Las provincias de Córdoba, Río Negro, Buenos Aires, Mendoza y Chubut son las primeras en iniciar procesos de reestructuración de deuda, tanto en pesos como en dólares, por un monto cercano a los US$ 11.000 millones, mientras aguardan el final de la negociación que el Gobierno nacional mantiene sobre sus bonos regidos bajo ley extranjera.
Son provincias que, durante 2020, iniciaron diálogos con sus acreedores o aprobaron proyectos en sus legislaturas para avanzar en la reestructuración de una parte de sus pasivos.
Otros dos distritos -Salta y La Rioja- anunciaron que iniciarán procesos similares tras demorar el pago de cupones de intereses de bonos en dólares que, finalmente, cancelaron durante el período de 30 días de gracia posterior al vencimiento original.
En total, y por ahora, son casi US$ 11.000 millones de deuda emitida por provincias en proceso de renegociación: Buenos Aires, con US$ 7.148 millones; Chubut, US$ 700 millones; Mendoza, US$ 590 millones; Rio Negro, US$ 300; y Córdoba, US$ 1.930 millones.
Al igual que ocurrió con el Gobierno nacional -que busca cerrar una reestructuración por casi US$ 67.000 millones- la devaluación y el derrumbe de recaudación por la recesión económica que profundizó el coronavirus afectó el pago de los compromisos.
Según un estudio de la consultora Elypsis, el stock de deudas provinciales equivalía a fines de 2019 al 8% de la deuda pública nacional (US$ 28.098 millones), pero casi el 90% está nominado en dólares por lo que, ante las sucesivas devaluaciones desde 2018, la deuda total escaló del 31% al 52% de los ingresos provinciales entre 2015 y 2019, y la carga de intereses del 1,5% a 5,1% del gasto primario en el mismo período.
“Todas las provincias que tienen deuda en el mercado internacional son susceptibles de una reestructuración”, dijo a Télam Cintia Defranceschi, directora de Finanzas Públicas de FIX, afiliada la calificadora Fitch Raitings.
A excepción de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los bonos sub-soberanos del país no enfrenta grandes desembolsos en 2020. Pero la dificultad de “rollovear” la deuda y el hecho de que el gobierno nacional haya iniciado una negociación fueron determinantes para que varias provincias iniciaran procesos similares.