El presidente Javier Milei dio este jueves una cadena nacional en la que reafirmó un fuerte reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas. En ese mensaje, anunció que enviará al Congreso un paquete de medidas, anticipó sanciones para las empresas que intenten explotar recursos en las inmediaciones del archipiélago y comunicó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.
“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, sostuvo el mandatario al inicio del mensaje oficial. Tras hacer referencia al reclamo histórico que encuentra sus orígenes desde la época colonial, aseveró que no era suficiente el solo hecho de recordar al archipiélago como parte del territorio nacional.
En este sentido, Milei enfatizó que “el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”. Así, anunció un paquete de medidas en torno a la cuestión Malvinas.
Mientras que una parte estará conformada por una serie de proyectos que serán enviados al Congreso de la Nación, el mandatario anticipó un aumento en el presupuesto asignado a la defensa nacional. La reasignación de recursos fue oficializada el viernes a la madrugada, por medio de la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 867/2026 en el Boletín Oficial.
“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, consideró Milei. En este sentido, buscó dejar en claro que “las Malvinas no pertenecen a un gobierno ni a un partido político, es una causa nacional”.
En su mensaje, el jefe de Estado advirtió que desde hace 50 años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicita a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras se resuelve la controversia de soberanía, incluyendo la explotación de sus recursos naturales.
A pesar de ello, cuestionó el avance del proyecto Sea Lion, tras considerarlo “especialmente grave” porque, por primera vez en la historia, implicará “la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”.
“Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, enfatizó Milei al indicar que las actividades petroleras estarían próximas a profundizarse. Sobre todo, después de que se concluyera la primera fase de extracción y las empresas Rockhopper Exploration (Reino Unido) y Navitas Petroleum (Israel) confirmaran la inversión necesaria para financiar el programa.
“El avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las Islas y continúe explotando nuestros recursos”, insistió. En respuesta a esto, el presidente explicó que el DNU Malvinas se basó en tres objetivos pensados para defender la soberanía nacional tanto sobre el archipiélago como de los recursos estratégicos.
El primero de ellos hizo referencia al envío de información de los distintos organismos del Estado que tomen conocimiento de los incumplimientos legales a Cancillería para que pueda impulsar las sanciones, mientras que el segundo busca reglamentar el procedimiento para darle mayor coordinación y celeridad.
El último punto ordena la incorporación de las declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y el RIGI para asegurar el cumplimiento de la ley. De esta manera, se evitaría que se permitan actividades a aquellos que están explotando en la Plataforma Continental Argentina sin reconocer nuestra soberanía.
Aunque señaló que “la Ley N° 26.659 (de Hidrocarburos) tiene gran relevancia para sancionar a quienes no reconocen nuestra soberanía y avanzan en la explotación de nuestros recursos”, Milei planteó la necesidad de modificarla para reforzar la defensa nacional.
Por esto, destacó que el fin último de esta reforma sería: “Mejorar las herramientas que nos otorga actualmente para combatir este avance sobre el territorio argentino, endurecer sus sanciones y ampliar su alcance para extender ciertas consecuencias, tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas”.
Por otro lado, comunicó que el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional creará un Consejo de Seguridad Nacional para fortalecer la política de seguridad nacional y garantizar su aplicación de forma transversal. “Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las Islas Malvinas”, detalló.
“También establecerá un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima -continuó-. De este modo, se profundiza en la protección ante posibles ataques de todo tipo a la integridad territorial de nuestro país”.
Tras anunciar el incremento de recursos destinados al Ministerio de Defensa, el presidente anticipó que se avanzará en la construcción de una Base Naval Integrada. Esta se ubicará en el Puerto Oriental de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, y buscará “incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones”.
“La Base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país”, valoró sobre el punto clave seleccionado. Además, allí también se sitúa el Comando del Área Naval Austral.
Al destacar la importancia del proyecto, Milei remarcó que “defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección”. Y agregó: “Para eso, la Argentina necesita recuperar su capacidad de pensar estratégicamente, fortalecer a sus Fuerzas Armadas y construir una verdadera política de seguridad nacional de largo plazo”.
“La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio. También significa proteger nuestros recursos estratégicos, nuestra economía, nuestra infraestructura crítica y nuestra capacidad de decidir nuestro propio futuro”, enfatizó.
Por este motivo, consideró que las áreas de “Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía deben actuar de manera coordinada”. Finalmente, concluyó que “una Argentina próspera, políticamente relevante y militarmente respetable está en mejores condiciones de defender su territorio, sus recursos y su soberanía”.
El tema Malvinas volvió a instalarse el 31 de agosto, cuando el presidente Donald Trump fue consultado en la Oficina Oval sobre una eventual revisión de la posición de neutralidad de Estados Unidos en la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
Frente a esto, el mandatario estadounidense respondió que revisa todas las posiciones y que esa era “solo una de muchas”, en un contexto de presiones de Washington a Londres para que incremente su inversión en defensa dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Sus dichos motivaron una respuesta del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que ratificaron la soberanía británica y el respaldo al derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago. El debate coincidió, además, con la discusión en Londres sobre el acuerdo con Mauricio por el archipiélago de Chagos, citado por la Argentina como antecedente de una controversia territorial resuelta por medios pacíficos.
En paralelo, también avanzaba el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration habían comunicado en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa del desarrollo.
Aunque la Cancillería argentina había rechazado esa iniciativa, tras considerarla una explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa de soberanía, esto no detuvo a las petroleras extranjeras.
La israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration avanzan en el desarrollo del yacimiento offshore Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a aproximadamente 240 kilómetros de Puerto Argentino.
El campo fue descubierto en 2010 por Rockhopper, que posee el 35% del proyecto, mientras que Navitas controla el otro 65%. Tras años de exploración, en diciembre de 2025, las compañías comunicaron la decisión final de inversión para la primera fase. Navitas informó una inversión de USD 1.170 millones para esa etapa.
No obstante, poco después se confirmó que la Fase 1 contemplaba una inversión total de USD 1.800 millones, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y planificaba el comienzo de las extracciones en 2028. Las estimaciones sobre el volumen recuperable mencionadas en las notas rondan los 819 millones de barriles.
La Cancillería argentina rechazó el desarrollo del yacimiento y sostuvo que las empresas no contaban con autorización de las autoridades competentes del país. También calificó la iniciativa como una explotación unilateral de recursos naturales en un área sujeta a una disputa de soberanía con el Reino Unido. En ese sentido, citó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En línea con esto, el Gobierno recordó que Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía. Asimismo, Navitas Petroleum había recibido una sanción equivalente a través de la Resolución 240/2022, por operaciones hidrocarburíferas sin habilitación argentina. Esto también alcanza a las concesiones, las contrataciones de proveedores y otras acciones asociadas con el avance del proyecto hacia su etapa productiva.
Según precisó este jueves el medio británico The Telegraph, las empresas Rockhopper y Navitas planean comenzar a perforar el yacimiento offshore Sea Lion en los próximos meses. Incluso, revelaron que existe la posibilidad de “enviar petróleo de regreso a Europa y al Reino Unido desde principios de 2028”.
De la misma manera, el medio europeo indicó que “el yacimiento petrolero se encuentra a unas 137 millas al norte de las islas”. Asimismo, planteó que hay expectativas de que se produzca petróleo durante más de 30 años.
Luego de que concluyera la transmisión oficial, el presidente dispuso la firma de un decreto reglamentario y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional frente al avance del proyecto Sea Lion, vinculado con la explotación de petróleo en las Islas Malvinas.
Por medio de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, sostuvo que la iniciativa avanza “sin autorización de la República Argentina” y definió la situación como una amenaza sobre los recursos naturales del país en el Atlántico Sur.
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, son argentinos. Por historia y por derecho”, afirmó. Además, recordó que el Reino Unido ocupó las Malvinas en 1833, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que persiste hasta la actualidad.
Al mencionar el desarrollo de Sea Lion, el mandatario apuntó que “el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”.
La Casa Rosada también alertó que, si no se toman medidas, “en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”. Según el Gobierno, la actividad petrolera puede consolidar incentivos para que el Reino Unido profundice su presencia en las Islas y mantenga la explotación de recursos bajo disputa.
El texto que el Poder Ejecutivo enviará al Honorable Congreso de la Nación contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá la función de definir una política en la materia y garantizar su aplicación transversal en las áreas del Estado.
La iniciativa también incluirá un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima. El objetivo es reforzar la capacidad estatal ante posibles ataques contra la integridad territorial argentina.
“La Defensa, la Seguridad Nacional, la Inteligencia de Estado, la Cancillería y el Ministerio de Economía deben actuar de manera coordinada”, sostuvo la Oficina del Presidente. El mensaje agregó que una Argentina “políticamente relevante y militarmente respetable” cuenta con mejores condiciones para defender su territorio, sus recursos y su soberanía.
El Gobierno presentó la cuestión Malvinas como una política que debe trascender a las administraciones y a las diferencias partidarias. “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”, indicó. Por esto, concluyó la declaración con un llamado a que los argentinos presenten “un frente unido al mundo” y a que la defensa de la soberanía contemple a las próximas generaciones, más allá de los ciclos electorales.
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