En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto que propone eliminar todas las restricciones horarias y de canal a la venta de bebidas alcohólicas, derogando múltiples artículos del Código de Habilitaciones y Verificaciones. La iniciativa, presentada en la Comisión de Desarrollo Económico y Mercosur, expresa como argumento central de que la normativa vigente constituye una injerencia arbitraria sobre derechos individuales y comerciales.

El proyecto, que lleva la firma del legislador Juan Ignacio Fernández, impulsa la derogación de los artículos 1.1.1, 1.1.3 y 1.1.4 del Capítulo 1.1 “Restricciones a la venta de bebidas alcohólicas”, normas que hasta ahora fijaban límites estrictos. Por ejemplo, establecen que solo se puede vender alcohol para consumo fuera del local entre las 8:00 y 22:00 y permitir envíos a domicilio únicamente hasta la medianoche.

Además, prohíben la venta en cualquier local autorizado entre las 5:00 y las 10:00, y el consumo dentro de los locales entre las 5:30 y las 10:00. A su vez, hay una prohibición expresa para el expendio y envío de alcohol desde quioscos, maxikioscos y locales de golosinas, incluso en horarios en los que supermercados o restaurantes sí están habilitados.

El núcleo de la argumentación a favor de la reforma se apoya en la defensa de las libertades individuales y los derechos de propiedad, citando como base el artículo 958 del Código Civil y Comercial de la Nación y numerosos pasajes de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Ciudad. El expediente señala: “El Estado no posee legitimidad para ejercer un rol paternalista que pretenda proteger al individuo de sus propias elecciones”. Y denuncia que las restricciones actuales “asumen una incapacidad injustificada que vulnera el principio de autonomía de la voluntad”.

Uno de los aspectos destacados por el texto es la presunta arbitrariedad de las limitaciones según el tipo de local. Según el proyecto, mientras la normativa permite la compra de alcohol en supermercados y locales gastronómicos durante ciertos horarios, la prohíbe completamente en quioscos y otros canales pequeños: “El Estado otorga así privilegios para ciertos sectores —supermercados y locales gastronómicos— mientras prohíbe arbitrariamente a otros —quioscos— ejercer la misma actividad comercial”.

Argumentos y liberalización

El documento sostiene que la aplicación de las normas horarias en Buenos Aires fue poco efectiva. El texto advierte que la práctica ”ha demostrado que las restricciones horarias incentivan la corrupción administrativa e imponen al comerciante funciones de control que exceden su rol”, trasladando obligaciones de fiscalización al sector privado y fomentando acuerdos irregulares con agentes estatales. En palabras del proyecto: “El incumplimiento sistemático evidencia la inviabilidad de la medida”.

El proyecto subraya que los problemas vinculados al consumo excesivo de alcohol deben abordarse con herramientas “específicas de prevención y tratamiento”, no con regulaciones generales del mercado como los topes horarios. Por el contrario, se señala que al restringir la venta formal se estimulan circuitos informales que agravan la convivencia vecinal: “Las prohibiciones horarias no se dirigen efectivamente hacia quienes presentan conductas problemáticas, sino que afectan a ciudadanos adultos responsables, mientras generan canales informales incontrolables”.

El argumento económico asume peso propio en la defensa de la derogación. El texto menciona que un levantamiento de las restricciones podría aumentar el volumen de transacciones comerciales formales —especialmente en una ciudad de actividad nocturna intensa y de perfil turístico— y que “permitirá incrementar el volumen de transacciones comerciales formales, con efectos positivos en la recaudación tributaria indirecta”, junto con la generación de empleos en servicios y logística y un equilibrio competitivo entre grandes distribuidores y comercios de menor escala.

El escrito concluye que la eliminación de las restricciones simplificaría la estructura administrativa, reduciría las oportunidades de corrupción y permitiría enfocar los recursos estatales en controles “efectivos” sobre orden público y seguridad vial.

En medio de las negociaciones por los grandes proyectos del Gobierno y en la previa de los (eventuales) acuerdos electorales con el PRO, la UCR y algunos gobernadores, la Casa Rosada apuesta a rescatar iniciativas de bajo perfil pero impacto directo para cerrar heridas en la relación con los aliados tras los roces por los pliegos judiciales y el traspié con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Darle aire a los proyectos del “archivo” de los sectores opositores amigables y caciques será un guiño del oficialismo nacional luego del mal trago con la Ley de Tierras y el manejo del Fuego, y de la discusión por los pliegos judiciales.

El Ejecutivo tiene un doble objetivo: también busca priorizar iniciativas que generen un impacto tangible y rápido para la gente, antes que grandes reformas de paquete (excepto las que están en marcha).

En modo preelectoral, además de reorientar el foco de su agenda parlamentaria hacia temas más “tangibles“, busca reconstruir puentes con los partidos aliados.

El objetivo de fondo es aceitar las relaciones para “facilitarles” el respaldo a otras iniciativas propias que al Gobierno le interesa especialmente aprobar -empezando por la reforma del BCRA, el gran objetivo de Javier Milei para el año; oninocencia fiscal-.

Pero, en segundo término, también lo consideran como un guiño de cara al terreno de los acuerdos electorales.

Patricia Bullrich le había planteado esta idea a la Casa Rosada, pero sólo fue abrazada tras los tropiezos de la semana pasada, como forma de descomprimir la relación con los bloques dialoguistas después del último tramo tenso en el vínculo político.

El objetivo es doble: por un lado, mostrar gestión con medidas de bajo costo político y alto rédito territorial. Por el otro, sanar heridas después de los roces de las últimas semanas, que arrancó con los pliegos de jueces, cuando Bullrich tuvo que romper el acuerdo que había alcanzado con los jefes de bloque para darle impulso al pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

A esos choques silenciosos se sumó la falta de respaldo contundente, la semana pasada, al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por Federico Sturzenegger, que cayó en partes en el Senado y le mostró al Gobierno que los gobernadores no estaban en la misma página.

Entre los proyectos de bajo perfil pero con impacto directo en las economías regionales mencionan la reducción del IVA de la harina y la fécula de mandioca, del 21% al 10,5%, impulsada por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad (Encuentro Misionero). Una iniciativa que busca equiparar el tratamiento tributario con el de la harina de trigo para, dicen, beneficiar a productores de Misiones.

El otro es la llamada “ley de banquinas”, del amarillo Javier Sánchez Wrba, que apunta a modificar el régimen vigente para permitir la siembra a la vera de las rutas (y de paso congraciarse con los sectores agrícolas). También, la ley de electromovilidad, de Cristian Ritondo, tras el acuerdo YPF-Tesla. Y en el Senado creen que la ley de Salud mental atraerá buen rédito político, incluso en la controversia con la oposición dura.

En paralelo, el Gobierno redoblará esfuerzos para que los proyectos menos tangibles se “acerquen” a la sociedad con una comunicación que los baje a tierra. Será el caso de la ley de mercado de capitales, que el Ejecutivo acordó impulsar de manera prioritaria dentro del paquete desregulador que trabaja Sturzenegger y que detalló ayer en la mesa política en Casa Rosada.

Según trascendió del encuentro, la propuesta apunta a “democratizar el capital”: ampliar las alternativas de financiamiento para las empresas, en especial las pymes, para que puedan recurrir a la emisión de acciones u obligaciones negociables en lugar de depender solo del crédito bancario.