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Nueva protesta de movimientos sociales y sindicales contra el Gobierno: marcharán por el endeudamiento familiar

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La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, y la CTA Autónoma marcharán este jueves 20 de agosto al Palacio de Hacienda para reclamar soluciones ante el sobreendeudamiento de millones de familias argentinas, en lo que constituye un nuevo mojón conjunto entre las organizaciones sociales y sindicales frente al gobierno de Javier Milei.

La concentración partirá a las 14:00 desde dos puntos centrales: Paseo Colón y Estados Unidos y la intersección entre las avenidas Independencia y Paseo Colón y la Avenida Independencia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250. El reclamo apunta a visibilizar la situación de más de 5,5 millones de familias con créditos impagos o atrasos graves, que en su mayoría contrajeron deudas para cubrir alimentos, medicamentos y servicios básicos.

En el comunicado que convoca a “una masiva movilización”, la UTEP, cuyo secretario general es Alejandro Gramajo, describen: “La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar. La falta de crédito formal empuja a miles de familias a las garras de los usureros para cubrir necesidades básicas como lo es la comida. Por eso movilizamos el próximo 20 de agosto en unidad de lucha al Ministerio de Economía junto con la @cgtok @cta_autonoma @cta”.

El telón de fondo de la protesta es una crisis de morosidad sin precedentes en la historia reciente del país. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares trepó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. En términos absolutos, 5,8 millones de argentinos acumulan atrasos superiores a 90 días, lo que representa un aumento del 132% desde febrero de 2024. La situación es aún más grave en el sector de las fintech y billeteras virtuales, donde la morosidad alcanza al 33% de los deudores, según un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) precisó que la mora bancaria pasó del 2,5% al 12,1% entre noviembre de 2024 y abril de 2026, mientras que en los monederos electrónicos saltó del 7,3% al 29,6% en el mismo período. “Cuando le preguntÁs a una persona que debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”, señaló Hernán Letcher, director del CEPA, en declaraciones al medio español elDiario.es. Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% aún mantiene deudas activas.

Un sondeo de la consultora Management & Fit anticipado por Infobae reveló que más del 50% de las familias argentinas atraviesa dificultades de ingresos que, en más de la mitad de los casos, les impide llegar a fin de mes. El 71,9% de esos hogares recurre a alguna forma de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal. Incluso, desde la Fundación Pensar —el think tank del PRO, aliado del gobierno— se reconoció que las familias no se endeudan para financiar bienes durables o inversiones, sino para cubrir gastos cotidianos de supervivencia.

La frase que encendió la controversia

La movilización tiene un blanco político concreto: la posición del Gobierno nacional, que descartó toda intervención estatal en la crisis. El presidente Milei fue el primero en marcar el tono. El domingo 2 de agosto, durante una entrevista con el periodista Luis Majul en LN+, el mandatario rechazó cualquier asistencia pública a los deudores con una pregunta que se volvió el eje del debate: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”.

Al día siguiente, en diálogo con Radio Mitre, Milei ratificó esa postura y definió la situación como “una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”. El ministro de Economía, Luis Caputo, siguió la misma línea días después, durante una conferencia en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde descartó medidas extraordinarias y afirmó que se trata de “un tema entre privados”. El vocero presidencial, Adrián Ravier, cerró el ciclo de declaraciones oficiales el 11 de agosto con un mensaje dirigido a los deudores: “Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen”.

Frente a esas declaraciones, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a contraatacar el 8 de agosto con un informe titulado “La culpa es de Milei”, en el que su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, expuso que la mora bancaria de las familias se quintuplicó en menos de dos años. “La gente que se está endeudando es porque los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas”, afirmó Kicillof, y rechazó la tesis de la responsabilidad individual al señalar que el fenómeno se extiende en todas las provincias, todas las edades y ambos géneros.

Proyectos legislativos en el Congreso

La crisis también llegó al Congreso de la Nación, donde distintos bloques de la oposición presentaron cerca de una treintena de iniciativas legislativas. Una de las propuestas más concretas, impulsada por los diputados Diego Giuliano y Caren Teep, plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas a través de una línea de crédito de la ANSES, destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas. El proyecto fija créditos de hasta 1,5 millones de pesos, con un costo financiero total limitado a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales, y establece que la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del beneficiario.

Otra iniciativa, con respaldo de legisladores de distintos partidos, contempla una condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados, planes de pago extendidos de hasta 60 meses y una tasa preferencial para quienes estén en situación de mora. Algunos proyectos van más lejos y proponen la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE), que permitiría identificar y asistir de forma diferenciada a quienes contrajeron deudas para cubrir alimentación, vivienda, salud, educación y servicios básicos. En el Senado, otra propuesta busca quitas de intereses y planes de pago de hasta 60 meses para familias en mora.

En paralelo a las iniciativas parlamentarias, la Fundación Alameda y más de 40 organizaciones de todo el país lanzaron una campaña de recolección de firmas para exigir que el Congreso trate una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. “¿Por qué esa misma decisión política no puede ponerse al servicio de quienes se endeudaron para comer, pagar el alquiler, comprar medicamentos o evitar que les corten la luz, el gas o el agua?”, planteó Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda y ex legislador porteño.

La UTEP amplía su frente de acción

Para los movimientos sociales y las asociaciones gremiales la marcha del 20 de agosto no es un hecho aislado, sino el eslabón más reciente de un plan de lucha que busca articular a la central obrera con sectores populares para protestar contra las políticas del gobierno libertario. “El 71,9% de esos hogares recurre a alguna forma de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal.”

Después de la acción del jueves, la UTEP continuarán su plan de movilizaciones con una concentración cuando delibere el Consejo del Salario Mínimo —aún sin fecha confirmada—, una participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria el 2 de septiembre y acciones de acompañamiento a la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre próximo, ocasión en la que UTEP y la CGT convocarán a sumarse a la misa que se oficiará en Luján y buscará una audiencia privada con el sucesor de Jorge Bergoglio, el impulso de la lucha por “las tres T”, tierra, techo y trabajo.

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A un mes de la llegada del Papa, la Iglesia suma focos de tensión y frentes de discusión con el Gobierno

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La Iglesia católica y el gobierno nacional tiene una relación sinuosa, tensa y marcada por las diferencias. Un vínculo distante, que entró en un impass por la visita del Papa León XIV, pero que, desde que comenzó la gestión libertaria, estuvo marcada por las críticas, los llamados de atención y los mensajes públicos con alto impacto político.

Según relatan fuentes eclesiásticas de primera línea, la organización para la llegada del Sumo Pontífice ha encontrado a los representantes de la Iglesia y de la Casa Rosada trabajando en forma armoniosa. Al diseño de esa logística, que tiene como temas centrales la seguridad, el desplazamiento de los fieles y el armado de los eventos, también se sumaron los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esa suerte de tregua que se vive en las mesas de coordinación que han existido en Balcarce 50 y también en el ministerio de Seguridad, son una parte de la historia actual en esa relación. Mientras se acumulan los encuentros organizativos, distintos representantes de la Iglesia le marcan la cancha al oficialismo con mensajes teledirigidos.

Ponen en carpeta temas sensibles como la ley de extranjerización de tierras, la emergencia en discapacidad, el aumento de la pobreza y los mensajes de odio en las redes sociales, donde el presidente Milei tiene una gran presencia, mediante insultos y descalificaciones a periodistas, políticos opositores y artistas que no comulgan con las decisiones económicas de su gestión, ni con sus formas, ni con sus miradas sobre la política doméstica.

Este lunes la Pastoral Social de la Comisión Episcopal emitió un comunicado con el título “Por la defensa de nuestro territorio y el cuidado de nuestra soberanía”, en el que hizo referencia a la decisión de la Corte Suprema de dejar vigente el DNU 70/2023, que en su artículo 154 derogaba la ley de tierras, lo que permitía la venta de tierras a extranjeros sin límites.

“Queremos manifestar nuevamente nuestra preocupaciónante la posibilidad de una venta sin límites de tierras a extranjeros”, indicaron en el comunicado, que alcanzó mayor impacto cuando fue publicado en sus redes sociales por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En el mismo mensaje, advirtieron: “Apelamos a la responsabilidad de nuestros legisladores, autoridades del poder ejecutivo y funcionarios de la justicia para que velen por la defensa de nuestra tierra y el cuidado de nuestra Nación que está en directa relación con el bienestar de la población del país”.

La controversia es clara y marcada. El cuestionamiento expresado al principio de esta semana no fue el único. Un puñado de meses atrás, cuando el gobierno de Milei había impulsado el tratamiento del proyecto de ley, la Pastoral Social ya había marcado su rechazo al considerar que la iniciativa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.

Este lunes representantes de la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se reunieron con representantes del gobierno en el ministerio de Salud con el objetivo de plantear su preocupación por la continuidad de las prestaciones en las instituciones y organismos sociales que trabajan con los discapacitados.

El nuncio Michael Wallach y Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, uno de los principales apuntados por el Gobierno

La recepción y el diálogo abierto por parte del gobierno fue una señal positiva para descontracturar la relación. Sin embargo, los representantes de la CEA dejaron en claro que con la buena voluntad no alcanza. “Es un gesto, pero los gestos solos no alcanzan. Los gestos se traducen en realidades. Los gestos no alcanzan, como dice el dicho: ‘De buenas intenciones está hecho el camino del infierno’”, aseguró María Baya Casal, coordinadora de la mesa de discapacidad, después de la reunión.

Aún más duro fue el coordinar del Foro de Discapacidad, el sacerdote Pablo Molero, de larga experiencia en ese ambiente. “No tienen que pedir ninguna documentación como pidieron. No tienen que pedir nada. Lo único que tienen que hacer es cumplir con lo que la ley manda y nada más. Entender lo que se está planteando. Uno le lleva la realidad y te piden papeles. Pero después no cumplen. Y saben bien lo que pasa. Ellos generaron la dificultad. No hagan las cosas porque viene el Papa, sino porque la gente lo necesita. Acá el Papa no es el importante, es la gente”, sentenció en una entrevista con FutuRock.

Unos días más atrás, durante la celebración por el día de la Virgen de Luján, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dejó un mensaje flotando que pareció estar dirigido a Balcarce 50. “Nuestra Patria tiene muchos abrazos pendientes: abrazos de perdón ante tanta descalificación e insulto; abrazos solidarios ante tanta indiferencia”, expresó en una homilía que tuvo contenido un cotenido político indisimulable.

“Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo”, sostuvo García Cuerva, que está apuntado por el gobierno nacional debido a sus reiterados cuestionamientos sobre las políticas libertarias. De todas formas, el gobierno nacional habla, mayoritareamente, en off the record sobre lo que le molesta de la Iglesia. No es un rival que al que insulte, cuestione o intente vencer. Ni a través de la voz de Milei, ni la de ningún otro funcionario de primera línea.

En algunos sectores eclesiásticos creen que esa decisión del oficialismo está atada a qued dentro del universo de votantes mileistas, hay una porción importante que es católica y que tiene un respeto especial, además de una identidad marcada, sobre la Iglesia como institución. A la luz de los hechos, es extraño que Milei, que se enfrenta, sin restricciones, contra todo aquel que lo cuestiona, no diga nada respecto a los cuestionamientos de los principales exponentes del catolicismo en la Argentina.

En la previa de la procesión García Cuerva había dejado un mensaje destinado a toda la política, porque advirtió que atravesaba los gobiernos, pero que fue imposible no decodificar en clave actual. “Al Papa lo espera una Argentina en crisis, con una gran cantidad de hermanos muy pobres”, indicó.

El mensaje llegó algunos días después de que los datos del INDEC registraran un marcado aumento de la pobreza y la indigencia, números que están en el vértice de la agenda de la Iglesia y que hace tiempo que despiertan una creciente preocupación. En la Casa Rosada están molestos con García Cuerva, pero evitan concretar una avanzada contra la cúpula eclesiástica.

En el último Tedeum García Cuerva fue muy crítico de la gestión libertaria. “Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo, como decía Francisco”. También sostuvo que nadie es “descartable” y llamó a “ser solidarios con el dolor ajeno”. Todos mensajes que fueron generando diferentes picos de tensión en la relación con la Casa Rosada.

En la Iglesia descartan de plano la posibilidad de que el papa León XIV se meta en la política doméstica, pero saben que seguirá la línea de mensajes, sin destinatarios precisos, que han venido dando los sacerdotes con más renombre dentro del esquema eclesiástico nacional.

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El armado electoral de Bolsonaro reabrió el debate sobre los jóvenes y la militancia digital en las listas de Milei

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El lugar de relevancia que les dio Flávio Bolsonaro en su campaña presidencial a los jóvenes -y, en particular, a los militantes en redes- reactivó con fuerza el eterno debate del Gobierno sobre el rol de la militancia digital en La Libertad Avanza. Un año después de que el sector de Santiago Caputo, que lidera a esos grupos, quedara prácticamente por completo fuera de las nóminas libertarias en las Legislativas por decisión de Karina Milei. Y meses antes del armado de las listas para las elecciones presidenciales del 2027.

El primer puntapié ocurrió el lunes por la tarde, 24 horas después de las elecciones en Brasil. Cuando todos los analistas políticos presagiaban un triunfo para el hijo de Jair Bolsonaro en el ballotage, uno de los alfiles de Santiago Caputo, Agustín Romo, tuiteó: “En Brasil varios jóvenes profesionales que se hicieron famosos por su activa militancia en redes sociales a favor de Bolsonaro acaban de ganar gobernaciones, bancas de diputados y senadores. Fueron los más votados en sus distritos contra los políticos tradicionales. Interesante”.

Después, un tuitero pro Milei de los que tienen mayor cantidad de seguidores, que suele ser retuiteado por el Presidente, republicó ese mensaje y sumó: “Tenemos que aprender de la derecha brasilera”.

Ni Romo ni ese usuario habían dirigido específicamente sus mensajes a alguien en particular. Pero una de las dirigentes más cercanas a Karina Milei, Romina Diez, recogió el guante. “Muchachos, recordemos que el año pasado desde LLA logramos llevar al Congreso a los dos diputados más jóvenes de la historia argentina: Agustín Pellegrini y Valentina Ravera. Celebro que esto suceda también en Brasil y en el mundo. Y que se le dé visibilidad y difusión… Los jóvenes tienen que ser protagonistas de su propio futuro. Porque si ellos no se meten, otros van a decidir por ellos! Viva la libertad carajo”, les escribió, en plural.

Varios libertarios de Caputo tienen una relación cercana con Eduardo Bolsonaro, exiliado en Estados Unidos y líder de una parte de la dirigencia joven de la derecha brasilera y se sintieron identificados con su modo de hacer campaña. No así con el espacio que les dieron en su propio partido. Otros se envalentonaron.

Pero en Las Fuerzas del Cielo, decididos a acatar la orden de la cúpula de evitar -volver a- azuzar la interna, aseguraron que el mensaje había sido constructivo y no buscaba confrontar. De hecho, Romo no contestó el mensaje de la diputada santafecina.

En las redes, no obstante, la temperatura subió. A lo largo del martes, mientras el país seguía la despedida de Messi, varios tuiteros se sumaron al comentario de Romo, pero en claro modo de reclamo.

Nuevamente, en el sector de Caputo negaron tener que ver con esos mensajes. “Son orgánicos, espontáneos de militantes que escriben lo que sienten, no son controlables”, dijeron, deseosos por bajar la espuma, con la intención de no confrontar con el karinismo.

Hacia la noche, Romina Diez empezó a contestarles a esos otros usuarios que se habían subido al mensaje de Romo (quien, desde entonces, solo opinó sobre otros temas). Diez dijo, repetidamente, que estaba dispuesta a escuchar y eventualmente sumar dirigentes jóvenes que lo quisieran.

Por lo bajo, un libertario de la tropa digital deslizó a este medio que el atributo de la juventud por sí solo no basta, en referencia a los sub-30 que Diez incluyó en las listas.

Mientras, Sebastián Pareja y el grupo de Karina Milei en PBA -donde esta discusión fue más resonante, en especial durante el belicoso cierre de listas del año pasado- se mantuvieron al margen de la discusión.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sólo destacó en su cuenta los mensajes de Diez. Y Santiago Oría, también de la tropa de Karina Milei, y uno de los más duros con el caputismo, se sumó a la cruzada de Diez: “Es ESPECTACULAR el grupo de LLA Santa Fe”, dijo el Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación.

En medio de la euforia por Messi, Milei no se sumó anoche a las discusiones política que afloraban en su territorio preferido. Si estuvo muy activo, dedicado al partido en el Monumental.

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Kicillof deberá aguardar por el avance de dos proyectos propios en el Senado: se votarán la próxima sesión

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El Gobierno bonaerense aún no puede avanzar en la Legislatura con la votación de dos proyectos de ley propios destinados a la integración del sistema de salud bonaerense y la puesta en marcha de un laboratorio de producción de medicamentos, a partir de la creación de una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal. Es que este martes, el Senado bonaerense llevó adelante su cuarta sesión ordinaria y si bien los proyectos contaban con dos despachos de comisión, el peronismo no logró juntar los dos tercios necesarios para votar sobre tablas dichas iniciativas.

No es la primera vez que el oficialismo trabaja sobre estos proyectos e intenta aprobarlos. El año pasado, las mismas iniciativas perdieron estado parlamentario luego de haber sido aprobadas en Diputados. Este martes, para avanzar con los proyectos se requerían los dos tercios para habilitar el tratamiento, un número que en la previa se sabía que no alcanzaría. Entonces lo que se acordó previamente fue que los textos fueran ingresados en el orden del día de la siguiente sesión. Allí, con mayoría simple, los proyectos sí podrían avanzar. Sin embargo, la dilación genera cierto tedio en el Poder Ejecutivo. Asoman algunas garantías de que cuando se vuelva a sesionar en la Cámara alta, los proyectos avancen con los votos del peronismo. En principio, Fuerza Patria tiene quórum propio.

Sin la votación de los dos proyectos de ley referidos a la agenda de salud, el Senado aprobó este martes la Ley Ema con modificaciones que obligarán a una nueva votación en la Cámara de Diputados. Además, convirtió en ley la incorporación de la educación emocional en las escuelas, otorgó una licencia a Guillermo Montenegro para que deje su banca y vuelva a la intendencia de Mar del Plata, y giró a Diputados un proyecto para garantizar el suministro prioritario de gas natural comprimido (GNC) a servicios esenciales.

En principio, la Ley Ema crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, denominado Programa EMA. El texto unificó las iniciativas de las legisladoras de Fuerza Patria, Laura Clark y Mayra Mendoza, tras el trabajo de las comisiones de Educación y de Legislación General. El proyecto tuvo modificaciones y volvió a Diputados para su sanción definitiva. La propuesta surgió por impulso de Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, la adolescente de Longchamps que tenía 15 años y se quitó la vida 24 horas después de que un compañero de escuela difundiera un video íntimo suyo sin consentimiento. El proyecto apunta a prevenir situaciones similares con mecanismos de detección, acompañamiento y formación dentro del sistema educativo.

Clark explicó que el acuerdo con la familia de Ema, la autora del proyecto y su equipo permitió reunir las dos iniciativas en un solo dictamen. “Queremos que la Ley Ema trascienda en la provincia de Buenos Aires y que se apruebe lo más completa posible”, sostuvo. Como el Senado introdujo cambios, Diputados deberá revisar nuevamente la redacción antes de la sanción definitiva. El tratamiento avanzó tras un entendimiento entre el peronismo y los bloques opositores para acelerar expedientes que ya contaban con media sanción en alguna de las cámaras. Como contó Infobae, el acuerdo se definió en una reunión organizada por Sergio Berni, titular del bloque peronista en la Cámara alta, para evitar que los proyectos quedaran demorados.

El articulado aprobado este martes incorpora el objetivo de garantizar una convivencia digital segura y suma contenidos de ciudadanía digital a la Ley de Educación bonaerense. También prevé la actualización de protocolos y capacitaciones para intervenir ante situaciones que afecten a estudiantes.

La norma define como violencia digital a las conductas realizadas mediante tecnologías que provoquen daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales contra niños, niñas y adolescentes.

La capacitación para docentes, personal no docente, directivos y equipos de orientación escolar será obligatoria y continua, con el propósito de facilitar la detección temprana y una intervención adecuada. Durante el debate, Clark afirmó que el caso de Ema expuso la falta de recursos para las instituciones y las familias. “Ella fue víctima de violencia digital de género y de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Ni la escuela, ni la familia, ni Ema tuvieron herramientas para poder acompañar”, señaló.

Clark también señaló que la aplicación de la ley no tendrá impacto en el presupuesto provincial, ya que coordinará acciones y recursos previstos en normas y dispositivos vigentes, como la Educación Sexual Integral, la Ley de Protección y Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la guía escolar para situaciones conflictivas y de vulneración de derechos.

La senadora bonaerense Mónica Macha, impulsora de un proyecto de Ley Ema en el Congreso, recordó que su iniciativa pasó por dos comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, aunque permanece en la comisión de Presupuesto. También destacó que, antes de la redacción de la norma, se elaboró una guía de prevención para escuelas y clubes. “No tiene una instancia punitivista; hay una sanción, pero debe estar en la línea de las políticas reparatorias y construirse de modo comunitario”, expresó.

El Senado también convirtió en ley el proyecto de la diputada del Frente Renovador Luciana Padulo para incorporar educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario. La norma modifica los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Provincial de Educación 13.688. Diputados le había dado media sanción en noviembre de 2025.

La legislación suma contenidos sobre autoconocimiento, autorregulación emocional, habilidades sociales y empatía. En primaria se incorporarán recursos vinculados con el autoconocimiento, las habilidades sociales y la empatía. Para secundaria, la norma prevé herramientas destinadas a potenciar las competencias emocionales, con atención especial a la salud mental de los adolescentes. La Dirección General de Cultura y Educación deberá definir los lineamientos pedagógicos para aplicar la ley. Durante la sesión, la senadora del Frente Renovador Malena Galmarini pidió una implementación rápida y sostuvo que la escuela debe continuar como “segunda casa” para los estudiantes, ante los índices de suicidio adolescente.

La Cámara alta también giró a Diputados un proyecto del senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, del bloque Hechos, para garantizar el suministro continuo y prioritario de GNC a vehículos de servicios esenciales. La propuesta incluye la creación de carriles preferenciales de acceso y carga rápida en las estaciones de servicio que expendan ese combustible. La prioridad alcanzaría a ambulancias públicas y privadas, transportes de bomberos estatales o voluntarios, patrulleros de las fuerzas de seguridad provinciales, transportes escolares registrados, colectivos del servicio público de pasajeros, taxis y remises habilitados. También podrán acceder otros vehículos que, en situaciones de contingencia, sean considerados esenciales.

El proyecto dispone que los vehículos beneficiados cuenten con obleas o calcomanías oficiales para facilitar su identificación. Las estaciones de servicio tendrán un plazo de 90 días desde la reglamentación de la eventual ley para implementar el carril preferencial y colocar señalización visible. “Del abastecimiento rápido de estos vehículos depende, por ejemplo, la respuesta inmediata de una ambulancia ante un llamado de urgencia o el patrullaje preventivo de las fuerzas policiales”, afirmó Leguizamón.

Con la licencia de Montenegro, su banca será ocupada por María Luján Fiego, dirigente de Tandil vinculada al presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Integró la lista libertaria por la Quinta sección electoral en 2025 y quedó como primera suplente después de que la nómina obtuviera tres de las cinco bancas en disputa.

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