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Movilizaciones, marcha federal y piquetes: el plan de lucha de los movimientos sociales contra el Gobierno

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Los movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de izquierda, enrolados en Territorios en Lucha y gremios combativos, se preparan para enfrentar al gobierno de Javier Milei, con un plan de lucha que incluye marchas y piquetes, y que concluirá con una Marcha Federal y un supuesto paro general que hasta ahora la CGT no confirmó ni anunció.

Los principales reclamos están concentrados en tres puntos: el Salario Social Complementario, el cierre del programa Volver al Trabajo y la “parálisis total de las obras de integración socio urbana en todo el país”.

Las reuniones entre los principales dirigentes de los movimientos sociales se multiplicaron en los últimos días. ¿El catalizador? La decisión de la Cámara Federal de San Martín de revocar la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a mantener el programa “Volver al Trabajo”, sucesor del Potenciar Trabajo, lo que habilita el cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto.

La resolución, dictada por los jueces Juan Pablo SalasMarcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país a partir de agosto. El fallo incluye un segundo aspecto criticado por la dirigencia opositora: le permite al Gobierno nacional avanzar con el reemplazo del programa “Volver al Trabajo” por un sistema de vouchers de capacitación laboral, ya anunciado por la funcionaria de Javier Milei.

Sobre las posibles consecuencias de la eliminación del programa social que reemplazó al Potenciar Trabajo, Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, expresó a este medio: “Esto lo único que va a generar es la profundización de la crisis social en los territorios. La plata que el gobierno quiere sacarle a los trabajadores más humildes es plata que dejará de circular en las economías locales y eso va a golpear de lleno a todo el circuito económico local: verdulerías, almacenes de barrio, kioscos, todos esos comercios van a desaparecer con este ajuste brutal. Los gobernadores que acompañan al Gobierno nacional deberían estar muy preocupados porque esto lo único que va a generar es que la crisis les va a estallar en la cara, porque esa plata que dejará de circular en las provincias golpea de lleno a las economías regionales”.

Uno de los referentes que impulsa las medidas de fuerza contra las políticas de la Casa Rosada es Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP. En diálogo con Infobae, explicó: “Desde la UTEP hemos definido construir este plan de lucha junto a la CGT y las dos CTA con el objetivo de darle continuidad a la pelea contra este modelo económico que va generando un genocidio social en goteo”.

Gramajo explicó: “En este contexto de bronca social creciente, definimos este plan de acción conjunto, poniendo el eje en los problemas profundos de nuestro pueblo. Dentro de estas jornadas, vamos a movilizarnos al Ministerio de Economía para visibilizar la realidad de las familias endeudadas en el sistema formal”.

De esta manera, el militante social agregó: “Casi siete millones de argentinos han quedado excluidos del sistema de crédito formal debido a un aumento histórico en la morosidad, que alcanzó el 12,7%. Pero hay una realidad que no muestran estos datos: en el sistema informal muchos casos están vinculados a préstamos ligados al narco, el juego y las billeteras virtuales”.

El 22 de julio vamos a acompañar a los jubilados, que son un ejemplo de lucha. Además, el 7 de agosto vamos a impulsar una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Convocaremos a todos los sectores afectados por la crisis, desde empresarios pymes y sectores universitarios hasta organizaciones comunitarias y agrupaciones estudiantiles”, anticipó.

Para la Marcha de San Cayetano, la UTEP no estará sola. Este año, los líderes de la CGT decidieron participar orgánicamente, al igual que las dos CTA. Según los organizadores, la idea es que este año, a 10 años de la primera gran marcha, “se relance la resistencia contra las políticas de ajuste de este Gobierno”.

La peregrinación, en celebración del día del patrono del trabajo, partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, tal como sucede desde la primera marcha histórica de “Los Cayetanos”, que tuvo lugar el 7 de agosto de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. En esa oportunidad, se movilizaron casi medio millón de personas.

A esas acciones se suman otras iniciativas:

  • El 3 o 4 de agosto -resta definir el día- se realizará la Marcha Educativa. Desde la UTEP, explicaron que “esta es una acción de los gremios docentes, que están resolviendo convocar a un paro para la vuelta a clases”. Y recordaron: “En cada provincia la realidad es distinta. Probablemente haya un acto en la Plaza de Mayo”.
  • En la primera quincena de agosto se realizará una movilización al Consejo del Salario. En ese marco, la organización de la economía popular reclamará “el aumento del Salario Social Complementario y el reenganche con el salario mínimo”.
  • Por el mencionado “endeudamiento familiar”, los movimientos sociales marcharán, en las dos primeras semanas de agosto -la fecha aún no se fijó- al Ministerio de Economía. Antes, desarrollarán una campaña previa de “agitación con volanteadas en estaciones de tren y lugares de concentración de gente”.
  • El 2 de septiembre, Día de la Industria, los dirigentes sociales realizarán un encuentro “entre trabajadores y empresarios en conflicto con el gobierno de Javier Milei”.
  • También está previsto realizar acciones solidarias en la “Semana Social de la Iglesia”. Este hecho se enlazará en octubre con la prevista “Marcha Federal” y un paro general, instancia que la CGT aún no anunció oficialmente.

Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, opinó al ser consultada por Infobae: “El Gobierno sigue avanzando alevosamente, pisoteando la vida de jubilados, personas con discapacidad, estudiantes, trabajadores”. Además, consideró: “El modelo político de La Libertad Avanza muestra su cara más cruda. Mientras los funcionarios se enriquecen, Milei celebra un equilibrio fiscal ficticio y una inflación apaciguada por el derrumbe del consumo de las mayorías y las importaciones indiscriminadas”.

Los militantes sociales también se preparan para una posible visita del papa León XIV, un hecho que el Vaticano tampoco confirmó. De todos modos, los dirigentes lo viven como “una instancia de movilización y donde entendemos que su mirada va a confrontar con el cuerpo de valores que defiende el gobierno de Javier Milei”.

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Propiedad privada: se vuelve a tensionar la ley en el Senado, pero el Gobierno confía en que la aprobará mañana

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La ley de propiedad privada, que el oficialismo confía aprobar mañana en el Senado -quorum y números ajustados, hasta anoche- se convirtió desde hace largas semanas en un embrollo difícil de resolver y sumó un nuevo ruido en las últimas horas, con legisladores dialoguistas que dudan sobre el aval o no del “silencio administrativo” incluido en el capítulo de venta de tierras a extranjeros.

Este tema se encuentra detallado en el artículo 10 de la norma 19.549 de procedimiento administrativo. Allí, se expresa: “El silencio o la ambiguedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración”.

Ahora, vayamos a la iniciativa que intenta destrabar -a los ponchazos- la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. En el ya delirante borrador 13 post dictamen se enuncia que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y que “los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.

Seguido a ello aparece lo más jugoso. “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”, se plantea.

En tanto, sobre el final, se manifiesta: “La autorización prevista en el inciso b) se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho. Este régimen de silencio administrativo comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días corridos a la entrada en vigencia de la presente ley.

Misma situación se repite en la “la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros“, que se regirá por las disposiciones, excepciones y procedimientos establecidos en el Decreto-Ley N° 15.385/44, modificado por la Ley N° 23.554 y sus normas complementarias”, y la cual “deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa”. En un momento se pensó en incorporar un guiño del Congreso, ahora descartado.

Mientras se definen detalles y La Libertad Avanza peina la cantidad de soldados dispuestos a ayudar mañana, en la Cámara alta cayó pésimo el mensaje que partió desde un sector minoritario del oficialismo -aunque de peso- para desdramatizar el reboleo de borradores antes de una sesión. Modificar un dictamen en el recinto no sólo abre ventanas para que ingrese el diablo -sobre todo, si el número estuviese apretado-, sino que implica un eterno ida y vuelta con asesores de los senadores que estudiaron el tema, intercambiaron ideas y llevaron a sus jefes a firmar un despacho de mayoría ya muy manoseado. Casi como despreciar una labor trascendental -de muchos agentes- en el Congreso. Penoso.

De cara al jueves existe una urgencia de la Casa Rosada por el pliego judicial -para que continúe en vigencia- del camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar-, más la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que aliados ya se la desplumaron a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.

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Cautela y preocupación en el Gobierno por la lenta negociación para suspender las PASO

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La suspensión o eliminación de la PASO se transformó en una obsesión para Karina Milei, que está convencida de que las primarias podrían transformarse en el principal obstáculo para la reelección de Javier Milei. Sin embargo, en la más reciente “mesa política”, ayer, a diferencia de los encuentros de los últimos meses, el tema ni siquiera se conversó, o al menos eso es lo que dejaron trascender en la Casa Rosada.

“No fue por nada en especial, no surgió. Ya se había hablado la semana pasada”, dijo un funcionario nacional.

Desde el poroteo de hace siete días al de ayer hubo un sinfín de conversaciones y reuniones políticas vinculadas con el tema. Y el eje PASO estaba prácticamente fijo en el temario de la mesa política desde la era Adorni. Pero ayer, en el segundo encuentro sub-liderado por Diego Santilli junto a Karina Milei, ni siquiera se mencionó. Y si bien en el oficialismo no se muestran preocupados, sí se muestran cautos.

Esperan llevar la reforma política al recinto en agosto, después del Mundial. Y los más optimistas se basan en las declaraciones on the récord de los referentes de las provincias brindando distintos grados de apoyo. Citan, primero, al aliado catamarqueño del PJ, Raúl Jalil, como uno de los que se mostraron a favor del proyecto con mayor ímpetu.

Jalil fue el más explícito al calificarlas de “una encuesta muy cara” que “no fortalece a los partidos políticos”, aunque marcó distancia del esquema de colectoras. En la misma línea se ubicaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que remarcó el ahorro fiscal que implicaría; y Claudio Poggi (San Luis), que ratificó su respaldo tras una reunión con Diego Santilli. Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), que ya anticiparon su acompañamiento. A ellos se suman Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Marcelo Orrego (San Juan), favorables a la reforma tal como la plantea Casa Rosada, y Martín Llaryora (Córdoba), que no objeta el cambio porque el peronismo local siempre rechazó ese sistema.

Pero en el oficialismo admiten que aún no alcanza. “Le falta al tema, le falta…”, dijeron en el Gobierno. Por ahora no están los números, reconocen, a pesar de las fotos con los gobernadores en Tucumán por el 9 de Julio y la importante asistencia de los mandatarios “amigables” con el poder central a la jura de Santilli como jefe de Gabinete.

Por lo pronto, aseguran que no se rinden. Puertas afuera, Santilli seguirá con la convocatoria a gobernadores. Anteayer recibió a Claudio Poggi de San Luis. Ayer, a Claudio Vidal, de Santa Cruz. Y el viernes será el turno del pampeano Sergio Ziliotto, ferviente opositor a quien, de todos modos, no creen que podrán convencer.

Después de cada encuentro, en Balcarce 50 deslizan que hubo manifestaciones de apoyo. Pero después, en el Congreso, las buenas señales de los mandatarios no se traducen siquiera en promesas.

A priori, reina la prudencia: “Nadie promete nada. El espíritu es que hay que trabajar mucho”, dijo un importante armador legislativo de La Libertad Avanza. En el bloque confesaron: “Es difícil ir narrando una negociación a varias bandas. No es fácil medir el grado de avance”, en referencia a la cantidad cada vez mayor de de referentes, gobernadores y operadores con los que hablan los delegados del Gobierno. Principalmente, Santilli y los Menem, que introdujeron el tema de las colectoras hace dos semanas con la esperanza de que sirviera para sumar adhesiones.

Hoy ese capítulo es un misterio, y en las provincias siguen analizándolo. Está en marcha como posibilidad en el oficialismo, que deja todas las puertas abiertas con tal de que se suspendan las Primarias y Milei pueda evitar que una gran encuesta negativa dos meses antes de la elección general condicione sus posibilidades de reelegir.

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El Gobierno busca potenciar la actividad legislativa: el semáforo de las reformas prioritarias para Milei

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“No podemos tener el Congreso paralizado por el tema”, se quejó semanas atrás un funcionario ante Infobae. El jefe de Gabinete seguía siendo Manuel Adorni y la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito complejizaba los planes del Gobierno. Tras su carta de renuncia, la administración libertaria parece haber retomado la iniciativa legislativa y advierte que la segunda etapa del año estará marcada por la actividad en el Congreso de la Nación.

Fue el propio Poder Ejecutivo el que fijó las claves y estableció que la hoja de ruta estará compuesta por la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. A la tríada, se suma además la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la que trabajan el Presidente junto a Santiago Bausili y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

“La idea es intensificar la agenda legislativa para lo que resta del año”, afirmó un integrante del reducido círculo ante este medio.

Una muestra de esa decisión fueron las dos reuniones con diputados y senadores que convocó el presidente Javier Milei en las últimas dos semanas. En sintonía, la mesa política comenzó a reunirse semanalmente, una nueva dinámica establecida tras el reacomodamiento del Gabinete.

Para la tarea, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acomodó las piezas y conformó un nuevo equipo con el que buscará impulsar la sanción de la mayor cantidad de proyectos enviados y de dar curso al “año más reformista de la historia” como anunció Milei en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.

Hasta ahora, el único proyecto que tiene fecha es el de Propiedad Privada, que podría tratarse el próximo jueves en la Cámara de Senadores si el oficialismo logra el quórum necesario para dar por iniciado el debate. También es el que genera mayor expectativa en las filas libertarias.

“No nos sobran los votos pero creemos que la sacamos el jueves”, planteó un integrante de la mesa política ante este medio. “Patricia (Bullrich) está semi confiada”, completó otro.

En segundo término, también se muestran expectantes ante las modificaciones que la administración libertaria aspira a implementar en la Ley de Inocencia Fiscal“No veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo“Debería ser la más fácil de aprobar”, coincidió un legislador ante este medio.

Lo cierto es que el Gobierno debió postergar dos veces su tratamiento en el Senado por diversos motivos. Primero, en el marco de la sesión en la que se trató el pliego de María Verónica Michelli. La segunda, a raíz de los intentos de la senadora Patricia Bullrich por desarticular el tratamiento por la interpelación a Adorni que buscaba la oposición.

La situación es distinta respecto de los otros dos proyectos en carpeta y en el oficialismo lo saben. “Zonas Frías y Reforma Electoral es más complejo”, alertó un diputado libertario. Con algunos metros de distancia, en uno de los despachos de Balcarce 50, coincidieron en el planteo. “Zonas Frías está fría y la Reforma Electoral se está masajeando”, graficó un funcionario para revelar el estado de situación legislativa.

Una importante voz con acceso al despacho presidencial sostuvo que la reforma electoral solo se aprobará si La Libertad Avanza habilita la posibilidad de trazar un “acuerdo global” con los gobernadores que involucre además conversaciones de tinte electoral. Una alternativa de ese tipo se baraja en el campamento libertario que se muestra permeable a encadenar las necesidades.

“Los dos temas están para salir. Estamos en un buen momento del gobierno y en una buena relación con los aliados. Todos entienden la racionalidad en la modificación de zonas frías y del apoyo que hay en la reforma política, particularmente la eliminación del espacio, pero bueno, hay que terminar de generar las alianzas para que salgan los proyectos”, planteó un legislador ante este medio.

En paralelo, el diseño de las modificaciones del sistema electoral, incluso la propuesta de “colectoras” como alternativa, abre debate en torno al apoyo de los aliados. El PRO parece haber advertido que no tiene planes de acompañar la eliminación o suspensión de las primarias, lo que generó el malestar en los alfiles libertarios que detectan una movida del titular de la fuerza, Mauricio Macri, para sumar poder en las potenciales conversaciones electorales.

“No tienen nada. Cuando Macri andaba con la lengua afuera, hablaba de la necesidad de eliminar las PASO. Ahora parece que se olvidó”, sostuvo un funcionario con visible malestar. El libertario hace referencia a las expresiones del exmandatario en 2017, en el marco de las elecciones legislativas, cuando en declaraciones al Canal 9 de Salta rechazó el mecanismo. “No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, no me gusta que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad”, sostuvo en aquel entonces.

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