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La morosidad acaparó la agenda pero el Gobierno se ordenó para responder: los ejes de la postura oficial

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Javier Milei

Algunos días atrás, cuando el concepto de la morosidad entre la clase media y baja ya se había instalado como una preocupación y una critica hacia el modelo económico, el presidente Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos un estudio que venía esperando y en el que se asegura que la situación no es tan crítica. Los datos que le acercaron surgieron en gran parte del “informe sobre bancos” que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el que se hace un repaso de todo el sistema financiero.

Ya con estas cifras en su poder, el mandatario nacional decidió que todos sus funcionarios salieran a responder a los cuestionamientos por este tema y a negar la posibilidad de cualquier crisis.

En un acto en la Bolsa de Comercio de Rosario, fue él mismo el que empezó a darle forma al discurso oficial, cuando aseguró que que “no hay elementos para culpar a la política” de su administración ”por lo que está pasando”.

“Están utilizando políticamente una categoría de mercado que entra en la definición de repugnante y se está tratando de cargar esas culpas sobre el Gobierno”, opinó.

En este mismo sentido se expresaron luego algunos miembros del Gabinete, como el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, o el titular del BCRA, Santiago Bausili, quienes anticiparon que no se está pensando en ninguna ayuda para los deudores.

Es que, para Milei, cualquier medida en ese sentido implicaría “hacer populismo” y utilizar los recursos del Estado para solucionar un conflicto que en el fondo es entre privados.

Para darle forma a sus argumentos para enfrentar este conflicto, el Presidente se basó en un libro de Henry Hazlitt, un filósofo libertario y periodista que es de sus principales referentes.

La obra en cuestión es “La economía en una lección“, de 1946, en la que el autor, que también tiene varios artículos publicados en diferentes diarios de los Estados Unidos, defiende la idea de que no se deben analizar solamente las repercusiones inmediatas de una política, sino sus efectos a mediano y largo plazo; y no solo las consecuencias para un grupo, sino para todos.

Esta misma tesis fue la que defendió la semana pasada ante los diputados y senadores de La Libertad Avanza, a los que convocó a la Casa Rosada en la antesala de importantes sesiones en el Congreso, en las que las críticas por la morosidad estuvieron presentes.

Consciente de que la oposición tenía en carpeta algunos proyectos para tratar este asunto, el jefe de Estado optó por explicarles a sus legisladores los principales puntos de su pensamiento.

Según pudo saber Infobae, ya en la primera parte de ese encuentro, el mandatario hizo hincapié en que todo “era una operación” del peronismo y sus aliados, por lo que les detalló “cuál iba a ser la estrategia de defensa”.

Para Milei, la oposición “busca instalar determinados temas como mercados controvertidos o repugnantes”, que son “aquellos que dividen a la población y que eligen para construir su campaña negativa”.

El Presidente está convencido que sus enemigos políticos se aprovechan de estos temas e hizo un paralelismo con la campaña del 2023, cuando se lo acusó de habilitar la libre venta de armas en los comercios si ganaba las elecciones.

En este sentido, el líder libertario les remarcó a los diputados y senadores que “la morosidad es otro ejemplo similar, donde los kirchneristas tienen la posibilidad de exacerbar la división y romper a la sociedad”.

En cuanto a los que argumentan que la actual gestión no tiene empatía, sostuvo que lo que pretenden aquellos que tienen esos discursos es que el Poder Ejecutivo “haga populismo“ y “rescate al usurero” que dio el préstamo sin pensar en los riesgos, lo cual se negó a hacer.

Es cierto que en la reunión, el Presidente señaló que “muchas familias tomaron deuda para comprar televisores para ver el Mundial”, aunque también se refirió a las casas de apuestas y aseguró que “la morosidad de los bancos está alrededor del 11%“, por lo que “no hay un problema en ese segmento”.

Esta afirmación va en línea con el último informe publicado el 21 de agosto pasado por el BCRA, en el que se indica que la morosidad del sistema financiero se redujo levemente en junio, hasta ubicarse en 7,6% del total de los préstamos otorgados al sector privado.

Ese porcentaje representa la proporción de créditos que las personas o empresas no están pagando en tiempo y forma. Entre las familias, la mora llegó a 12,8%, con bajas en tarjetas de crédito pero subas en préstamos personales y prendarios.

Entre las empresas, el indicador fue de 3,5%, con leves aumentos en los sectores de la construcción, el comercio y la industria, pero la suba fue más lenta que el crecimiento del total de créditos otorgados.

No obstante, el mismo documento advierte que esa desaceleración se explica porque algunos deudores comunes pasaron a la categoría de “irrecuperables”, que ya no se cuenta dentro de ese cálculo.

El informe incluyó además la probabilidad de default estimada, que mide qué porcentaje de los que estaban al día pasaron a retrasar sus pagos. Ese número bajó a 2,6% para el total del sistema, a 4,4% entre las familias y a 1,2% entre las compañías privadas.

El BCRA remarcó que los bancos mantienen un alto nivel de cobertura frente a estos riesgos: las previsiones, es decir el dinero reservado para cubrir eventuales pérdidas por créditos impagos, representaron 86,6% de la cartera en mora y 6,5% del total de los préstamos otorgados.

Luego de fracasar en el intento para forzar su tratamiento durante la sesión de la semana pasada, la oposición convocó a un nuevo encuentro en la Cámara de Diputados para el 9 de septiembre, con el objetivo de avanzar con alguna iniciativa para darle asistencia a las personas que tienen grandes deudas y no las pueden abonar.

“No es la sesión para tratar el proyecto del kirchnerismo, es la sesión para joderle la vida al Gobierno, porque hay 40 medidas distintas hace años sobre este tema y recién ahora las impulsan”, cuestionó ante este medio una persona del oficialismo al tanto de las negociaciones.

El Ejecutivo logró también el apoyo de los aliados en este tema, principalmente del PRO, que coincide en que “es todo parte de un juego que hacen los K” y que “la solución tiene que venir por el lado del crecimiento económico y de blindar el cambio”.

”Habría que empezar por los impuestos provinciales en el crédito o en el sistema bancario, porque no tienen absolutamente nada que ver y, sin embargo, los distritos le ponen una cantidad de impuestos que hacen que cualquier crédito tenga una sobrecarga en la tasa de interés”, sostuvo Cristian Ritondo, jefe del bloque macrista en Diputados, a la salida de una reunión con funcionarios nacionales.

Así las cosas, Milei insistirá con el argumento de que no existe un problema real en torno a este asunto y los legisladores, que se llevaron a sus casas el libro de Hazlitt, deberán defender esta postura en el Congreso.

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AySA: el Gobierno adjudicó las acciones y la Provincia se prepara para impugnar

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El Gobierno adjudicó la venta del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa que presta servicios de agua y cloacas en el AMBA, por US$340,2 millones al grupo que había hecho la mayor oferta durante el proceso de licitación. Si bien el 13 de noviembre debe formalizarse el traspaso, la Provincia se prepara para impugnar el proceso.

La decisión fue oficializada este jueves con la resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. En ella, la cartera que lidera Luis Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa de la licitación y adjudicó la venta al consorcio por orden de mérito. Además, instruyó a la Tesorería General de la Nación a notificar al adjudicatario la cuenta para la transferencia del valor ofrecido por el 90% de las acciones.

El grupo que se hará cargo de Aysa es el integrado por Rowing; Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. El contrato de compraventa de acciones se firmará el 13 de noviembre de 2026, según lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

El paquete accionario de AySA adjudicado está compuesto por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, representativas del 90% del capital social y votos de la empresa, con un valor nominal de $1000 cada una. De esta manera, la privatización avanza hacia su etapa final, con la firma del contrato prevista para el 13 de noviembre de 2026 y la transferencia del control accionario al consorcio adjudicatario.

Privatización de AySA

Más allá de esta resolución, la privatización enfrenta una ofensiva judicial que podría demorar el traspaso. Las acciones judiciales impulsadas a través de la Defensoría del Pueblo, y un grupo de legisladores kirchneristas se focalizan en dos puntos clave de la privatización: la reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios que contempla el nuevo contrato de concesión y el ocultamiento de la tasación oficial de la empresa que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para determinar la razonabilidad de las ofertas.

En este contexto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodisadvirtió que la privatización condena a millones de argentinos a seguir sin agua potable ni cloacas y aseguró que buscarán impugnar el traspaso. En el AMBA, el 24,5% de los habitantes (3,7 millones) no tiene acceso a agua de red y el 36,4% (5,5 millones) no cuenta con cloacas.

“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”.

Y ahondó: “El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei.”.

En estos tres años, AySA aumentó la tarifa, recaudó mucho más, pero paralizó todas las obras, explicó el funcionario. En este sentido, dijo que las tarifas aumentaron 555% en valores nominales y la recaudación por cobro de tarifas creció 135% en términos reales, pero la inversión en obras cayó 75% en términos reales.

Fuente: Agencia DIB

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Detalle de los cortes de calles y cambios de recorrido de colectivos

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La Municipaliad informó que hoy continuarán los cortes de calles en Necochea y Sócrates por una obra de bacheo y en Drago y Chubut por empalme y reparación de pavimento.

La línea 513 modifica parte de su recorrido desde Stella Maris hacia el centro, circulando por Remedios de Escalada, Estados Unidos, Brown y desde allí recorrido habitual.

Mañana jueves, en tanto, de 10.30 a 14.30 no se podrá transitar por Mitre al 300, por izaje de pallets de hormigón, mientras que de 10 a 12 habrá un corte en Lautaro al 2900 por actividad comunitaria en el exterior del Centro de Salud.

Además, adelantaron que el sábado 24 de octubre estará interrumpido el tránsito de 7.30 a 16 en Euzkadi e Yrigoyen, por trabajos con una grúa.

Hasta el domingo 25, continuará el corte en Zelarrayán y Felipe Varela por la ejecución de la obra “Acueducto Planta Patagonia – Bosque Alto- Los Chañares. El desvío vehicular se realiza desde calle El Resero y calle Facundo Quiroga.

Dos lineas de colectivos tiene que modificar sus recorridos:

  • 500: desde Sesquicentenario hacia Ingeniero White circula por Paraguay, Zapiola, 19 de mayo, Mitre y Sarmiento.
  • 509: desde Klostermann y Castelli hacia Rojas y Garay transita por Zelarrayán, Quiroga, Mitre, El Resero y nuevamente Zelarrayán; y en el regreso por Zelarrayán, El Resero, Mitre, Quiroga y nuevamente Zelarrayán.

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Por trabajos programados no tendrán agua en el barrio Juan Lopes

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ABSA informó que mañana se verá afectado el servicio de agua potable en el barrio Juan Lopes por trabajos programados en el marco del plan de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC) en Bahía Blanca.

Las intervenciones serán en las intersecciones de Thompson y Arango; y de Cittá y Chubut.

“Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar reservas domiciliarias y utilizar el recurso únicamente para cubrir las necesidades esenciales hasta la normalización del servicio”, pidieron desde la prestataria.

Fuente: Frente al cano.

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