berto Fernández quiere dividir la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI), donde unos tres mil agentes reconocidos y otros tantos inorgánicos quedan como herencia de la gestión del macrismo en el manejo del espionaje. Mezclados con seguimientos domésticos y otras trapisondas, el legado termina con una ristra de denuncias en los tribunales que hace restregarse las manos a los jueces federales que el macrismo intentó investigar por su patrimonio. Razones sobran para una reforma en el espionaje argentino. Pero a Alberto Fernández los frentes de conflicto se le reproducen como hongos después de la lluvia. Y recibió el consejo de postergar la separación de la AFI para más adelante, dejarlo para cuando tenga el timón asegurado. El debate se mantiene abierto.
La semana pasada dejó grabada a fuego la ascendencia de Cristina Kirchner sobre los planes gubernamentales de Fernández, ya sea desde la lectura geográfica del poder que significó que el presidente electo viajara a la casa de la vicepresidenta y no al revés, hasta las definiciones que se activaron tras el encuentro, como la extirpación de los obstáculos parlamentarios a través de la inmigración forzada del diputado Agustín Rossi y del senador Carlos Caserio. Va a ser así hasta el 10 de diciembre, se resignan en el equipo de Alberto Fernández en referencia a las imposiciones de Cristina Kirchner. El albertismo más entusiasta imagina que después, cuando Fernández tenga la lapicera en la mano, no habrá viajes del presidente al despacho de la vicepresidenta en el Senado. El anhelo es que la gestión acomode liderazgos, como los melones en el carro. Se verá.
Mientras tanto, en la fragua donde se forja el organigrama del próximo gobierno, las tareas están divididas: Gustavo Beliz propone, Juan Manuel Olmos ejecuta y Santiago Cafiero asiste. Como quedó en evidencia, el dispositivo final exige el examen de Cristina. De lo contrario, los nombres levitan sin destino en el limbo de los castigados. En los engranajes de ese mecanismo surgió el plan de dividir en tres partes la Agencia Federal de Inteligencia. El objetivo propuesto es limitar su poder y dotar de especificidad a sus funciones. De acuerdo con el borrador, la agencia actual se quedaría con la inteligencia en el extranjero, a la manera de las atribuciones que tiene la CIA norteamericana. Y los otros dos fragmentos pasarían a la órbita del Ministerio de Seguridad, uno encargado de la inteligencia sobre el narcotráfico y otro sobre la seguridad interior.
El plan encastra con el documento que Gustavo Beliz le pasó a Alberto Fernández, que crea un Consejo de Seguridad permanente, en paralelo al ministerio, y que aportaría desde afuera ideas y recomendaciones. El modelo del Consejo de Seguridad fue descartado por Estados Unidos tras los atentados del 11-S y reformulado por el esquema centralizado en torno a la poderosa Homeland Security. La Argentina se nutre de ideas del pasado.
El enfrentamiento con los espías tiene para Beliz un peso excepcional. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, el entonces ministro del Interior apuntó a reformular el poder paralelo de Comodoro Py y se enfrentó con la trama oculta que en aquel momento controlaban el operador Javier Fernández y el espía Jaime Stiuso. La exhibición de la primera foto conocida de Stiuso en vivo por televisión terminó por desatar la crisis que expulsó a Beliz del gobierno de Néstor Kirchner y lo llevó a trajinar durante años los tribunales por una denuncia por violación a la ley de inteligencia. Las carpetas que Beliz le presenta a Alberto Fernández también esconden reivindicaciones personales.
De acuerdo con quienes lo frecuentan, Stiuso reconstruye la historia de otra manera. El espía retirado desdramatiza el enfrentamiento y argumenta que fue usado como excusa para arrebatarle el Ministerio de Justicia y entregarlo en manos de Horacio Rosatti, quien reemplazó a Beliz en el cargo.
Pero en los organigramas de la política, los nombres son significativos. Diego Gorgal aparece como el candidato para ocupar el ministerio de Seguridad. Todo indica que logró revertir la resistencia que generaba en Alberto Fernández en sus tiempos de jefe de Gabinete, cuando intentaron sin éxito llevarlo al Poder Ejecutivo. Gorgal se formó en política con el patrocinio del duhaldista Juan José Alvarez, luego integró los equipos de Sergio Massa y estuvo entre los 40 elegidos que se reunieron como protagonistas de la transición una semana antes de las elecciones. Tuvo diferencias con Patricia Bullrich en los últimos años y su nombre no figura todavía entre los definidos.
El lugar al frente de los espías lo reclamó el publicista Enrique “Pepe” Albistur. Si Alberto Fernández acepta, se transformaría en un émulo insólito de Mauricio Macri: ambos le habrían entregado el área de inteligencia a personas sin experiencia en la materia, pero que pueden jactarse de haber intercambiado departamentos con el presidente. El actual titular de la AFI, Gustavo Arribas, ocupó el piso de Macri en Barrio Norte cuando se mudó de Brasil a la Argentina por pedido presidencial. Fernández vive en un departamento en Puerto Madero que en realidad pertenece a Albistur. Esos singulares acuerdos inmobiliarios parecen ser determinantes para entender de espionaje.
De todas formas, el nombre más significativo en el área de seguridad es quien aparece como un posible subsecretario del futuro ministerio, el kirchnerista Juan Martín Mena. Entre otros antecedentes se le atribuye a Mena la redacción del pacto con Irán durante el gobierno de Cristina Kirchner. Si se impone la idea de llevar la Unidad de Información Financiera (UIF), oficina encargada de controlar el lavado de dinero, a la órbita del Ministerio de Seguridad, es factible pronosticar que los acuerdos vigentes de cooperación con Estados Unidos estallarán por el aire. Existen aspectos inciertos de la política norteamericana, pero si en algo es predecible es en que no van a entregarle información financiera sensible al redactor del memorándum.
Así, los organigramas que imagina Beliz, gestados con indiscutible buena intención, cambian de sentido cuando aparecen los nombres propios, como ubicar al frente de la Procuración del Tesoro a Carlos Zannini, el mayor adversario que tuvo Alberto Fernández en el interior del gobierno de Néstor Kirchner. Otro favor de Cristina Kirchner.
La preocupación de la vicepresidenta electa está lejos de los acuerdos de cooperación con Estados Unidos sobre lavado. El control de la UIF es determinante para debilitar las investigaciones por corrupción, ya que al igual que la Oficina Anticorrupción, la unidad impulsó con pruebas la mayoría de las querellas de las causas que están llegando a los tribunales orales. Es su propio orden de prioridades al ocupar casilleros.
Fuente: La Nación
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