Cada legislador provincial de los 1.199 que hay en las 24 jurisdicciones del país, le implicará este año un gasto promedio de $1.531 millones a los respectivos habitantes de cada distrito. Esa cifra equivale a cerca de $128 millones mensuales por cada uno. El indicador surge de dividir las partidas legislativas previstas en cada presupuesto provincial para 2026, por la cantidad de integrantes de sus cámaras, según el análisis realizado por la Fundación Libertad.

De los 24 distritos, 8 tienen Legislaturas bicamerales, o sea con un cuerpo de diputados y otro de senadores: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Catamarca y San Luis.

Si se suman todos los distritos, el presupuesto para mantener las 32 estructuras legislativas asciende a $1.835.300 millones anuales.

“En un país donde todos los días se les pide un esfuerzo a los ciudadanos, la política no puede quedar al margen. Que las legislaturas provinciales cuesten $1,8 billones al año y que cada legislador demande, en promedio, $1.531 millones obliga a preguntarse si estas estructuras están realmente justificadas. No se trata de debilitar las instituciones, sino de terminar con la idea de que el esfuerzo siempre tiene que hacerlo otro: la política también debe revisar sus gastos, eliminar privilegios y rendir cuentas”, le dijo Javier Bongiovanni Director del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) de Fundación Libertad, a Infobae.

Desde 2018, esta organización con 38 años de trayectoria y sede en la ciudad de Rosario, elabora anualmente este informe con el propósito de estimar cuánto destinan las provincias al funcionamiento de sus poderes legislativos.

Costo anual por provincias

Si se analiza el costo por año de cada representante, el monto varía significativamente entre las provincias.

Tucumán, con 49 legisladores encabeza el ranking. Tiene un presupuesto de $182.504 millones para el ejercicio presupuestario de 2026, lo que implica que el gasto por representante asciende a $3.725 millones por año.

El estudio señala que el costo de un legislador tucumano equivale a más de seis veces el de uno jujeño, pese a que los órganos legislativos de ambas provincias tienen una integración similar 49 y 48, respectivamente.

La Ciudad de Buenos Aires ocupa el segundo lugar, con un costo de $3.402 millones por cada uno de sus 60 legisladores porteños. El distrito capital tiene prevista una partida de $204.092 millones para el funcionamiento de la Legislatura en 2026.

Chaco completa el grupo de las tres jurisdicciones con el costo individual más alto en 2026: $3.057 millones por legislador.

En el otro extremo, San Luis con 43 diputados y 9 senadores, registra el menor gasto: $176 millones por representante.

Luego aparece Santiago del Estero con una erogación anual de $206 millones por legislador. La brecha más pronunciada se observa entre esta provincia y la chaqueña, donde el gasto anual por legislador es casi 15 veces superior al de la jurisdicción santiagueña.

“La distancia entre los dos extremos del listado expone diferencias amplias en los recursos destinados al funcionamiento parlamentario”, advierte el informe realizado por la Fundación Libertad.

El gasto legislativo conjunto de las 24 legislaturas, incluyendo las 8 bicamerales, representa el 1,15% de los 24 presupuestos provinciales relevados.

Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, destina el mayor presupuesto legislativo total en números absolutos, con $379.004 millones. El Senado bonaerense tiene 46 integrantes y la Cámara de Diputados, 92 miembros. El gasto anual por cada uno de los 138 representantes es de $2.746 millones.

Le siguen CABA con $204.092 millones para el funcionamiento en 2026 de su Legislatura unicameral, y Santa Fe con $191.813 millones para ambas cámaras, integradas por 50 diputados y 19 senadores,

Tucumán ocupa el cuarto lugar en la asignación anual para el funcionamiento legislativo en valores absolutos, con $182.504 millones. Pero esta provincia norteña presenta la mayor participación relativa, el 3,66% respecto del presupuesto total de ese distrito norteño.

Le siguen Catamarca, con 2,64%, y Chaco, con 2,22% de la asignación en relación al presupuesto provincial total de esas provincias en 2026.

Comparación con otras partidas

El informe de la Fundación Libertad compara el presupuesto asignado a las legislaturas con otras áreas de gobierno.

En Tucumán, por ejemplo, la partida legislativa equivale al 43% de los gastos de capital previstos para este año.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fondos para la Legislatura porteña representan el 20% de lo presupuestado para el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

En Santa Fe, el monto legislativo supera en alrededor de 45% al destinado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La provincia de Buenos Aires destina a su Poder Legislativo nueve veces más recursos que al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. La partida parlamentaria equivale, además, a 5,3 veces el presupuesto del Ministerio de Economía bonaerense.

El gasto en personal

Las legislaturas de los 24 distritos tienen un elemento en común: la mayor parte de los fondos legislativos se destina al pago de personal. Ese rubro comprende las remuneraciones de los legisladores, sus asesores, secretarías y empleados, tanto de planta permanente, como los transitorios que llegan y deberían irse al finalizar el mandato del legislador que los nombró.

En las provincias donde fue posible identificar esa información, el gasto en personal representa, en promedio, el 84% del presupuesto legislativo.

Río Negro alcanza el porcentaje más alto, con 95%. Le sigue, Formosa con el 94,2% de sus recursos legislativos destinados al pago de sueldos; y Mendoza y Santa Cruz, que registran una proporción similar del 94%.

En el otro extremo, Santa Fe, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires exhiben las participaciones más bajas del grupo relevado.

Cantidad de empleados por legislador

El promedio de empleados con que cuenta cada legislador es de 27 en las jurisdicciones con datos disponibles.

Los legisladores de Corrientes tienen el número más alto: 3.234 empleados para 45 legisladores, una relación de 72 trabajadores por representante.

Chaco registra 70 empleados por cada uno de sus 32 legisladores, y Formosa, 62 por cada uno de sus 30 representantes.

San Luis se ubica en el otro extremo, con dos trabajadores por cada uno de los 52 diputados y senadores que integran sus dos cámaras.

Le siguen Santiago del Estero, con 5 para cada uno de sus 40 representantes, y Córdoba, con 8 empleados para cada uno de sus 70 diputados.

Legislaturas provinciales vs españolas

El informe de la Fundación Libertad compara el gasto de las legislaturas provinciales con el destinado a las comunidades autónomas de España de poblaciones similares.

Las españolas prevén un gasto legislativo anual, en conjunto, de 446 millones de euros. A la cotización oficial de $1.708 por euro del Banco Central de la República Argentina al 31 de diciembre de 2025, equivalen a $761.166 millones. Con esta conversión, el gasto legislativo argentino de $1.835.300 millones anuales resulta 2,41 veces superior al español.

En tanto, el costo medio por representante arroja un cálculo de $628 millones en España al año, frente a los $1.531 millones por cada legislador en nuestro país.

Así, el costo anual de un legislador de Tucumán ($3.725 millones) es 6,2 veces mayor al de sus pares en Murcia ($601 millones).

El de cada legislador de Santa Fe ($2.780 millones al año) supera en más de cinco veces el de Galicia ($527 millones).

El gasto de la Legislatura de Chaco por cada uno de sus miembros ($3.057 millones) es casi 7 veces más que la de Cantabria ($455 millones por representante).

Y Buenos Aires, con 138 diputados y senadores, desembolsa 5,3 veces más por legislador ($2.746 millones) que la Asamblea de Madrid, que tiene 135 representantes ($515 millones de gasto cada uno).

“En conjunto, las comunidades españolas destinan el 0,15% de sus presupuestos al Poder Legislativo, esto significa que la participación del gasto legislativo en Argentina es aproximadamente 7,9 veces la registrada en España”, analiza el trabajo.

Otra diferencia se refiere a la composición del gasto. Mientras que las legislaturas provinciales argentinas gastan en promedio un 84% en personal, sus pares españolas le destinan un 60%.

Una frase de Donald Trump en el Salón Oval abrió a principios de septiembre uno de los capítulos más tensos de la disputa por las Islas Malvinas en décadas. Lo que siguió fue una escalada de declaraciones cruzadas, decretos, alertas militares y movimientos diplomáticos entre Argentina y el Reino Unido que tendrá como escenario, esta semana, a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el centro del conflicto, además de la soberanía, está el petróleo: el proyecto Sea Lion, un yacimiento en aguas profundas a 220 kilómetros al norte del archipiélago, cuya explotación se convirtió en una preocupación de Casa Rosada, es una disputa por unos ingresos estimados por las autoridades británicas en USD 2.000 millones en concepto de regalías a lo largo de 30 años.

El primer movimiento público

Fue el 25 de abril cuando la agencia Reuters publicó el contenido de un correo interno del Pentágono que enumeraba posibles represalias de la administración Trump contra aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se negaron a respaldar las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente. Entre esas medidas figuraba la reconsideración del apoyo diplomático de Washington a reclamos europeos sobre “posesiones imperiales”, con mención explícita a las Malvinas.

El trasfondo era la creciente fricción entre Trump y el entonces primer ministro británico Keir Starmer, a quien el mandatario republicano había calificado de “cobarde” por la negativa de Londres a conceder a las fuerzas estadounidenses derechos de acceso, base y sobrevuelo para operaciones contra Irán.

En aquel momento, el subsecretario del Departamento de Estado Thomas G. DiNanno, en una ronda con medios, entre ellos Infobae, hizo una breve mención a filtración: “No puedo hablar sobre el respaldo en el tema de las islas. Estados Unidos es neutral en ese asunto”.

La Casa Rosada, en tanto, recibía la noticia con expectativa y cautela. El presidente Javier Milei, por entonces, señalaba que su gobierno hacía “todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina”. Desde Londres, la respuesta fue la posición histórica de las autoridades británicas: “La soberanía de las Islas Malvinas no está en cuestión”.

Otro aviso de Trump

El segundo detonante llegó el 1 de septiembre, cuando un periodista le preguntó a Trump en el Salón Oval si su gobierno reconsideraría su postura sobre la soberanía del archipiélago. La respuesta fue breve, pero tuvo un enorme impacto diplomático: “Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas”.

En Buenos Aires, el efecto fue inmediato: Milei calificó esas palabras como algo “muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada” de los argentinos y activó un operativo comunicacional que incluyó el anuncio por anticipado de una cadena nacional. Ya en ese momento, en el ámbito diplomático analizaban que el movimiento de Trump era “muy fuerte en lo discursivo” y los analistas coincidían en que debía leerse en clave de presión sobre la OTAN, no como un giro genuino sobre la soberanía argentina sobre las Malvinas.

Cadena nacional y sanciones a las petroleras

En la noche del 3 de septiembre, y en medio de una fuerte expectativa, Milei utilizó la cadena nacional para formalizar las acciones que el gobierno venía preparando. “Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate”, afirmó desde la Casa Rosada. El discurso incluyó un paquete de medidas: sanciones contra las empresas involucradas en la explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización argentina, ampliación del presupuesto del Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El blanco central fue Sea Lion, cuya explotación impulsa el consorcio formado por Rockhopper Exploration —de capital británico— y Navitas Petroleum, con sede en Israel, con planes de comenzar a bombear petróleo en 2028. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió Milei. El mandatario también rechazó el argumento del derecho de autodeterminación de los isleños y declaró “sin validez” el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los habitantes votó por seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar.

Esa misma noche, en una entrevista con la cadena británica GB News, Trump daba otro gesto al negarse a confirmar si respaldaría al Reino Unido ante un eventual nuevo conflicto con Argentina y recordó que Londres “no estuvo ahí” para ayudarlo en la guerra contra Irán.

El Reino Unido en alerta

La respuesta de Londres llegó al día siguiente a través de un portavoz de Downing Street: “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, según informó la BBC. El secretario de Defensa, Wes Streeting, fue más directo: “Las Malvinas son británicas porque los isleños eligieron ser británicos”, y calificó el discurso de Milei como un reflejo de “la política interna argentina” antes que una amenaza real.

En paralelo, el gobierno argentino anunciaba simultáneamente por X que iniciaba procesos sancionatorios contra 45 personas y empresas. Los DNU 867/2026 y 868/2026 formalizaron parte de las medidas: el Decreto 868/2026 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que establece penalidades para actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin permiso del país, y fijó un plazo de cinco días hábiles para que los organismos estatales comuniquen posibles incumplimientos.

El Reino Unido calificó esas sanciones de “inaceptables” y reiteró que el comercio en las islas se rige por la legislación británica. La Cancillería argentina rechazó “de la manera más enérgica” una guía del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) de Londres que promueve la actividad comercial e hidrocarburífera en la zona y declara que la legislación argentina no aplica sobre las islas.

El mensaje de Dublín y el “desastre potencial”

La escalada retórica sumó un nuevo capítulo el 12 de septiembre, cuando Trump ofreció declaraciones ante la prensa en Dublín tras reunirse con el primer ministro irlandés Micheál Martin. El presidente estadounidense afirmó que las Malvinas le parecen “muy interesantes”, que Argentina y el Reino Unido son “dos países que están enfadados” y que un eventual conflicto sería “un desastre potencial”. Al mismo tiempo, se mostró confiado en poder resolverlo si lo convocaran en un eventual rolde mediador. Trump también evocó la guerra de 1982 y cuestionó si Londres estaría en condiciones de defender las islas, dada su situación interna: “Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos, hablamos de semanas en barcos”, sostuvo, según reportó EFE.

La respuesta británica

En medio de la escalada, el gobierno británico confirmó el 14 de septiembre el reemplazo de los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en las islas por aeronaves Tranche 2 de mayor capacidad operativa, en una rotación prevista para fines de noviembre de 2027. El Ministerio de Defensa aclaró que la renovación estaba planificada con anterioridad y era independiente de la tensión en curso, aunque reconoció que la confirmación resultaba relevante como señal del compromiso militar permanente con el archipiélago.

Ese mismo día, la agencia EFE describió desde las propias islas la reacción de sus habitantes: más hastío que preocupación. Un analista local sintetizó el sentimiento general: “Estamos cansados de ser un juguete político, de ser peones en un tablero de ajedrez”.

Más sanciones a empresas

El siguiente movimiento llegó de Argentina. Por medio del Decreto 983/2026, el gobierno de Milei creó el Sistema de Articulación de la Política Exterior en el ámbito de la Cancillería, con el mandato de coordinar las acciones de todos los organismos estatales que puedan incidir en el reclamo por las islas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Cada organismo alcanzado debe designar un enlace institucional para canalizar la información hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Para esa fecha, el gobierno había abierto procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas con actividad directa o indirecta en la cuenca Malvinas.

En paralelo, medios británicos como The Times, The Guardian y Daily Mail informaron que Burnham y Trump podrían reunirse por primera vez esta semana en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, y que las Malvinas figurarían en la agenda junto a Ucrania, Irán y la inteligencia artificial.

Mientras tanto, la Justicia Federal argentina avanzó también en la última semana con una causa penal contra las petroleras extranjeras acusadas de explotar petróleo en el archipiélago sin autorización estatal. Es más, la jueza federal Mariel Borruto, de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a las petroleras abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en marcha la explotación petrolera.

La ONU como escenario y vidriera

Con la Asamblea General de la ONU como marco, la Cancillería argentina trabaja con el protocolo de la Casa Blanca y el Departamento de Estado para concretar un encuentro formal entre Milei y Trump en torno al 21 y 22 de septiembre. El objetivo es que el mandatario argentino exponga los derechos históricos que reclama el país sobre el archipiélago y solicite formalmente una mediación de Washington, aunque fuentes diplomáticas reconocen que el margen geopolítico es estrecho: para que Estados Unidos asuma ese rol, Londres debería acceder a negociar.

Según Benjamin Gedan, investigador del Centro Stimson, para actuar como mediador por las Malvinas, “Trump debe convencer a ambas partes de que es neutral”.

El discurso de Milei ante la Asamblea General, previsto para el próximo miércoles, incluiría la defensa de los derechos soberanos argentinos y cuestionaría la negativa británica a cumplir las resoluciones del Comité de Descolonización de la ONU. El canciller Quirno, en tanto, fue enfático: “El objetivo es recuperar la soberanía mediante el diálogo diplomático. Y nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance, legales, diplomáticas, jurídicas, de defensa, de inteligencia, para defender nuestros intereses”.

La presentación del Presupuesto 2027 abrió un nuevo contrapunto interno luego de que la senadora Patricia Bullrich se mostrara visiblemente molesta por desconocer el detalle de la previsión de gastos, que contemplaba un fuerte ajuste en materia de discapacidad. El episodio, que tensó el vínculo con los aliados en el Congreso, esta vez parece haber tenido otra dimensión.

Tras cuestionar la dinámica de la mesa política, que se encarga de ultimar detalles de la hoja de ruta legislativa y precisar los tiempos, la legisladora que dudó si asistir, finalmente confirmó el domingo por la noche que asistirá al nuevo intercambio que se celebrará este martes a las 13 en Casa Rosada, como ya es habitual. “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”, planteó en declaraciones a La Nación+, luego de que Diego Santilli sostuviera que la ex ministra no había estado en la explicación del Presupuesto porque se había retirado antes del intercambio.

“La mesa es para evaluar cómo caen en las cámaras los proyectos, qué es viable y qué no. El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad”, expresó Bullrich el pasado viernes. Casi cuatro días después, el reducido círculo volverá a reunirse, pero la senadora evaluó ausentarse. No es el primer traspié de Bullrich con la mesa política. El antecedente más inmediato es el decreto que asignó a Mendoza el 100% de las regalías de la represa hidroeléctrica sobre el río Atuel y dejó a La Pampa sin participación en esos recursos.

“Lo va a tener que pensar. El Senado es profundamente federal y nadie evalúa el impacto de lo que pasó. Si quieren perder en 2027, que le avisen y listo”, precisaron ante Infobae.

La complejidad surgió a raíz de la inclusión de un capítulo en la “ley de leyes” que contemplaba fuertes ajustes en discapacidad y que iba a contramano de un proyecto “superador” en la materia del oficialismo para contentar a los aliados. “Así como está no sale”, advertían varios integrantes del Ejecutivo, que también se enteraron del detalle con el envío o a través del llamado de algún legislador.

La letra de la normativa en la que trabajaban las diputadas bullrichistas Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici encontró reparos entre las filas oficialistas por “no ajustarse a los lineamientos del Poder Ejecutivo”. Por eso, Luis y Santiago Caputo incluyeron “la versión del Presidente” en el Presupuesto.

Por la preparación del discurso que brindará el mandatario en la Asamblea de las Naciones Unidas de Nueva York, la reunión de Gabinete de los lunes fue suspendida pese a que el viernes figuraba en los planes. Por eso, el intercambio de la mesa política será la primera instancia cara a cara que tendrán luego de los resquemores.

El clima al interior de la administración libertaria no es el mejor y los proyectos se apilan a la espera de ser tratados. “Hace tres años que Patricia se desmarca y no pasa nada. Ella cree que es aliada y tiene que marcar sus diferencias para no perder su singularidad”, le facturan desde el karinismo.

La senadora levanta la mano ante lo que considera que está mal y hará lo que haga falta para evitar que el peronismo recupere el poder en 2027. Bullrich responde por los suyos y actúa en línea con lo que le demanda su electorado, consciente de que cuenta con peso específico y buenos números en las encuestas. “Es muy importante que el proyecto reelija”, repite sin dar mayor nivel de detalle.

Por eso, no pierde oportunidad para advertirle a Milei sobre la necesidad de acelerar la recuperación económica y encontrar una respuesta al problema de la morosidad.

La titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, conoce esa dinámica, que fue una de los principales motivos por los que el vínculo con la legisladora se resintió en más de una oportunidad. “Funciona como un régimen soviético que Patricia no está dispuesta a tolerar”, expresó un referente cercano a Bullrich. “No hay nada nuevo en lo que hace Patricia. Está en su ADN”, se expidieron desde el entorno de la menor de los Milei.

Con la instancia de debate designada por Milei en tensión, los libertarios deberán ordenarse para continuar la discusión en torno al detalle del Presupuesto. A la agenda se suman la Ley de Soberanía Nacional, enviada en los últimos días al Congreso, y la necesidad de definir los plazos para el tratamiento en el Senado de la nueva Carta Orgánica del Banco Central, aprobada en Diputados, además de los cambios al régimen de Zona Fría.

La reforma electoral, una de las piezas centrales de la estrategia de La Libertad Avanza para buscar la reelección del mandatario, completa la hoja de ruta con las prioridades legislativas de la Casa Rosada. A 70 días de la finalización del período de sesiones ordinarias del Congreso, el oficialismo deberá intensificar las negociaciones con los aliados para avanzar en la eliminación de las PASO.

Con ese objetivo, esta semana, el jefe de Gabinete recibirá el lunes en Casa Rosada a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el jueves a Leandro Zdero (Chaco). La tarea del funcionario es sumar apoyos al Presupuesto 2027 y convencerlos de respaldar la reforma antes de sentarse a conversar los términos y condiciones de los eventuales entendimientos electorales.