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Milei relega la empatía e insiste con su modelo: crece el riesgo de profundizar en una agenda antipopular

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El proyecto oficial tocó la fibra del patriotismo que encendió con el Mundial y la causa Malvinas. Y permeó esa membrana que separa a la clase política del resto de los argentinos. Hubo banderas en defensa de la soberanía en las canchas de fútbol y pancartas dedicadas a los senadores tildándolos de vendepatria. Tini Stoessel, Lali Esposito y hasta Lisandro “Licha” Martínez, el defensor de la Selección, compartieron videos en contra del proyecto en sus redes sociales. Pese a los intentos por reenmarcar la discusión, la Casa Rosada perdió completamente las riendas de la conversación. En las redes se instaló que Milei quería actuar en contra del interés nacional.

Más de un funcionario de alto rango se agarraba la cabeza en las últimas horas preguntando por qué el Gobierno se metió en este baile innecesario. Por qué hubo que dedicar tanto capital político y tiempo para defender una ley impopular. En la intimidad, un asesor de la Casa Rosada lo llamó “la agenda de la estratosfera”.

“Nadie le puso el cascabel al gato. Es un proyecto que no es prioritario. No dimos la discusión a tiempo. Y además no le cambiaba la vida a la gente”, resumió a Infobae ese colaborador. En la reunión de mesa política del martes hubo un reconocimiento de que el proyecto estuvo “mal presentado” porque creció demasiado el debate sobre la extranjerización de la tierra. Pero, en lugar de recular a tiempo, se optó por defender la iniciativa.

De ahí el intento de Patricia Bullrich por explicar el proyecto mediante una conferencia de prensa en el Senado, mientras trataba de asegurar los votos. La presentación de la titular del bloque de LLA no fue emitida por el sistema de transmisión de la Cámara alta y tuvo escaso rebote en los canales de noticias. “Terminamos explicando que no buscábamos regalar el país”, reconoció un colaborador oficial.

Los votos de los aliados se escurrieron en cascada durante el mediodía de ayer. Como un manotazo de ahogado, el Gobierno finalmente retiró el capítulo de tierras del texto.

A esta altura del partido, la prioridad dejó de ser el contenido del proyecto: el oficialismo hoy necesita ganar la votación a como dé lugar. No puede darse el lujo de perder en el Congreso, porque se instalaría un clima de derrota que fijaría un punto de partida complicado para el camino al 2027. Ahora Milei necesita sancionar proyectos clave para sustentar su proyecto, como la reforma del Banco Central (BCRA) o Inocencia Fiscal. Debe seguir demostrando al resto del sistema político -y a los mercados- que su reelección es un escenario probable.

Cuando el revés legislativo fue evidente, empezó el reparto de culpas interno. Sotto voce, algunos funcionarios le dedicaron epítetos a Federico Sturzenegger, el autor intelectual del proyecto. La realidad es que la Argentina sin regulaciones que el ministro sueña en su cabeza y escribe en los papeles entusiasma mucho a Javier Milei, que lo deja hacer.

Parte del equipo político del Gobierno consideró puertas adentro que se llegó hasta acá porque la utopía desreguladora se desplegó sin una conducción clara en los meses en los que la gestión estuvo en un pozo por el caso de Manuel Adorni. No hubo un cálculo político y el proyecto, que viene desde abril, se fue eternizando en la agenda del Congreso mientras crecía el debate nacional sobre el tema.

A esta altura nadie lo duda: el anteproyecto ómnibus de Sturzenegger para desregular múltiples industrias (como el libro, los medicamentos y el vino) tiene destino de freezer. La mesa política se agotó de dar una batalla tras otra por la voracidad desreguladora.

En el clima de pases de factura solapados, hubo, además, quienes recordaron que, allá por el 4 de junio hubo una oportunidad para votar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sin levantar la perdiz. Fue la sesión en la que, por instrucción del karinismo, se priorizó votar una tanda de pliegos de jueces, entre los que se encontraban la jueza María Verónica Michelli (nombramiento que luego Milei no oficializó) y Emilio Rosatti (hijo del titular de la Corte Suprema). Lo cierto es que ya en ese momento se hablaba de que Bullrich no había asegurado blindar el proyecto con los aliados.

La relación con los gobernadores

El episodio con la ley de tierras dejó al desnudo lo endeble que puede ser el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores si no se anudan los acuerdos electorales. Karina Milei deja saber que será mucho más generosa que en 2025 y que su prioridad es que su hermano pueda ser reelecto. Pero los gobernadores no le tienen confianza.

Con todo el episodio queda claro que la idea del Gobierno de medir las lealtades a partir de los apoyos en el Congreso, para recién después definir quiénes van a ser los aliados electorales de 2027, es inviable. Los mandatarios provinciales están pasando un mensaje claro. La ecuación de ellos es al revés: primero las garantías electorales, después el apoyo parlamentario.

¿Cómo podía esperar el Gobierno que el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, enviara a su senadora Julieta Corroza a votar la ley de tierras mientras Nadia Márquez, senadora neuquina de LLA con intenciones de disputar su provincia, estaba sentada en la primera plana en la conferencia de prensa de Bullrich?

Según pudo reconstruir Infobae, en el karinismo todavía anida la idea de competir por la gobernación de varias provincias. El mapa actual es así: en Jujuy, Salta, Misiones, Neuquén, Río Negro, donde hay gobernadores no peronistas (en su mayoría aliados), hasta ahora LLA piensa en jugar, con mayor o menor intensidad, con candidato propio.

En las provincias peronistas, Formosa, La Rioja, Tierra del Fuego, La Pampa, Catamarca, Tucumán, naturalmente presentarían candidatos.

En Santa Fe asoma la mayor novedad: habría un pacto de no agresión con Maximiliano Pullaro. Un colaborador del dispositivo karinista comentó en las últimas horas que, incluso, está la idea de no participar de los comicios provinciales. Es el escenario opuesto a Córdoba, donde se ilusionan con una candidatura de Gabriel Bornoroni luego del sorpresivo triunfo del ignoto Gonzalo Roca el año pasado.

En Mendoza, Chaco, Entre Ríos se repetirán las alianzas de 2025. Esto, al menos, es lo que les dijo Karina a los gobernadores de esos distritos hace cuatro meses. Se sumarían al esquema de alianza San Luis y San Juan. En algunos casos la cuestión no está allanada: el mendocino Alfredo Cornejo, por caso, todavía no sabe si el Gobierno respaldará una candidatura de Luis Petri. En Chubut, donde gobierna el PRO, también asoma un acuerdo. Pero hay una dificultad adicional: el gobernador, Nacho Torres, no cosecha la simpatía de la hermana del Presidente.

En todo caso, lo de Chubut será materia de discusión de lo que, se espera, será materia de discusión entre el Gobierno y el PRO. El sábado, Mauricio Macri arribará al país. A su espera, Fernando de Andreis (como lugarteniente del exmandatario), Diego Santilli (que ya se ganó la confianza de Karina Milei) y Cristian Ritondo (como el mayor interesado en unir las puntas) trabajan en la posibilidad de un encuentro entre la hermana del Presidente y el titular de PRO para una negociación macro.

Cerca de Macri aseguran que el expresidente busca, antes que nada, reconocimiento de parte de la Casa Rosada. Pero todo el resto piensan en las cláusulas particulares. Ahí el rompecabezas electoral podría encastrar a la perfección -con las opciones más naturales y competitivas a nivel nacional, provincial y porteño- o, ante la falta de entendimiento, podría desatarse un festival de candidaturas.

De hecho, si no hay acuerdo, los amarillos ya hicieron correr que tienen postulantes para la presidencia. Se mostró con voluntad el exministro de Economía Hernán Lacunza y también circula el nombre de María Eugenia Vidal. En la provincia asoma Santilli, aunque en el PRO creen que no está dicha la última palabra y que podría competir en la Capital Federal. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ya anunció que va por su reelección. Pero en el partido no todos se encolumnaron detrás suyo, empezando por su primo. Por eso empezó una danza de candidatos con ambiciones de disputar el distrito: además de De Andreis, se habla de Guillermo Dietrich y de la propia Vidal.

Lo que sí está claro es cuáles son las contrapartes de la eventual negociación: Macri ya no reclama sentarse con el jefe de Estado como al principio. “Ya entendimos que la que manda es Karina”, dicen en el PRO.

Una defensa del modelo sin empatía

Los acontecimientos de las últimas horas —además del revés con la ley de tierras, el conflicto diplomático con Brasil— llevaron al Gobierno a una agenda no deseada. La semana pasada, en una extensa reunión en Olivos con Milei, el equipo económico, la secretaria Legal y Técnica María Ibarzabal, Santiago Caputo y el equipo de comunicación que ahora lidera el secretario de Medios, Fabián Fernández, habían trabajado en una estrategia para darle impulso al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Se pensó como un puntapié para que el Presidente arrancara su campaña a la reelección.

Todo el raid mediático del Presidente (las entrevistas que dio a un canal de cable, uno de aire, un streaming y un medio del interior del país, el Diario Río Negro), estuvo cuidadosamente planificado para que el jefe de Estado exhibiera su programa económico con nitidez y volviera al primer Milei, el de 2023.

La defensa del modelo, sin embargo, exhibió una falta total de empatía con la economía de bolsillo. Luis “Toto” Caputo y Milei hablaron de un “problema entre privados” para referirse a la morosidad de las familias. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para tomar el crédito?”, ahondó el Presidente. Después, se vanaglorió de la caída del salario real de los empleados públicos.

Milei ubicó la causa de la morosidad en la responsabilidad individual del deudor. Una encuesta reciente de Zentrix sobre los morosos mostró lo contrario: el 53% de los encuestados atribuyó su endeudamiento a que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos básicos.

Está claro que cualquier intervención del Estado para mejorar el poder adquisitivo sería un sacrilegio para la escuela austriaca. Pero, aun cuando no tiene costo fiscal, el Presidente evita mostrarse sensible con el esfuerzo que hizo la gente.

Milei dejó en claro que nunca va a decir algo por conveniencia. Aún a riesgo de perder las elecciones el año que viene”, dijo un importante funcionario de Balcarce 50. “Él es mayonesa. El que quiera mayoliva o kétchup votará a otro”, ilustró.

Un colaborador que trabajó en la campaña de 2025 recordó: “Él escucha recomendaciones discursivas cuando estamos en campaña. En su momento trabajó la idea de no insultar. Ahora está poco predispuesto a forzar la empatía. No le podemos pedir peras al olmo”.

En medio de una semana crítica, el único que festejó públicamente su gestión fue el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que ya mandó más de 200 pliegos al Senado para completar las vacantes en la Justicia. Milei, que alguna vez dijo que “de derecho no entendía nada”, se está empapando más sobre lo judicial. En sus últimas entrevistas, reconoció que está estudiando nombres para la Corte Suprema. Pero aseguró que recién avanzará cuando estén ordenadas las vacantes de los tribunales inferiores.

No es precisamente Mahiques quien motiva al Presidente a avanzar con la Corte. El plan del ministro para este mandato es otro: quiere quedar como el abrepuertas de la familia judicial para posicionarse como candidato a Procurador General, el jefe de los fiscales. “Pase lo que pase en 2027, el que puso el gancho para esos nuevos jueces fue Milei. Si gana la elección presidencial, podrá avanzar con la Corte. Si pierde y queda con causas abiertas, esos jueces no se olvidarán quién posibilitó su ascenso”, dijo un operador judicial muy al tanto de los movimientos del equipo judicial.

En el Gobierno hay quienes comienzan a moderar su optimismo para 2027. Entienden que, más allá de lo económico, hay que acelerar los acuerdos políticos para inclinar la cancha electoral a favor del libertario. Eso implica mover los hilos en las sombras para diseñar la mejor oferta electoral posible, antes de que asome un candidato opositor nítido que pueda aglutinar el descontento social.

“Milei necesita reducir a su mínima expresión las opciones del centro para la derecha. Y atomizar lo máximo posible del centro para la izquierda”, resume un experimentado operador que colabora con la Casa Rosada. La receta incluye, además de neutralizar una candidatura presidencial del PRO, profundizar la fractura del peronismo. De ahí la imperiosa necesidad de suspender las PASO.

Pero también se podrían reeditar viejos trucos de la consultoría política. En el oficialismo no tendrían problema, por caso, de “darle nafta” a la figura de Myriam Bregman, una de las pocas dirigentes con diferencial de imagen positiva que puede comerle votos al kirchnerismo. También, por qué no, podrían alimentar (¿financiar?) a un candidato del peronismo que diversifique la oferta de ese espectro. Hay quienes dicen que ya comenzó la búsqueda de un nombre para ocupar ese rol.

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Milei autorizó por decreto el ingreso de tropas de Brasil para hacer ejercicios militares en el país

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En medio del conflicto diplomático con Brasil, Javier Milei autorizó que la Marina de dicho país ingrese a la Argentina para realizar un ejercicio militar en aguas del Atlántico Sur. La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial de la República Argentina a través de un decreto de necesidad y urgencia. La norma habilita el ejercicio no solo de FRATERNO XXXIX con Brasil, sino también de VIEKAREN XXVI con Chile y los despliegues SIFOREX XIV y UNITAS LXVII en Perú, con fechas que abarcan desde el 10 de agosto hasta el 14 de octubre.

Según el texto oficial, la vía excepcional resultó necesaria porque “la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes” antes del inicio de las operaciones. El decreto agrega que el Poder Ejecutivo ya había remitido al Parlamento un proyecto para autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales dentro del Programa de Ejercitaciones Combinadas comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, pero esa iniciativa todavía no recibió tratamiento legislativo.

El primer tramo del cronograma corresponde al ejercicio FRATERNO XXXIX, para el que el Gobierno autorizó el ingreso de personal y medios de la Marina de la República Federativa del Brasil en aguas territoriales argentinas desde el 10 de agosto hasta el 24 de agosto de 2026. La actividad se desarrollará en la Base Naval Puerto Belgrano, la Base Naval Mar del Plata y en aguas jurisdiccionales argentinas.

De acuerdo con el decreto, FRATERNO se realiza todos los años desde 1978 entre la Armada Argentina y la marina brasileña. La norma señala que su objetivo es elevar el adiestramiento combinado y la interoperabilidad en operaciones navales, aeronavales y anfibias, además de “estandarizar y simplificar procesos de planeamiento y conducción”.

El texto oficial también vincula esa participación con la política de defensa y con la presencia naval en el Atlántico Sur. En ese punto, sostiene que el ejercicio “reafirma el compromiso de la República Argentina con la seguridad internacional y la estabilidad regional” y que además permite el adiestramiento de unidades de la flota de mar en guerra antisubmarina.

El segundo eje del decreto habilita la salida de medios y personal argentinos para VIEKAREN XXVI, un ejercicio previsto entre el 24 y el 28 de agosto de 2026 en aguas del Canal Beagle cercanas a Puerto Williams, en Chile. La práctica se realiza de manera anual desde 1999, de acuerdo con la norma difundida por el Gobierno.

En la fundamentación oficial, ese operativo aparece asociado al control del tráfico marítimo y al salvamento en el área austral correspondiente al límite internacional fijado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Argentina y Chile. El decreto indica además que el despliegue busca fortalecer la interoperabilidad con la armada chilena y sostener presencia en una zona que define como prioritaria por su proyección austral.

El tramo más extenso de la autorización corresponde a las operaciones en Perú. El tercer artículo del decreto habilita la salida del país de medios y personal argentinos desde el 14 de agosto hasta el 14 de octubre de 2026, aunque los ejercicios se desarrollarán en septiembre. Ese esquema incluye SIFOREX XIV, programado entre el 7 y el 9 de septiembre, y UNITAS LXVII, fijado entre el 10 y el 24 de septiembre, ambos en aguas jurisdiccionales peruanas y en el puerto del Callao.

Sobre UNITAS LXVII, la norma sostiene que se trata del ejercicio de mayor envergadura y relevancia de su tipo y recuerda que se realiza todos los años desde 1960. Su propósito, según el decreto, consiste en “incrementar la interoperabilidad y el adiestramiento combinado en operaciones navales, aeronavales y anfibias” entre armadas de países americanos y otras naciones invitadas.

El Gobierno afirmó en ese punto que la participación argentina permite estandarizar procedimientos operativos, facilitar futuras operaciones multinacionales y adoptar protocolos de comunicación, procedimientos tácticos y estructuras de comando comunes. También advirtió que no concurrir “afectaría el adiestramiento naval combinado, la actualización de procedimientos propios y la adquisición de experiencias tácticas críticas”.

En cuanto a SIFOREX XIV, el decreto lo describe como un ejercicio de frecuencia bienal organizado por la Marina de Guerra del Perú y la Armada de los Estados Unidos. La finalidad asignada por la norma es elevar la interoperabilidad, uniformar procedimientos y reforzar capacidades para operaciones complejas en el mar.

Para la Armada Argentina, esa práctica funciona como un ámbito de adiestramiento en guerra antisubmarina y antisuperficie, según la publicación oficial. El texto agrega que una ausencia argentina afectaría el desarrollo de capacidades de operación submarina y la obtención de experiencia con unidades navales no disponibles en el país.

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Sin la venta de tierra a extranjeros, el Senado sesiona para avanzar con el resto de la ley de propiedad privada

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Después de tensas horas y la caída completa del capítulo sobre venta de tierra a extranjeros, que significó un nuevo golpe para el oficialismo libertario, el pleno del Senado retomará la sesión que en julio pasó a cuarto intermedio y, desde las 14, intentará aprobar la ley de propiedad privada, con capítulos en pie que presentarán debate.

El convite además tendrá, sin dudas, una fuerte discusión reglamentaria tras el guiño de Victoria Villarruel a favor de la virtualidad de dos legisladores, situación que sólo puede ser convalidada por el pleno, que es soberano. El oficialismo que lidera Patricia Bullrich hierve por estas decisiones e incluso en varias bancadas dialoguistas rechazan -en voz baja- la jugada de la Vicepresidenta. No obstante, lo que vale es lo que se diga y vote en las próximas horas en el recinto.

Temáticas diversas

*Expropiaciones. De lo que quedó del dictamen original -mayo pasado-, luego reformulado con al menos 17 borradores extra, se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. Y se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

En tanto, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.

La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% (TREINTA POR CIENTO) del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.

Un último ítem del capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.

*Desalojos. La versión -por ahora- final plantea: “Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”.

Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.

“Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario.

*Manejo del Fuego. “En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de estos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”, sostiene la propuesta. La diferencia con la ley de Máximo Kirchner, vigente desde la época de Alberto Fernándezhabla de prohibiciones para vender o cambiar de rubro en cuanto a uso durante 60 años.

Además, la iniciativa busca dinamitar el artículo 22 quáter de la norma actual. El mismo expresa que “en caso de incendios” en “en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales” se “prohíbe por el término de treinta (30) años desde su extinción: a) la realización de emprendimientos inmobiliarios; b) cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y, c) la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento”.

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La CGT reduce su presencia en la marcha contra la Ley de Tierras y priorizará una fuerte movilización por San Cayetano

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La CGT decidió reducir su presencia en la marcha de este jueves al Congreso para rechazar el proyecto Inviolabilidad de la Propiedad Privada: “Será testimonial”, dijo un jefe cegetista acerca de la participación de la central obrera. ¿Por qué el cambio? Porque el Gobierno dio de baja el capítulo que habilita la venta de tierras a extranjerosel eje de la movilización organizada por sectores políticos, sindicales y sociales cuando el Senado inicie el debate de la iniciativa.

En la CGT consideraron una “fuerte derrota” de La Libertad Avanza la decisión gubernamental de retirar esa parte del proyecto de ley ante la falta de respaldos de sus aliados para garantizar su aprobación parlamentaria.

En una conferencia de prensa realizada en la tarde del miércoles, los líderes cegetistas aseguraron que la movilización al Congreso se iba a realizar igual aunque no se tratará el capítulo que facilitar la venta de tierras a extranjeros y afirmaron que se “pretende habilitar la entrega del territorio nacional, los recursos estratégicos y la soberanía argentina a capitales extranjeros”.

Junto a las dos CTA y a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el triunvirato de la CGT les advirtió a los senadores nacionales que “defender la Patria por la que juran estará en sus manos” y uno de sus miembros, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) les preguntó: “¿Con qué cara van a mirar a su pueblo diciendo que acompañaron esta ley? Este proyecto de ley tiene un trasfondo que es malicioso y regresivo para nuestro país. Seguramente tiene muchos intereses inconfesos que no terminan blanqueando”.

Por su parte, su par Octavio Argüello (Camioneros) también se dirigió a los senadores: “Que hagan honor los que juraron defender la patria y que no la entreguen ni la vendan. Mañana vamos a estar ahí para hacerles acordar y si no lo cumplen, se lo vamos a demandar. Vamos a estar peleando para que no se entregue nuestra soberanía, que es lo más fundamental que tenemos, nuestra tierra y nuestra riqueza natural porque sin eso no vamos a tener futuro, no vamos a tener destino”.

Sin embargo, luego de que el Gobierno dio de baja el capítulo más controvertido de la ley, los directivos de la CGT debatieron sobre la participación o no en la movilización de este jueves ya que el objetivo político se había cumplido con la marcha atrás oficial.

Finalmente, se resolvió tener una presencia testimonial, pero no anunciarlo porque no tenían garantías de que la Casa Rosada mantuviera en firme su decisión.

De todas formas, la CGT ratificó que movilizará todo el aparato sindical para la marcha de San Cayetano que se realizará este viernes 7 de agosto, día del patrono del pan y del trabajo, junto con las dos CTA y la UTEP.

Como en años anteriores, se prevé una peregrinación multitudinaria desde la Iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio de Liniers, hasta Plaza de Mayo, que comenzará temprano por la mañana con una bendición de herramientas en la avenida Rivadavia y Jujuy.

La siguiente medida del plan de lucha de la CGT será una movilización al Ministerio de Economía, con fecha tentativa para la semana del 20 de agosto, que buscará visibilizar el problema de las familias endeudadas en el sistema formal e informal de la economía.

El titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, señaló que la protesta que se realizará ante Economía pondrá el foco en 7 millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no haber podido pagar los préstamos tomados e incluye a quienes se endeudan fuera del circuito bancario, sobre todo en barrios populares.

El cronograma trazado por la CGT, las CTA y los movimientos sociales continuará el 2 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Industria, con una marcha en lugar por definir para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo en el sector.

Después de esa instancia, las organizaciones convocantes participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba entre el 4 y el 6 de septiembre, y luego, según se prevé, evaluarán cómo continuar con las acciones.

Aún faltan definiciones sobre alguna medida sindical que acompañe la visita del Papa León XIV a nuestro país, que, según se confirmó, estará entre el 8 y e l 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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