El oficialismo de La Libertad Avanza en el Senado convocó a continuar con la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales que está tratando la Reforma Política con la que el Gobierno busca eliminar o suspender las PASO. El encuentro anterior había sido pausado a través de un cuarto intermedio y se reanudará el martes 15 de septiembre a las 15.30 horas.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Comisión, el senador fueguino de La Libertad Avanza, Agustín Coto, que emitió esta tarde una comunicación a los senadores para invitarlos a la continuación del cuarto intermedio. La fecha de la nueva cita se corresponde con lo que había acordado la Mesa Política este martes, cuando acordaron reanudar las negociaciones formales por la iniciativa que impulsa el oficialismo, denominada formalmente como Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral.

La convocatoria a comisión no implica necesariamente que La Libertad Avanza consiga dictamen ese mismo día. “Vamos a continuar el tratamiento. Se supone que el llamado de acá a las próximas dos semanas va a hacer que en ese interín se puedan seguir negociando aspectos para mejorar nuestra posición”, consignó una importante fuente del oficialismo.

Karina Milei presidió este martes una nueva reunión de la mesa política del Ejecutivo en Casa Rosada, donde la reforma electoral acaparó el debate central junto con otros proyectos de la agenda legislativa. El encuentro de poco más de dos horas marcó el inicio formal de la estrategia para avanzar con los cambios antes de fin de año.

Según una fuente que participó del encuentro, el círculo íntimo del Gobierno definió impulsar el tratamiento de la reforma electoral en la Cámara de Senadores a partir del 15 de septiembre, en una reunión de comisión. La fecha coincide con la presentación del Presupuesto 2027 ante la Cámara de Diputados. No obstante, otra fuente de Balcarce 50 dejó abierta la posibilidad de que el debate se anticipe: “Quizás arranca antes”, deslizó.

La propuesta abarca la eliminación de las elecciones PASO, un punto que el Gobierno considera estratégico de cara a los comicios de 2027. En Balcarce 50 entienden que prescindir de esas primarias le quitaría al peronismo una herramienta para ordenar su interna. El proyecto también contempla la incorporación de la Ficha Limpia y modificaciones al sistema de financiamiento de los partidos políticos.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, había anticipado días atrás el regreso de la iniciativa al Congreso y ratificó el alcance de los cambios que busca impulsar el Poder Ejecutivo. “Vamos a discutir toda la cantidad de partidos políticos, cómo se va a afiliar, qué va a ser digital. Queremos terminar con los partidos truchos, no usar tanto dinero público, no usar tantos espacios cedidos que terminan siendo un desastre porque no los ve nadie”, detalló la legisladora, en declaraciones recogidas por Infobae.

Además de la reforma electoral, los asistentes al encuentro abordaron la estrategia frente a una convocatoria impulsada por la oposición en Diputados para el 9 de septiembre, que pone sobre la mesa dos temas sensibles para la gestión: la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y los niveles récord de mora en el endeudamiento familiar. Una fuente cercana al despacho presidencial restó importancia a los movimientos opositores: “Eso es humo”, resumió.

La convocatoria se da después de una semana con ciertos reveses para el Gobierno. El dictamen del Súper RIGI naufragó este miércoles en el Senado antes de llegar a plasmarse en papel. Senadores aliados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el peronismo disidente bloquearon la firma del despacho al exigir una protección más amplia para los insumos nacionales, en un traspié que dejó expuesta la fragilidad de la coalición legislativa que sostiene al oficialismo.

Los legisladores Maximiliano Abad (UCR, Buenos Aires), Carlos Espínola (peronismo no kirchnerista, Corrientes) y Martín Goerling (PRO, Misiones) fueron los protagonistas del freno. Los tres reclaman ampliar el alcance del concepto “precio/calidad” para que el régimen no favorezca automáticamente a los proveedores extranjeros por sobre los locales. Además, proponen que una oferta nacional se considere competitiva cuando su precio no supere en más de un 15% el valor comparable de la oferta de origen extranjero, siempre que cumpla condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega.

Sin luz verde del Ejecutivo para aceptar los cambios adicionales, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, solo convalidó dos modificaciones que ya venían anticipadas: el beneficio del 20% a favor de bienes de producción local y la exigencia de que las inversiones superiores a 1.000 millones de dólares garanticen capacidad de conexión al sistema eléctrico y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima sin comprometer la seguridad energética.

Ante la resistencia de sus propios aliados, Bullrich fue tajante frente a la prensa acreditada en el Congreso: “Si tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”, advirtió, en referencia al régimen de incentivos ya vigente.