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Política Provincial

La Defensoría recibió un 30% más de consultas desde que empezó la cuarentena

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Los pedidos de información sobre el coronavirus, los asesoramientos sobre diferentes beneficios y los reclamos por problemas derivados de la emergencia, hicieron que la Defensoría del Pueblo bonaerense recibiera unas 13.000 consultas en el último mes, lo que representa un 30% más desde que empezó la cuarentena.
Son datos que el organismo que conduce Guido Lorenzino sistematizó entre el 20 de marzo y el 20 de abril. Fueron en total 12.795 consultas que, a razón de unos 640 por cada día hábil, superaron en un 30% a los que se habían recibido antes de que entrara en vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Esta cantidad de consultas se dividió entre 7.143 asesoramientos, 1.959 reclamos y 3.693 consultas por expedientes. De los primeros, los 2.159 asesoramientos por los aumentos de precio fueron los que encabezaron el ranking, con el 30,2%; le siguieron las 1.704 consultas acerca del coronavirus, con el 23,8%; y los 1.265 pedidos de información sobre el IFE cerraron el podio con el 17,7%. También tuvieron gran presencia los relacionados a temas laborales, a jubilados sin tarjeta de débito, a inquilinos, por vacunación del PAMI y por las escuelas privadas.
Entre los casi dos mil reclamos aparecen los servicios públicos, la salud y el previsional como los temas principales, aunque también sumaron las quejas relacionadas a los impuestos municipales, la violencia institucional, discapacidad y adultos mayores, violencia de género, asuntos viales, educación, mediación e inquilinos, entre otros.
El rubro inquilinos recibió tanto reclamos como pedidos de asesoramiento. Entre las principales consultas figuraron las relacionadas al congelamiento de los alquileres, la posibilidad de mudarse durante el aislamiento, al pago del alquiler a través de transferencias digitales. Además, hubo quejas porque los locadores amenazaron con desalojos aunque no se permitan hasta el 30 de septiembre y porque los propietarios les cortaban los servicios a los inquilinos.
El área de Consumidores también recibió muchas denuncias de los tomadores de créditos UVA, con problemas a la hora de hacer efectivas las medidas anunciadas por el Gobierno. Una cuestión que genera problemas tiene que ver con la reversión, es decir, la posibilidad de pedir la devolución de la cuota, y también para trasladar las cuotas impagas entre abril y junio al final de vida del crédito.
Fortalecimiento de las vías de contacto
Al analizar las vías de contacto por las cuales la Defensoría recibió las consultas, la mayoría, 6.138, llegaron por la línea telefónica gratuita; 2.872 fueron por WhatsApp; 1.521 por redes sociales; 937 por correo electrónico; 407 por el chat de la página de la Defensoría y 920 fueron recibidas por las delegaciones.
“La cuarentena nos obligó a cambiar el método de trabajo pero redoblamos el esfuerzo para acompañar a los bonaerenses. Para eso, aumentamos un 50% el personal de atención y agregamos una línea más de WhatsApp, los que nos permitió dar respuesta, por ejemplo, a los llamados nocturnos, que se triplicaron desde que comenzó el aislamiento”, sostuvo Lorenzino.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo resaltó la importancia de “informar y escuchar a los vecinos en este momento tan delicado. Para eso, realizamos videoconferencias entre las áreas, con los funcionarios online en todo momento, para dar mejor respuesta a los ciudadanos”.

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La Provincia aprobó un protocolo único para el manejo de muestras de ADN en causas penales

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este lunes la aprobación del “Protocolo Unificado de la provincia de Buenos Aires para la Recolección, Conservación y Remisión de Muestras para Análisis de ADN”, a través de la Resolución 2060, firmada por el ministro Javier Alonso.

El documento fue elaborado de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la Provincia, con el objetivo de establecer los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad y la eficiencia de los métodos utilizados en el levantamiento, la recopilación y la preservación de evidencias genéticas.

En la elaboración del protocolo intervinieron, además, la Superintendencia de Policía Científica, la Dirección de Pericias y Estudios Forenses de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal y el Departamento de Coordinación de Institutos Forenses y Gabinetes Periciales, dependiente de la mencionada secretaría de la Procuración General. También tomaron intervención la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

El protocolo establece además una serie de requisitos destinados a reforzar la trazabilidad, preservación y valor probatorio de las evidencias genéticas. Entre otras disposiciones, fija criterios uniformes para la capacitación y protección del personal, la utilización de materiales adecuados, el embalaje y rotulado individual de las muestras y el mantenimiento de la cadena de custodia durante todo el proceso.

Como regla general, los laboratorios admitirán inicialmente hasta cinco evidencias dubitadas por remisión, seleccionadas según su posible utilidad para el esclarecimiento del hecho, y podrán rechazar aquellas que no cumplan con las condiciones de embalaje, identificación o documentación establecidas.

La guía también contempla procedimientos específicos para escenas del crimen, allanamientos, muestras de referencia y delitos contra la integridad sexual, con especial énfasis en la prevención de la contaminación de las muestras y, en estos últimos casos, en la protección física y psicológica de la víctima y su consentimiento para la toma de evidencias.

Fuente: Agencia DIB

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Nación actualizó los aranceles de las prestaciones por discapacidad

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El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El incremento es del 2,1% para las prestaciones correspondientes a agosto, porcentaje calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SND), que modificó los valores establecidos previamente por la Resolución 2227/2026 para julio, cuando se había aplicado una actualización del 1,9%. Y produce en un contexto de reclamos vinculados con los pagos a prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad.

El aumento se aplica de manera uniforme a todas las modalidades incluidas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sin diferencias según el tipo de servicio. Los nuevos valores rigen para las prestaciones brindadas durante agosto.

La normativa también mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones realizadas en la zona patagónica. El beneficio por zona desfavorable alcanza a las provincias del sur del país y contempla las características geográficas y las dificultades de acceso que pueden incrementar los costos vinculados con la atención y los servicios de apoyo.

Discapacidad: los aumentos para las prestaciones

Entre los nuevos valores establecidos, para la Categoría A, correspondiente a las prestaciones de mayor complejidad, el arancel de un Centro de Día con jornada doble pasó de $1.078.908,97 a $1.101.566,06.

En la Categoría B, el arancel para un Hogar con CET permanente quedó establecido en $2.824.518,71, mientras que la Residencia Permanente alcanzó los $1.133.384,56.

Para la Categoría C, que reúne prestaciones de menor complejidad relativa, el valor correspondiente al Hogar Permanente quedó fijado en $1.383.759,91 y el de la Residencia Permanente en $1.047.812,39.

Fuente: Agencia DIB

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Desde Provincia alertan que la morosidad familiar se quintuplicó en un año y medio

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La morosidad de las familias registró un fuerte incremento y alcanzó el 12,8% en mayo de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. El dato implica que la proporción de hogares con atrasos superiores a 90 días en sus compromisos financieros se multiplicó por más de cinco en menos de dos años.

El informe presentado por el Gobierno bonaerense también señala que, si se consideran los préstamos otorgados por entidades no bancarias -como fintech, cadenas comerciales y financieras-, el nivel de morosidad llega al 33%. En el caso de las tarjetas de consumo, pasó del 10,5% al 36,4%, mientras que en las fintech aumentó del 5,7% al 24,5% en el mismo período.

En su habitual conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, puso el foco en el crecimiento del endeudamiento de las familias y cuestionó que el fenómeno pueda atribuirse exclusivamente a decisiones individuales. “No es culpa de la gente, es de Milei”, sostuvo el funcionario al referirse al incremento de la morosidad.

Bianco planteó que el aumento registrado tiene características generales y señaló que la mora creció en

todas las provincias, franjas etarias y géneros. El informe utilizado como base de la presentación sostiene, en la misma línea, que el fenómeno no se explica por conductas individuales aisladas.

Casi 6 millones de personas en mora

De acuerdo con los datos expuestos, a mayo de 2026 había 20,9 millones de personas con algún tipo de deuda con bancos y/o billeteras virtuales. De ese total, 5,8 millones se encontraban en mora, es decir, con atrasos superiores a 90 días. El informe señala que casi tres de cada diez deudores presentan atrasos de ese nivel.

La distribución muestra que 2,9 millones de personas tenían deudas únicamente con billeteras virtuales, 1,6 millones solo con bancos y 1,3 millones mantenían compromisos con ambos tipos de entidades. La cantidad de personas morosas aumentó un 132% desde febrero de 2024 y el documento señala que el fenómeno alcanza a casi una de cada cinco personas adultas.

Bianco también comparó el nivel de morosidad registrado durante distintos períodos de gobierno. Según los números presentados, el indicador se ubicaba en 2,2% en diciembre de 2011, 2,3% en diciembre de 2015, 4,2% en diciembre de 2019 y 2,8% en diciembre de 2023, antes de llegar al 12,8% en mayo de 2026.

El ministro sostuvo que el incremento tampoco estaría relacionado con un mayor volumen de endeudamiento individual. Según los datos que presentó, alrededor de un millón de personas ingresaron en situación de mora mientras que la deuda promedio, medida en términos reales, bajó de $1,3 millones a $1 millón. Además, el 75% de los nuevos morosos ya tenía deudas que anteriormente podía mantener al día.

Fuente: Agencia DIB

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