En medio de la huelga del transporte, el Gobierno logró destrabar el conflicto salarial que mantenía con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), por lo que quedó sin efecto el paro de colectivos anunciado para este jueves.

De todas maneras, la protesta sólo afectaría los servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye la Capital Federal y el Conurbano, sin afectar a los pasajeros de Bahía Blanca y el resto de las ciudades del interior, tal como había confirmado la delegación local de la UTA, Roberto Ponce

Desde las 17 las autoridades de la Secretaría de Trabajo mantuvieron una reunión virtual con los representantes del gremio liderado por Roberto Fernández y también con las cámaras que agrupan a las empresas que operan el servicio.

Cerca de las 20, después de largas horas de negociaciones y propuestas cruzadas, el Gobierno presentó una última oferta que conformó a todas las partes y, de esa manera, la UTA se comprometió a dejar sin efecto la medida de fuerza que iba a comenzar a las cero horas de este jueves.

La inflación en Bahía Blanca durante el mes de octubre fue del 3,10 %, según la medición realizada por el IPC Online. De esta manera, el índice de precios a nivel local tuvo un incremento del 109,26% en lo que va de 2024, y del 197,10% en forma interanual.

“Octubre sigue dentro de la órbita de los 3 puntos mensuales con 3,10% para todo el mes. Para destacar son las bajas de precios en combustibles y alquileres, en este último caso luego de meses de subas progresivas a casi el 10% mensual”, remarca el trabajo.

“La inflación acumulada interanual se vuelve a desacelerar quebrando el piso de 200 puntos. La dinámica intersemanal (T-1) muestra movimientos en primera semana. T-4 anticipa un noviembre también entre 2 y 3 por ciento. Un mes muy tranquilo con algunas bajas esperadas”, agrega.

El ordenamiento de las variaciones por capítulo es el siguiente: Otros bienes y servicios (4,97%), Esparcimiento (4,75%), Atención médica y gastos para la salud (4,03%) y Alimentos y bebidas (3,77%), todos por encima del nivel general.

Finalmente, Transporte y comunicaciones (2,39%), Educación (2,25%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,07%), Vivienda y servicios básicos (1,60%) e Indumentaria (1,58%) cotizaron por debajo del nivel general.

Distintas fuerzas de la oposición aunaron fuerzas para emitir dictamen de mayoría a favor de la reforma que limita el poder de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que dicta el Presidente de la Nación.

Con esta ofensiva, el proyecto, que recolectó 36 firmas en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, queda listo para tratarse en el recinto y queda esperar el pedido de sesión especial por parte de quienes impulsan la iniciativa.

Tiene como base el proyecto del diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, y se tomó en cuenta elementos de proyectos de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y del flamante bloque radical “sin peluca” Democracia para siempre.

Según quedó establecido en la letra de la norma, alcanzará con el rechazo de una sola cámara para que un DNU quede derogado. De esta manera, se invierte la lógica de la ley 26.122 sancionada en 2006 a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, por la cual un decreto, para ser derogado por el Congreso, tiene que ser rechazado por ambas cámaras legislativas.

En este sentido, fue clave el aporte de los diputados kirchnneristas, que después de décadas de oponerse a modificar el instituto de los DNU, porque no le convenía a los gobiernos propios, ahora sí aprovecharon la oportunidad histórica que se abrió en la coyuntura para recortar el poder de Javier Milei.

La iniciativa consensuada entre las fuerzas que firmaron el dictamen de mayoría también establece un plazo de 90 días corridos para que los decretos sean aprobados por ambas cámaras, y en caso de no cumplir con este plazo caduca su vigencia.

Por otra parte, se prevé que “cuando los decretos a los que se refiere esta ley sean dictados durante el periodo de receso parlamentario las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”.

Por último, se estipula que “rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario”.