La justicia del trabajo suspendió la aplicación del artículo 101 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y, por lo tanto, los sindicatos del sector están obligados a mantener un 75% de prestación normal de la actividad si disponen una huelga.

El planteo judicial contra la aplicación de la ley lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, quien anunció la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, y afirmó a Infobae: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”.

“Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”, dijo el sindicalista, que además es secretario de Políticas Educativas de la CGT.

En un comunicado de prensa, el gremio informó que “la Justicia Nacional del Trabajo resolvió que la acción promovida por la UDA continúe su trámite dentro del proceso colectivo que se encuentra radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, donde ya se había dictado una medida cautelar de alcance general”.

“La resolución judicial dejó expresamente establecido que dicha medida cautelar resulta plenamente aplicable al caso del sector docente, manteniéndose suspendida, en esta etapa del proceso, la aplicación de la Ley 27.802 en cuanto califica a la educación como servicio esencial y exige la cobertura obligatoria del 75% del plantel durante medidas de acción sindical”, sostuvo la UDA.

De este modo -agregó-, y hasta tanto exista una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión, continúa resguardado el ejercicio del derecho constitucional de huelga y la plena vigencia de los principios de libertad sindical y negociación colectiva”.

“Desde UDA destacamos la importancia institucional de esta decisión judicial, que preserva el equilibrio del sistema de relaciones laborales y evita que se consoliden restricciones que podrían afectar el núcleo esencial de los derechos colectivos de los trabajadores de la educación”, concluye el comunicado.

El artículo 101 de la Ley de Modernización Laboral reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (75% y 50%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, para evitar la paralización total de los servicios. Ya figuraba en el DNU 70 dictado por Milei apenas asumió su gobierno y luego en el decreto 340, y en ambos casos fueron suspendidos por la Justicia.

En concreto, el primer inciso del artículo, al detallar las actividades que deberán mantener el 75% de la actividad normal en caso de huelga, dice: “El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

En la última versión del proyecto se incorporó la recolección de residuos entre las actividades esenciales que deberán garantizar un 75% de servicios mínimos en caso de huelga, y se incluyó que las fuerzas de seguridad no podrán brindar una cobertura menor al 100% de la prestación normal de su servicio.

En rigor, el artículo que reglamenta el derecho de huelga en los servicios esenciales ya estaba comprendido en el fallo que dictó el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que este lunes suspendió de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización laboral, a partir de una acción impulsada por la CGT contra el Estado Nacional.

El viernes pasado, como anticipó Infobae, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó la suspensión provisional de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral en el ámbito de los convenios colectivos del sector de comercio y servicios, luego de una acción presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín.

La medida cautelar alcanza al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, además de otros convenios suscriptos por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), como el CCT 781/20 y el CCT 547/08. En consecuencia, el Estado Nacional deberá abstenerse de aplicar las disposiciones cuestionadas hasta que exista una sentencia definitiva.

El sindicato había solicitado la declaración de inconstitucionalidad —o, en su defecto, la inaplicabilidad— de esas normas, argumentando que introducen modificaciones en el régimen de ultraactividad de los convenios y establecen límites a las cuotas solidarias de los sindicatos.

En las últimas horas, la Justicia confirmó la prohibición de salida del país para Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La medida se tomó en la causa que investiga las deudas de la AFA con ARCA, en la que el presidente y el tesorero de la entidad están procesados.

El dato es que ambos dirigentes pueden pedir permiso para salir del país, por lo que la prohibición no es “absoluta”.

La resolución fue firmada por la Cámara en lo Penal Económico, bajo el argumento de que la medida -ordenada por el juez que instruye el caso, Diego Amarante- está “justificada” y “tiende a garantizar la comparecencia del imputado a los llamados del juez de la causa cuando su presencia sea requerida”.

Tapia y Toviggino fueron acusados como presuntos coautores penalmente responsables de apropiación indebida de tributos agravada, reiterada en 34 ocasiones, y de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, reiterada en 17 oportunidades.

Ambos fueron procesados este lunes y embargados por $350.000.000 cada uno, por no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos. Sucede que pese a que la mayor parte de esa deuda fue saldada, el delito se configura desde el momento en que se vence el plazo de cobro.

Tapia y Toviggino no fueron los únicos dirigentes procesados: la resolución también alcanzó al secretario general de la AFA, Cristian Malaspina; a su director, Gustavo Lorenzo; y al exsecretario general Víctor Blanco. Incluso la propia AFA, en tanto persona jurídica.

Este fallo podría impedir la presencia de Tapia y Toviggino en el Mundial, que comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Ambos dependerán de la autorización del juez Amarante para viajar.

Fuente: TN

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó este miércoles en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y en su discurso reconoció que la inflación de marzo puede superar el 3%.

El funcionario explicó ante empresarios que su gestión se apoya en el seguimiento de indicadores estadísticos. Para Caputo, los datos son la base para interpretar la realidad y diferenciar opiniones. “Una cosa es pensar distinto y otra es negar evidencia empírica”, deslizó.

Con respecto a la inflación de marzo que el Indec difundirá el próximo 14 de abril, el jefe de Hacienda anticipó que podría ser más alta que el 2,9% registrado en febrero.

“Por ahí en un mes tengamos un indicador que nos juegue en contra. La inflación de marzo, producto de la nafta y la educación, de más alta, pero esto no nos va a desviar del rumbo. Vamos a llegar a la meta”, sostuvo Caputo.

En otro tramo, el jefe de Hacienda también apuntó contra los economistas que aseguran que el Gobierno enfrenta un trade off entre inflación y recesión. “Tenemos que terminar de comernos el cuento de que para ser competitivos hay que devaluar”, lanzó.

“La recesión que arrancó en julio de 2022 y hace piso en el primer semestre de 2024. La inflación subió a niveles que todos se acuerdan bien. Después de que el nivel de actividad comienza a recuperarse, la inflación comienza a caer y eso es lo que va a seguir pasando. La Argentina va a seguir creciendo y la inflación va a seguir bajando”, manifestó.

Luego, Caputo hizo referencia al shock interno que ocurrió en la previa de las elecciones legislativas de 2025. “En los últimos seis meses, la Argentina sufrió un shock interno y externo brutal. Tuvo un costo en todo sentido, el riesgo país llegó a 1500, la inflación se fue del 1,5 al 3% y todavía lo estamos pagando”, relató ante empresarios.

Y continuó: “Ahora estamos viviendo un shock externo fenomenal. Pese a eso, el Banco Central compra a razón de US$100 millones por día. Esto demuestra que estamos cada vez más fuerte”.

Además, por otro lado, defendió la reforma laboral y la ley de Inocencia Fiscal. Para el ministro, la modernización laboral “elimina la industria del juicio” y volvió a pedirle a los argentinos que “saquen los dólares del colchón”.

“Esta es una ley que favorece a todos. Ustedes pueden sacar esos dólares ahora, no pagan ninguna multa”, planteó Caputo sobre la ley de Inocencia Fiscal.

Fuente: TN