A menos de un mes y medio de que el papa León XIV pise suelo argentino por primera vez, la sede de Cáritas Argentina, ubicada en la calle Balcarce 236, en la Ciudad de Buenos Aires, se convertirá el miércoles 30 de septiembre en el escenario de un reclamo que anticipa esa visita. Legisladores de 12 bloques políticos, organizaciones sociales y representantes de la Iglesia católica presentarán allí, a las 10, un proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares que busca garantizar por diez años el financiamiento de las obras de integración socio-urbana en los más de 6.400 barrios populares del país.

El Vaticano confirmó semanas atrás que León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en su primer viaje apostólico a Sudamérica. Su paso por la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, con una agenda que combina encuentros institucionales y momentos de cercanía con sectores vulnerables. En ese contexto, la Iglesia argentina eligió las semanas previas a la llegada del Pontífice para presentar un proyecto que, según sus impulsores, busca sacar a la integración socio urbana de la lógica de cada gestión de turno.

La convocatoria reúne a más de 140 diputados y diputadas de 12 bloques con representación de 11 provincias, y contará con la presencia de monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, quien encabezará la lista de oradores. Lo acompañarán, entre otros, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Fernanda Miño (Unión por la Patria), Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), todos firmantes del proyecto, además de Araceli Ledesma, referente comunitaria del barrio Lagomarsino, en Pilar, y líder de Desarrollo Comunitario de la fundación TECHO.

Un fondo casi inexistente

El proyecto de Presupuesto 2027 no contempla financiamiento específico para la continuidad de las obras de integración socio urbana, un vacío que se produce justo cuando se cumplen diez años de la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Según los datos del organismo, en el país existen 6.467 barrios populares donde viven más de cinco millones de personas, cerca de 1,7 millones de ellas niñas y niños.

Entre 2023 y 2026, la ejecución de obras de integración socio urbana cayó un 98%, de 171.863 millones de pesos a apenas 3.336 millones, de acuerdo con el informe 145 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Como resultado, hoy hay 671 obras paralizadas en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

El derrumbe del financiamiento tiene un origen preciso. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado por el Decreto 819/2019, recibía el 9% de la recaudación del Impuesto PAIS. El Decreto 193/2024 redujo esa participación al 0,3%, una caída del 96,7% de los recursos, y a fines de ese año el impuesto dejó de existir, lo que dejó al fondo sin recursos afectados.

Justicia: el Congreso debe resolver el vaciamiento

“La iniciativa legislativa responde de manera directa a una decisión judicial”, le recordó a este medio el diputado Juan Grabois. En mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones sociales, que habían cuestionado el Decreto 312/2025 por disponer la disolución del FISU sin prever un mecanismo alternativo de financiamiento. El juez Andrés Heim dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de ese decreto al considerar que la ausencia de recursos comprometía el goce efectivo de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, el hábitat y el ambiente sano, todos ellos amparados por la Ley 27.453 en su carácter de interés público.

La medida se reglamentó mediante el Decreto 819/2019, y el Congreso volvió a fortalecerla en 2022, lo que consolidó una política de Estado sostenida por gobiernos de distinto signo político.

La Ley 27.453, sancionada en 2018 con amplio consenso legislativo (fue votada por unanimidad), estableció el marco normativo del Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares en la Argentina. Sus principales disposiciones son:

• Declaración de interés público: el artículo 1° declara de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares, reconociendo la situación de vulnerabilidad habitacional de millones de personas que habitan en esos barrios y estableciendo un marco legal para su integración urbana y social.
• Reconocimiento de derechos: la norma consagra el derecho a la integración socio urbana como un derecho cuya efectividad depende de la existencia de recursos concretos que le otorguen previsibilidad presupuestaria. Apunta a garantizar el acceso a una vivienda digna, a los servicios públicos esenciales y al hábitat en condiciones adecuadas.
• Seguridad en la tenencia de la tierra: según el Renabap, el 100% de los barrios populares relevados está amparado por esta ley, que otorga seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a sus habitantes, un punto central de la norma original.
• Emergencia socio urbana: a través de modificaciones posteriores, se incorporó el artículo 14 bis, que declaró la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares. Este es el artículo que el nuevo proyecto de ley busca ratificar y extender por diez años adicionales.
• Trayectoria transversal: la ley nació durante la gestión de Mauricio Macri en 2018, se profundizó con la creación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) durante la presidencia de Alberto Fernández, media

• En su fallo, el juez Heim sostuvo que la falta de financiamiento implicaba una regresividad inadmisible en términos constitucionales, en la medida en que el Estado argentino había asumido, a través de tratados internacionales con jerarquía constitucional incorporados por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, el deber de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, lo que le prohíbe retroceder sin una justificación estricta y debidamente fundada sobre los niveles de protección ya alcanzados.

  El magistrado exhortó de manera expresa al Congreso de la Nación a arbitrar los mecanismos necesarios para establecer un financiamiento adecuado y sostenible que garantizara la continuidad de la política de integración socio urbana.

  El proyecto que se presentará en Cáritas constituye la respuesta directa a ese exhorto judicial, tal como lo reconocen sus propios impulsores en los fundamentos del texto legislativo.

  El texto establece un piso presupuestario anual atado al Producto Bruto Interno (PBI), que arranca en el 0,0375% para el período 2027-2029, y crece de manera progresiva hasta alcanzar el 0,1125% entre 2034 y 2036. Ese porcentaje inicial equivale al nivel de inversión que el FISU alcanzó en 2021, año en que comenzó su despliegue territorial.

  El proyecto no crea ningún impuesto nuevo: establece una prioridad dentro de los recursos de rentas generales del Estado y dispone que los fondos nunca sean inferiores, en términos absolutos, a los del año anterior, incluso si el Presupuesto queda prorrogado. También ratifica y extiende por diez años la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental declarada en los barrios populares.

Fue el propio monseñor Carrara quien, antes de la presentación oficial del proyecto de Ley, habló sobre la importancia de su aprobación: “Los vecinos trabajan con laboriosidad con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para después poder cobijar a sus hijos y nietos; para eso es necesario un diálogo”.

Antes de pronunciar esa frase, el titular de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, definió el concepto central de la propuesta que, según él, debe guiar la lectura de la problemática habitacional. “El concepto de integración socio urbana busca destacar el protagonismo de las vecinas y vecinos; que no solo dan que pensar, sino que piensan; no solo despiertan sentimientos, sino que sienten; y no sólo padecen las injusticias, sino que se organizan de modo creativo en la lucha por vivir mejor”.

Con financiamiento sostenido, el FISU llegó a ejecutar 1.322 obras en 1.164 barrios populares de las 23 provincias del país, generó 23.909 lotes con servicios y alcanzó a más de 1.300.000 personas. Casi 859.000 familias cuentan hoy con Certificado de Vivienda Familiar vigente, y el programa Mi Pieza redujo el hacinamiento del 43% al 21% en los hogares beneficiados.

Esas políticas fueron auditadas sin observaciones por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

La magnitud del reclamo se dimensiona al comparar el costo fiscal propuesto con otras erogaciones vigentes del Estado. El piso inicial de 0,0375% del PBI equivale a unos 387.000 millones de pesos (USD 260 millones) anuales, una cifra que representa apenas 1,3 veces menos que el costo de la exención a la renta financiera y 91 veces menos que el total de gastos tributarios del Estado en 2026.

Un consenso que atravesó gobiernos

La Ley 27.453, que declaró de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana, se votó por unanimidad en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. La política se profundizó con la creación del FISU durante la presidencia de Alberto Fernández, y el Congreso la volvió a fortalecer en 2022, lo que consolidó una trayectoria de continuidad más allá del signo político de cada gestión.

Gisella Gazzotti, directora nacional de Incidencia en TECHO-Argentina, explicó los alcances de la iniciativa. “Impulsamos este proyecto que busca garantizar fondos del Presupuesto para los sectores más pobres de Argentina. Hoy en los barrios populares viven cerca de 1,7 millones de niños y niñas que se inundan cuando llueve, que crecen sobre un piso de tierra y que no hay manera de que puedan progresar sin invertir en su futuro. Buscamos que este proyecto de ley permita transformar la vida de todos ellos”, afirmó.

El proyecto que se presentará en Cáritas Argentina y que lleva la firma de diferentes espacios políticos es impulsado, entre otros, por la Mesa Nacional de Barrios Populares, que nuclea a Cáritas Argentina, TECHO y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) con el objetivo declarado de que la integración socio urbana deje de depender de la voluntad política de los gobierno de turno.

¿Una nueva movilización de la CGT y de las CTA contra el gobierno de Javier Milei en octubre próximo? Es una alternativa que se discutiría el martes próximo cuando se reúna la versión ampliada de la mesa chica cegetista, en la sede de la UOCRA, en medio de las presiones de distintos sectores para que defina la continuidad del plan de lucha iniciado por las tres centrales obreras.

El encuentro, que comenzará a las 16, fue convocado para realizar “un debate de reflexión y encuadramiento para mantener las estrategias y provocar algo en octubre”, dijo a Infobae uno de los jefes sindicales.

El triunvirato de la CGT, que integran Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), hace malabares para contener a las fracciones más duras que buscan endurecer el plan de lucha iniciado el 22 de julio y, a la vez, conformar a los dirigentes dialoguistas, que prefieren esperar el clima social más propicio para la realización del quinto paro general contra Milei.

Por ahora, la CGT y las dos CTA sostienen un esquema de protestas contra las políticas libertarias, pero la cúpula cegetista mantiene una estrategia moderada y contempla un paro general si no se abre una instancia de diálogo por el deterioro del empleo, el endeudamiento de los hogares y las jubilaciones congeladas.

La semana pasada, en una reunión reservada que anticipó Infobae, los líderes cegetistas y los titulares de las CTA hicieron un balance positivo del plan de lucha conjunto contra el Gobierno y acordaron definir en estos días de qué forma seguirán las medidas de fuerza.

Con la presencia del triunvirato de la CGT, el líder de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy (ATE); el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el secretario de Relaciones Internacionales de esa central, Roberto Baradel (CTERA), se coincidió en que fueron exitosas las protestas conjuntas que comenzaron el 22 de julio con el acompañamiento a la marcha de jubilados frente al Congreso. En este caso, concluyeron, la participación de las centrales obreras amplió la adhesión a las concentraciones que se realizan cada miércoles.

La movilización del 20 de agosto contra el endeudamiento familiar, además, fue evaluada como una instancia para instalar el reclamo y exigir respuestas oficiales.

Las tres centrales obreras habían anunciado protestas “a la francesa”, con paros sectoriales y alternados para aumentar su efecto frente a medidas de fuerza esporádicas. Sin embargo, las movilizaciones posteriores tuvieron una presencia limitada de la CGT.

La dirigencia cegetista tuvo una participación casi testimonial en las marchas al Congreso contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el 6 de agosto; en la movilización por San Cayetano, el 7 de agosto, e incluso en la protesta por las familias y las pymes endeudadas, el 20 de agosto.

La marcha prevista para el 28 de agosto, cuando se reunió el Consejo del Salario Mínimo, fue suspendida porque el encuentro se hizo de forma virtual. Las dos CTA querían concentrarse de todos modos frente a la Secretaría de Trabajo, pero la CGT impuso su negativa con el argumento de que la deliberación sería por Zoom.

Las fracciones de la CTA privilegiaron la unidad con la central cegetista y desistieron de salir a la calle.

La CGT tampoco marchó el 2 de septiembre por el Día de la Industria, aunque esa posibilidad había sido discutida entre las tres centrales. En cambio, en la sede de Azopardo 802 se realizó un acto para debatir “el futuro estratégico de nuestra industria nacional”, con la participación de dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), presidida por Ricardo Pignanelli (SMATA).

Los gremios educativos agrupados en la CGT, por su parte, hicieron protestas sin paros para reclamar una actualización del salario mínimo docente, congelado desde el año pasado en $500 mil. Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), había anunciado clases públicas sobre la crisis del sector, “semaforazos”, volanteadas y una marcha al Palacio Pizzurno.

La decisión de no interrumpir las clases responde a la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que reglamenta el derecho de huelga y exige sostener servicios mínimos del 75% en actividades esenciales, como la educación. No es el mismo criterio aplicado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), alineada con la CTA de los Trabajadores, que realizó un paro docente el 3 de agosto por mejoras salariales y contra el desfinanciamiento educativo.

Ahora, tanto los sindicatos educativos de la CGT como la CTERA y otras organizaciones gremiales del sector convocaron a un paro de 48 horas (el 18 y el 22 de septiembre) y a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 23 de octubre, además de 23 días de protestas en todo el país, en defensa de la universidad pública y en contra del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno libertario.

¿La CGT y las dos CTA analizarán sumarse el 23 de octubre a la Marcha Federal Universitaria y tratar de concretar una demostración de fuerza callejera con distintos sectores afectados por las políticas de Milei?

Es una de las posibilidades antes de que comience noviembre, cuando los sindicalistas harán una tregua porque estarán con la mirada puesta en la visita del Papa León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de ese mes, que ya tiene una cita programada, como anticipó Infobae: el lunes 9 de noviembre, en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), el sumo pontífice tendrá una reunión con la CGT, las dos CTA, el empresariado y los movimientos sociales.

La agenda papal también contempla actividades en Luján y Córdoba, además de una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el sindicalismo movilizará a sus afiliados.

(Desde New York, Estados Unidos) Durante su último día en Manhattan, adonde ya se siente el frío otoñal y oscurece más temprano, Javier Milei se reunirá con Benjamín Netanyahu para analizar la crisis en Medio Oriente y almorzará en el Club Económico, adonde ratificará la soberanía nacional en las Islas Malvinas y describirá su mirada sobre la inteligencia artificial.

Milei forjó una alianza estratégica Israel, y su encuentro con Netanyahu en Naciones Unidas servirá para ratificar sus vínculos geopolíticos y personales.

El líder conservador enfrenta una compleja elección a fines de octubre que podría desembocar en el epílogo de su larguísima trayectoria política.

Donald Trump no concedió a Netanyahu una cita en New York, mientras que Milei extendió su gira por Estados Unidos para reunirse con el premier israelí.

El presidente argentino analizará con Netanyahu la crisis en Medio Oriente, y aún no se sabe si incluirá en la agenda del cónclave la particular situación de una compañía israelí que participa de manera ilegal en la exploración petrolera de las Islas Malvinas.

Navitas Petroleum es La empresa petrolera de origen israelí que participa en la exploración y explotación de petróleo en las Islas Malvinas.

Navitas actúa como operadora principal del proyecto Sea Lion (León Marino), ubicado en la cuenca norte de las islas, controlando el 65% de la iniciativa. El 35% restante pertenece a la compañía de capitales británicos Rockhopper Exploration.

-¿El presidente Milei dialogará con el premier Netanyahu acerca de la compañía israelí que opera de manera ilegal en las Islas Malvinas?-, preguntó Infobae a Pablo Quirno.

–No lo sé. Se trata una conversación privada entre ambos jefes de Estado-, replicó el canciller.

Hace unos largos meses, Milei trató este asunto con Netanyahu en Jerusalem. “No puedo hacer nada, es una empresa privada”, se atajó el primer ministro ante el planteo del Presidente.

En ese contexto, la administración libertaria meditó la posibilidad de suspender el anuncio del traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalem, como una vía de presión indirecta contra Navitas Petroleum.

Pero todo quedó en suspenso para evitar una confrontación diplomática con Netanyahu, que estaba arrinconado por sus controvertidos métodos militares para derrotar al grupo terrorista Hamas que atacó a Israel en octubre de 2023.

Antes de su encuentro con Netanyahu, el presidente disertará ante una influyente audiencia convocada a un almuerzo que se servirá en el Club Económico, una histórico centro de poder que sirvió de escenario a John F. Kennedy, Winston Churchill y Henry Kissinger, en otros speakers.

Milei llegará acompañado por Luis Caputo -ministro de Economía-, Alec Oxenford -embajador argentino en Estados Unidos- y el canciller Quirno.

En sus discursos pronunciados en la ONU y la Fundación Federalismo y Libertad, el jefe de Estado ratificó la soberanía de la Argentina en las Islas Malvinas.

Al respecto, Milei sostuvo lo siguiente:

–“Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacionaly es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”.

-Quiero reiterar también la situación de la población de las Islas, como esta misma Asamblea ha determinado en numerosas resoluciones, el principio de libre determinación no aplica en este caso, ya que se trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa”.

“Al Reino Unido le reiteramos una vez más nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía, como lo requiere el derecho internacional, y también nuestra invitación a proceder sin demora a intercambiar opiniones con miras a resolver la cuestión relativa a la controversia referida sobre explotación de nuestros recursos naturales”.

Este discurso geopolítico, sin fisuras diplomáticas y legales, será la base de la disertación que Milei protagonizará en el Club Económico.

Además de explicitar su defensa de la Causa Malvinas, el presidente aprovechará el almuerzo en el Club Económico para fijar posición sobre la inteligencia artificial.

“De allí, donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera. Inteligencia artificial o superinteligencia, como dice el presidente Donald Trump, puede multiplicar nuestra productividad en órdenes de magnitud que todavía no comprendemos. Trayendo a Adam Smith, la inteligencia artificial será la fábrica de alfileres del siglo XXI, y mucho más, puede transformar nuestras economías, nuestra medicina, nuestra educación e incluso nuestra forma de gobernar, afirmó Milei en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Esta argumentación dialéctica, que parte del supuesto de evitar los controles a priori en el desarrollo de la inteligencia artificial, será la base discursiva de la disertación presidencial en el Club Económico.

Milei regresa está noche a Buenos Aires.