A más de un mes y medio de la primera reunión para iniciar el debate de la ley de Sociedades, que ni siquiera logró el quorum requerido -se esperó media hora para comenzar, con el tercio mínimo-, la comisión de Legislación General del Senado, que comanda la libertaria Nadia Márquez (Neuquén), reactivará la discusión esta tarde, donde se oirán las disertaciones de ex funcionarios, especialistas en derecho e, incluso, al Ceo y fundador de Satellogic -empresa geoespacial-, Emiliano Kargieman.

En junio pasado, quien expuso fue el impulsor de la iniciativa y ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, blanco predilecto de críticas durante el reciente fin de semana -más jugosas operaciones que partieron desde la propia bancada de La Libertad Avanza, que maneja la porteña Patricia Bullrich– para quedar como el principal responsable de la fileteada ley de propiedad privada, votada en la madrugada del viernes último en el recinto de la Cámara alta, tras largas semanas de mala praxis legislativa y política.

Durante su visita, Sturzenegger buscó blindar un guiño de la administración central hacia la aplicación de la inteligencia artificial y el mundo de los algoritmos que se incorporan, de manera muy acelerada, en procesos productivos. Según el ministro, con la creación de la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain, se podría superar en condiciones a Estados Unidos y Europa.

“¿Va a funcionar? No los sabemos. ¿Vale la pena? Sí“, planteó el funcionario, quien puso también el ejemplo de Irlanda como país donde tributan empresas que no tienen procesos productivos in situ, pero que cobran un impuesto por la residencia fiscal. En tanto, en lo que refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el articulado mileísta introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones.

Por otra parte, el texto en cuestión prevé procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pagos para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria. Algunos ítems fueron abordados y consultados desde el kirchnerismo por el chaqueño Jorge Capitanich, los cuales fueron valorados por los representantes del Ejecutivo.

Otro de los invitados en junio fue el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez, que direccionó la lupa hacia la brecha de empresas cada 1.000 habitantes: Chile y Uruguay; 60; México, 34; Argentina, 15. Después, advirtió que las reglas actuales están enfocadas, en “un 70%, para la gran empresa, que regula las Sociedades Anónimas, de una forma rígida”; y que el “99,8% de las empresas del país son MiPyME y generan el 64% del empleo privado formal”.

Fue Ramírez quien resaltó lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)y la digitalización de libros societarios y contables en un plazo de dos años. “Basta de pérdidas de libros cuando una está siendo investigada”, lanzó. Sobre las DAOs, afirmó que se “eligió legislar una parte pequeña”, mencionó que quienes quieran no identificar a beneficiarios finales “no serán recibidos por esta ley”, y que la “alternativa de no hacer nada tiene un costo”. “Podemos mirar hacia un costado y no regularlas, pero existen”, remarcó.

Para la jornada de hoy también aparecen inscriptos el abogado y profesor titular de Derecho Societario (Austral y UMSA), Sebastián Balbín; el ex titular de la IGJ del kirchnerismo Ricardo Nissen; el especialista en blockchain Sebastián Heredia; y el juez civil y comercial de Resistencia, Julián Flores, entre otros. Son 12, en total.

Más temprano, la comisión de Acuerdos realizará una nueva audiencia por pliegos judiciales. Hasta anoche, no había señales del lado de Bullrich en cuanto a sostener la sesión que prometió para este jueves, con el fin de sancionar la denominada ley “Hojarasca”, que elimina normas vetustas. Ni siquiera se convocó a Labor Parlamentaria y el ánimo de los aliados con la libertaria no es el mejor tras el caos de días atrás.

El último traspié del Gobierno en el Congreso volvió a poner bajo la lupa su capacidad para negociar y construir acuerdos parlamentarios. Guillermo Francos, exjefe de Gabinete de Javier Milei, evitó dramatizar la derrota y recordó que durante su gestión también sufrió un revés con la Ley Bases. “Yo también tuve un fracaso importante casi al principio de mi gobierno”, señaló, y agregó: “No hay nadie que sea infalible”.

En diálogo con Infobae al Regreso, el exfuncionario también se mostró convencido de que el resultado de las próximas elecciones será favorable al oficialismo. “Estoy convencido que Milei va a ganar las elecciones del año próximo y va a seguir con esta idea de gobierno”, afirmó. Según su lectura, los sectores de centro derecha y liberalismo terminarán confluyendo detrás del Presidente, incluido el espacio de Mauricio Macri, a quien definió como “una figura importante de la política argentina”.

Francos proyectó, además, un escenario parlamentario mucho más favorable para La Libertad Avanza. Recordó que el Gobierno llegó al poder sin una estructura partidaria consolidada y con una representación legislativa reducida, pero sostuvo que ahora cuenta con un bloque propio y aliados tanto en Diputados como en el Senado. De cara a los próximos comicios, estimó que la fuerza “muy probablemente” se convierta en mayoría en la Cámara baja y que “puede llegar a ser mayoría en el Senado”.

La defensa del equilibrio fiscal

La discusión económica estuvo atravesada por una de las principales banderas de la gestión Milei: el equilibrio fiscal. Frente a las críticas por el costo social del ajuste, Francos sostuvo que la Argentina necesitaba sanear una economía que durante décadas funcionó con déficit. “Vos tenés que atacar los males de alguna forma”, explicó, y planteó que la estabilización debe estar acompañada por una reducción de impuestos que permita al sector privado invertir y producir.

En ese marco, destacó la desaceleración de la inflación y atribuyó ese resultado al ordenamiento de las cuentas públicas. “El presidente Milei se lo ha puesto como un objetivo sine qua non para la economía del futuro: el equilibrio fiscal es fundamental”, sostuvo. También remarcó que la Argentina enfrenta una dificultad que otros países pueden sortear con mayor facilidad: la falta de financiamiento, que vinculó con la desconfianza acumulada durante décadas.

Para Francos, recuperar esa confianza es una condición necesaria para que lleguen inversiones de largo plazo. “Argentina durante muchas décadas fue el campeón del mundo en la generación de desconfianza”, afirmó. Como ejemplo del cambio que busca impulsar el Gobierno, mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que permitió la presentación de proyectos por unos US$150.000 millones.

Entre los desarrollos mencionó el gasoducto que conectará Vaca Muerta con Punta Colorada, al que atribuyó la capacidad de generar unos 40.000 puestos de trabajo durante su construcción. Francos aclaró que ese impacto será progresivo y que no resolverá por sí solo los problemas del mercado laboral, pero lo presentó como una muestra del efecto que pueden tener los grandes proyectos de infraestructura sobre las economías regionales.

El nuevo rol del Estado

La falta de inversión pública fue otro de los puntos de discusión. Francos reconoció que el Estado actualmente no está destinando recursos suficientes a la infraestructura, pero defendió el modelo de concesiones como alternativa para que empresas privadas asuman las obras y recuperen su inversión.

“El día de mañana lo que va a hacer es concesionar para que el sector privado invierta”, explicó, y mencionó tanto las rutas nacionales como el proceso previsto para los ferrocarriles. Para el exfuncionario, el cambio implica revisar una concepción histórica según la cual el Estado debía resolver una gran cantidad de necesidades por sí mismo.

“Yo nunca me fui”

Francos también habló de su relación actual con Milei y de la posibilidad de volver a ocupar un cargo. Contó que mantiene contacto con el Presidente, aunque aclaró que no recibe consultas habituales sobre gestión porque el Ejecutivo ya tiene su propio equipo. Cuando le preguntaron directamente por un eventual regreso a La Libertad Avanza y a la función pública, respondió: “Yo nunca me fui”.

“Estoy en este espacio y las vueltas de la vida dirán si tengo algún rol para jugar o no. Yo estoy dispuesto a colaborar siempre”, agregó. De esta manera, no confirmó un regreso, pero dejó abierta la posibilidad de asumir alguna función en el futuro.

En la construcción política del oficialismo, Francos destacó además el papel de Karina Milei, a quien definió como una figura en la que el Presidente tiene “absoluta confianza”. Valoró especialmente su trabajo para convertir a La Libertad Avanza en una fuerza nacional y consideró que esa estructura será determinante para sostener el proyecto político.

Brasil y su salida del Gobierno

Sobre la relación entre Milei y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Francos consideró que ambos mandatarios tienen responsabilidad en el deterioro del vínculo personal. Sin embargo, cuestionó la decisión de retirar al embajador argentino en Brasil al considerarla “un poco exagerada”. Aclaró que, pese a las diferencias políticas, no espera consecuencias sobre el intercambio bilateral: “La relación comercial entre los dos países va a seguir siendo igual”.

Finalmente, Francos repasó su salida de la Jefatura de Gabinete y negó que haya sido una decisión impuesta por Milei. Explicó que fue él quien planteó la necesidad de una reestructuración del Gobierno porque entendía que comenzaba una nueva etapa. Sobre la posterior designación de Manuel Adorni, reconoció que los hechos terminaron demostrando que la elección le generó un problema al Ejecutivo, aunque sostuvo que el Presidente no podía anticipar ese desenlace cuando tomó la decisión.

Con la mirada puesta en 2027, Francos dejó así una definición política contundente sobre el futuro del Gobierno, pero también una señal sobre el suyo: confía en la continuidad de Milei, espera un crecimiento legislativo de La Libertad Avanza y asegura que sigue dispuesto a colaborar con el espacio que ayudó a construir.

Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de ley que busca regular los créditos que las billeteras virtuales ofrecen a personas que cobran prestaciones de la ANSES y establecer límites a las condiciones de esos préstamos. La iniciativa, que lleva la firma de otros 26 diputados, apunta a evitar situaciones de sobreendeudamiento y contempla medidas específicas para proteger ingresos de carácter alimentario como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

En diálogo con Gonzalo Aziz, Gustavo Lazzari y Malena de los Ríos en Infobae al Regreso, Tolosa Paz explicó que la propuesta apunta a que el Banco Central establezca parámetros para las tasas de interés, los montos y los plazos de los créditos otorgados por las fintech. También plantea modificar los criterios utilizados para evaluar a los solicitantes y evitar que las prestaciones sociales sean utilizadas como garantía o mecanismo de cobro automático.

La diputada aseguró que el objetivo no es restringir el acceso al financiamiento de los sectores de menores ingresos. “No decimos cortar el crédito, todo lo contrario: es la persona que más lo necesita para llegar a fin de mes”, afirmó. Según explicó, la iniciativa busca establecer condiciones que permitan acceder a préstamos sin que el costo financiero comprometa una parte significativa de los ingresos destinados a cubrir necesidades básicas.

El proyecto busca regular las tasas y los algoritmos de las fintech

Uno de los principales puntos de la propuesta es establecer un marco de referencia para las tasas de interés. Según explicó Tolosa Paz, el proyecto plantea tomar como referencia las condiciones ofrecidas por la banca pública y privada para evitar que los beneficiarios de prestaciones sociales enfrenten costos financieros desproporcionados.

La legisladora también cuestionó los criterios utilizados por las fintech para determinar el riesgo crediticio de cada usuario. “El algoritmo de las fintech trabaja sobre una valoración negativa de quien es informal y no tiene ingresos registrados, pero no considera la regularidad de la AUH o las becas Progresar como garantía positiva”, sostuvo.

En ese sentido, la iniciativa propone que la percepción regular de ingresos provenientes de la ANSES sea considerada favorablemente al momento de evaluar una solicitud de crédito. La intención es que la continuidad de esos ingresos forme parte de los parámetros utilizados para determinar tanto el acceso al financiamiento como sus condiciones.

Tolosa Paz relató que realizaron una comparación para analizar las diferencias en el costo de los préstamos según el perfil del solicitante. “Hicimos una prueba en un barrio donde una beneficiaria de la AUH enfrentaba un costo financiero del 477% frente al 38% que me ofrecían a mí, con empleo registrado”, contó.

Para la diputada, esa diferencia está vinculada con los criterios utilizados por los sistemas automatizados de evaluación crediticia, que pueden considerar el empleo informal como un factor de riesgo sin ponderar de la misma manera la regularidad de una prestación estatal.

La protección de la AUH y otras prestaciones sociales

El segundo eje de la iniciativa apunta a impedir que las cuotas de los préstamos sean cobradas automáticamente sobre prestaciones sociales. El proyecto contempla la protección de ingresos como la AUH, la Asignación por Embarazo y otras prestaciones de carácter alimentario.

Tolosa Paz sostuvo que esos recursos tienen una finalidad específica y que no deberían quedar sujetos a mecanismos de débito directo por parte de las empresas que otorgan créditos.

“El Estado pone ese dinero para alimentar a los niños y no puede terminar en manos de las fintech por débito directo”, afirmó.

La diputada sostuvo que el Banco Central podría avanzar con una regulación en ese sentido y mencionó como antecedente el sistema implementado en Brasil con el programa Bolsa Familia.

Además, el proyecto plantea establecer límites para los montos y los plazos de los préstamos. Según explicó Tolosa Paz, la regulación debería contemplar la capacidad de pago de quienes reciben prestaciones sociales para evitar que asuman obligaciones difíciles de afrontar con sus ingresos mensuales.

Tolosa Paz advirtió por el nivel de endeudamiento

Durante la entrevista, la diputada expuso los datos que, según sostuvo, muestran la dimensión del fenómeno. Afirmó que alrededor de 1,1 millones de personas cobran sus prestaciones a través de fintech y estimó que ese movimiento representa unos USD 270 millones mensuales, aproximadamente USD 3.200 millones al año.

“Ese dinero ingresa al sistema, rinde al 20% anual, pero a la misma persona le prestan al 477%”, cuestionó. A partir de esos números, Tolosa Paz planteó que el acceso al crédito debería mantenerse, pero bajo condiciones que considere razonables para los sectores de menores ingresos.

“Lo que parece una solución termina siendo una cadena de sobreendeudamiento que nadie mira”, sostuvo. La legisladora también señaló que la discusión no debería limitarse a los nuevos préstamos, sino incluir a las personas que ya contrajeron deudas bajo las condiciones actuales.

Qué propone hacer con las deudas ya contraídas

Consultada sobre el stock de deuda existente, Tolosa Paz sostuvo que el Estado podría implementar mecanismos para aliviar la carga mensual de las familias sin asumir directamente el pago de las obligaciones.

Entre las alternativas mencionó la posibilidad de extender los plazos y mejorar las condiciones de los créditos, incluso mediante herramientas como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. “No se trata de pagar la deuda, sino de permitir que las familias aplanen su curva de endeudamiento y accedan a mejores términos”, explicó.

La propuesta contempla así dos frentes: establecer nuevas reglas para los créditos que se otorguen a futuro y generar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de quienes ya se encuentran endeudados.

La denuncia contra Caputo y su definición sobre la provincia de Buenos Aires

Durante la entrevista, Tolosa Paz también cuestionó la política económica del Gobierno y afirmó que presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Nación por el manejo del fideicomiso SISVIAL.

Según sostuvo, una parte de los recursos no estaría llegando al destino previsto y reclamó que las herramientas financieras del Estado sean utilizadas para promover la producción y el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas.

Sobre el escenario político bonaerense, la diputada fue consultada por una eventual candidatura a gobernadora. Tolosa Paz evitó confirmar formalmente si será precandidata, aunque aseguró que participará de la disputa política.

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el peronismo vuelva a gobernar la provincia de Buenos Aires y la Argentina”, afirmó.

Aziz le preguntó entonces por la posibilidad de una nueva competencia electoral contra Diego Santilli. “Algunos quieren la revancha Santilli-Tolosa Paz. Vamos a esperar quién es el candidato opositor y capaz tenemos revancha”, respondió.