“La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos”. Las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dejaron en evidencia que la discusión sobre el contenido del nuevo Régimen Penal Juvenil, que se tratará durante las sesiones extraordinarias, no está saldada al interior del Gobierno.

Mientras algunos referentes libertarios dejaron trascender que establecer la edad mínima de imputabilidad en los 14 años permitiría alcanzar consensos más amplios que dejarán al oficialismo muy cerca de tener los votos para sancionar la nueva ley, otros creen que es momento de insistir con la redacción original del proyecto, que proponía bajar el umbral a los 13 años.

El primer proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024. Allí se discutió durante largos meses y recién en mayo de 2025 un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia acordó un dictamen de mayoría firmado por LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (los últimos dos con algunas disidencias).

Durante esas negociaciones, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica presionaron para fijar la edad mínima en 14 años. También redujeron de 20 a 15 años de prisión efectiva la pena máxima para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Eso posibilitó llegar a un texto consensuado que quedó listo para ir al recinto, algo que finalmente nunca ocurrió.

Con el recambio legislativo, el dictamen perdió estado parlamentario y técnicamente la discusión deberá comenzar desde cero. Algunos sectores del Gobierno se inclinan por “respetar” los acuerdos previos; en cambio, otros creen que la victoria electoral de las legislativas y el contexto generado por algunos crímenes resonantes, como el de Jeremías Monzón en Santa Fe, habilitan a jugar más a fondo.

En esta discusión, la posición que adopten los aliados del Gobierno y los sectores dialoguistas terminará de inclinar la balanza. “El Gobierno está muy bien y viene metiendo goles, es obvio que van a tensar la discusión y proponer otra vez los 13 años. Pero nosotros vamos a seguir sosteniendo que la edad mínima tiene que ser 14 años”, explicó un referente del PRO en Diputados.

Desde la bancada que conduce Cristian Ritondo argumentan que es una cuestión de “prudencia científica y de realidad operativa”. “No hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos. Tanto la Convención de Naciones Unidas, en su observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, y estudios en neurociencias advierten que a esa edad el pensamiento abstracto aún está en desarrollo. Ante la duda, más allá de lo que uno crea, es decir, sin que implique tomar partido, lo más prudente parece ser esperar a que se consolide un criterio científico”, explicaron.

A su vez, advierten que el Estado tiene enormes dificultades para alojar y tratar a los menores que ya están en el sistema: “Sabemos que bajar la edad implica un esfuerzo grande en términos de infraestructura y bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de un día para el otro. La propia Corte Suprema ya alertó al Poder Ejecutivo sobre la falta de infraestructura. Sin lugares adecuados, la ley nacería muerta”.

Por otro lado, el bloque amarillo entienden que será una buena oportunidad para “plantarse” e inaugurar la nueva etapa de “aliados con condiciones”. Cabe recordar que muchos en el bloque PRO aún no superaron el malestar por la ruptura de los diputados bullrichistas y la posterior incorporación a La Libertad Avanza de Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini y Lorena Petrovich.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque oficial de la UCR coincidieron en que “la discusión no debería volver a foja cero porque el tema ya está casi alineado en una de las Cámaras”.

“Por querer jugar a fondo, pueden perder el número que prácticamente ya tienen asegurado para bajar la imputabilidad a los 14 años. El radicalismo quiere que la ley salga, no hay que desaprovechar los consenso que no fueron nada fáciles de conseguir, sería perder el tiempo”, explicaron. Y advirtieron: “Tienen que mirar la composición de la Cámara”.

La advertencia no es menor, ya que sin los 22 votos del interbloque Fuerza del Cambio, donde conviven el PRO, la UCR y el MID, para el oficialismo sería prácticamente imposible llegar al quórum de 129 para el debate en Diputados.