La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, y la CTA Autónoma marcharán este jueves 20 de agosto al Palacio de Hacienda para reclamar soluciones ante el sobreendeudamiento de millones de familias argentinas, en lo que constituye un nuevo mojón conjunto entre las organizaciones sociales y sindicales frente al gobierno de Javier Milei.

La concentración partirá a las 14:00 desde dos puntos centrales: Paseo Colón y Estados Unidos y la intersección entre las avenidas Independencia y Paseo Colón y la Avenida Independencia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250. El reclamo apunta a visibilizar la situación de más de 5,5 millones de familias con créditos impagos o atrasos graves, que en su mayoría contrajeron deudas para cubrir alimentos, medicamentos y servicios básicos.

En el comunicado que convoca a “una masiva movilización”, la UTEP, cuyo secretario general es Alejandro Gramajo, describen: “La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar. La falta de crédito formal empuja a miles de familias a las garras de los usureros para cubrir necesidades básicas como lo es la comida. Por eso movilizamos el próximo 20 de agosto en unidad de lucha al Ministerio de Economía junto con la @cgtok @cta_autonoma @cta”.

El telón de fondo de la protesta es una crisis de morosidad sin precedentes en la historia reciente del país. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares trepó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. En términos absolutos, 5,8 millones de argentinos acumulan atrasos superiores a 90 días, lo que representa un aumento del 132% desde febrero de 2024. La situación es aún más grave en el sector de las fintech y billeteras virtuales, donde la morosidad alcanza al 33% de los deudores, según un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) precisó que la mora bancaria pasó del 2,5% al 12,1% entre noviembre de 2024 y abril de 2026, mientras que en los monederos electrónicos saltó del 7,3% al 29,6% en el mismo período. “Cuando le preguntÁs a una persona que debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”, señaló Hernán Letcher, director del CEPA, en declaraciones al medio español elDiario.es. Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% aún mantiene deudas activas.

Un sondeo de la consultora Management & Fit anticipado por Infobae reveló que más del 50% de las familias argentinas atraviesa dificultades de ingresos que, en más de la mitad de los casos, les impide llegar a fin de mes. El 71,9% de esos hogares recurre a alguna forma de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal. Incluso, desde la Fundación Pensar —el think tank del PRO, aliado del gobierno— se reconoció que las familias no se endeudan para financiar bienes durables o inversiones, sino para cubrir gastos cotidianos de supervivencia.

La frase que encendió la controversia

La movilización tiene un blanco político concreto: la posición del Gobierno nacional, que descartó toda intervención estatal en la crisis. El presidente Milei fue el primero en marcar el tono. El domingo 2 de agosto, durante una entrevista con el periodista Luis Majul en LN+, el mandatario rechazó cualquier asistencia pública a los deudores con una pregunta que se volvió el eje del debate: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”.

Al día siguiente, en diálogo con Radio Mitre, Milei ratificó esa postura y definió la situación como “una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”. El ministro de Economía, Luis Caputo, siguió la misma línea días después, durante una conferencia en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde descartó medidas extraordinarias y afirmó que se trata de “un tema entre privados”. El vocero presidencial, Adrián Ravier, cerró el ciclo de declaraciones oficiales el 11 de agosto con un mensaje dirigido a los deudores: “Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen”.

Frente a esas declaraciones, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a contraatacar el 8 de agosto con un informe titulado “La culpa es de Milei”, en el que su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, expuso que la mora bancaria de las familias se quintuplicó en menos de dos años. “La gente que se está endeudando es porque los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas”, afirmó Kicillof, y rechazó la tesis de la responsabilidad individual al señalar que el fenómeno se extiende en todas las provincias, todas las edades y ambos géneros.

Proyectos legislativos en el Congreso

La crisis también llegó al Congreso de la Nación, donde distintos bloques de la oposición presentaron cerca de una treintena de iniciativas legislativas. Una de las propuestas más concretas, impulsada por los diputados Diego Giuliano y Caren Teep, plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas a través de una línea de crédito de la ANSES, destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas. El proyecto fija créditos de hasta 1,5 millones de pesos, con un costo financiero total limitado a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales, y establece que la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del beneficiario.

Otra iniciativa, con respaldo de legisladores de distintos partidos, contempla una condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados, planes de pago extendidos de hasta 60 meses y una tasa preferencial para quienes estén en situación de mora. Algunos proyectos van más lejos y proponen la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE), que permitiría identificar y asistir de forma diferenciada a quienes contrajeron deudas para cubrir alimentación, vivienda, salud, educación y servicios básicos. En el Senado, otra propuesta busca quitas de intereses y planes de pago de hasta 60 meses para familias en mora.

En paralelo a las iniciativas parlamentarias, la Fundación Alameda y más de 40 organizaciones de todo el país lanzaron una campaña de recolección de firmas para exigir que el Congreso trate una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. “¿Por qué esa misma decisión política no puede ponerse al servicio de quienes se endeudaron para comer, pagar el alquiler, comprar medicamentos o evitar que les corten la luz, el gas o el agua?”, planteó Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda y ex legislador porteño.

La UTEP amplía su frente de acción

Para los movimientos sociales y las asociaciones gremiales la marcha del 20 de agosto no es un hecho aislado, sino el eslabón más reciente de un plan de lucha que busca articular a la central obrera con sectores populares para protestar contra las políticas del gobierno libertario. “El 71,9% de esos hogares recurre a alguna forma de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal.”

Después de la acción del jueves, la UTEP continuarán su plan de movilizaciones con una concentración cuando delibere el Consejo del Salario Mínimo —aún sin fecha confirmada—, una participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria el 2 de septiembre y acciones de acompañamiento a la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre próximo, ocasión en la que UTEP y la CGT convocarán a sumarse a la misa que se oficiará en Luján y buscará una audiencia privada con el sucesor de Jorge Bergoglio, el impulso de la lucha por “las tres T”, tierra, techo y trabajo.

El reencuentro entre Mauricio Macri y Karina Milei volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo político entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de 2027. La legisladora porteña Laura Alonso, referente del espacio macrista, respaldó ese camino y afirmó que el PRO “acompaña el cambio que está llevando adelante la Argentina”, aunque marcó diferencias conceptuales concretas con el gobierno de Javier Milei.

En declaraciones al programa A confesión de parte, conducido por Romina Manguel en Radio Splendid, Alonso fue enfática en que el diálogo entre ambas fuerzas no implica una fusión ni una subordinación del PRO al espacio libertario. “Nosotros estamos trabajando todo este año para fortalecer nuestro partido”, dijo, y recordó que Macri inició en marzo una serie de giras bajo el nombre “El próximo paso”, con el objetivo de proyectar al PRO como fuerza autónoma con agenda propia.

La legisladora trazó una distinción que considera central entre las dos fuerzas: mientras Milei responde a la escuela austríaca de economía con una visión marcadamente antiestatal, el PRO se define como un partido de gestión, planificación e instituciones. “Ninguna sociedad funciona sin Estado, porque básicamente el Estado es la construcción colectiva”, sostuvo Alonso, y añadió que el partido amarillo cree en el rol del Estado en educación, salud e infraestructura, a diferencia del libertarismo, que lo considera prescindible en esas áreas.

En esa línea, comparó los perfiles de ambos líderes: Milei como economista de formación teórica e ideológica, y Macri como ingeniero con “una mirada de la construcción, de la planificación, del cemento, de las bases”. Esa diferencia de origen, sostuvo, define modos distintos de entender la transformación del Estado: el PRO apunta a reformarlo y hacerlo eficiente; el libertarismo, a reducirlo.

El punto de encuentro entre ambas fuerzas, según Alonso, es el rechazo al populismo y el sostenimiento del equilibrio fiscal. “El cambio es salir del populismo. El cambio es decir que vamos a respetar el equilibrio fiscal como respetamos a la Constitución Nacional”, afirmó. Desde esa base compartida, el PRO se posiciona como aliado del gobierno nacional, pero con capacidad de levantar, en sus palabras, “una tarjeta amarilla” cuando considera que algo no funciona bien.

Esa tensión entre apoyo y diferenciación quedó expuesta en el debate sobre el costo social del ajuste. Alonso reconoció que millones de familias se endeudaron para pagar comida y medicamentos, y que el impacto cotidiano del programa económico es real. Frente a las declaraciones de Milei, quien calificó el endeudamiento de los particulares como “un problema entre privados”, la legisladora optó por otro enfoque: “Hay dosis de la medicación”, señaló, al reclamar que el gobierno modere el ritmo del ajuste sin abandonar el rumbo. Como ejemplo de política concreta, mencionó una ley aprobada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que habilita al Banco Ciudad a refinanciar deudas con tarjetas de crédito para familias en dificultades.

La dirigente también salió al cruce de quienes cuestionan la viabilidad del PRO como segunda marca frente a LLA. “¿Para qué voy a comprar PRO si tengo a La Libertad Avanza, que está en el gobierno?”, planteó como pregunta de la ciudadanía, para responderla con la gestión de la Ciudad como argumento: “La ciudad, con equilibrio fiscal, no dejó de prestar ningún servicio ni dejó de hacer ninguna obra”.

Respecto al escenario opositor, Alonso fue taxativa. La reunión que juntó a Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa la llamó “el tren fantasma” y los señaló como exponentes del populismo inflacionario y la corrupción. Recordó el desempeño de Kicillof como ministro de Economía de Cristina Kirchner y el de Massa al frente del Palacio de Hacienda, cuando la inflación mensual rozó el 40%. Ese escenario, dijo, refuerza la necesidad de consolidar “el polo no populista antikircherista”.

Sobre el federalismo y la gestión bonaerense, Alonso reclamó avanzar en la autonomía de los municipios de la provincia de Buenos Aires y criticó la concentración de decisiones en La Plata. “La Plata como nudo político no sirve para nada”, afirmó, y elogió a intendentes como Soledad Martínez en Vicente López y Ramón Lanús en San Isidro, quienes, según dijo, se hacen cargo de funciones que el gobierno provincial abandona. Cerró con un llamado a una reforma impositiva coordinada entre los tres niveles del Estado, para evitar que la baja de cargas en un nivel sea compensada por suba en otro: “Cuando baja esto, nadie se tiene que hacer el vivo en alguna provincia de por ahí que lo sube”, advirtió.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, afirmó que no hubo modificación en la postura de Washington respecto a las islas Malvinas y aseguró que la Casa Blanca continúa siendo neutral. Además, se comprometió a impulsar el regreso de la Argentina al programa de exención de visas, un trámite que, según dijo, no estará resuelto en tres, seis ni 12 meses porque exige cumplir alrededor de 15 criterios técnicos y de seguridad.

En una entrevista con TN, el diplomático cerró la puerta, al menos por ahora, a una redefinición del vínculo bilateral en torno al reclamo argentino por las islas. “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, dijo cuando fue consultado por versiones sobre un supuesto giro de la administración de Donald Trump.

Respecto del visado que necesitan los ciudadanos argentinos para ingresar a Estados Unidos, Lamelas ubicó un cambio en ese sentido entre sus prioridades personales y políticas. Afirmó que trabaja con el canciller Pablo Quirno y con el embajador argentino en Washington, Alex Oxenford, para que el país vuelva al Visa Waiver Program antes del fin de su misión diplomática, que en principio sería en 2028, aunque aclaró que el proceso depende de que la Argentina adapte sus sistemas de intercambio de datos sobre personas consideradas terroristas o sospechosas.

Lamelas habló además de cooperación militar, narcotráfico, inversiones y tecnología, y dejó una señal política sobre la disputa con China en sectores sensibles. Planteó que Washington no busca “amenazar a nadie”, pero defendió la idea de “redes de confianza” frente al despliegue de Huawei y sostuvo que la protección de datos es una condición para atraer capitales a la Argentina.

Washington ratificó que no cambiará su postura sobre Malvinas

La definición más sensible para la política exterior argentina fue la que dedicó al Atlántico Sur. Ante la consulta sobre si la administración de Donald Trump podría revisar su postura histórica, Lamelas respondió: “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”.

Luego, al ser consultado por versiones atribuidas a un supuesto memo del Pentágono y a gestiones de dirigentes republicanos, insistió con la misma línea. “Yo no sé eso específicamente, pero sí sé que había un correo electrónico, solamente un email. Hasta ahora, la posición sobre las islas no ha cambiado. Tenemos una posición de neutralidad”, remarcó.

La otra derivación de ese mismo frente fue su respuesta sobre la base naval integral proyectada en Ushuaia. “Nosotros no estamos hablando de esa base en este momento, estamos hablando de otros temas militares en los que estamos cooperando”, dijo.

A partir de allí enumeró la agenda castrense bilateral que sí está en marcha. Recordó la visita del portaaviones USS Nimitz, dijo que Estados Unidos ayudó a conseguir los F-16, los Orion P-3 para control marítimo y los Strykers para equipamiento utilizable en desastres naturales, y anticipó que habrá más ejercicios militares el próximo año. También añadió que la Argentina quiere helicópteros Black Hawk y que Washington verá “en lo que podamos ayudar”.

El embajador prometió trabajar para que la Argentina vuelva al programa de exención de visas

Otro eje de la entrevista fue el eventual ingreso argentino al programa que permite viajar a Estados Unidos sin visa. Lamelas lo presentó como una meta personal. “La visa waiver es algo que yo tengo muy cerca, muy en mi corazón. Quiero ayudar al pueblo argentino a lograr eso”, afirmó.

El embajador recordó que la Argentina ya tuvo ese beneficio y remarcó que Chile lo conserva. Después detalló la principal dificultad actual: “Hay algunos criterios que tienen que lograr para poder entrar al programa”.

Cuando le preguntaron cuán lejos está ese objetivo, bajó la expectativa sobre los tiempos y al mismo tiempo formuló una promesa. “Yo estoy trabajando con Pablo Quirno y Alex Oxenford para lograr alcanzar esos criterios”, dijo, y precisó que uno de los requisitos pasa por contar con sistemas capaces de transmitir “inmediatamente” a Estados Unidos la información sobre personas identificadas como terroristas o sospechosas.

“Hay como 15 criterios que se tienen que lograr y nosotros estamos trabajando para que el gobierno argentino los alcance antes de que yo me vaya como embajador. Es una promesa que voy a hacer hoy: voy a hacer todo lo posible para lograrlo. No será en 3 o 6 meses, porque demora”, sostuvo. Ante la mención de 2028 como horizonte posible, respondió: “Eso intentaremos”.

La cooperación en seguridad seguirá dentro de las leyes argentinas

Consultado por una eventual participación de militares estadounidenses en territorio argentino, Lamelas evitó validar ese escenario y remitió la discusión al marco legal local. “Ustedes tienen leyes aquí en Argentina y hay que respetarlas. Estamos trabajando con el Gobierno y vamos a seguir haciéndolo”, respondió.

Luego definió cuál es, a su juicio, el campo concreto de esa asistencia. “Se puede ayudar con datos, con inteligencia y tenemos que utilizar la ley para arrestar a los narcotraficantes”, agregó.

En ese mismo tramo, el diplomático vinculó la agenda bilateral con la realización en la Argentina de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada junto con la DEA. Dijo que asistirán casi 1.000 personas, entre agentes del FBI, la DEA y funcionarios del Ministerio de Seguridad, y puso ese encuentro como muestra del alineamiento entre ambos países en materia de seguridad.

También mencionó resultados que atribuyó al trabajo argentino de este año: el arresto de 350 narcotraficantes, el secuestro de 10 toneladas de cocaína y 65 toneladas de precursores. Sumó que Estados Unidos está “orgulloso” de que la Argentina haya logrado bajar los homicidios en Rosario y afirmó que él mismo ayudó para que se redujera el nivel de alerta sobre la ciudad.

El cruce por Huawei y China

Respecto de la situación generada por la cooperativa eléctrica CALF de Neuquén, que aseguró haber recibido presiones por un contrato con Huawei. Lamelas confirmó el encuentro con sus directivos, aunque evitó responder de modo directo sobre una eventual cancelación de visas a los directivos de la firma.

“Esta semana la cooperativa de electricidad CALF me visitó aquí en la embajada. Fue una visita muy cordial, diplomática y productiva. A veces es mejor cara a cara con la gente. Fue una buena visita y vamos a ver qué pasa”, dijo.

Después fijó una posición general cuando se lo consultó acerca de si se les retirarían las visas a los miembros de la cooperativa. “El presidente Trump y el secretario (de Estado, Marco) Rubio siempre dicen esto: ‘una visa es un privilegio, no un derecho’. Cada uno cuida su casa. Nosotros estamos cuidando la casa de los Estados Unidos. Pero yo quiero ir para adelante, no vamos a amenazar a nadie, vamos a hablar de lo que podemos hacer juntos”, sostuvo.

Respecto de las empresas chinas, defendió la competencia abierta. “Nosotros nada más queremos un mercado libre para la competencia y las compañías estadounidenses”, señaló primero.

Luego explicitó por qué, a su entender, el proveedor de telecomunicaciones chino representa un problema. “Lo importante de la diferencia entre el equipo chino de Huawei con los otros equipos como Nokia, Ericsson o Cisco es que estos últimos tienen redes de confianza, redes seguras. En cambio, el equipo de Huawei y el gobierno chino pueden ver todos los datos. No es solo el gobierno, es el Partido Comunista Chino”, afirmó.

Lamelas ligó esa crítica con la captación de inversiones. Sostuvo que quiere que las empresas que lleguen al país tengan la seguridad de que sus datos estarán protegidos y mencionó el caso de Chevron, que, según dijo, puede invertir millones de dólares. “Hay empresas como Chevron que vienen para invertir millones de dólares y es más fácil que vengan si se les puede ofrecer redes de confianza. Lo que nosotros queremos es que haya más inversión”, declaró.