Diferentes bloques de la oposición convocaron para el jueves 15 de octubre a una sesión especial en la Cámara de Diputados con un temario extremadamente incómodo para el oficialismo. En primer lugar, tras la polémica que desencadenó el fallo de la Corte Suprema que liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros, la oposición buscará derogar definitivamente el mega DNU 70/2023, que desreguló amplios sectores de la economía.

Además, los opositores apuestan a sumar masa crítica que garantice el quórum con la inclusión de otros dos temas sensibles: la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de los endeudados.

La convocatoria a la sesión especial lleva la firma de diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y monobloques como el de Natalia de la Sota y Marcela Pagano, por lo que todavía falta sumar cerca de 20 votos, principalmente de espacios que responden directamente a los gobernadores. Todos ellos se encuentran en París, junto al presidente Milei, en el marco de la Argentina Week que se celebra en ese país para buscar inversiones.

Ante la consulta de Infobae, diputados de los bloques del “centro” reconocieron que los votos no están asegurados para imponerse en ninguno de los tres temas. No obstante, destacaban la importancia de no dejar pasar mucho tiempo para capitalizar que la problemática de la venta de tierras a extranjeros volvió a quedar en el centro del debate público.

Pero al mismo tiempo, desde el bloque Argentina Federal (Salta Misiones) dejaron trascender su enojo con la oposición por “utilizar la causa noble de los discapacitados para asegurarse el quórum”. En ese sentido, adelantaron que el bloque podría dividirse según intereses provinciales.

La resolución de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, tomó por sorpresa incluso al Gobierno. Pero ahora buscan alternativas para correr de la discusión la validez del mega decreto.

El mega DNU 70 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición nunca logró un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en la Cámara de Diputados. Pero al nunca haber convocado a una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.

Entre otros puntos, el decreto eliminaba una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogaba las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberaba las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y desregulaba el mercado aéreos y la venta de tierras.

Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advierten que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal. Por ejemplo, que reinstaure la Ley de Alquileres o vuelva a intervenir las cuotas de las prepagas.

En ese sentido, ya trabajan en diferentes estrategias para bloquear la arremetida opositora. Según dejaron trascender, una posibilidad sería volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado y ahora deberá discutirse en Diputados. De esta forma le darán una salida a los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas para sentar posición sobre la venta de tierras a extranjeros sin tener que avanzar contra el DNU 70. Otra posibilidad similar sería incluir un nuevo capítulo en la ley de Defensa de la Soberanía que empezó a tratarse este miércoles en comisión. Esa fue la sugerencia que hizo Miguel Ángel Pichetto a través de las redes sociales.

Endeudamiento

Durante el debate en comisión el oficialismo, junto a sus aliados, se quedó con el dictamen de mayoría y su proyecto será debatido primero en una eventual sesión. La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada, que calificó el problema del endeudamiento como un “tema entre privados”, apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.

En cambio, la oposición quedó dividida en dos posturas sin lograr unificar criterios. El peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas -el cordobés Ignacio José Garcia Aresca decidió ausentarse para no firmar el dictamen- propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.

Además, quienes adhieran al régimen de refinanciación podrán pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrán superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarán todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

Por su parte, el proyecto de Argentina Federal (Misiones y Salta) propone declarar la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período se fija un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope será 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

También crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contempla refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.

Durante la sesión del próximo 15 de octubre se pondrá en debate en primer lugar el proyecto oficialista y la oposición deberá primero sumar más votos para rechazarlo. Recién ahí se discutirán los textos alternativos.

Emergencia en Discapacidad

Las negociaciones en torno a la reforma en el área de Discapacidad generaron fuertes turbulencias y pases de factura internos en el Gobierno. La polémica se desató cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un fuerte ajuste en el área de discapacidad. Ese ajuste no tenía ningún punto de contacto con las negociaciones que La Libertad Avanza estaba llevando adelante en el Congreso con aliados y gobernadores.

Tras dos semanas de tensión, que incluyeron algunos desplantes entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió la Casa Rosada y llegaron a un consenso con los bloques aliados.

La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión. Sin embargo, ahora todas las partidas estarán incluidas en el Presupuesto y no dependerán de las reasignaciones que defina la Jefatura de Gabinete.

El dictamen representó una clara victoria política porque contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría simple. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.

No obstante, desde la oposición advierten que la forma en la que quedaron redactados los artículos esconden las verdaderas intenciones del oficialismo. Puntualmente, plantean que el artículo 5 separa la invalidez laboral de la discapacidad como vías distintas de acceso (“imposibilitada para trabajar, o con discapacidad que posea CUD”). Por lo tanto, “consolida dos pensiones: por invalidez laboral y por discapacidad”, con diferente acceso al programa Incluir Salud. Por lo tanto, su proyecto se limita a prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad vigente.

La ambigüedad de la redacción fue advertida incluso por los aliados del Gobierno que firmaron el dictamen. De hecho, exigieron que se aclaren todas posibles interpretaciones como condición para acompañar. Hasta el momento no recibieron respuesta de La Libertad Avanza.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, afirmó este jueves que Washington prioriza bajar la tensión entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas y evitó un posicionamiento oficial sobre la disputa de la soberanía, en un contexto de mayor tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres desde la guerra de 1982.

En declaraciones exclusivas a GB News, y ante la consulta de si Estados Unidos acudiría en ayuda del Reino Unido si se llevara a cabo alguna acción en esa región, Waltz señaló que “esa es una decisión que le corresponde” a Donald Trump y reconoció que “Argentina es un gran amigo”, pero también sostuvo que “obviamente existe una relación especial con el Reino Unido”. “Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”, indicó.

Las declaraciones de Waltz se enmarcan en una escalada que llegó a nivel diplomático este miércoles, cuando el Foreign Office convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para transmitirle un mensaje directo: la ofensiva de Buenos Aires compromete la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido. La subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran calificó la decisión de recurrir al arbitraje internacional para frenar el desarrollo petrolero de Sea Lion como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Malvinas”.

El gobierno argentino, a través de la Cancillería, rechazó las críticas y sostuvo que someter una controversia a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”.

En el lapso de las últimas semanas, el gobierno argentino envió más de 180 notificaciones a empresas vinculadas al petróleo en las islas y presentó al menos tres denuncias penales contra diez compañías y sus directivos.

Esta semana, Buenos Aires notificó a Londres el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), con un plazo de dos semanas para detener el proyecto Sea Lion o enfrentar una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo. El plazo vence a mediados de octubre.

El campo petrolero en disputa se encuentra a unos 220 kilómetros (137 millas) al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte. La empresa israelí Navitas Petroleum controla el 65% de la participación; la británica Rockhopper Exploration retiene el 35% restante. Las reservas estimadas ascienden a 1.700 millones de barriles, con una primera fase de producción prevista para el primer trimestre de 2028 y un horizonte de 200.000 barriles diarios hacia 2030.

En la misma entrevista, Waltz se refirió al primer encuentro personal entre Trump y el primer ministro Andy Burnham en el marco de la Asamblea General y respaldó la relación bilateral. “Independientemente de la política de cada uno, esta relación siempre tiene que funcionar”, dijo el diplomático.

La respuesta más clara de las empresas involucradas llegó también este miércoles. El director ejecutivo de Rockhopper, Sam Moody, ratificó en el informe semestral presentado ante la Bolsa de Valores de Londres que “el primer petróleo sigue teniendo como objetivo el primer trimestre de 2028” y que la compañía entra al segundo semestre del año “totalmente financiada” hasta el inicio de la producción. Rockhopper recaudó USD 180 millones mediante una colocación de acciones y otros USD 20 millones a través de una oferta abierta que superó el 118% de las suscripciones disponibles.

Moody describió las acciones del gobierno de Milei como un período de “mayor atención mediática y política” sin impacto sobre el cronograma y ponderó el “continuo y firme respaldo” del gobierno del Reino Unido y de las autoridades isleñas. Es el primer documento regulatorio de la empresa que menciona de forma explícita las amenazas argentinas y descarta formalmente su efecto sobre el proyecto.

A 14.000 kilómetros de las Islas Malvinas, el Foreign Office en Londres, a través de la subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran convocó este miércoles a la embajadora argentina Mariana Plaza y trasladó el conflicto por el petróleo del Atlántico Sur al corazón de la relación bilateral. El mensaje fue directo: la decisión del presidente Javier Milei de impulsar un arbitraje internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido. No es sólo un rechazo jurídico. Es una advertencia diplomática.

La respuesta llegó horas después de que Buenos Aires notificara a Londres el inicio del procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), con un plazo de dos semanas para detener el proyecto o enfrentar una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo.

La escalada diplomática coincidió con un seminario de política oceánica convocado que se realizó en la ciudad de Buenos Aires y que reunió a diplomáticos, militares, académicos y funcionarios provinciales para debatir el futuro del Atlántico Sur. Planeado como un foro técnico, terminó como una demostración de que la cuestión Malvinas atraviesa la agenda de la política.

Según se informó de manera oficial, Kumaran calificó la decisión argentina de recurrir al mecanismo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Malvinas”.

La funcionaria fue más lejos y llevó la controversia al plano de la relación bilateral: “Tal comportamiento plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”, afirmó. Londres sostuvo que los esfuerzos de Buenos Aires por obstruir la actividad económica en las islas “no son actos de un compromiso internacional responsable”, sino intentos deliberados de afectar “la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”. La funcionaria británica reafirmó que los isleños “han elegido libre y democráticamente su futuro” y que tienen “todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceras partes”.

En simultaneo hubo una reacción parlamentaria igualmente firme. El diputado Andrew Rosindell, uno de los defensores más activos de los isleños en la Cámara de los Comunes, llamó a rechazar el ultimátum de plano. “El Reino Unido no puede ser intimidado por gobiernos extranjeros para que sacrifique a su gente, su soberanía o su territorio”, escribió en sus redes. Rosindell recordó que en el referéndum de 2013, el 99,8% de los habitantes de las islas votó por permanecer bajo soberanía británica, y advirtió que Londres no debe “repetir la capitulación de los chagossianos y traicionar a los isleños”.

Rockhopper mantiene su planificación

La respuesta más clara de las empresas involucradas llegó también este miércoles. El director ejecutivo de Rockhopper, Sam Moody, ratificó en el informe semestral presentado ante la Bolsa de Valores de Londres que “el primer petróleo sigue teniendo como objetivo el primer trimestre de 2028” y que la compañía entra al segundo semestre del año “totalmente financiada” hasta el inicio de la producción. Rockhopper recaudó USD 180 millones mediante una colocación de acciones y otros USD 20 millones a través de una oferta abierta que superó el 118% de las suscripciones disponibles.

Moody describió las acciones del gobierno de Milei como un período de “mayor atención mediática y política” sin impacto sobre el cronograma y ponderó el “continuo y firme respaldo” del gobierno del Reino Unido y de las autoridades isleñas. Es el primer documento regulatorio de la empresa que menciona de forma explícita las amenazas argentinas y descarta formalmente su efecto sobre el proyecto.

El proyecto Sea Lion se desarrolla a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas Petroleum, de capital israelí, controla el 65% de la participación; Rockhopper retiene el 35% restante. Las reservas estimadas ascienden a 1.700 millones de barriles. La primera fase contempla 11 pozos y una plataforma flotante con capacidad de hasta 55.000 barriles diarios; las etapas posteriores apuntan a 200.000 barriles por día hacia 2030.

Escalada legal y diplomática

El ultimátum argentino y la advertencia diplomática británica es el punto más alto de una presión que viene escalando hace semanas. El 3 de septiembre, Milei utilizó una cadena nacional para advertir que cualquier compañía vinculada al proyecto quedaría excluida de operar en la Argentina: “Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano”, sostuvo. La amenaza implícita es el acceso a Vaca Muerta, la formación de esquisto patagónica que produce más de 600.000 barriles diarios.

Al día siguiente, las empresas de servicios petroleros Schlumberger (SLB), Halliburton y Baker Hughes anunciaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las islas ni en los espacios marítimos circundantes. Las acciones de Rockhopper cayeron un 6,3% en Londres y las de Navitas perdieron más de un 2% en Tel Aviv.

El canciller Pablo Quirno confirmó el envío de unas 180 notificaciones a empresas vinculadas al petróleo en las islas. La Cancillería presentó al menos tres denuncias penales ante tribunales argentinos contra diez compañías y sus directivos, y envió al Congreso un proyecto de ley que contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes extraigan recursos en el área sin autorización argentina, y que comenzó a tratarse este miércoles.

El 16 de septiembre, la jueza federal Mariel Borruto, del tribunal de Tierra del Fuego, emitió una medida cautelar que ordena a Navitas y a Rockhopper detener las perforaciones hasta que las autoridades ambientales argentinas puedan expedirse, aunque reconoció en el propio texto que su cumplimiento “depende de la cooperación internacional y de la conducta” de las empresas.

Qué viene después del ultimátum

El plazo de dos semanas fijado por Milei vence a mediados de octubre. Si el Reino Unido no frena el proyecto, Argentina adelantó que recurrirá al TIDM en Hamburgo para solicitar medidas provisionales. El mecanismo está previsto en la Convemar: mientras el tribunal arbitral del Anexo VII no esté constituido —un proceso que puede llevar meses—, el TIDM puede dictar órdenes de emergencia para proteger los derechos en disputa.

El canciller Quirno aclaró que el arbitraje no tiene como objeto resolver la disputa de soberanía sobre las islas, sino la explotación unilateral de hidrocarburos. “Es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la causa Malvinas en cuanto a la explotación de hidrocarburos”, afirmó. La Argentina ya recorrió este camino antes: en 2012, cuando la fragata ARA Libertad quedó retenida en el puerto de Tema, en Ghana, Buenos Aires recurrió al mismo mecanismo y el TIDM ordenó por unanimidad la liberación del buque en menos de un mes.

Sin embargo, el caso Malvinas tiene un obstáculo que el de la fragata no tenía: la soberanía sobre el territorio está en disputa, y la Convemar regula espacios marítimos, no la titularidad territorial. Además, al ratificar el tratado, la Argentina declaró que no acepta los procedimientos obligatorios para controversias de delimitación marítima y títulos históricos, un argumento que el Reino Unido podría usar como defensa. Londres ya sostuvo que las actividades de Sea Lion se realizan “en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la Convemar”.

En este contexto, se realizó el Seminario de Políticas Oceánicas celebrado este miércoles en la Casa de Gobierno, en CABA, organizado en forma conjunta por la Cancillería, el gobierno porteño, y el Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Cooperación (Coferrec), que reunió a representantes de la Armada, la Prefectura Naval, el Servicio de Hidrografía Naval, provincias con litoral, autoridades portuarias, el sector productivo y la academia.

Entre los expositores estuvo el embajador Javier Figueroa, coordinador de Políticas Oceánicas y Atlántico Sur de la Cancillería, quién advirtió que el conflicto de soberanía tiene consecuencias que exceden el territorio en disputa. “Tener una disputa de soberanía sobre aproximadamente el 40% de nuestros espacios marinos nos plantea enormes desafíos”, señaló. Uno de los más concretos -indicó- es la llamada milla 201: una franja del Atlántico Sur donde operan entre 400 y 500 buques pesqueros por año sin ningún marco normativo, porque Argentina no puede avanzar en mecanismos multilaterales de regulación pesquera más allá de la milla 200 mientras el Reino Unido pretenda ser reconocido como Estado ribereño. “Eso nos impone ciertas restricciones en la definición de políticas”, afirmó.

El diplomático, a su vez, describió una agenda oceánica que va más allá del conflicto por Sea Lion, como la regulación de la plataforma continental y combate de la pesca ilegal no declarada. En paralelo, señaló que Argentina mantiene diálogos oceánicos bilaterales con Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador, y negocia declaraciones conjuntas para coordinar posiciones en organismos internacionales. “No veo por qué no podemos lograr en economía azul lo que logramos en industria nuclear”, afirmó Figueroa. “Tenemos todo.”

En tanto, Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, abrió la jornada con una referencia directa al conflicto: “Nuestros legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte de un consenso que atraviesa a toda la sociedad argentina”. El funcionario vinculó esa posición con el reconocimiento internacional del límite exterior de la plataforma continental argentina, producto de décadas de trabajo técnico y diplomático que calificó como “una verdadera política de Estado”.