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El Gobierno dispuso una nueva reducción de oficinas del Registro Automotor

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El Gobierno nacional avanzó con una nueva reorganización del sistema registral automotor que contempla la unificación de 368 registros seccionales y la supresión de otros 14. Además, instruyó a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor para que concrete el cierre operativo de 27 delegaciones en un plazo de 30 días hábiles.

De acuerdo a lo publicado este jueves en el Boletín Oficial, las medidas fueron establecidas por el Ministerio de Justicia a través de dos resoluciones que forman parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en 2026.

En el caso de las 368 oficinas que serán unificadas, la decisión responde a que funcionan bajo la responsabilidad de un mismo encargado, que también se desempeña como interventor de otras delegaciones. De esta manera, el Gobierno busca concentrar las competencias registrales en una sola oficina y adecuar la estructura formal a la organización que ya existe en la práctica.

Entre las ciudades bonaerenses que verán unificadas las oficinas figuran Azul, Bolívar, Patagones, Coronel Suárez, Villegas, Lincoln, Junín, Necochea, 9 de Julio, Salto, San Pedro, Pinamar y Tres Arroyos.

Cierre definitivo de oficinas

Por otra parte, la resolución dispone la supresión de otros 14 registros seccionales que se encuentran intervenidos y no cuentan con un encargado titular. La normativa sostiene que su permanencia no resulta necesaria para garantizar la continuidad del servicio.

A su vez, el Ministerio instruyó a la Dirección Nacional para que concrete el cierre operativo de esas 14 oficinas y de otras 13 cuya eliminación ya había sido dispuesta mediante las resoluciones 272/2024 y 19/2025. Para ello tendrá un plazo improrrogable de 30 días hábiles.

Del total de 14, seis corresponden a la provincia de Buenos Aires. Son las oficinas Mar del Plata N° 2, Mar del Plata N° 9, La Matanza N° 3, Olivos N° 7, Ituzaingó N° 1 y Morón Letra “C”. Mientras que los 13 a los que se refiere son los de Olavarría N° 1, Necochea N° 2, Lanús N° 6, Esteban Echeverría N° 3, Bahía Blanca N° 6, Lanús N° 7, Bragado Letra “A”, Necochea Letra “B”, Lanús Letra “B” y Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial de Créditos Prendarios de Olavarría.

La reorganización se inscribe en el plan aprobado por el Ministerio de Justicia mediante la Resolución 306/2026, que contempla la transformación del sistema registral a través de la digitalización de trámites, la optimización de recursos y la reorganización progresiva de la red de oficinas.

Cambios en los aranceles

En paralelo, otra resolución modificó el régimen arancelario de los registros automotores. La medida establece un nuevo sistema de clasificación y agrupamiento de los trámites mediante el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), con el que se busca simplificar el cálculo de los costos.

Según los fundamentos oficiales, la modificación permitirá reducir un 40% la cantidad de cánones vigentes. También se modificó el mecanismo de liquidación de los emolumentos que perciben los encargados de los registros seccionales y la distribución de los fondos recaudados por los trámites.

Fuente: Agencia DIB

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La Provincia creó una cuenta para canalizar embargos judiciales contra el Estado

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La Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires dispuso la apertura de una cuenta bancaria específica para registrar y ejecutar los embargos judiciales que recaigan sobre recursos del Estado bonaerense. La medida busca centralizar esas operaciones y establecer un mecanismo unificado para administrar las afectaciones de fondos ordenadas por la Justicia.

La decisión quedó establecida mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial bonaerense. La cuenta funcionará en el Banco Provincia, Casa Matriz, bajo la denominación “Embargos contra la Provincia de Buenos Aires” y estará a nombre de la Tesorería General.

Según establece la normativa, la cuenta estará destinada exclusivamente a la registración, canalización y ejecución de los embargos judiciales en los que deba intervenir la Tesorería. El mecanismo alcanzará a todos los procesos judiciales, incluso aquellos que ya se encuentren en etapa de ejecución.

La resolución también establece un procedimiento para las medidas judiciales expresadas en moneda extranjera. En esos casos, el cumplimiento se instrumentará a través de la nueva cuenta mediante su equivalente en moneda de curso legal, de acuerdo con los parámetros establecidos en la respectiva orden judicial y sin alterar la naturaleza ni el alcance de la obligación.

Los embargos judiciales en la mira

Entre los fundamentos, la Tesorería sostiene que la afectación directa de las cuentas que integran el Sistema de Cuenta Única del Tesoro (SCUT) podría comprometer la planificación financiera y la continuidad de la gestión estatal.

En ese sentido, señala que la centralización de los embargos permitirá mejorar la administración, registración, trazabilidad y control de esas operaciones, además de compatibilizar el cumplimiento de las decisiones judiciales con el funcionamiento del sistema financiero provincial.

La cuenta deberá operar con la firma conjunta de al menos un funcionario de cada uno de los dos grupos de autoridades designados por la resolución. Además, será incorporada al Registro Único de Cuentas Oficiales (RUCO).

Por último, la Tesorería General coordinará con las entidades financieras que actúan como agentes del Estado provincial los mecanismos necesarios para implementar el nuevo procedimiento.

Fuente: Agencia DIB

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Caso Bahiense del Norte: confirman la red de encubrimiento tras la muerte de 13 personas

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El análisis de comunicaciones telefónicas hecho recientemente por la Policía Federal en Mar del Plata, aportó nueva prueba que acreditaría la concreción de una reunión secreta entre peritos oficiales y representantes del club Bahiense del Norte para acordar la impunidad del caso, en el que murieron 13 personas.

De esta manera se confirma la sospecha que había desde los primeros días posteriores a la tragedia ocurrida el 16 de diciembre de 2023, al derrumbarse un paredón en el predio deportivo durante el violento temporal que arrasó Bahía.

Así lo indicó el abogado Sebastián Mazza, que está presentado en la causa como particular damnificado.

Según las pruebas incorporadas al expediente judicial, los peritos oficiales nombrados por la Fiscalía a pocas horas del hecho mantuvieron contactos prohibidos con dirigentes del club, a quienes además les entregaron el informe técnico antes de presentárselo al fiscal Cristian Aguilar, a cargo de la investigación.

“Esta gente tuvo antes el informe que debían presentarle al fiscal; esto surge de la causa y es realmente grave. Sabían lo que los peritos iban a informar antes que la propia Justicia”, dijo Mazza.

Las pericias telefónicas ordenadas después del secuestro de los dispositivos en abril y procesadas preliminarmente en Bahía Blanca en junio, comienzan a echar luz sobre una presunta “cadena de favores y complicidades” entre los investigados.

La maniobra de los dos informes

El entramado de encubrimiento quedó al descubierto al comparar las actuaciones de la junta pericial designada por la Justicia.

Dos días después del desenlace fatal, los peritos firmaron un informe inicial que dejaba al descubierto los datos “duros” del colapso.

Sin embargo, entre 40 y 45 días después de ese primer dictamen, los mismos profesionales presentaron un segundo documento con conclusiones completamente opuestas, elaboradas para relativizar los hallazgos originales y frenar el inicio de una causa por el delito de estrago.

“Con un segundo informe que hubiese relativizado todo de forma ilegítima, ilegal y perversa, lo que pretendían era que esto no trascendiera y que no afectara los intereses ni del club ni de las personas involucradas. Estuvieron bastante cerca de conseguirlo”, remarcó el letrado, que perdió a su mujer en el derrumbe.

La maniobra -agregó- no prosperó gracias a que el fiscal Aguilar detectó la “llamativa contradicción” entre las conclusiones del primer y el segundo informe, ordenando nuevas medidas de prueba e incorporando estudios de los peritos de la Corte bonaerense.

“Esto es fantástico para el club”

De acuerdo con la información brindada por Mazza, en las conversaciones telefónicas analizadas los peritos negociaban abiertamente el alcance de los informes para proteger la responsabilidad penal de los directivos de Bahiense del Norte.

“Hay diálogos que son increíbles, en los que un perito dice: ‘No vamos a alivianarles toda la responsabilidad, pero por lo menos esto va a ayudar. Esto es fantástico para el club’. Esa no es la tarea de un perito y esto no puede quedar impune”, enfatizó el representante legal de las familias de algunas de las víctimas fatales.

El entrevistado remarcó la gravedad “institucional y moral” del hecho, haciendo hincapié en el perfil socioeconómico y profesional de los acusados, quienes tienen títulos universitarios y una posición económica “elevada”, lo que -explicó- agrava la responsabilidad de sus actos.

“Es bastante duro porque esta gente se había arrimado a los velatorios de las víctimas y ese mismo día, según surge después, estaban operando con todo este tipo de maquinaciones para ocultar absolutamente todo”, aseguró el letrado al servicio informativo de LU2.

Sin clausura

Mazza también se refirió a la lentitud en los avances judiciales y criticó que el complejo deportivo ubicado en Salta 28 no haya sido clausurado por las autoridades municipales.

“Sport Club (donde en junio pasado murió un hombre al caer del primer piso) estuvo clausurado, pero Bahiense del Norte nunca estuvo clausurado”, comparó el informante.

Si bien las principales pruebas constan en la causa desde enero, a raíz de la denuncia originaria del fiscal Aguilar, Mazza reclamó mayor celeridad en el proceso judicial para evitar que las “maniobras dilatorias” posibiliten la “impunidad” de los culpables.

Fuente: La Nueva.

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Kicillof y el cristinismo pausaron la interna: Máximo Kirchner presidirá el Congreso del PJ bonaerense

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El peronismo en la provincia de Buenos Aires transitó las últimas 24 horas para definir los movimientos formales que el PJ bonaerense debía ejecutar como partido. Este miércoles, el gobernador Axel Kicillof encabezó una reunión del Consejo en la que se ratificó que Máximo Kirchner presidirá el Congreso partidario. Se proclamará el próximo 21 de noviembre en La Plata, bajo una modalidad híbrida.

El entendimiento llegó luego de una reunión que Kicillof y Kirchner mantuvieron el martes en La Plata. También participaron la vicegobernadora Verónica Magario; los intendentes Mariano Cascallares, de Almirante Brown, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora; y el jefe del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli. Este miércoles se formalizó en un encuentro más amplio, con la presencia de los consejeros.

El encuentro previo permitió resolver la distribución de responsabilidades partidarias antes de la reunión del Consejo. Kicillof conserva la presidencia del PJ provincial y el líder de La Cámpora quedará al frente del Congreso, uno de los órganos de mayor peso en la estructura interna.

La decisión representó una tregua entre el Movimiento Derecho al Futuro, el sector político que responde al gobernador, y el cristinismo. El acuerdo no eliminó esas diferencias, pero evitó que se trasladaran a una reunión convocada para cumplir con requisitos estatutarios.

El gobernador explicó que el Congreso del PJ bonaerense se realizará el 21 de noviembre y tendrá una modalidad mixta. Parte de las autoridades estará en La Plata y el resto de los congresales participará de forma virtual.

“No va a ser de esos congresos multitudinarios, sino que una parte se va a hacer acá en La Plata, donde va a estar la mesa, y el resto va a ser virtual”, detalló.

La convocatoria tendrá como una de sus funciones centrales la designación de los congresales bonaerenses ante el Congreso Nacional del Partido Justicialista. Kicillof señaló que la reunión responde también a exigencias legales vinculadas al funcionamiento formal de la fuerza.

“Tenemos plazos y hoy estamos cumpliendo esos plazos también, con lo cual es muy importante para nosotros que el partido esté absolutamente dentro de la norma”, señaló el gobernador, quien presidió una mesa rectangular escoltado por el resto de las autoridades partidarias: Verónica Magario y Federico Otermín, como vicepresidentes; Mariano Cascallares como Secretario General y el intendente de La Plata, Julio Alak, en calidad de anfitrión.

El Consejo partidario avanzó, además, en la designación de autoridades que seguían pendientes en distintas secretarías. Kicillof también destacó el funcionamiento de una aplicación para realizar preafiliaciones. La iniciativa integra una campaña para fortalecer la estructura territorial y administrativa del PJ bonaerense, mientras las principales referencias del peronismo buscan ordenar la vida interna sin anticipar definiciones electorales.

La reunión del Consejo incluyó una evaluación de la situación económica, política y social del país. Luego de las intervenciones, el partido emitió un comunicado en el que se incluyó un reclamo para que Cristina Kirchner “recupere sus derechos políticos”.

El pronunciamiento fue una de las señales hacia el sector cristinista. La situación de la expresidenta ocupa un lugar central en la agenda de La Cámpora y de los dirigentes que la acompañan dentro del peronismo bonaerense.

La incorporación del pedido permitió que el documento final expresara una posición común entre sectores que mantienen diferencias respecto de la organización política y la proyección del espacio. El acuerdo institucional, de ese modo, combinó la definición de cargos con una declaración política que ratificó el respaldo a Cristina Kirchner.

Kicillof evitó presentar la reunión como el inicio de una alianza interna más amplia. Consultado sobre si se abría una nueva etapa de diálogo, respondió que existen diferencias y debates, aunque sostuvo que los distintos sectores comparten la necesidad de ofrecer una respuesta frente a la situación económica y social.

“Más allá de las diferencias, lo que hay que dar es una respuesta a nuestro pueblo, a la provincia y a la nación para generar una alternativa”, afirmó. Planteó además que el peronismo debe mostrarse “fuerte” frente al Gobierno nacional.

El tema electoral no formó parte del debate central del Consejo. Durante la reunión no se discutieron candidaturas, alianzas ni eventuales mecanismos para ordenar la competencia interna de cara a los próximos comicios.

Sin embargo, el gobernador sí se refirió a las conversaciones que mantiene con legisladores, gobernadores y dirigentes de distintos espacios opositores por la discusión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y otros cambios electorales que pueda impulsar el Gobierno nacional. “El peronismo lo que está tratando de hacer es defender los derechos electorales de la gente”, expresó el gobernador en una rueda de prensa una vez finalizada la reunión.

También criticó la relación entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales. Sostuvo que la Nación redujo recursos destinados a las provincias para luego utilizar la asistencia financiera como una herramienta de negociación política. “Es látigo y billetera”, definió.

Aunque el tema no se trató en la reunión formal, Kicillof sí admitió que forma parte de las conversaciones políticas. “Hay muchísimos casos de intendentes que habían estado un período, dos períodos, lo que sea, y no los votaron de nuevo y perdieron”, afirmó. El gobernador agregó que espera que avance una discusión legislativa sobre el tema, aunque evitó involucrarse en el mecanismo que podría utilizarse para modificar la normativa.

La cuestión es relevante para numerosos jefes comunales de distintos espacios políticos. En el peronismo hay varios intendentes que reclaman revisar los límites vigentes para sostener la continuidad de sus gestiones. Sin embargo, el Frente Renovador de Sergio Massa viene reiterando su rechazo a la modificación de la legislación vigente.

La reunión del Consejo definió una distribución de responsabilidades que permite sostener la convivencia entre los principales sectores del peronismo bonaerense. Kicillof seguirá al frente del PJ provincial, Kirchner presidirá el Congreso partidario y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará en la Junta Electoral.

La fórmula no resuelve las diferencias entre el kicillofismo y el cristinismo, pero establece un esquema institucional que evita una confrontación inmediata. La próxima prueba será el Congreso del 21 de noviembre, donde el PJ bonaerense deberá designar a sus representantes ante la conducción nacional del partido.

Hasta entonces, la prioridad de los sectores internos será sostener el acuerdo alcanzado en La Plata y evitar que la disputa por el liderazgo vuelva a ocupar el centro de la escena, con un Kicillof sin mayores alternativas que disputar una candidatura presidencial el año que viene.

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