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Expertos y ONG criticaron la reforma del proceso de selección de los jueces de la Corte y advirtieron por falta de transparencia y control público

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La reforma del sistema de selección de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades judiciales que oficializó el Gobierno nacional sumó cuestionamientos de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron que los cambios representan un retroceso en materia de transparencia, participación ciudadana y diversidad en la integración del máximo tribunal.

Las críticas apuntaron al decreto 467/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, que modificó los decretos 222 y 588 de 2003. La norma eliminó la instancia que permitía a ciudadanos, universidades, asociaciones y organizaciones presentar observaciones o impugnaciones a las candidaturas antes de que fueran remitidas al Senado. La iniciativa también suprimió las referencias a la necesidad de contemplar criterios de igualdad de género, especialidad y procedencia geográfica al momento de proponer integrantes para la Corte Suprema.

Los cuestionamientos fueron expresados en un documento conjunto firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)Amnistía InternacionalDemocracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la campaña GQUAL. Las entidades sostuvieron que la reforma implica “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género y, por ende, también para la calidad de nuestra democracia”. Además, señalaron que los cambios “debilitan los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales y reducen los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional”.

En ese contexto, Clara Lucarella, coordinadora del Programa de Democracia de ACIJ, afirmó que “los aportes realizados por distintos sectores en el último proceso de designación de jueces de la Corte Suprema reflejaron que existe un interés y movilización en torno a estos temas”. Agregó: “Eliminar la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar en el marco de las designaciones judiciales implica un obstáculo para el ejercicio del escrutinio público y un retroceso que daña la calidad de nuestra democracia”.

La reforma había sido anticipada por el Gobierno con el argumento de acelerar los procesos de cobertura de vacantes y reducir etapas administrativas. La Casa Rosada también sostuvo que la participación ciudadana continúa garantizada durante el trámite legislativo en el Senado, que conserva la atribución constitucional de prestar acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, las organizaciones rechazaron esa interpretación y señalaron que la instancia eliminada tenía una finalidad distinta. “La intervención de la ciudadanía en la etapa inicial permite aportar información, formular observaciones y enriquecer la evaluación que realiza el propio Poder Ejecutivo”, indicaron. A su entender, eso podía “influenciar su propuesta y conducir al Presidente a enviar otra”.

Ese mecanismo había sido establecido hace más de dos décadas por los decretos 222 y 588 de 2003, impulsados durante la presidencia de Néstor Kirchner. Las normas incorporaron estándares de transparencia y participación ciudadana para los procesos de selección de jueces de la Corte Suprema, magistrados, fiscales y defensores públicos.

Uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la modificación fue la necesidad de agilizar los nombramientos. Sin embargo, las organizaciones sostuvieron que el mecanismo eliminado demandaba menos de dos meses y que ese plazo resultaba “más que razonable” frente a los tiempos que suelen insumir las vacantes judiciales en la Argentina. “No caben dudas de que los beneficios de la participación son aquí mayores que sus costos de tiempo”, señalaron.

Otro de los aspectos cuestionados por las organizaciones fue la eliminación de los criterios vinculados con la igualdad de género y la diversidad para la integración de la Corte Suprema. Según el documento, la medida “obstaculiza la integración de un tribunal con perfiles diversos y distintas trayectorias, que sea más representativo de nuestra comunidad, y atenta contra el deber estatal de asegurar la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos”.

Las entidades también cuestionaron uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno. “La afirmación del Poder Ejecutivo de que esos criterios no se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional no es correcta”, señalaron. También recordaron que el derecho a la igualdad en la participación pública y política está reconocido en distintos tratados internacionales incorporados al bloque constitucional.

Las organizaciones vincularon la reforma con antecedentes recientes relacionados con las vacantes en el máximo tribunal. Recordaron que durante los últimos años distintas entidades formularon objeciones a las candidaturas impulsadas por el Poder Ejecutivo, tanto por los perfiles de los postulantes como por la ausencia de paridad de género en la Corte.

En el documento, señalaron que esas observaciones fueron presentadas justamente a través de los mecanismos de participación previstos por el decreto 222/03 y recordaron que posteriormente el Gobierno avanzó con designaciones por decreto. “Que la respuesta institucional frente a esa experiencia sea reducir los espacios de participación y los criterios de diversidad constituye una señal preocupante de cara al futuro”, afirmaron.

En el cierre del comunicado, las entidades reivindicaron el valor de los mecanismos de control ciudadano. “La participación ciudadana robustece la calidad de las decisiones y la rendición de cuentas, mientras que la diversidad dota de mayor legitimidad a nuestro sistema de justicia”, sostuvieron. Y concluyeron con una advertencia: “La designación de las autoridades judiciales es una de las decisiones de mayor trascendencia en nuestro país, y como tal, requiere de mayores controles, no de menos. En definitiva, son esas personas las que decidirán sobre nuestros derechos”.

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La CGT se suma a la marcha contra la ley que elimina topes para la venta de tierras a extranjeros

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La convocatoria de una manifestación frente al Congreso el próximo 6 de agosto contra la intención del Gobierno de avanzar con la extranjerización de la tierra suma un actor de peso: la CGT.

Según pudo saber DIB de fuentes sindicales, la central obrera se sumará a las dos CTA, los movimientos sociales de la UTEP y un sinfin de organizaciones de izquierda y de agrupaciones de autoconvocados que están detrás de la marcha para el jueves de la semana que viene.

Ese día el oficialismo espera sesionar para aprobar la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, elaborada por el ministro Federico Sturzenegger para desregular la venta de tierras, entre otros ítems. El debate ya fue pospuesto cuatro veces y fue la senadora Patricia Bullrich la que decidió convocar a un cuarto intermedio de la Cámara alta para el próximo 6 al entender que no tenía los apoyos suficientes de los aliados.

“Vamos a acompañar”, confirmó una alta fuente de la CGT a este medio sobre la acción de la central por la ley de propiedad privada. Se trata de un paso más en la agenda de acciones escalonadas que armó el triunvirato para este segundo semestre del año, en busca de sumar fuerzas contra el ajuste de Javier Milei.

La marcha del 6 no nace de cero: viene precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, así como recolección de firmas y distintas actividades.

¿En qué consiste el proyecto?

Lo que el oficialismo intentará votar ese día es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto de 48 artículos que modifica cinco normas distintas y que Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo.

Además del capítulo sobre tierras, la iniciativa endurece el régimen de expropiaciones —fija la indemnización al valor de mercado, con un tope del 30% para el lucro cesante, y prohíbe transferir el dominio sin pago previo—, acelera los desalojos por la vía del juicio sumarísimo y deroga parte de la Ley de Manejo del Fuego que impedía, por 30 años, cambiar el uso de tierras incendiadas.

El capítulo que más resistencia genera reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011, que hoy limita al 15% la tierra en manos extranjeras, prohíbe que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, veda comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.

El Gobierno ya había intentado derogarla por decreto a fines de 2023, pero una cautelar judicial la mantuvo vigente; ahora insiste por ley, dejando la potestad de fijar límites en manos de cada provincia y manteniendo solo la prohibición de compra por Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera.

Bullrich lo resumió así: “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, pero “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”. Con el resultado todavía incierto, todas las miradas —las del oficialismo y las de quienes organizan la marcha— están puestas en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para votar en contra. A esa presión se sumará también la CGT.

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La sesión en el Senado reabre la pulseada por la Ley de Tierras y pone a prueba la mayoría del oficialismo

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Durante el fin de semana el foco parlamentario estará puesto en Diputados, donde acaba de ingresar el proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica del BCRA. Sin embargo, lo que en la Casa Rosada van a estar mirando de cerca es lo que puede llegar a suceder a pocos metros, en el Senado.

El jueves 6 de agosto está previsto que la Cámara alta abra el recinto para tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, mayormente conocida como ley de tierras.

En lo que será la quinta oportunidad en que Patricia Bullrich intente darle media sanción, el oficialismo asegura que esta vez tiene los votos para avanzar. Aun así, la exministra tiene en su agenda varios encuentros con senadores de los diferentes bloques dialoguistas para definir el nivel de respaldo al proyecto.

“No podemos ir si no tenemos los votos. Lo de la otra vez no puede volver a pasar”, señaló un senador libertario en referencia a la última sesión, en la que Bullrich pidió un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto. “Hay que ver qué pasa con los radicales, hay mucho ruido”, agregó.

En los pasillos del Senado prima la desconfianza. Desde que el proyecto ingresó tuvo 15 borradores y muchos aseguran que “hasta el jueves puede haber un nuevo borrador, el número 16”.

Eso generaría un nuevo problema para la presidenta del bloque libertario. En los últimos días Bullrich se reunió con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autor del proyecto y hombre reacio a ceder terreno.

Sin embargo, el “coloso” no solo tuvo que dejar artículos en el camino sino que tuvo que aceptar que las provincias tengan la posibilidad de generar un marco jurídico para la venta de tierras y no solo la ley nacional. Eso fue algo que Bullrich puso sobre la mesa para intentar conseguir o retener votos.

En ese contexto, el presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella, decidió que el partido —que emitió un comunicado oponiéndose a la norma— debía tener en sus senadores un correlato, por lo que inició una serie de encuentros con las autoridades del bloque para que acompañen el rechazo que promueve el partido.

Tras esos encuentros, el escenario que La Libertad Avanza manejaba como dato en la Cámara Alta parece haber cambiado. En la última sesión había seis de los diez radicales que tenían pensado acompañar al oficialismo. Ese panorama hoy no estaría vigente.

“Entiendo que estamos en un escenario de tercios. Tenemos tres senadores que van a votar en contra y ya lo adelantaron, otros tres que acompañarían y otros cuatro en duda. Tenemos que sumar más en contra, pero hay algunos que responden a sus gobernadores y esos jefes de estado provinciales tienen buena sintonía con la Casa Rosada. Hay mucha presión en la calle y hay que aprovecharlo”, explicó a Infobae una alta fuente partidaria.

Los radicales no son los únicos que dicen que no, o que ponen en duda el acompañamiento al oficialismo. Misiones se presenta como una incógnita para el oficialismo: los senadores que responden al gobernador y al exgobernador de Encuentro Misionero, así como Enrique Martín Goerling Lara, presidente del bloque del PRO, tampoco darían su apoyo. Lo mismo ocurre con la cordobesa Alejandra Vigo. Y la lista parece seguir engrosándose.

A eso se sumará la calle. Se espera para el jueves una movilización con participación de varios grupos y colectivos. Por eso se prepara un operativo de contención desde las fuerzas de seguridad, ante la previsión de una fuerte movilización de la CGT, la CTA, organizaciones políticas, sociales, ambientales y comunidades indígenas.

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El Gobierno no define los cambios en la ley de Propiedad Privada y recrudecen los cortocircuitos en el Gabinete

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Las tensiones por la postergada y polémica ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -o “ley de extranjerización de la tierra”, para los críticos- generaron un sacudón al interior del Gobierno, donde no terminan de definir el alcance de los cambios que están dispuestos a realizar de cara a la sesión del jueves que viene. Cuando, además, se perfila una masiva movilización opositora y de autoconvocados para evitar la venta irrestricta del territorio argentino.

El debate en el recinto sobre la iniciativa que buscaba eliminar todo tipo de restricción a la compra de tierras por parte de extranjeros cayó hace dos semanas por falta de apoyos y, a la vez, por roces internos de La Libertad Avanza. Técnicamente, se pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, y las eventuales modificaciones, si es que se introducen, aún están en discusión entre funcionarios y delegados de Javier Milei. Al punto de que se cortaron, al menos por ahora, las negociaciones con los aliados.

En el PRO aseguraron a Infobae que no los convocaron para tantear el nivel de respaldo que le darán a la iniciativa. “Están en modo post-Mundial, seguramente sepamos más desde el lunes”, deslizaron, picantes, cerca de Mauricio Macri.

Los detalles se van a analizar en la mesa política del martes que viene, luego de dos semanas sin ningun encuentro de este tipo por el viaje de Karina Milei para acompañar a Javier Milei a Perú. Pero están latentes las diferencias entre el autor del proyecto, Federico Sturzenegger, más intransigente, y Patricia Bullrich, la encargada de negociar el texto en el Senado, en especial por el polémico artículo sobre la potestad provincial para autorizar ventas a extranjeros.

La titular del bloque le introdujo algunos cambios al texto del proyecto borrador en la previa del debate de la semana pasada, en consenso con los bloques opositores. Pero al ministro de Desregulación esos cambios le hicieron ruido, y sin posibilidad de negociar, la jefa de bloque oficialista debió postergar el debate en la cámara Alta.

“No es que Bullrich esté de acuerdo con los cambios, pero su tarea es lograr los consenso para que salga. Y en esas negociaciones, hay que ceder”, dijeron en la Casa Rosada, en un tiro por elevación a Sturzenegger.

Karina Milei terminó intercediendo a favor de Bullrcih en la discusión por los detalles de la iniciativa, según cuentan cerca de la Secretaria General. Y, de cara a la sesión del 6, en el bullrichismo confirmaron que habrá cambios, pero no quisieron divulgar cuáles para evitar las suspicacias. En el entorno de Sturzenegger aún se mostraban firmes: “Por ahora no se va a introducir ninguna modificación”, dijeron en off.

“Nuestra dinámica es que los proyectos se escriben acá y después en el Congreso Martín (Menem) o Patricia se encargan de que salgan aprobadas”, deslizaron en la Casa Rosada.

En el Gabinete se arrastra un malestar de parte de algunos ministros e incluso -dicen en sus cercanías- de la propia Karina Milei, por algunos episodios en los cuales, creen, el funcionario se lanzó a divulgar proyectos en los medios o las redes sin que hubieran sido aprobados previamente por la mesa política. “Supuestamente se los filtran internamente, pero sabemos que no es así”, dicen en el grupo karinista.

“Es algo que ha pasado y que molesta, no funciona así”, le reprocharon, al tiempo que le reconocieron un alto nivel de “proactividad”. “Siempre preferimos un ministro activo que uno que hay que pedirle que se mueva, y está convencido de lo que hace. Pero hay que ser organizados”, dijeron. Por eso, explicaron en la cúpula del Gobierno, se definió que fuera Sturzenegger al Palacio del Congreso a redefinir la estrategia, y no al revés.

La sesión del 6 de agosto se perfila muy caldeada dentro del recinto, pero también en la calle, donde la izquierda, grupos de autoconvocados y el kirchnerismo planean marchar al Congreso para resistir el capítulo de venta irrestricta de tierras a extranjeros. En el Gobierno están en alerta y miran de cerca los movimientos opositores. “Estamos monitoreando”, sostuvieron en la Casa Rosada.

Mientras, coordinan con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, con quien la relación quedó tensa desde su conferencia de prensa sobre el operativo por el Mundial pero decidieron hacer borrón y cuenta nueva.

Bullrich, en un “no lugar”

La inclinación de la Secretaria General hacia la postura de Bullrich en esta discusión puntual no significa que la relación con la principal “socia” amarilla haya vuelto a foja cero después de la sucesión de desmarques de la impredecible senadora durante los últimos dos meses. “Patricia quedó en un no lugar”, dicen en el oficialismo sobre la ex presidenta del PRO, que se perfilaba con candidata en la Ciudad, después como posible compañera de fórmula de Milei y coqueteó, aunque sin confirmaciones, con ser candidata a presidenta.

Lo señalaron después de que la senadora no negara, esta semana, en una entrevista con TN, la posibilida de ir por la Jefatura de Gobierno en CABA.

Al menos así lo interpretaron en Balcarcce 50, donde pusieron en duda que Bullrich sea la elegida para jugar por la sucesión de Jorge Macri en caso de que Karina Milei decida postular un delfín propio. Por ahora no estatuyen nada y juegan con mensajes contradictorios. “La orden que nos dio Karina es pintar la ciudad de violeta”, dijo un alto referente del karinismo, por un lado. Luego deslizó una idea contrapuesta: “Patricia sería buena candidata, pero eso si se jugara en CABA, cosa que no está confirmada”.

Al mismo tiempo, admiten que no tienen a nadie con el suficiente nivel de conocimiento o deseos de jugar por los violetas en CABA (a Pilar Ramírez la ven en un eventual rol más “ejecutivo”). Y reconocen que Patricia Bullrich viene de obtener el 50 por ciento entre los porteños. Al final no definen: “Todo va a depender de cómo lleguemos a la elección, porque hoy lo que mide es la marca, y el candidato con mayúsculas es el Presidente”.

Cerca de Bullrich se desentienden y repiten que toda especulación es una “fake news”: “No se volvió, y Patricia nunca se lanzó a la Ciudad. No está pensando en ninguna candidatura y estará donde la necesite el proyecto. El Presidente es el Director Técnico, que decidirá las estrategias”, aseguraron.

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