El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) celebra este miércoles en Hamburgo la segunda y última jornada de audiencias por la solicitud de medidas provisionales presentada por Argentina contra el Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. Tras el choque de posiciones del martes, ambas delegaciones tendrán una segunda ronda de exposiciones antes de que el tribunal emita su decisión, que podría conocerse pronto, inclusive esta misma semana.
La jornada del martes dejó en evidencia la brecha irreconciliable entre los dos países. Argentina pidió la paralización inmediata de Sea Lion bajo el argumento de que la explotación de hidrocarburos en un área bajo disputa activa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Reino Unido, por su parte, rechazó que el tribunal tenga competencia para intervenir y defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales.
El presidente Javier Milei siguió las audiencias desde Buenos Aires con atención y entusiasmo y, según supo Infobae, ayer compartió un mensaje entre los integrantes del gabinete: “Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia”. Un importante especialista, con nexos en la Cancillería, analizó la jornada de ayer: “El Reino Unido para mí se dedicó a embarrar la cancha y generar caos. Y esto es una estrategia tan antigua como el arte de la guerra de Sun Tzu. Jurídicamente no han tirado nada que nosotros no hayamos previsto”.
El cronograma de este miércoles establece que Argentina expondrá su segunda ronda entre las 10:30 y las 12 de Hamburgo (de 6:30 a 8 en Argentina). El Reino Unido cerrará el procedimiento entre las 17:30 y las 19 locales (de 13:30 a 15 en Argentina). Se trata de la última oportunidad para ambas partes antes de que el tribunal delibere.
La delegación argentina está encabezada por Oyarzábal como agente, junto a María Ibarzabal Murphy, secretaria legal y técnica de la Presidencia, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania. También integran la comitiva funcionarios del Ministerio de Economía, la Cancillería y Procuración del Tesoro de la Nación; y los asesores Nico Schrijver, una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales; Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM y Agustín Giustiniani.
La delegación británica estuvo compuesta, además de la fiscal general Ellie Reeves, por los representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto a funcionarios del gobierno de las islas, entre ellos Simon Young, fiscal general del archipiélago. Un dato de color, los CEOs de las dos empresas operadoras del proyecto -Ian Ramsay, de Navitas Petroleum, y Samuel Moody, de Rockhopper Exploration- siguen los alegatos en persona desde la sala de audiencias de Hamburgo, junto a Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las islas.
Otro dato de color. La princesa Ana, hermana del rey Carlos III, partió la noche del 8 de noviembre desde Leicestershire rumbo a las Malvinas, según confirmó el Court Circular, el registro oficial de actividades de la Casa Real británica. Llegó al archipiélago el 9 de noviembre, un día antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzara a escuchar los argumentos en Hamburgo.
La primera jornada dejó en claro que el enfrentamiento entre ambos países no se reduce -únicamente- a la disputa de soberanía. Hay cinco puntos concretos en los que las posiciones son irreconciliables.
1. Jurisdicción del tribunal
Argentina sostiene que la controversia concierne obligaciones específicas de la Convemar —no la soberanía en sí— y que el TIDM tiene competencia para intervenir. El Reino Unido responde que, detrás de cada argumento argentino, subyace la misma pregunta: quién es soberano sobre las islas. Y esa pregunta, sostiene Londres, está fuera del alcance de la Convemar y del TIDM. “Argentina no puede ignorar la realidad: el fundamento mismo de su demanda descansa en la afirmación de su soberanía”, afirmó Reeves.
2. Explotación unilateral de recursos en área en disputa
Buenos Aires argumenta que la resolución 31/49 de la ONU de 1976 prohíbe expresamente adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia de soberanía permanezca abierta, y que autorizar Sea Lion viola ese mandato. Londres replica que Sea Lion es una actividad lícita regulada por la legislación de las islas, que lleva más de dos décadas otorgando licencias de exploración sin que Argentina haya recurrido antes a un tribunal internacional. “Se realizan perforaciones desde 1998. Argentina no explicó por qué, 28 años después, la situación se volvió urgente”, señaló uno de los letrados británicos.
3. Autodeterminación versus soberanía permanente sobre recursos
El Reino Unido invoca el derecho a la autodeterminación de los isleños —ratificado en el referéndum de 2013, con el 99,8% de votos a favor de seguir siendo territorio británico— para defender su facultad de explotar los recursos naturales del área. Argentina traza una distinción: reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes de las islas, pero sostiene que eso no les otorga el derecho a apropiarse de recursos de una plataforma continental en disputa. “Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, afirmó Oyarzábal, quien añadió que esos recursos “pertenecen al pueblo argentino: unos 46 millones de personas”.
4. Urgencia
Argentina advierte que los trabajos preparatorios de Sea Lion ya están en marcha, que la plataforma de perforación Noble Endeavour está contratada para operar desde enero de 2027 y que el daño —extracción de un recurso no renovable— sería irreversible. El Reino Unido fija fechas concretas para desarmar ese argumento: la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción efectiva no se producirá antes de 2028, cuando el tribunal arbitral del Anexo VII ya estará constituido y en condiciones de actuar. “No existe ningún fundamento que permita a este tribunal dictar medidas provisionales en esta etapa”, sostuvo la defensa británica.
5. Riesgo ambiental
Argentina alerta sobre la probabilidad de derrames que podrían alcanzar sus aguas en un plazo de 30 días, y subraya que es ella —no el Reino Unido, situado a 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta ante un accidente, dado que el área está dentro de su zona de búsqueda y salvamento. El Reino Unido señala que la evaluación de impacto ambiental del propio proyecto concluyó que los riesgos de perturbación del lecho marino son “muy bajos a bajos”, y que Argentina no presentó pruebas concretas de un daño inminente ni especificó ninguna medida de protección ambiental que Londres le estaría impidiendo tomar.
Para dictar medidas provisionales, el Tribunal del Mar debe verificar que se cumplan tres requisitos. Primero, que el tribunal arbitral del Anexo VII de la Convemar —el foro donde se resolverá el fondo del caso— tendría jurisdicción prima facie sobre la controversia. Segundo, que existe urgencia real. Tercero, que los derechos que Argentina busca proteger son plausibles tanto en los hechos como en el derecho.
El Reino Unido cuestionó la estrategia procesal argentina y concentró su defensa del martes en el primero de esos puntos. Reeves sostuvo que la demanda es, en esencia, una controversia sobre soberanía territorial, materia que queda fuera de la Convemar. “Este tribunal no tiene jurisdicción para escuchar un reclamo en torno a la soberanía”, afirmó la fiscal general. Michael Wood, otro de los abogados británicos, reforzó ese argumento al señalar que ningún participante en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar esperó que una disputa de soberanía territorial quedara cubierta por el mecanismo de solución de controversias de la Convemar.
La posición argentina rechaza esa caracterización. Oyarzábal subrayó ante el tribunal que Buenos Aires no pide que se resuelva la disputa de soberanía, sino que se preserven los derechos argentinos sobre la plataforma continental mientras esa controversia se tramita en otro foro. “Para justificar la necesidad de proteger los derechos soberanos que la Argentina invoca sobre la plataforma continental en disputa, es necesario demostrar que su reclamo de soberanía territorial es plausible. La tierra domina al mar. Es por eso, y únicamente por eso, que nos referimos aquí a la soberanía argentina”, explicó Kohen en su exposición.
El argumento se apoya en dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instó a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta. Para Argentina, autorizar y avanzar con Sea Lion viola directamente esa última resolución. La delegación argentina también respondió al argumento del referéndum de 2013, invocado por el Reino Unido para sostener el derecho a la autodeterminación de los isleños.
Sobre la urgencia, la presentación argentina precisó un dato técnico que refuerza su argumento: el Fleet Status Report de Noble Corporation, la empresa propietaria de la plataforma de perforación, confirmó que la semisumergible Noble Endeavour comenzaría operaciones en “Sudamérica” en enero de 2027. Para Argentina, eso demuestra que los trabajos preparatorios ya están en curso y que el daño comenzaría antes de que el tribunal arbitral pudiera brindar protección efectiva.
El Reino Unido presentó un argumento específico: la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027, y la extracción efectiva de hidrocarburos no se producirá antes de 2028. Para entonces, según Londres, el tribunal arbitral del Anexo VII ya estará constituido y en condiciones de intervenir.
Argentina, en cambio, advirtió que los trabajos preparatorios ya están en marcha y que incluso una vez constituido el tribunal arbitral, este no estaría en condiciones de brindar protección efectiva de inmediato. Oyarzábal recordó además que “lo que está en juego no puede ser restituido: los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”.
El gobierno argentino analiza tres desenlaces. En el primero, el TIDM acepta el planteo en su totalidad y ordena al Reino Unido cesar la actividad, lo que paralizaría Sea Lion hasta que el tribunal arbitral adopte su decisión. En el segundo, el tribunal acoge parcialmente los argumentos de Argentina, con un alcance que dependerá de cada punto sometido a consideración. En el tercero, el más improbable según especialistas, el TIDM rechaza el planteo por considerar que el futuro tribunal arbitral no tendría jurisdicción prima facie.
Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, está ubicado a unas 107 millas náuticas (198 kilómetros) al norte de las islas, en un bloque de 541 km². El proyecto prevé una fase de producción de 35 años con 23 pozos, con inicio de perforaciones previsto para los primeros meses de 2027.
Según el estatuto y el reglamento del tribunal, la decisión sobre las medidas provisionales debería dictarse aproximadamente un mes después de la presentación argentina. Ese plazo vence el viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que el TIDM extienda la resolución hasta el lunes siguiente.
Ante la consulta de Infobae, un especialista que conoce en detalle los argumentos argentinos sostuvo: “En todos los casos donde se pidió, el Tribunal dio medidas provisionales. No se declaró incompetente. No siempre dio las que le pidió el Estado o las que les pidieron los Estados solicitantes. A veces dio distintas, pero siempre dio medidas; yo creo que realmente estamos muy bien”.
Un importante funcionario de la Cancillería analizó que un fallo favorable tendría un efecto político concreto: debilitaría la posición británica de que no existe ninguna controversia con la Argentina por la soberanía de las Malvinas. “El Reino Unido está diciendo que no hay controversia, que ya es suya y no discute más. Si el tribunal le dice que sí hay una controversia, esa posición queda debilitada”, afirmó.
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