Las suspensiones dentro de este esquema ya fueron firmadas por el sindicato mecánico (con reducciones salariales de entre el 30% y el 40%), los gremios petroleros (que acordaron una rebaja de sueldos del 40%), los empleados de autopistas de AUSA, la industria del calzado, las cadenas de comida rápida, la aerolínea Flybondi y este lunes se sumaron los trabajadores textiles: la cámara acordó con el sindicato que encabeza Hugo Benítez que el personal suspendido cobrará durante tres meses una suma fija que oscila entre los 17.000 y los 20.000 pesos.
Las tratativas concluyeron durante la tarde del lunes y permite la suspensión a aquellos que no cuenten con responsabilidades durante el aislamiento social obligatorio. De esta manera, percibirán el 75% de su sueldo, una medida que ya se había acordado en otros sectores.
No obstante, con esta junta se dispuso que se evitara la dispersión de porcentajes a la baja de sueldos. El esquema servirá para complementar el pago de la mitad del salario por parte del Estado que se dispuso en el decreto 376.
Este último decreto fue lo que disparó la discusión hace una semana además de las presiones sindicales para solventar las suspensiones pagas. Estas últimas aumentaron desmedidamente ante el congelamiento de la economía en plena pandemia.
Desde el sindicalismo objetaron una rebaja salarial del 20% como máximo, aunque desde el empresariado calificaron la cifra como “inviable”. El pasado martes, la CGT planteó que las empresas privadas podrían pagar el 50% restante de los sueldos para que los trabajadores suspendidos pudieran percibirlos completamente
Al principio desde la UIA rechazaron la propuesta por una diferencia en los salarios para aquellos trabajadores que sí tenían tareas. Claudio Moroni, ministro de Trabajo, fue quien dispuso que la definición de la reducción se ubicara entre el 50% de los empresarios y el 100% de los gremios. Sin embargo, dirigentes sindicales comunicaron el pasado fin de semana que reducirían su tope a un 80%.
El Dr. Pablo Badr, decano del departamento de Ciencias de la Salud, resaltó el dato sobre la Universidad Nacional del Sur que se conoció el pasado viernes cuando el Ministerio de Salud de la Nación publicó el orden de mérito que guiará el proceso de ingreso a residencias en Salud 2026.
El Sistema Nacional de Residencias constituye la principal instancia de formación de especialistas en salud del país en instituciones dependientes del Estado Nacional.
En el primer lugar en los puntajes se ubicó la Universidad Nacional del Sur, con un promedio de 83,75 puntos, seguida por la Universidad Católica de Córdoba, el Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano y la Universidad Nacional de Cuyo.
“Es algo que nos alegra mucho, pero que no nos sorprende porque nosotros año a año evaluamos qué desempeño tienen nuestros graduados en exámenes que se compara a estudiantes de todas las carreras de medicina pública y privada del país. La diferencia es que este año quien publica los datos y destaca que la UNS tuvo el mejor desempeño es el Ministerio de Salud de la Nación”, enfatizó el decano esta mañana en diálogo con Radio Altos.
Explicó que el examen fue rendido por 3.300 graduados y graduadas de todo el país y del exterior, con más de 50 universidades participantes. En general, indicó, la UNS siempre figura entre los primeros puestos y este año también las universidades públicas tuvieron mejor desempeño que las privadas.
“Lo que hoy destaca el Ministerio de Salud de la Nación es que la UNS tuvo un promedio mucho más alto que la media de las públicas y está por encima de todas las públicas y las privadas”, remarcó.
Recordó lo ocurrido el año pasado cuando hubo acusaciones de fraude en las evaluaciones de las residencias médicas y que muchos medios de comunicación capitalinos pusieron la lupa sobre graduados de la UNS por sus muy buenos desempeños.
“El año pasado nos trataban de sospechosos y este año se demostró que con toda la revolución que tuvo el examen, no eran sospechosos, sino que eran buenos”, aseveró.
Agregó que esos graduados que el año pasado habían quedado entre los mejores decidieron quedarse en Bahía Blanca, en residencias del Hospital Municipal y del Hospital Penna.
“Pasa todo por una batalla ideológica de legitimación a lo público. Es la batalla discursiva que estamos enfrentando en los últimos años”, advirtió.
Y por último, se refirió a la ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno de Javier Milei sigue sin cumplir. “Es histórico que el Ejecutivo no cumpla con lo que dicen otros poderes, en democracia es una de las situaciones más graves que hemos tenido en la historia del país. El financiamiento universitario ha sido muy golpeado pero también la opinión pública a la que le están diciendo que las universidades alojan terroristas. Hay una situación que va más allá del financiamiento”, advirtió, por último.
Desde el Ministerio de Economía confirmaron que algunos usuarios, incluidos los de nuestra ciudad, podrán acceder a la tarifa social de SUBE para obtener un descuento en sus viajes en colectivos, trenes y subtes. La información surgió luego del aumento de tarifas de transporte en el AMBA y de la eliminación de los subsidios a las empresas provinciales de transporte. Por otro lado se informó que el nuevo saldo negativo de la tarjeta SUBE es de $1080 pesos.
“Las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE. Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público. La decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”, se informó oportunamente
¿Quiénes pueden acceder a la tarifa social de la SUBE?
La personas que pueden acceder a la la tarifa social de la Tarjeta SUBE son:
Al malestar manifestado por la diputada del GEN, Natalia Dziakowski, se sumó la de los senadores provinciales de Juntos, Andrés De Leo y Nidia Moirano.
En las últimas horas, ambos presentaron un pedido de informes para que la “Provincia explique por que suspendieron las obras en la Ruta 51, en el tramo que une el dique Paso de las Piedras con Bahía Blanca”.
Según publicó De Leo en sus redes sociales, el pedido se debe “ante la falta de información oficial clara” sobre los motivos de la suspensión.
“Luego de publicarse en el Boletín Oficial de PBA, Vialidad dío de baja la licitacion con sólo un ‘suspendida hasta nuevo aviso’, sin embargo la licitación figura en el Boletín Oficial. Necesitamos saber cuál será el destino de las obras, tan necesarias para toda la región”, afirmó el legislador.
Luego de publicarse en el Boletín Oficial de PBA, Vialidad dío de baja la licitacion con sólo un "Suspendida hasta nuevo aviso", sin embargo la licitación figura en el Boletín oficial.
Necesitamos saber cuál será el destino de las obras, tan necesarias para toda la región.
Cabe recordar que la licitación fue anunciada el lunes por la tarde, con un presupuesto superior a los 7,8 mil millones de pesos, pero horas más tarde se confirmó su postergación.