La última encuesta realizada por Opina Argentina reveló que el pesimismo sobre el futuro económico alcanzó en agosto su nivel más alto desde el final del gobierno Alberto Fernández. Según el Informe de Expectativas Económicas, el 60% de los consultados considera que su situación personal empeorará en los próximos meses. Este dato representa un salto de 7 puntos porcentuales respecto al mes anterior y consolida una tendencia que se agravó de forma sostenida durante el año.

El informe, elaborado sobre una muestra de 1507 casos encuestados de forma online en todo el país entre el 7 y el 11 de agosto, revela que el malhumor social vinculado al rumbo de la economía dejó de ser una percepción coyuntural para convertirse en un “rasgo estructural de la opinión pública”.

En esa línea, para los consultados la estabilización de los indicadores macroeconómicos no se tradujo en una mejora del bolsillo de las familias, y esa brecha entre los datos “macro” y la experiencia cotidiana es la que domina el estado de ánimo de la población.

El deterioro de las perspectivas a futuro convive con una microeconomía bajo presión. Casi la mitad (48%) de los encuestados afirmó no llegar a fin de mes, mientras que apenas el 18% declaró haber podido ahorrar durante el último mes. El 32% restante llegó a cubrir sus gastos básicos, pero sin margen para el ahorro. Esa restricción se traduce directamente en las decisiones de consumo: el 62% de los consultados señaló que no es un buen momento para comprar electrodomésticos, y el 75% indicó que no realizó ningún gasto en salidas de esparcimiento —cine, teatro, cenas— durante el último mes.

Este último dato incluye a 6 de cada 10 votantes de Javier Milei y Patricia Bullrich en las elecciones de 2023, lo que marca un debilitamiento de la base social que sostuvo las expectativas iniciales del programa económico del gobierno. La tolerancia al ajuste fiscal, que funcionó como un colchón político para la administración libertaria, muestra señales de agotamiento.

Por otro lado, la desocupación se afianzó como el principal problema que los ciudadanos esperan que el gobierno resuelva: el 36% la ubicó en el primer lugar de su lista de preocupaciones. Le siguen la corrupción (32%), la inflación (11%) y la inseguridad (9%), en ese orden. Además, el 64% de los encuestados declaró sentir temor a que algún integrante de su familia pierda el empleo en los próximos meses.

En materia de precios, la confianza en el proceso de desinflación también se debilitó. El 55% de los consultados cree que la dinámica inflacionaria se acelerará en los próximos meses, frente a sólo el 22% que estima que los precios bajarán. Apenas el 34% considera que el Gobierno está resolviendo el problema de la inflación, mientras que el 63% cree que no lo está solucionando. En cuanto al dólar, el 57% prevé que su cotización subirá y el 32% confía en que seguirá igual.

El sondeo también relevó otros datos de la vida cotidiana como la percepción de la calidad de los alimentos que se consumen en los hogares: el 54% de los encuestados indicó que empeoró en el último mes.

La atribución de responsabilidades políticas acompaña el deterioro del humor social. El 63% de los encuestados señala al gobierno de Milei como el principal responsable de la crisis económica actual, contra un 35% que apunta al gobierno anterior de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Esa proporción viene creciendo de forma ininterrumpida desde diciembre de 2023, cuando la relación era prácticamente inversa.

El rechazo a las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo completa el cuadro. Alrededor del 60% de los encuestados expresó una opinión negativa sobre los tres proyectos de ley enviados recientemente al Congreso: la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Ley de Inocencia Fiscal y el llamado Super RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias—. En los tres casos, el rechazo superó el 58%.

El nivel de pesimismo registrado en agosto de 2026 empata con el que se medía al cierre de la presidencia de Fernández, un período que la opinión pública asocia con una de las etapas de mayor deterioro económico reciente. Que ese umbral vuelva a alcanzarse en el tercer año de la actual gestión representa una luz de alerta para la Casa Rosada de cara a las elecciones de 2027.