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Reforma laboral: el Gobierno apelará los fallos en favor de la caja sindical y la CGT apura la organización de los paros “a la francesa”

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La batalla entre el Gobierno y la CGT se sigue intensificando: la administración libertaria apelará el fallo judicial que suspendió la aplicación de artículos de la reforma laboral que afectan la caja del Sindicato de Camioneros, mientras el martes próximo se reunirá por primera vez la comisión cegetista que organizará los paros “a la francesa” que se realizarían en agosto.

En la central obrera se vivió como un triunfo la sentencia del juez laboral Herman Mendel que ordenó la suspensión inmediata de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 407 que reglamentó esa norma en el convenio colectivo 40/89 del Sindicato de Camioneros.

Los puntos suspendidos por Mendel tienen que ver con la “caja sindical”, es decir, aquellos incluidos en el convenio colectivo firmado por Hugo Moyano que quedaron limitados por la reforma laboral: el seguro de sepelio, el subsidio mensual a favor de la viuda, la extensión de la cobertura de obra social, programas de capacitación profesional, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en las negociaciones colectivas.

Mendel fue titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30 hasta el martes pasado, día en que firmó el fallo que favoreció al gremio de Hugo Moyano, y al día siguiente, 1° de julio, efectivizó su renuncia al cargo, como anticipó Infobae, que había sido aceptada por el Poder Ejecutivo el 22 de mayo último.

En la Casa Rosada volvió a estallar la bronca contra la justicia laboral luego del fallo de Mendel, el mismo magistrado que en marzo pasado frenó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, incluido en la Ley de Modernización Laboral, al hacer lugar a una demanda presentada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que encabeza Julio Piumato.

Pero Mendel no fue el único que en las últimas semanas dejó a salvo de la reforma laboral varios artículos del convenio colectivo de un gremio: el 17 de junio pasado, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 24, Leonardo Gabriel Bloise, hizo lugar a un pedido del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), que lidera Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, y ordenó a las cámaras empresarias del sector que sigan cumpliendo con los aportes sociales y solidarios previstos en el convenio, pese a las restricciones contempladas en la Ley de Modernización Laboral.

El magistrado sostuvo que los pagos a obras sociales y fondos de capacitación “benefician indirectamente a la comunidad de trabajadores” y no pueden suspenderse de forma unilateral por parte de las empresas.

El eje de la disputa es la vigencia de las contribuciones solidarias y los fondos para capacitación fijados en los artículos 64 y 65 del convenio colectivo de trabajo 683/2014: el sindicato denunció que la Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, la Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas y la Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines buscaban dejar de realizar esos aportes alegando que la Ley 27.802 había cambiado las reglas para los convenios vencidos.

Las entidades empresariales, según consta en el expediente, podrían considerar que esas cláusulas “han perdido vigencia como consecuencia del vencimiento del plazo previsto por el CCT 683/2014”, y que sólo subsisten las condiciones individuales de trabajo, como salarios y vacaciones, y el juez Bloise enfatizó que esa interpretación dejaría a los trabajadores sin los recursos para prestaciones sociales, ayuda escolar, becas y otros beneficios colectivos.

Tanto la presentación judicial de Camioneros como la de Empleados del Vidrio sintonizan con la estrategia de la CGT, anunciada la semana pasada, de que cada sindicato impugne en los tribunales las restricciones que prevé la Ley 27.802 sobre la ultraactividad, el principio jurídico que hasta esa norma sostenía la vigencia de un convenio colectivo de trabajo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo.

En la práctica, de esa forma se evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.

La nueva ley, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen cuando vence el convenio colectivo.

Los recientes fallos de la justicia laboral dejan a salvo justamente las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo que afectan la “caja sindical” y que, de manera obligatoria, implican un descuento en los salarios de los trabajadores, sean afiliados o no, que va de manera directa a las arcas de los gremios.

La limitación de las cuotas solidarias es una vieja obsesión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que calificó esos aportes como “peajes sindicales” y por eso defendió la incorporación en la reforma laboral de un artículo (idéntico al del DNU 70) que condicionaba el pago de esos montos al consentimiento explícito de los trabajadores, algo que rechazaba la CGT porque complicaba los fondos destinados al financiamiento de los sindicatos.

Por presión sindical, y para que la reforma laboral pudiera ser sancionada, el ala política del Gobierno (Martín y Lule Menem, más Santiago Caputo, con el apoyo del secretario de Trabajo, Julio Cordero) accedió finalmente a eliminar la obligación del “consentimiento explícito” y propuso dejar intactas las cuotas solidarias, aunque con una vigencia de 2 años y un tope del 2% de los salarios, que se incluyó en la versión aprobada por el Congreso.

Mientras celebra los últimos fallos de la justicia laboral, la CGT avanzará esta semana con la organización del esquema de paros “a la francesa” que fue aprobado para retomar el plan de lucha contra el Gobierno.

Este martes, en la sede de Azopardo 802, tendrá lugar la primera reunión de la comisión creada por la central obrera para definir cómo se desplegarán las medidas de fuerza sectoriales y rotativas en un período extenso, que concluiría con un nuevo paro general, el quinto que se realizará desde el 10 de diciembre de 2023.

La mesa organizativa estará integrada por uno o dos miembros de las confederaciones sindicales (industria, transporte, energía, alimentación y comunicaciones), más dirigentes de la CGT y de las dos CTA.

¿En qué consiste el “modelo francés” de protestas? Está inspirado en el que se aplicó en 2023 contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron: en lugar de detener todo el país durante semanas, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada.

Es decir, una semana se paralizaron los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, complementadas con movilizaciones diarias, hasta llegar a una medida general que abarcó a todos los gremios.

Ese sistema es el que estrenará la CGT para seguir su ofensiva contra el Gobierno y para llevarlo adelante se buscará la opinión de las regionales cegetistas de todo el país y de otros sectores, como el de las pymes, los jubilados y la educación. De allí surgirán los detalles de las medidas y la fecha en que comenzarán, aunque será después del Mundial de Fútbol, que finaliza el 19 de julio, y todo apunta a que el mes clave será agosto.

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El Gobierno encara la última semana legislativa con agenda inconclusa y dudas por el temario de extraordinarias

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El Congreso de la Nación entrará en su última semana de sesiones ordinarias con un temario muy amplio y con una actividad pocas veces vista en el Palacio Legislativo.

Por el lado de Diputados, el temario se complicó luego de que la semana pasada el oficialismo no consiguiera el quórum necesario. Sin la sesión del miércoles pasado, el cronograma de la Cámara baja hace que ya queden, por lo menos, dos proyectos de ley de interés para la Casa Rosada que deberán esperar el decreto de llamado a sesiones extraordinarias para diciembre.

La ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida popularmente como ley Malvinas, es un proyecto que se impulsa desde el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo. En los pasillos del Congreso se lo asocia a quien supo ser uno de los vértices del ya desaparecido triángulo de hierro presidencial. Además, forma parte fundamental de la estrategia gubernamental para intentar frenar el avance petrolero en Malvinas y, en paralelo, restringir el ingreso de capitales chinos en sectores críticos como energía, minería y telecomunicaciones.

La otra norma que también deberá esperar el llamado a extraordinarias es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Aunque se trata de una votación que en principio resultaría “simple” —ya que el proyecto ya pasó por Diputados, fue aprobado por amplia mayoría y volvió con cambios desde el Senado, donde obtuvo dos tercios, lo que facilita la votación en Diputados—, no habría margen suficiente para ingresarlo al recinto esta última semana.

Por último, queda el traspaso de la justicia en lo Criminal y Correccional de Menores de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta ahora los diputados tienen aviso de que la última sesión del período ordinario se realizará el próximo jueves, con la idea de tratar el Presupuesto 2027. Teniendo en cuenta la extensión que suele tener el debate de la ley marco de la administración nacional, es poco probable que se incorpore otro punto al temario.

En el Senado las cosas tampoco están mejor. La semana próxima los legisladores tendrán 48 horas de intensa actividad.

El miércoles a la mañana, a las 10, se citó a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales, con la intención de debatir y, en lo posible, dictaminar la ley de ludopatía que llegó en revisión de Diputados.

Ese debate deberá concluir alrededor de las 14, porque está previsto que a partir de las 15 comience la exposición de Diego Santilli en lo que será su primera presentación del informe de gestión en su rol de jefe de Gabinete.

Para el jueves está prevista otra sesión en la Cámara Alta, en la que ingresará el proyecto de ley de ludopatía y varios otros proyectos con dictamen a los que los senadores acordaron darles sanción —o media sanción— para que no pierdan estado parlamentario.

Pero el debate principal será la reforma de la ley electoral, en la que el oficialismo llega con un único objetivo: suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y poner en marcha Ficha Limpia. En el oficialismo confían en conseguir los votos necesarios, pero, como dijo a Infobae una senadora libertaria, “el diablo está en los detalles”, por lo que trabajarán en la previa para no sufrir ningún tipo de contratiempo.

“Queda una semana de mucha rosca para poder lograr alguno de los objetivos. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es el de suspender las PASO. Veremos cómo se mueven ellos y, a partir de ahí, terminaremos de organizar la estrategia para llegar al recinto con votos de sobra”, agregó.

Quedan cuatro días de sesiones ordinarias. Después, habrá que esperar el decreto del Ejecutivo que llame a sesiones extraordinarias y que establezca el temario que la Casa Rosada buscará tener aprobado para el 30 de diciembre.

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A una semana del fallo del Tribunal del Mar, Quirno volvió a reclamar que se frene el proyecto Sea Lion en Malvinas

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A una semana de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) dé a conocer su resolución sobre el reclamo contra el Reino Unido, el canciller Pablo Quirno reiteró el reclamo contra las empresas extranjeras que encabezan el proyecto Sea Lion, que busca explotar el petróleo de las Islas Malvinas.

“Estamos hoy ante una intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, sostuvo el canciller. Por esto, explicó que la Argentina decidió llevar el planteo ante el tribunal internacional con sede en la ciudad de Hamburgo, en Alemania.

La presentación no solo se trató de un pedido de intercesión, ya que las autoridades argentinas solicitaron una medida previa para que se detenga el avance del proyecto petrolero. “Nosotros hemos pedido que paren esta explotación antes de que se haga el arbitraje”, apuntó.

De esta manera, el canciller precisó que esperaba una decisión para el próximo sábado 28 de noviembre, fecha en la que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene previsto comunicar su orden sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.

Además del cese de la explotación petrolera, la Argentina también pidió que el Reino Unido se abstenga de otorgar permisos en el área, que preserve la información obtenida durante la exploración y que proteja el medio marino. La solicitud fundamentó que la extracción de crudo puede generar un perjuicio irreversible al considerarse que se trata de un territorio que se mantiene en disputa por su soberanía.

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Semana clave: Karina Milei volvió a convocar a la Mesa Política y se definen los proyectos que va a priorizar la Casa Rosada

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Karina Milei volvió a convocar a la Mesa Política del Gobierno para el martes 24 de noviembre a las 13 en la Casa Rosada, con el objetivo de cerrar la estrategia política en términos legislativos antes de que el período ordinario del Congreso venza y se defina el llamado a sesiones extraordinarias en los próximos días. Será la segunda reunión en siete días, tras casi un mes sin encuentros.

La cumbre deberá definir el quórum para tratar el Presupuesto 2027 en Diputados, los votos para suspender las PASO en el Senado y las negociaciones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá con los gobernadores mientras presenta su primer informe de gestión ante la Cámara alta.

La reunión volverá a realizarse en el horario habitual de las 13, luego de que el encuentro del martes 17 se adelantara a las 11. Aquella cita duró una hora y media y fue la primera desde principios de mes.

Además de Karina y Santilli, en la mesa participan el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

El cierre legislativo antes del 30 de noviembre

Santilli debutará el miércoles 25, desde las 15, en el Senado con su primer informe como jefe de Gabinete. La oposición ya envió más de 1.600 preguntas y el oficialismo prevé que la sesión pueda extenderse durante más de seis horas.

En Diputados, La Libertad Avanza busca llevar al recinto el Presupuesto 2027, que obtuvo dictamen de mayoría el martes 17. La sesión está prevista para el miércoles 25, aunque en el Congreso evalúan postergarla hasta el jueves 26 porque se va a insistir en el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La aprobación definitiva de esa iniciativa quedaría para diciembre, durante las sesiones extraordinarias. Antes de esa discusión, Martín Menem deberá resolver la designación de la cuarta representante de la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura.

Provincias Unidas promueve al diputado Juan Brügge, mientras que el PRO impulsa a Florencia de Sensi. La falta de consenso impidió reunir quórum el miércoles 18 y frustró una sesión que debía abordar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El principal debate de la semana llegará el jueves 26 en el Senado, con el proyecto que suspende las PASO para 2027. El oficialismo sostiene que cuenta con 40 votos, aunque todavía no consiguió cerrar el dictamen.

Los dos senadores de Provincias Unidas y tres representantes radicales firmaron en disidencia. Para acercar posiciones, la versión negociada retiró las listas colectoras, que habían generado resistencia entre los aliados.

Ese mismo día existe una moción de preferencia para tratar el proyecto de prevención de la ludopatía. La Cámara alta viene de aprobar por unanimidad el régimen permanente de discapacidad, además de sancionar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada por 42 votos contra 26, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes por 47 a 22 y la Ley Joaquín.

Los votos para las PASO y las tensiones internas

La última reunión política estuvo centrada en el recuento de respaldos para la reforma electoral. El oficialismo reconoció entonces que aún no reunía los votos necesarios en el Senado y no logró avanzar con el dictamen.

El comunicado oficial indicó que continuarían las conversaciones sobre la iniciativa y que se recibirían propuestas y modificaciones de los distintos bloques. En paralelo, el PRO anunció que acompañará la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de parlamentarios del Mercosur, aunque condicionó ese respaldo al avance de Ficha Limpia.

Patricia Bullrich confirmó que votará la suspensión de las primarias. La mesa del 17 también definió enviar al Congreso el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.

La cita previa se había realizado después de una pausa de casi un mes. Karina Milei suspendió el encuentro previsto para el 3 de noviembre tras la ausencia de Bullrich en una reunión de Gabinete, mientras que la visita del papa León XIV dejó sin actividad la agenda de la semana siguiente.

La imagen de unidad de la última cumbre no eliminó las diferencias entre sectores del Gobierno, aunque creen que los diversos acuerdos legislativos logrados esta última semana ayudaron a limar algunas asperezas. “Creo que el Gobierno venía en un letargo hasta la llegada del Papa con temas que no avanzaban. Creo que después, no sin algunos contratiempos, salimos adelante”, afirma uno de los miembros de la Mesa en diálogo con Infobae.

En el Ejecutivo descartan una ruptura. Bullrich sigue siendo una figura necesaria para reunir apoyos en la Cámara alta, donde el Gobierno necesita cada voto para aprobar la suspensión de las PASO.

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