El oficialismo sufrió un anticipado revés este jueves en el Senado de la Nación cuando se vio obligado a posponer el tratamiento de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada por falta de apoyo de los bloques aliados. El debate se retomará el próximo 6 de agosto, por lo que la agenda parlamentaria tanto en la Cámara alta como en Diputados quedará reducida al mínimo hasta después de las vacaciones de invierno.
En la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, al oficialismo ya no le quedan proyectos importantes a la espera de ser tratados. En los últimos dos meses logró darle media sanción la reforma del régimen de Zonas Frías; el Super RIGI, que busca fomentar inversiones en las “industrias del futuro” y la Ley Hojarasca; también consiguió la sanción definitiva del pago a un grupo de holdouts (fondos buitres).
Por lo tanto, los diputados libertarios esperaban que lleguen del Senado proyectos como el de inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego, la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros y modificaciones a la ley de expropiaciones; la reforma política, cuyo punto principal es la eliminación de las elecciones primarias (PASO); la modificación de la ley de etiquetado frontal; y la anunciada nueva Ley General de Sociedades, que generó debate a nivel internacional por las denominadas “sociedades automatizadas”.
La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, reconoció que tuvo que llamar a un cuarto intermedio por falta de acuerdo con los bloques aliados, especialmente en torno a la extranjerización de tierras. Por otro lado, no hay fechas definidas para llevar al recinto el resto de los proyectos, todos quedarán para después de las vacaciones de invierno. Algunos de ellos, como la eliminación de las PASO, también enfrenta rechazo de algunos gobernadores y fuerzas aliadas como el PRO y la UCR.
En un intento de retomar la iniciativa parlamentaria, el propio presidente Milei anunció la semana pasada que enviaría al Congreso una batería de proyectos que apuntan a garantizar la estabilidad financiera y presupuestaria.
Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, el próximo lunes podría llegar a Diputados la reforma de la Ley de Innocencia Fiscal y el trabajo en comisión seguramente comenzará recién la semana siguiente.
Con esta nueva versión de la norma, el Gobierno busca ampliar el universo de personas que puedan adherir al régimen. Tal como adelantó Milei, la idea es “volverla universal y más previsible”. Según trascendió, se eliminarán los topes de ingresos y de patrimonio de la ley vigente para que más contribuyentes puedan formalizar ahorros no declarados.
“Lo que estamos enviando ahora es una versión mejorada. La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque ese ahorro que está debajo de los colchones representa una pérdida de poder de compra para la gente, y al mismo tiempo el país no se beneficia de esos fondos. Ese ahorro debería estar capitalizándose o transformándose en inversión. Los bancos y las ALyCs podrían destinar esos fondos a financiar proyectos de infraestructura y pymes. Es una masa crítica muy importante, porque los números oficiales que maneja el Banco Central indican que hay USD 170.000 millones debajo de los colchones”, había explicado el ministro de Economía, Luis Caputo.
Por otro lado, Milei también adelantó que pretende reformar la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia. El punto más relevante en términos económicos es la “prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto” del Banco Central hacia el Tesoro. Los adelantos transitorios, que suelen volverse permanentes, son la herramienta crucial utilizada históricamente para que el Banco Central cubra con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.
La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. El Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.
Finalmente, Milei explicó que trabajan en un mecanismo de “shutdown”, al estilo norteamericano. Es decir, una herramienta para limitar la capacidad del Estado de gastar por encima de lo presupuestado. “Estamos trabajando también en el armado del ‘shutdown’ del Ejecutivo. Cuando te agotas el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, dijo Milei.
En Estados Unidos, durante un shutdown los organismos públicos deben suspender aquellas actividades que no son consideradas esenciales. Esto puede implicar el cierre temporal de oficinas, la interrupción de programas gubernamentales, la postergación de trámites administrativos y la licencia obligatoria de una parte de los empleados públicos. En contraposición, los servicios calificados como críticos —entre ellos la seguridad, la justicia y la atención de emergencias— continúan operando, ya que se consideran indispensables para el funcionamiento básico del Estado.
Según reconocieron fuentes de LLA, tanto la reforma del BCRA como el proyecto de Shutdown quedarán para agosto, luego del receso invernal.
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