La investigación por la sustracción de fentanilo en el Hospital Municipal continúa su avance con el inicio, esta mañana, de peritajes a los equipos electrónicos secuestrados en allanamientos a tres técnicos anestesiólogos bajo sospecha.

La diligencia se desarrolla en la delegación local de la Policía Federal Argentina, en Rondeau 139, donde se presentaron los profesionales de la salud investigados.

En la sede policial también se hicieron presentes testigos para validar la apertura de los dispositivos incautados a fines del mes pasado, según confirmó una fuente oficial.

Posteriormente se prevé que los peritos de la Policía Federal realicen la visualización o el análisis de los teléfonos celulares y la notebook pertenecientes a los sospechosos.

La finalidad es intentar encontrar información que los vincule con la desaparición del fármaco.

Efectivos de la Federal habían secuestrado los aparatos durante requisas hechas en los domicilios particulares y las taquillas de los involucrados en el sanatorio comunal.

La causa está a cargo del fiscal de drogas, Mauricio del Cero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19.

Del Cero indicó que en el marco de la investigación surgieron tres hipótesis, pero que una tiene más fuerza que otra: un posible conflicto interno por la distribución de horas extras en el área de Anestesiología.

Más de 20 ampollas

A principios de abril, las autoridades del hospital habían denunciado la desaparición de 25 ampollas del potente anestésico.

Días después personal del establecimiento sanitario halló las ampollas vacías en el mismo sector de donde habían sido supuestamente sustraídas.

Se trata de una sala cercana al quirófano, cuyo acceso no está absolutamente restringido pero tampoco es público.

También se confirmó que esos envases corresponden al mismo lote que los desaparecidos.

Fuente: La Nueva.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense objetó las decisiones de tribunales inferiores de Bahía Blanca, que en dos instancias le habían negado a una mujer los pedidos de exclusión de su padre del hogar que compartían en esta ciudad.

El juzgado de Familia Nº 3 y la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial bahienses habían rechazado las solicitudes de la presunta víctima, que denunció violencia física y psicológica por parte de su progenitor.

Ambos tribunales entendieron que no había “peligro en la demora” de la exclusión del denunciado porque la denunciante se había retirado del domicilio meses antes.

También fundamentaron sus denegatorias en que el informe técnico elaborado por la perito no resultaba convincente por haberse basado únicamente en la entrevista con la denunciante, “sin control de la contraparte”.

Después de que la denunciante apelara la sentencia de la Cámara e impulsara otras etapas recursivas, la causa llegó a la Corte provincial que, en un fallo unánime, hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la actora.

Además, el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires dejó sin efecto el decisorio de la Sala II de la Cámara de Apelación local y, en el marco de la Ley Micaela, ordenó capacitación en género “obligatoria y permanente” para el personal judicial interviniente.

Los jueces de la Corte hicieron hincapié en que los tribunales inferiores mencionados usaron en contra de la denunciante el hecho de haberse ido de su casa, pese a que la Ley de violencia familiar (12.569) -indicaron- prevé lo opuesto.

Revictimización

El voto de la jueza Hilda Kogan, al que adhirieron los jueces Daniel Soria, Sergio Torres y María Florencia Budiño, desglosó punto por punto ese argumento.

La Corte concluyó que el análisis de las instancias anteriores revictimiza a la mujer y que los fundamentos superficiales de la Cámara operaron “en favor del presunto victimario”.

El artículo 7, inciso “d”, de la ley 12.569 habilita a quien debió “salir del domicilio por razones de seguridad personal” a pedir su reintegro, con la exclusión del agresor.

En su voto, Soria fue contundente al opinar que la norma establece lo opuesto a lo afirmado por la Cámara bahiense.

Fuente: La Nueva.