incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos legislativos, rankings de intervenciones en el recinto y herramientas para explorar el vocabulario utilizado por diputados y senadores.

Una de las incorporaciones que distingue al Monitor de otras iniciativas similares es «Armá tu poroteo», un simulador que permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados en el recinto y exportar imágenes para investigaciones, publicaciones periodísticas y análisis políticos. La herramienta apunta tanto al público general como a periodistas e investigadores que necesitan procesar información legislativa de manera ágil.

En cuanto al acceso a los datos, el Monitor ofrece descargas en CSV, Excel y JSON, y dispone de una API documentada para desarrollar análisis y visualizaciones propias. El acceso es gratuito y no requiere registro, lo que amplía el espectro de usuarios potenciales más allá del ámbito académico o técnico.

Nicolás Zubiria, secretario académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA, encuadró el lanzamiento dentro de una concepción más amplia del rol de la universidad pública: “Desde la Carrera de Ciencia Política de la UBA creemos que la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público. Con Data CP buscamos que información relevante para comprender el funcionamiento de nuestras instituciones esté al alcance de cualquier persona, no solamente de quienes cuentan con conocimientos técnicos especializados”.

Con esta nueva sección, Data CP amplía sus herramientas de consulta y análisis de información política argentina, sumando la actividad legislativa a su plataforma de datos electorales. El antecedente directo es la sección Elecciones Legislativas 2025, presentada el año anterior, que centraliza y visualiza información electoral y permite a ciudadanos, periodistas, docentes y estudiantes acceder a datos claros y descargables sobre los procesos electorales argentinos.

La plataforma está disponible en datacp.ar/congreso, mientras que el monitor de elecciones puede consultarse en datacp.ar/legislativas2025.

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