Tal como anticipó Infobae días atrás, el Gobierno oficializó la puesta en marcha del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, una iniciativa que busca fortalecer y modernizar las capacidades de defensa del país mediante un programa integral de reequipamiento, desarrollo de infraestructura estratégica y recuperación de capacidades operativas para las Fuerzas Armadas.

El decreto 314/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, estableció nuevos mecanismos de financiamiento y redistribución de ingresos estatales para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del plan.

En este sentido, dispuso la asignación de fondos provenientes tanto de la venta de inmuebles estatales como de procesos de privatización para fortalecer el equipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas. En cuanto a los porcentajes que se destinarán, el texto indicó que el 10 % de los ingresos generados por la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra forma de disposición de inmuebles del Estado será destinado al Ministerio de Defensa. En los casos en que los bienes involucrados estuvieran previamente asignados al área de Defensa, ese porcentaje se elevará al 70 % de los ingresos obtenidos.

Asimismo, establecieron que el 10 % de los recursos provenientes de la privatización de empresas y sociedades estatales (las incluidas en la Ley 27.742) también se destinará a la mencionada cartera. Esta disposición refuerza la capacidad de inversión directa en equipamiento militar y desarrollo de infraestructura, constituyendo una fuente adicional y complementaria al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Estos recursos no sustituyen ni afectan lo previsto en dicho fondo, sino que constituyen un complemento destinado a atender necesidades de corto plazo y ampliar la capacidad de inversión en la recuperación de capacidades operativas.

En otro pasaje del texto, el Gobierno advirtió que los avances en tecnología militar, como la irrupción de la inteligencia artificial, el uso de armas robotizadas y el auge de los ciberataques, demandan la incorporación de nuevos medios y capacidades. Según el texto, para un país de la extensión y riqueza de recursos naturales del país, resulta esencial contar con un sistema de defensa con verdadera capacidad de disuasión y respuesta.

En el marco de la nueva normativa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas deberá elevar al organismo conducido por Carlos Presti, en un plazo de noventa días, un informe detallando los requerimientos urgentes en materia de reequipamiento, modernización e infraestructura estratégica. El Ministerio deberá instrumentar los medios necesarios para responder a estas necesidades, utilizando los fondos asignados por el decreto.

La iniciativa fue impulsada por el propio ministro de Defensa, quien desde su llegada al cargo planteó la necesidad de crear mecanismos de financiamiento estables para recuperar equipamiento, infraestructura y despliegue operativo.

La nueva distribución de fondos responde también a la situación presupuestaria que afronta el área. El decreto advierte que la estructura vigente absorbía la mayor parte de los recursos en gastos de personal y funcionamiento, lo que limitaba severamente la inversión en modernización y reequipamiento. Hasta el decreto, todos los recursos obtenidos por la venta o concesiones de activos estatales estaban destinados al Tesoro Nacional.

Ahora, con esta decisión, parte de los fondos se direccionará a recuperar el instrumento militar. Con la reasignación de ingresos provenientes de las privatizaciones y de la administración y venta de inmuebles públicos, el Gobierno busca brindar una fuente adicional y permanente para sostener el funcionamiento y la actualización tecnológica de las Fuerzas Armadas.

Uno de los proyectos más relevantes dentro de esa agenda es la base integrada en Tierra del Fuego, una obra que en el Gobierno consideran de valor geoestratégico central. Su ubicación en el extremo sur le daría a la Argentina mayor capacidad logística y operativa en el Atlántico Sur y reforzaría la proyección nacional sobre la actividad antártica.

Tras años de virulentas disputas y enemistad eterna casi jurada para alimentar la “grieta”, algunos senadores cristinistas y macristas se acercan y ahora empujan, juntos, una jornada nacional obligatoria sobre bullying en establecimientos educativos públicos y privados. Al menos eso es lo que impulsan el kirchnerista Eduardo De Pedro (Buenos Aires) y Victoria Huala (Pro-La Pampa).

Lo que hicieron los legisladores fue replicar un dictamen de mayoría que se firmó el año pasado y, con el recambio en las Cámaras alta y baja de diciembre último, perdió estado parlamentario. Para llegar a ese despacho, se habían juntado textos de ambos y se arribó a un consenso que no sólo involucró a ellos, sino también a radicales, a silvestres provinciales e, incluso, a la libertaria Vilma Bedia (Jujuy), pastora evangélica y una férrea defensora de la carne de burro como fuente proteica.

En concreto, en la norma propuesta se plantea “que, en todos los establecimientos educativos del país de gestión pública y privada, en los niveles obligatorios, se realice al menos una (1) vez por ciclo lectivo la jornada ‘Argentina contra el Bullying: Por una escuela libre de acoso y discriminación’, que tiene por objeto que los y las estudiantes, docentes, personal no docente, y la comunidad educativa en su conjunto, desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a abordar la conflictividad social, el acoso escolar, la discriminación y la violencia entre pares en las instituciones educativas”.

Al revisar los fundamentos, el cristinista y la macrista no dudaron en afirmar que “en tiempos en los que la agresión aparece en los discursos oficiales, cuando el desprecio y el insulto al otro parecen moneda corriente, es necesario trabajar por una sociedad más empática, que acepte a cada uno y a cada una como es y que sea capaz de aislar y neutralizar los discursos de odio, y la escuela es el espacio privilegiado para comenzar ese proceso”. ¿Qué pensará Bedia?

Huala y de Pedro aseveran que la orden del día obtenida en 2025 “fue suscripta por trece senadoras y senadores de distintas provincias y espacios políticos, lo que habla de la amplitud del consenso alcanzado”. Y agregan: “Es antes que nada, un acto de respeto hacia el trabajo legislativo realizado y una invitación a retomar ese camino de acuerdo sin dilaciones innecesarias”.

El último punto es curioso, ya que se sugiere -con posibilidad de definición en cada provincia- que la jornada se realice el 2 de mayo de cada año. El proyecto fue presentado el pasado 28 de abril. Las sesiones ordinarias comenzaron el 1 de marzo, lo que demuestra la rapidez de ambos legisladores para evitar nuevos frenos a un tema delicado.

Uñac y la contaminación lumínica

El senador -kirchnerista o peronista, según la época- y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se asomó a la grilla de eventuales precandidatos nacionales para 2027 y presentó, días atrás, una iniciativa que “establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, en los términos de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a efectos de proteger la calidad del cielo nocturno, y de prevenir y mitigar los efectos negativos de la contaminación lumínica”. Todo un mensaje de poder en la siempre feroz interna justicialista.

Uñac manifestó que “el cielo nocturno oscuro es un bien común, parte del patrimonio natural y cultural de la Nación, cuyo cuidado y preservación incide en la investigación científica, el ambiente, la biodiversidad, la salud y las actividades educativas, turísticas y recreativas”.

Pocas reuniones

La agenda de la Cámara alta solo contempla, hasta la mañana de hoy, las audiencias públicas que se consumarán entre miércoles y jueves para continuar con la tanda de pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada. Se analizan en la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja). Nada aparece aún sobre propiedad privada, salud mental y reforma electoral, entre otras cuestiones. Tampoco, la activación de bicamerales que se suspendieron la semana pasada.

Luego de varios intentos por dejar atrás la polémica abierta por los viajes y las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que dio lugar a una investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, el Gobierno nacional trabaja para relanzar la gestión, que en la práctica implica reimpulsar la actividad y recuperar finalmente la agenda mediática marcada por los movimientos en la causa.

“Es hora de retomar la normalidad”, sintetizó ante Infobae un importante funcionario del Gabinete, que considera que la mediatización del tema que involucra al ex vocero presidencial se agotó.

Para eso, luego de haber ensayado ante la oposición que no dudó en solicitar explicaciones detalladas sobre su situación patrimonial y las salidas al exterior en la Cámara de Diputados, el ministro coordinador -que estuvo en el centro de la escena- volverá a las conferencias de prensa en un nuevo intento por volver a la dinámica que antecedió a las semanas más complejas del Poder Ejecutivo.

En los últimos días, al conflicto que involucra a Adorni, se sumó la abrupta salida de Carlos María Frugoni, ex funcionario de Economía que fue eyectado cuando admitió que evitó declarar siete propiedades en Miami, y los llamativos gastos registrados en la cuenta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Con la idea de dar vuelta la página de una vez por todas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habilitó el retorno de la prensa acreditada a la Casa Rosada, impedida de ingresar desde el jueves 23 de abril por orden directa del presidente Javier Milei en un accionar inédito desde su creación en 1944.

Si bien, al cierre del domingo, la fecha para el nuevo cruce -prevista para principios de semana- entre periodistas y el ex vocero no estaba cerrada, desde el entorno del funcionario anticipaban que la idea era concretarlo este lunes. El objetivo expuesto, además de retomar la comunicación de gestión, era “darle la bienvenida” a los acreditados que tras su vuelta se verán limitados en sus movimientos. Según fuentes de Casa Rosada, el regreso parece estar condicionado al cumplimiento de nuevas restricciones en la dinámica diaria.

“Hasta ahora vivimos una especie de transición en la que Manuel (Adorni) fue el blanco de todo tipo de ataques. Eso se terminó”, definió un integrante de la mesa política que celebró el regreso de la comunicación de gestión.

En la previa, Adorni rompió el silencio en lo que configuró su reaparición en medios de comunicación luego de dos meses de blindaje y reafirmó que no renunciará al cargo. Ante la posibilidad de nuevas preguntas en torno a su situación judicial, en su equipo aseguran que se ajustará a la línea que planteó en el Congreso el pasado miércoles ante la atenta mirada de los Milei y del Gabinete. Además, adelantan que a diferencia de la última conferencia fallida del 25 de marzo, no se espera la asistencia de ministros ni legisladores en apoyo.

La semana estará marcada además por un nuevo viaje exprés del presidente Javier Milei que partirá el martes a Estados Unidos, en compañía del canciller, Pablo Quirno, en lo que configura su visita número cuatro en lo que va del 2026. El libertario aceptó una invitación del Instituto Milken para disertar el próximo miércoles en la 29ª Conferencia Global, que reunirá personalidades de todo el mundo. Sin más actividades en la agenda, se espera su regreso al país para el jueves al mediodía.

En plena coordinación de un nuevo encuentro de la mesa política, el Poder Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa para motorizar el Congreso con intención de cumplir con la apuesta del mandatario, quien el 1° de marzo vaticinó “nueve meses ininterrumpidos de reformas”. Hasta ahora, desde la apertura de sesiones ordinarias a la fecha, el oficialismo solo conquistó la media sanción restante para habilitar los cambios en la Ley de Glaciares.