El Gobierno anunciará un incremento en los salarios que perciben los militares, así como el resto del personal que integra las Fuerzas Armadas. Según confirmaron a Infobae, dicho aumento salarial se aplicará a partir del mes de septiembre y sería de entre 7% y 10%.

El porcentaje oficial que corresponde al aumento, así como los demás detalles vinculados a esta actualización, serían dados a conocer públicamente en el momento en que se lleve a cabo una comunicación oficial específica sobre el tema. En los últimos meses, hubo diferentes incrementos salariales y bonos extraordinarios destinados a este sector, y todos estos beneficios fueron oficializados por resoluciones del Poder Ejecutivo.

A comienzos del mes de agosto, el Gobierno otorgó una suma fija de $50.000 a la totalidad de los integrantes en actividad pertenecientes tanto a las Fuerzas Armadas como a las fuerzas policiales y de seguridad federales. Esta decisión por parte de la administración nacional fue hecha pública a través de dos publicaciones que se emitieron en el Boletín Oficial.

La disposición adoptada en ese entonces fue excepcional, es decir, no se repetirá, además de que este monto es remunerativo y no bonificable. La suma correspondiente se pagará en una única ocasión junto con el salario mensual que corresponde al mes de agosto, alcanzando a decenas de miles de agentes que forman parte de las distintas fuerzas bajo la órbita y administración del Estado nacional.

En este contexto, la misma resolución se implementó a través de la firma de los decretos 695/2026 y 696/2026. Estos decretos fueron rubricados por el presidente Javier Milei, por enjefe de Gabinete, Diego Santilli, y, también, por quienes están al frente de los ministerios de Defensa y de Seguridad, es decir, Carlos Alberto Presti y Alejandra Monteoliva, respectivamente. Para cada ministerio con competencias sobre las fuerzas comprendidas en la medida, fue dispuesto un acto administrativo separado y diferenciado.

El texto oficial fundamentaba que la medida respondía a la necesidad de ajustar o actualizar los ingresos de este personal, con la finalidad de preservar el poder adquisitivo de sus salarios, ya que contempla las demandas y el grado de compromiso asociados con las funciones que desempeñan.

Por otra parte, el Gobierno decidió hace algunos meses establecer un suplemento salarial específico dirigido a todo el personal de las Fuerzas Armadas que acredite la obtención de títulos superiores. Esta disposición comenzó a regir desde el 1° de julio y está destinada tanto al personal en actividad como a los retirados y pensionados. El beneficio fue instituido mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026 y tiene como finalidad reconocer la formación académica y la profesionalización del capital humano militar; para ello, se otorga una suma adicional que se agrega al haber mensual bruto y que será automáticamente actualizada a medida que se vayan concretando futuros aumentos de salario.

El Ministerio de Defensa, encabezado por el teniente general Carlos Presti, recibió la responsabilidad de comunicar la decisión adoptada por Milei. El suplemento establecido se implementó en tres tramos diferenciados: un 10% para quienes tengan tecnicaturas o títulos terciarios, un 15% para aquellos que cuenten con títulos universitarios de grado y un 25% para quienes dispongan de especializaciones, maestrías o doctorados.

Este beneficio comprende tanto al personal militar que está actualmente en actividad, como también a los retirados y pensionados. El acceso a este reconocimiento no depende de si el beneficiario ocupa o ha ocupado el rol de oficial o suboficial, sino que la condición para percibirlo es haber presentado los títulos académicos correspondientes por parte de cada uno de los integrantes del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.

En ese momento, voceros oficiales explicaron a Infobae que la propuesta fue diseñada para responder a una demanda histórica, planteada por las Fuerzas Armadas desde el año 2013, la cual busca igualar las condiciones de los militares respecto a otros organismos de la Administración Pública Nacional y frente a las fuerzas federales de seguridad, en cuyos ámbitos ya se encuentran en vigencia mecanismos similares para el reconocimiento de la formación académica.