Martín Lousteau cuestionó el programa de ciudadanía por inversión anunciado por el Gobierno y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la política migratoria, los derechos políticos y la compra de tierras rurales. En Infobae a la Tarde, el diputado nacional sostuvo que la nacionalidad no puede convertirse en una transacción económica y alertó sobre los riesgos que la iniciativa podría generar para el pasaporte argentino.
“Están vendiendo el pasaporte, es decir, la ciudadanía argentina por 350 mil dólares”, afirmó el dirigente. El programa contempla dos alternativas: un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de USD 800.000.
Para Lousteau, el problema de fondo es que la capacidad económica se convierta en una vía para acceder a la nacionalidad. “La nación es el lugar donde la solidaridad surge por espontaneidad”, sostuvo al cuestionar que un vínculo jurídico y político con el país pueda establecerse mediante una contribución económica.
El esquema también contempla aportes adicionales para los familiares del solicitante: USD 100.000 para el cónyuge y para cada hijo de entre 18 y 25 años que cumpla las condiciones previstas, y USD 25.000 por cada hijo menor de edad. Así, una familia integrada por dos adultos y dos hijos menores podría solicitar la ciudadanía por un total de USD 500.000.
Lousteau vinculó el programa con el DNU 366/2025, que modificó la Ley de Ciudadanía e incorporó una vía de naturalización para extranjeros que acrediten una inversión relevante, sin exigir un plazo mínimo de residencia en el país.
El diputado cuestionó el contraste con la vía ordinaria, que exige dos años de residencia legal y continua. “Viene un uruguayo a vivir acá, se va a visitar un fin de semana a la abuela y el cronómetro arranca de cero otra vez”, afirmó, en referencia a la exigencia de no salir del territorio argentino durante ese período.
También objetó que el dinero permita acceder a una alternativa que no está disponible para quienes deben cumplir los requisitos de residencia. “De golpe ahora tener plata es más importante que, por ejemplo, servir en las Fuerzas Armadas de tu país”, sostuvo.
Otro de sus cuestionamientos apunta al traslado de la competencia para otorgar la ciudadanía de los juzgados federales a la Dirección Nacional de Migraciones. Lousteau consideró que el cambio presenta objeciones constitucionales porque, a su entender, el Poder Ejecutivo no puede modificar mediante un decreto de necesidad y urgencia una materia vinculada con los derechos políticos. Por eso, reclamó que el Congreso rechace la norma.
El DNU también enfrenta cuestionamientos judiciales. En junio de 2026, la Cámara Nacional Electoral declaró su nulidad en una causa vinculada con la competencia para otorgar la ciudadanía. El Gobierno anunció que recurriría el fallo, mientras que el programa de ciudadanía por inversión fue presentado en octubre con la previsión de comenzar a recibir solicitudes durante el último trimestre del año.
Lousteau advirtió que los programas de ciudadanía por inversión pueden afectar las facilidades de viaje de los países que los implementan si otros Estados cuestionan sus controles de naturalización. Como antecedentes, mencionó las restricciones aplicadas a ciudadanos de Vanuatu y de países del Caribe, además del caso de Malta, cuyo programa fue cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El diputado alertó que una eventual revisión de las exenciones de visa podría perjudicar una de las ventajas del pasaporte argentino: la posibilidad de ingresar sin visa a numerosos destinos. Por eso, sostuvo que las consecuencias de la iniciativa podrían exceder la política migratoria nacional.
Durante la columna también cuestionó la participación de Henley & Partners, una firma internacional especializada en programas de residencia y ciudadanía por inversión que promociona la propuesta argentina. Lousteau planteó interrogantes sobre los controles aplicados a los solicitantes y mencionó controversias vinculadas con otros programas internacionales, aunque aclaró que no conocía denuncias por una posible relación irregular entre el asesoramiento al Gobierno y la promoción comercial de la iniciativa.
El último eje de la crítica de Lousteau fue la relación entre el acceso a la ciudadanía por inversión y las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El diputado advirtió que obtener la nacionalidad argentina podría modificar la situación jurídica de un inversor frente a determinados límites establecidos para quienes no tienen esa condición.
“Si vos vas a hacer una inversión grande comprando tierras en Argentina y el costo adicional de poder zafar de esas legislaciones, listo, comprá un pasaporte”, afirmó.
Para Lousteau, el mecanismo podría convertirse en una vía para eludir restricciones sobre la propiedad rural. Su planteo es que el programa debe analizarse no solo por el capital que busca atraer, sino también por sus posibles efectos sobre las reglas que regulan la ciudadanía y la adquisición de tierras en el país. Por eso, reclamó que el Congreso rechace el DNU.
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