El presidente Javier Milei diseñó una agenda especialmente cargada para esta semana, en la previa de sus próximos viajes al exterior y después de las versiones que circularon en las últimas dos semanas sobre supuestos problemas de salud, derivados de la ausencia total de actividad pública.

La imagen de hiperactividad institucional de ahora se contrapone con la desaparición del radar del mandatario durante nueve días, desde su regreso de la gira en países de la región. Javier Milei permaneció la semana pasada y parte de la anterior recluido en la Quinta de Olivos, sin agenda pública ni entrevistas. Y desde ayer, luego de las dudas que expresaron dirigentes críticos, inició un rally de apariciones que continuarán hasta la semana que viene, antes de iniciar una nueva seguidilla de viajes internacionales.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, respondió directamente a esas versiones con la frase: “El Presidente está muy bien”. En su conferencia de prensa en Casa Rosada atribuyó las especulaciones a un clima electoral adelantado. “Son especulaciones absurdas”, dijo.

Buscó desligar la falta de eventos oficiales de cualquier lectura sobre el estado de ánimo presidencial: “Cuando se dispone de la agenda, se la comunica”, planteó.

La agenda del jefe de Estado es opuesta a la de la semana pasada. Anteayer encabezó, con un discurso incluido, el acto por el Paso a la Inmortalidad de San Martín, en Plaza San Martín, con todo el Gabinete presente y transmisión por cadena nacional.

El jueves tiene planeado exponer en el Council de las Américas, en el Hotel Alvear, ante empresarios y gobernadores. Y el viernes, en el cierre de la semana, viajará a Rosario para hablar, una vez más, en el acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio local.

A esa agenda excepcionalmente cargada, Milei sumó ayer la confirmación de su participación en un encuentro de la Fundación Libertad y Progreso con Federico Sturzenegger -a quien por segunda vez en pocos días buscará respaldar tras las críticas internas post-fracaso de la ley de Tierras y del Manejo del Fuego- y Luis Caputo, nueva figura de la pre-campaña electoral.

Todo el Gobierno inició una serie de actividades, entre mesas políticas, reuniones con gobernadores, y recorridas al estilo electoral.

Lo que no hará el Presidente, en cambio, es asistir personalmente al Congreso para presentar el proyecto de Presupuesto 2027. En el Ejecutivo, no dan motivos puntuales para esa decisión, aunque puertas adentro reconocen que se trata de un contraste el año pasado, cuando sí encabezó la presentación ante los legisladores.

En el oficialismo están convencidos de que esa ausencia no incidirá en forma negativa en la discusión sobre la suspensión de las PASO que necesitan los Milei para mejorar sus chances de reelegir el año que viene. “Si los gobernadores, diputados y senadores quisieran un gesto del Presidente le hubieran pedido una reunión. Pero saben perfectamente que no le interesan los temas de la política y que los lleva Karina”, dijeron.

Fuentes de la Casa Rosada explicaron que, lejos de tener un problema de salud, el Presidente utilizó ese lapso para trabajar de manera más concentrada, sin las interrupciones propias de la rutina en Balcarce 50.

Milei suele decir que prefiere trabajar desde Olivos para que no lo interrumpan con reuniones o actividades oficiales que “no le interesan”, y dejó saber que la semana pasada estaba escribiendo dos discursos para sus próximas presentaciones, además de terminar un libro.

En el entorno presidencial reconocieron que la sucesión de actos, reuniones y discursos de esta semana no responde únicamente al calendario institucional, sino a la necesidad política de mostrar a un Presidente activo, en plena forma y con la agenda 2027 como horizonte, después de casi diez días en los que su ausencia dejó más preguntas que respuestas puertas adentro del propio Gobierno.

La Justicia federal habilitó el trámite de un amparo colectivo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Buenos Aires, financiados con fondos del fideicomiso creado por el decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT. El fallo, firmado por el juez federal Ernesto Kreplak del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata, ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes urgentes a tres organismos del Estado.

La causa, identificada bajo el número 35671/2026, fue promovida por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz contra el Ministerio de Economía de la Nación, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Banco de la Nación Argentina. La acción busca que esos organismos adopten “de manera inmediata y coordinada todas las medidas necesarias” para cumplir con las obligaciones contractuales ya asumidas en materia de infraestructura vial dentro del territorio bonaerense.

El amparo no apunta a un tramo específico de ruta ni a una obra puntual, sino al conjunto de la red vial nacional en la provincia. El colectivo de afectados que la presentación pretende proteger abarca a los usuarios efectivos y potenciales de esas vías, lo que le otorga al caso una dimensión que trasciende a cualquier damnificado individual y lo encuadra como un proceso de alcance general.

Kreplak dispuso, como primer paso procesal, la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo exige la Acordada 12/2016. La consulta previa a ese registro arrojó resultado negativo, lo que habilitó al magistrado a avanzar con el trámite sin que exista superposición con otro expediente de igual naturaleza.

En paralelo, el juez requirió a la DNV y al Ministerio de Economía que presenten, en el plazo de tres días, el informe previsto en el artículo 4, inciso 1, de la ley 26.854, que regula las medidas cautelares en causas en las que el Estado es parte. Por igual término, extendió ese requerimiento al Banco Nación, en atención a las particularidades del expediente. A los tres organismos también les fijó un plazo de diez días para responder el informe del artículo 8 de la ley 16.986, que rige el procedimiento de amparo.

El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos. Tolosa Paz sostuvo públicamente que tres de cada cuatro pesos del fondo habrían sido derivados a instrumentos financieros —bonos, títulos y acciones— en lugar de aplicarse a obras viales. La legisladora cifró en $1,5 billones el monto que, según su presentación, debería haberse destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia.

“El Gobierno cobra un impuesto a los combustibles para mantener nuestras rutas y, en lugar de destinarlos a obras, tres de cada cuatro pesos del SISVIAL fueron a la timba financiera”, explicó la legisladora peronista en sus redes sociales.

La diputada acompañó la acción judicial con una denuncia contra los funcionarios responsables de esa administración. En su comunicación pública al respecto, afirmó: “Para este Gobierno, la plata de los argentinos es negocio financiero”, al tiempo que reclamó que esos fondos se orienten hacia “trabajo, producción y un Estado que cuide”.

El expediente quedó radicado en la Secretaría N° 5 del Juzgado Federal de La Plata. Kreplak instruyó a la parte actora para que acompañe los proyectos de oficio dirigidos a cada uno de los organismos demandados, a fin de que Secretaría los confronte antes de su libramiento formal. La causa aguarda ahora las respuestas de Economía, Vialidad y el Banco Nación dentro de los plazos fijados por el magistrado.

La derogación de la ley que limita los mandatos de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires no asoma. Pese a la voluntad del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de modificar esa legislación y permitir que intendentes vuelvan a tener la posibilidad de ser candidatos todas las veces que deseen, no hay señales de un acuerdo por fuera de la Legislatura bonaerense que luego se materialice en los votos necesarios para su sanción. Ante este escenario, varios intendentes —en su mayoría del peronismo— ya trabajan en una precandidatura a la gobernación para suceder a Kicillof.

En principio, hay más de una decena de intendentes y dirigentes del peronismo que muestran credenciales para ser posibles candidatos —o precandidatos si hay PASO— para la elección a la gobernación bonaerense. De ese total, hay ocho nombres que no podrán ir por un nuevo mandato como intendentes y se anotan en la lista de eventuales sucesores o sucesoras de Kicillof: Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mayra Mendoza (en uso de licencia en Quilmes), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar), Jorge Ferraresi (en uso de licencia en Avellaneda), Juan Andreotti (San Fernando) y Fernando Espinoza (La Matanza).

A tales jefes comunales se les suman Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Julio Alak (La Plata), que también lanzaron un operativo de recorridas por distintos puntos de la provincia, aunque ellos sí podrán ir por una reelección ya que fueron electos en 2023 y transitan su primer mandato. Además de intendentes, en el peronismo también “caminan” la Provincia, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el de Gobierno, Carlos Bianco. El primero ya tuvo adhesión explícita de algunos intendentes que hoy están en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), al igual que Ferraresi, que también juntó el respaldo de algunos de sus pares en sus primeros pasos como eventual precandidato.

El intendente en uso de licencia de Avellaneda y actual Jefe de Asesoramiento Institucional, es uno de los intendentes que dan a entender que los cambios a la ley que limita las reelecciones indefinidas no saldrán, al menos desde la Legislatura. No es el único. Mariel Fernández planteó que hay que trabajar en la renovación de los equipos de trabajo. En el mismo sentido se pronunció Otermín. Achával, por su parte, aseguró que es un problema que debe resolver la política.

Bianco dijo días atrás que los votos no están porque la oposición se muestra distante en el terreno legislativo, más allá de que los intendentes no peronistas, contó, le han manifestado su rechazo al limitante de las reelecciones. “Yo hablo con los intendentes de todos los sectores políticos. Todos están a favor de la re-reelección”, aseguró la mano derecha del gobernador, en un mensaje tácito a los intendentes de la UCR. Por el radicalismo son 17 los intendentes que no pueden ser reelectos. Por eso Bianco planteó: “Ahora hay muchos a los que le decís: ‘Bueno, entonces, los legisladores que te representan, que lo voten’. ‘Ah, no, nosotros estamos de acuerdo, pero no podemos votarlo’. Y, bueno, así medio difícil, amigo”, graficó. Los intendentes del radicalismo tienen baja influencia en el devenir de diputados y senadores.

Mapa de votos

En la Legislatura, quienes deberían votar esperan señales. El kicillofismo tiene un proyecto presentado el año pasado por la senadora Ayelén Durán. En Gobernación dicen que esa es la iniciativa que representa el espíritu del Poder Ejecutivo. En su momento, el kirchnerismo le ha pedido a Kicillof que presente una iniciativa propia. Por ahora eso no sucede. Igualmente, el kirchnerismo acompaña una derogación de la iniciativa sancionada en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal, en acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa. Sin embargo, desde el espacio de Máximo Kirchner, piden discutir todo el paquete político/electoral en conjunto: una hoja de ruta en la que el Ejecutivo no quiere adentrarse.

La semana pasada hubo una reunión de la comisión de Legislación General en el Senado bonaerense. En ese ámbito se encuentra el proyecto de Durán. La comisión es presidida por Germán Lago, un legislador que se encuadra en el MDF y responde políticamente a la vicegobernadora, Verónica Magario. El texto no se incluyó en el orden del día y no hubo ningún pronunciamiento al respecto. Lago esperará directrices para avanzar con el tratamiento. A la par, el Frente Renovador busca poner en estudio el proyecto en la comisión de Reforma Política, cuya presidenta es la senadora Malena Galmarini. Si hay acompañamiento pleno de los legisladores del bloque de Fuerza Patria en Legislación General, la iniciativa podría tener dictamen de mayoría para ser llevada al recinto. Hay 11 integrantes, 6 del bloque que preside Sergio Berni. De los senadores peronistas que hay en esa comisión, ninguno es del massismo.

En la Cámara alta, el peronismo tiene quórum propio. Cuenta con 24 legisladores de un total de 46. Pero hay tres del massismo —Malena Galmarini, Valeria Arata y Marcos Pisano— que, por pertenencia partidaria, no acompañan los cambios. Eso no quiere decir que trabarán el debate. “Nuestra posición es clara, pero si están los votos, no seremos un obstáculo”, dejan correr desde el Frente Renovador.

El peronismo apuesta a conseguir el quórum en el Senado con la presencia de los tres integrantes del bloque Unión y Libertad —Carlos Kikuchi, Silvana Ventura y Sergio Vargas. Sin embargo, lejos está de los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas si los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y Hechos se abroquelaran y bajasen al recinto. Queda suelta la senadora, Nerina Neuman de la UCR. Hoy, la posición del radicalismo legislativo es no modificar la ley vigente. En ese caso —con el radicalismo también rechazando— el oficialismo requeriría de 26 legisladores: es decir, tres más de lo que en principio cuenta para sí. Siempre y cuando estén todos los legisladores presentes.

Si en el Senado el tema es ajustado, pero se explora alguna alternativa, la negociación en Diputados es aún más compleja. El bloque de Fuerza Patria tiene 39 integrantes de un total de 92 miembros. De esos 39 hay 10 que forman parte del massismo. El cálculo parte entonces desde 29. En principio, necesitaría ocho senadores para conseguir el quórum. El bloque de Nuevos Aires, que cuenta con tres integrantes, acompañaría. En ese caso, llega a 32.

Una alternativa es explorar el bloque Unión y Libertad que tiene cinco integrantes. Una vez llegado al quórum, el oficialismo debería alcanzar dos tercios si el tratamiento es sobre tablas. Ahí, la apuesta son las ausencias clave para bajar el número necesario para habilitar el tratamiento. Una estrategia arriesgada que siempre puede variar, pero que ha funcionado en anteriores votaciones.

En tanto que los bloques de La Libertad Avanza (20 integrantes), el PRO (11 miembros), Espacio Abierto Hechos (dos miembros), los unibloques Derecha Popular, Izquierda Socialista y PTS-FIT no acompañan. A priori, 36 votos en contra.

Ante esta complejidad en el terreno legislativo, que además está atravesado por la discusión interna del peronismo y por cómo tienen que ser los cambios que limitan las reelecciones indefinidas, intendentes ven que, al menos en la actualidad, son bajas las chances de modificar el escenario.