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Las preocupaciones que afloraron en el Gobierno y la hipótesis de una interna libertaria para 2027

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Miércoles por la mañana. Faltaba un día para que el Senado tratara la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Mientras iba a su oficina, uno de los miembros de la Mesa Política levantó su teléfono y vio un mensaje de una persona que estima mucho en términos intelectuales. “No dejes que vendan la tierra”, decía la notificación. Ahí mismo, terminó de percatarse de que la batalla narrativa estaba perdida y que el capítulo de venta de tierras a extranjeros podía entrar en un callejón sin salida. Finalmente, el oficialismo también se vio obligado a quitar el capítulo de Manejo del Fuego. Aunque La Libertad Avanza había conseguido la media sanción, la derrota estaba consumada en términos simbólicos.

En la Casa Rosada no son fatalistas, pero saben que lo acontecido durante esta semana supone un llamado de atención. El oficialismo decidió reiniciar la agenda legislativa con uno de los pocos proyectos que tenía dictamen, pero que, vista la nueva oleada nacionalista post-Mundial, resultaba difícil de posicionar en la agenda pública sin una estrategia política y comunicacional adecuada. Eso fue objeto de múltiples críticas puertas adentro.

Hacia el afuera, el primer atisbo de varios funcionarios del Poder Ejecutivo fue criticar en el off the record a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Pero lo cierto es que Propiedad Privada fue presentada en marzo y los funcionarios la defendieron oportunamente en las reuniones de comisión. Esta se podría haber aprobado en una sesión celebrada en junio, pero el bloque comunicó su retiro luego de que el karinismo negociara con senadores kirchneristas la postergación de ese tratamiento para poder sancionar pliegos de jueces federales.

Nadie al interior del Gobierno cree que Sturzenegger tenga capacidad de poder real para imponer los tiempos legislativos de las reformas libertarias. “Él cumple su rol. Piensa reformas y tiene la mente preparada para el escritorio”, se sinceraban en un despacho de Balcarce 50. Javier Milei conversó con él en los últimos días, pero no lo retó. Sí existió la orden para que uno de los miembros de la Mesa Política se encargara de conversar sobre lo sucedido en los últimos días.

La Mesa Política está constituida hace un año y la estrategia política en el Congreso pasa por esa instancia. La crítica a “El Coloso” fue solamente una pantalla para no hacer pública una autocrítica que, puertas adentro, se hace desde todos los sectores. “El error fue nuestro, porque la orden de tratarlo siempre vino de Casa Rosada”, asumió uno de sus integrantes más importantes. Por su parte, un senador de La Libertad Avanza marcaba: “Tengo miedo de que pifien en el diagnóstico. Porque de ser así vamos a seguir con los problemas”.

Esto no implica que los operadores políticos del oficialismo no tengan capacidad para corregir en el futuro. El Gobierno suele tener dosis de pragmatismo para circunstancias dificultosas y ha sabido retrotraer situaciones incluso más adversas ocurridas en los dos años anteriores. Pero el clima ahora es diferente, porque el advenimiento de la temporada de elecciones comienza a empastar el vínculo de los libertarios con los aliados, más en un contexto en el que las mediciones de aprobación sobre la gestión disminuyen y la recuperación de los salarios sigue sin percibirse. Hay preocupación en los alfiles políticos por esta cuestión sistémica.

En el Senado admiten que no pasó desapercibida la presencia etérea de Sergio Massa a lo largo de las horas de negociaciones. “Se sentía en los pasillos. Los del bloque Justicialista te lo hacían saber sin decirlo. Pusimos a jugar a un player. Y esta vez, los gobernadores que eran aliados nuestros no nos respondieron. Me da cosa que pueda replicarse a futuro”, confiesa una fuente libertaria.

Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén) son algunos de los ejemplos de mandatarios que han sido extremadamente útiles para el Gobierno en otras votaciones. Esta vez, ninguno les brindó su apoyo para la votación en general.

¿Excepcionalidad o presagio de lo que puede acontecer en un futuro no muy lejano? Es la pregunta que se hacen algunos diputados y senadores que en las próximas semanas deberán volver a sesionar. Quienes declaran en privado, afirman que el panorama se volvió algo neblinoso, como si no supieran bien con qué se van a encontrar en cuestión de días. “Lo de esta semana me hizo perder la brújula. ¿El gobernador que dijo que quiere acordar electoralmente conmigo nos va a apoyar, o el clima es tal que me voy a volver a encontrar a José Mayans haciéndose ojitos con una senadora que nos acompañó en el último año?“, confiesan.

Resultó llamativo que en los últimos días trascendió una orden de Karina Milei de que todos los proyectos comiencen a pasar por el tamiz de la Mesa Política y, en particular, por Diego Santilli. Cabe preguntarse, ¿cómo funcionaba entonces la dinámica al interior del Gobierno?

La mesa emergió como una forma de organización política de la cúpula del Gobierno luego de la derrota bonaerense del año pasado. También buscó ser una forma de licuar responsabilidades y ordenar el mecanismo de interlocución con los actores políticos, tanto gobernadores como bloques legislativos.

En el pasado existía la queja de que tanto Guillermo Francos, como Santiago Caputo y los primos Menem mantenían negociaciones paralelas con todos ellos y que eso entorpecía la efectividad de las gestiones. Con los nuevos roles asignados en el último semestre, se esperaba que cada uno de los actuales miembros tuviera una esfera particular en la que no se pudieran cruzar los mandos. A grandes rasgos, se estableció que Patricia Bullrich tendría predominancia en el Senado; Martín Menem en Diputados; Diego Santilli y Lule Menem, con los gobernadores.

Esta semana demostró que esa repartija de roles resultó una quimera a los efectos prácticos: las negociaciones legislativas implican conversar con varios estamentos políticos al mismo tiempo. “¿Sabés quién negoció los votos del Senado? Todos. Volvimos a lo mismo, pero con más actores involucrados. Antes eran tres quienes lo hacían. Ahora son más”, afirma, enojado, un legislador violeta que vio la secuencia desde adentro.

Tal y como está, la mesa política se confeccionó de una forma que no permite mayores cambios en su funcionamiento. Eso tiene como ventaja que sus integrantes pueden manejarse con algo más de independencia en base a sus criterios políticos, lo malo es que le impone una rigidez tal que, en el caso de un defecto en su funcionamiento, no existen mayores posibilidades de corregirse. “Ese es un síntoma significativo. Porque o continuamos así, o se rompe ese esquema para encontrar uno nuevo”, marcan.

Con el resultado del viernes a la madrugada, el karinismo volvió a arremeter contra Patricia Bullrich. La acusan de tener un modo de operación política de carácter unipersonal que impide a los mismos senadores conocer cuál es el rumbo de las gestiones. Creen que la senadora no debe realizar sesiones semanales y concentrar más temas dentro de una misma jornada. También están preocupados por la cantidad de proyectos que todavía siguen sin media sanción en esa Cámara. Al salir del Palacio del Congreso luego de la aprobación de la Ley, la jefa de bloque atribuyó la caída de los dos capítulos a la especulación de los gobernadores y al desgaste político sufrido por el caso de Manuel Adorni.

A propósito de esto último, resultó llamativo que una figura importante del Gobierno diera a entender que extraña el esquema anterior con el otrora vocero presidencial. “Era bueno para ir y escuchar las verdades de cada una de las alas del Gobierno porque todo lo que se habla en mesa política es una mentira. Ahí somos todos hipócritas”, afirma una fuente. Adorni nunca terminó matando políticamente a Santiago Caputo. Milei le dio otras tareas a su entonces jefe de Gabinete, quien lo explicitó en su carta de renuncia: “He cumplido a rajatabla y hasta el último día aquel pedido especial que me hizo aquella noche en la Quinta Presidencial de Olivos”. Aunque no fue exactamente eso, el siguiente trascendido se acerca bastante: le habría pedido que le haga ver a su hermana “quienes son los malos” y que la proteja.

Al margen de las consideraciones, el Gobierno ya tiene en mente una sesión el 26 de agosto para tratar una batería de proyectos, entre los que se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación de Inocencia Fiscal y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). De prosperar, son nuevas iniciativas que recaerán en el ámbito del Senado, que por ahora solo tiene dictamen la Ley Hojarasca, aunque muchos al interior del oficialismo piden no tramitar en solitario. “Decime cómo le explico a un laburante que gana 900.000 pesos que lo único que tengo para mostrarle es la derogación de la Ley del Lobizón y la Ley del Azote. Sería un papelón”, agregan.

Se prevé que la Casa Rosada le quiera dar tratamiento exprés a estas iniciativas mencionadas. Pero ya se divisa en el horizonte la complejidad que supondrá negociar la Reforma Política y el Presupuesto 2027, las dos iniciativas más complejas que el mercado mira con una atención particular. Al respecto de la primera, operadores del oficialismo creen que serán los mismos gobernadores quienes se verán forzados a apoyar la suspensión de las PASO porque “no tienen candidato nacional y, por ende, no tienen palanca para sus propios candidatos”. En otro importante despacho de Balcarce 50 son más pesimistas y ven que lo máximo que pueden conseguir es eliminar la obligatoriedad y pasar a un esquema de PAS.

Son algunas de las tantas negociaciones paralelas que tiene la Quinta de Olivos con las provincias. Una de ellas es con la Ciudad de Buenos Aires. Los armadores nacionales de LLA querrían que Jorge Macri traslade las elecciones porteñas hacia octubre. Todavía no llegaron emisarios formales a presentar esa propuesta, pero de ser el caso, en Uspallata no tendrían problema si es que les dejan imponer a ellos las condiciones. Esto no implicaría la falta de competencia, sino todo lo contrario: no ven con malos ojos realizar una competencia y, por primera vez en mucho tiempo, ven un panorama optimista hacia adelante.

“No nos desfavorece el paso del tiempo. Es lo contrario: nos favorece porque la narrativa orden y seguridad ya se empezó a consolidar ante un electorado porteño que se ha ido derechizando, pero que cree en el Estado. Hay un 60% de derecha y un 40% de izquierda. Hoy el panorama que vemos es que LLA y el PRO compiten por los primeros puestos”, afirma una fuente inobjetable.

De todas maneras, no han recibido gestos desde Nación que muestren una voluntad acuerdista. Si existe, Mauricio Macri no negaría una instancia de diálogo, pero el temor es que antes de que se produzca un encuentro con Javier Milei, su hermana Karina lo obligue a reunirse con ella primero. Son pocos adentro del espacio amarillo los que creen que el expresidente tenga intenciones reales de candidatearse. Algunos dan su punto de vista de que la gran mutación que se está produciendo en Occidente es el debilitamiento de las centroderechas.

El círculo rojo está buscando candidatos que puedan resultar una alternativa “amigable” a Milei. Los outsiders pueden ser un camino. Uno de ellos planea lanzarse entre las elecciones de Brasil y las de Estados Unidos y ya consolidó a su nueva mesa chica luego de echar a dos importantes operadores que lo cebaban frente al establishment. Pero más de un gobernador le dijo a Infobae que Milei tiene su principal riesgo -en el eventual caso de no suspenderse las PASO- es la posibilidad de una competencia interna. “Para mí en un contexto donde el peronismo no va a conseguir o no prevé conseguir un candidato fuerte, la mayor amenaza de Milei no es Mauricio: es Patricia”, asestó uno de ellos.

Lo que resultó una verdadera novedad es que una fuente de la primera línea del oficialismo consultada por este tema no se horrorizó ante ese hipotético caso: “Si las PASO se mantienen y ella quiere, yo no tendría problema que compita. Javier le va a ganar”. Esto no es convalidado por el sector bullrichista. No por el momento.

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El nuevo dato de pobreza debilita la posición del Gobierno frente a la Iglesia antes de la llegada del Papa

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Para enfrentar los previsibles dardos de la oposición y de la Iglesia por la gestión social en la previa -o durante- la llegada del Papa, en la Casa Rosada estaban decididos a apelar al argumento de la disminución de la pobreza durante la administración de Javier Milei. Ayer, cuando se conoció la importante suba en la cifra oficial, más de un funcionario se lamentó.

El grave retroceso porcentual en la cifra más sensible que mide el INDEC debilita al Gobierno, en términos discursivos, en plena recta final antes de la visita de León XIV al país. Es la principal bandera que Milei esgrime ante las críticas por las repercusiones sociales de su política económica, junto con las erogaciones destinadas a los sectores más vulnerables a través del sostenimiento y la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El nuevo dato del INDEC le quita fuerza a ese argumento cuando cobran cada vez mayor relevancia las voces (usualmente críticas con el mileismo) de la jerarquía eclesiástica, a menos de siete semanas de que el Papa pise suelo argentino.

El INDEC confirmó que la pobreza alcanzó a 32,3% de la población —unos 15,5 millones de personas—, 4 puntos por encima del 28,2% del semestre anterior, cortando de manera definitiva la racha descendente que el índice venía mostrando desde el pico de 52,9% del primer semestre de 2024.

La indigencia también empeoró: subió 1,2 puntos porcentuales y afectó a unos 2,2 millones de personas en los aglomerados relevados —cerca de 3,6 millones si se proyecta al total del país—. El deterioro social se completó con otro dato oficial conocido el mismo día: la actividad económica (EMAE) cayó 2,9% en julio frente a junio, en términos desestacionalizados, y 1,4% en la comparación interanual.

La mayor parte de la plana principal del Gobierno evitó referirse puntualmente al número de pobreza, que quedó prácticamente de manera exclusiva en manos del ministro de Economía. A través de su cuenta de X, Luis Caputo reconoció la suba pero eligió relativizarla comparándola con el punto de partida de la gestión: “Ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024”, escribió, remarcando que la pobreza bajó de 52,9% a 32,3% y la indigencia de 18,1% a 7,5% en esa comparación de dos años.

Fue la misma lógica de “ciclo” con la que el ministro había explicado, horas antes, la caída de la actividad de julio, atribuida a “shocks transitorios” y a la menor cantidad de horas trabajadas por el Mundial.

Mientras la respuesta al dato social recaía en Caputo, Milei eligió resaltar, en primera persona, otra noticia del mismo día, la aprobación en el Senado de la su proyecto estrella, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Desde Estados Unidos, el Presidente celebró en redes: “Comienza el fin de la inflación. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Las críticas de la iglesia se arrastran desde el inicio del Gobierno, que arrancó la relación con el pie izquierdo, con las críticas de Milei a Francisco durante la campaña que lo llevó a la Presidencia. Y la cúpula eclesiástica le marca la cancha al oficialismo desde entonces con los ya clásicos, repetidos señalamientos públicos sobre la cuestión social, las formas y la necesidad de diálogo.

Sin ir más lejos, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Rossi, uno de los más críticos con el Gobierno, cuestionó semanas atrás los anuncios oficiales sobre la baja de la pobreza, con ironía. Rossi estuvo sentado junto al entonces cardenal Robert Prevost durante el cónclave que lo consagró como León XIV. Y Córdoba será una de las paradas de la gira papal.

La crítica se sumó al documento difundido por la Comisión Episcopal de Pastoral Social al cierre de la Semana Social 2026, bajo el lema “Puentes hacia el Bien Común”, que reivindicó el acceso al alimento, la vivienda, el trabajo digno, la educación y la salud como exigencias concretas de la dignidad humana. Meses antes, en el último tedeum con el Presidente presente, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, había advertido sobre “el camino de la crueldad hacia los más débiles”.

Hasta ahora, los libertarios respondieron a esos cuestionamientos apelando a la caída sostenida de la pobreza y a la asistencia social sostenida a través de la AUH. Pero el combo de pobreza en alza, indigencia en alza y actividad económica en baja le quita apoyo a ese argumento justo cuando más lo necesitaban: a las puertas de una visita papal que, reconocen en la propia Casa Rosada, tendrá un fuerte componente pastoral pero inevitablemente estará atravesada por la lectura social del país.

Con la visita confirmada para noviembre, cada dato social o económico que se conozca entre ahora y esa fecha se va a leer en la clave que fijó la propia Iglesia: la distancia entre los indicadores que exhibe el Gobierno y lo que, según los obispos, efectivamente llega “al plato” de las familias. La pregunta que queda abierta es si Balcarce 50 ajusta el tono de su discurso social antes de la llegada de León XIV, o si sostiene la apuesta a explicar los números como una excepción dentro de una tendencia que, aseguran, sigue siendo favorable. Por ahora parece que primara lo segundo. De hecho, el combo de datos del INDEC se conoció horas después de que Milei, ante empresarios e inversores en el Economic Club de Nueva York, afirmara que si es reelecto en 2027, “el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”.

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El Gobierno creó programas para combatir la ciberdelincuencia e implementar el régimen juvenil

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El Ministerio de Justicia de la Nación creó dos programas para combatir la ciberdelincuencia y coordinar la política criminal en materia de régimen penal juvenil, a través de las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

A partir de la Resolución N°483/2026, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). Asimismo, indicó que su implementación dependerá de la Subsecretaría de Política Criminal y que el asesor Mariano Tomás Rivas asumirá las funciones de la coordinación bajo modalidad ad honorem.

“Quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa, de conformidad con los objetivos y lineamientos establecidos”, aseguraron en el documento oficial.

Entre los desafíos a abordar, enumeraron la preservación y análisis de prueba digital, la ciberseguridad aplicada a investigaciones, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en las modalidades delictivas.

En este sentido, las autoridades advirtieron que “el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal”.

El programa podrá conformar mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores privados. También deberá adecuar el tratamiento de datos personales a la Ley 25.326 y promover la coordinación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con la Cancillería para los mecanismos de cooperación previstos en el Convenio de Budapest.

Con la creación del PRONACIB, el Ministerio derogó las resoluciones de 2016 que habían establecido y transferido el anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, además de la resolución de 2024 que creó una mesa de trabajo sobre ciberdelito. Ambas habían sido firmadas por Mahiques y publicadas en la edición del 25 de septiembre de 2026 del Boletín Oficial.

Por otro lado, en la Resolución 484/2026, se dispuso la puesta en marcha del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. De esta manera, el área actuará como instrumento marco para organizar sus tareas como autoridad de aplicación de la Ley 27.801, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente.

“El Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil estará a cargo de un coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco”, señalaron.

En línea con esto, comunicaron que la asesora Débora Eliana Di Girolamo fue nombrada coordinadora del programa sin remuneración. Entre sus funciones figuran la coordinación de la aplicación del régimen en la justicia nacional, ordinaria y federal; la capacitación de quienes intervienen en el fuero; la producción de estadísticas y la articulación con provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo.

Uno de los ejes será la administración del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Por esto, las autoridades aprobaron su reglamento y un Manual del Supervisor Juvenil. Así, esos profesionales deberán acompañar el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a adolescentes, bajo protocolos que el programa buscará unificar.

También se incorporaron normas de asistencia integral para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. De este modo, el programa coordinará esa tarea con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, con el objetivo de facilitar orientación, derivaciones, acceso a servicios y, cuando corresponda, patrocinio jurídico gratuito.

Por otro lado, el ministro Mahiques determinó que se deberá brindar apoyo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. Asimismo, prevé mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de medidas, el desempeño institucional y la reincidencia, junto con protocolos de reserva para la sección especial que llevará el Registro Nacional de Reincidencia.

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El kirchnerismo muestra encuestas que dan a CFK competitiva para condicionar a Kicillof en el armado del PJ

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“Queremos que Cristina sea candidata. Ya no hay encuesta, provenga de donde provenga, que no marque la preponderancia de la figura de Cristina. Pese a los ataques recibidos y después de once años de haber sido presidenta. Si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de ella, y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones, iríamos a una fusta democrática, que enfrente a Milei y Cristina para que los argentinos decidan”.

La explicación que Máximo Kirchner brindó ayer en una entrevista con la AM 750 expone dos ideas que transitan dentro kirchnerismo en esta etapa de internas profundas y dañinas: existe un sector del peronismo, especialmente referenciado en Axel Kicillof, que prefiere desprenderse de la figura de la ex presidenta, y hay algunas vertientes del justicialismo que no cerraron filas ni jugaron a fondo para llevar adelante la lucha por la libertad de la ex mandataria.

Además, surge una tercera idea que tiene que ver con las encuestas que llegan a la mesa de CFK, su aprobación en la sociedad y su rol en el tiempo que viene. Su valoración positiva crece en el electorado a nivel nacional. La mantiene lejos del piso y cerca del techo que nunca ha podido atravesar. Pero, sobre todo, la pone dentro de la discusión clave que se desarrollará el año que viene cuando haya que definir las candidaturas. Desde el presidente y los gobernadores, hasta los intendentes y los legisladores.

En el kirchnerismo volvió a sonar el lema que identificó el proceso de unificación del peronismo en el 2019. Sin Cristina no alcanza y con Cristina sola no se puede. Lo que tienen en claro en el sector más duro del mundo K es que la ex presidenta mantiene una influencia determinante de cara al proceso electoral. En la gran mayoría de las encuestas que se hicieron en las últimas semanas, la ex presidenta logra tener una intención de voto cercana al 40% en los escenarios de balotaje y una imagen positiva que ronda entre el 40 y el 45%.

Esos números marcan una tendencia clara respecto a la negociación que viene. Aquel que quiere ser candidato a presidente dentro del peronismo, va a tener que negociar, acordar y contener con la ex mandataria. Y si no, en el caso de que se mantengan las PASO, tendrán que ganarle al candidato que ella respalde. Que, a esta altura de la novela del PJ Bonaerense, no será Kicillof. Sea como sea, pese a estar presa e inhabilitada para ejercer cargos públicos, CFK va a tener influencia en la discusión electoral que se aproxima.

En esos números y en la estructura política que aún conserva, reside parte de su fortaleza para tener peso específico en la organización política y electoral del año que viene. Sin embargo, el poder para digitar la estrategia y los nombres propios que la encarnen ya no es el de antes. Hay limitaciones marcadas. Tal vez la cara de la principal limitación sea Axel Kicillof que, a esta altura, es el candidato mejor posicionado que tiene el peronismo para las elecciones del 2027. El Gobernador se desalineó de la conducción de su mentora y empezó a jugar su propio juego, lo que exasperó al universo cristinista.

Kicillof tiene en su hoja de ruta un plan bastante claro. Quiere acumular adhesiones y estructura política, moldear su perfil nacional y en el primer semestre del 2027, cuando llegue el momento de las definiciones, sentarse a negociar con todo lo que tenga sobre su espalda. Así, creen algunos, y en el caso de que no haya PASO, obligará al kirchnerismo a aceptar su candidatura – porque es el que mejor mide y puede competir – o los expondrá a que rompan el peronismo y acompañen a otro candidato. Hipótesis de este tiempo. Lecturas de una rosca de interpretaciones inagotables.

En el cristinismo mantienen firme la idea de que deben hacer todo lo posible para que Cristina Kirchner sea la candidata. Es, sobre todo, una declaración de principios. La posibilidad de que realmente lo sea son muy bajas. Tampoco es una posibilidad que vaya como candidata en una boleta a afrontar unas eventuales PASO. Esa teoría, que salió de la boca de uno de los abogados de la ex presidenta, no es considerada con seriedad adentro del esquema ultra K.

La potencial candidatura de CFK, repetida por los principales dirigentes del entorno de la ex presidenta, irrita a algunos nombres propios del peronismo, que ven en el cristinismo a un grupo de políticos enfrascados en sus necesidades y en sus visiones estratégicas. Lo único claro a esta altura del calendario es que CFK va a jugar electoralmente el año que viene. El silencio en el que está sumida no tiene que confundir a los que miran sus movimientos políticos. Cuando llegue la hora, va a poner sus cartas sobre la mesa. Como es de esperarse, nadie sabe cuáles son y cuándo las jugará.

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