El lunes volverá la actividad en la Cámara de Diputados de la Nación cuando se conformen las cinco comisiones a las que llamó el oficialismo.

A partir de media mañana los legisladores comenzarán a reunirse en las salas del Anexo para conformar y votar las autoridades de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales; Legislación Penal; Legislación del Trabajo y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

La que concentra la mayor atención en estos días es Presupuesto ya que es la única de las leyes que ya tiene debate previo y, según confiaron fuentes del oficialismo, buscarán aprobar en un período de 12 días hábiles.

El Cronograma que diseño La Libertad Avanza para poder lograr el objetivo, y que ya le comunicó a los legisladores de la oposición, es la de avanzar con el debate del presupuesto el martes y miércoles, dictaminar el último de los días y el jueves ir al recinto para darle media sanción.

“Tiene que llegar al Senado el lunes 22 para que lo puedan aprobar el 29 o el 30 de diciembre”, explicó un diputado libertario. Respecto a si cuentan con las firmas para dictaminar y los votos en el recinto, el mismo legislador se mostró confiado. “Si logramos dictaminar cuando éramos minoría seguramente lo podremos hacer ahora”.

En la oposición aseguran que quieren que haya presupuesto el año que viene, pero muestran diferencias respecto del proyecto oficial.

El peronismo insistirá con un dictamen propio señalando que el texto que propone el Ejecutivo es de “ajuste”.

Por el lado de Unidos, la decisión que se tomó en las últimas horas es la de ir con un dictamen propio tomando como base el que había presentado el diputado Nicolás Massot de Encuentro Federal.

En ese momento, Massot señalaba que el proyecto contenía la aplicación de las leyes sancionadas por el Congreso y que el Ejecutivo se negó a llevar adelante. Particularmente, se refería a la aplicación de las leyes de Emergencia en Discapacidad, Garrahan y Presupuestos para las Universidades nacionales.

El diputado por la provincia de Buenos Aires señalaba que su proyecto de Presupuesto “va a arrojar superávit de 0.9 y no de 1.5%. Se va a cumplir la ley y la financiación va a ser de rentas generales”.

En paralelo, La Libertad Avanza buscará avanzar en las otras comisiones y, aunque no lo tiene planeado, puede ser que en algunos de los temas se formalice un plenario de comisiones. Particularmente el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Este proyecto, que genera un fuerte rechazo de parte de los legisladores de la oposición, establece en su artículo 4 que toda ley “que establezca o autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción”.

El punto en conflicto es el artículo 10 de la norma que establece una modificación del Código Penal en donde se introduce que “será reprimido con prisión de UNO (1) a SEIS (6) años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena el funcionario público que, en violación de las reglas fiscales previstas en la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, dictare, aprobare, autorizare o ejecutare normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento”.

Con esta norma, los legisladores entienden que el Ejecutivo busca restringir el derecho de los diputados y senadores de presentar leyes que modifiquen el gasto establecido por el Presupuesto y ponen como ejemplo las normas aprobadas este año y que el Gobierno se negó a aplicar.

“El único que puede modificar las partidas del Presupuesto es el Jefe de Gabinete, si el Congreso establece una ley que implica sacar recursos de alguna partida para destinarlo a otra. Se quejaban del kirchnerismo pero si no podemos establecer esa discusión pasamos a ser una escribanía el Ejecutivo”, explicó un diputado opositor.

Para poder avanzar en esta ley se tiene que trabajar en la Comisión de Legislación Penal, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, por lo que una opción que se estudia en el despacho de Menem.

No es que ya no haya dialoguistas en la CGT. Lo que sucedió es que la reforma laboral de Javier Milei transformó a todos los dirigentes en combativos. El ala política del Gobierno logró eliminar y moderar algunos artículos que irritaban al gremialismo, pero el análisis más detallado del proyecto oficial dejó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como el gran triunfador: en muchos de sus 197 artículos se apunta a romper la vieja coraza protectora del poder sindical.

A esta CGT elegida el 5 de octubre no le quedó otro camino que estrenar el método de la protesta: los líderes sindicales quieren llevar 150 mil personas a la Plaza de Mayo para presionar al Gobierno y a los legisladores.

Aun así, sobrevivieron canales subterráneos de diálogo entre dirigentes gremiales y representantes libertarios, que hasta ahora demostraron ser insuficientes para alcanzar una tregua. Esos interlocutores oficiales ya estaban avisados de que se iba a decidir una movilización para protestar contra la reforma laboral, ideada como una forma de descomprimir el creciente malestar en el sindicalismo y contener a los sectores más duros.

Por eso, aun en medio del amenazante sonido de los los tambores de guerra, hay expectativas de que el Gobierno acceda a introducir en el tratamiento parlamentario algunos cambios en el proyecto final: hay artículos que, tal como quedaron redactados, son “una provocación”, como se quejan los máximos líderes sindicales.

Uno de los que piensan así es Gerardo Martínez (UOCRA), el adalid del sector dialoguista que defendió a capa y espada la integración de la CGT al Consejo de Mayo con la intención de consensuar la reforma laboral. Hoy, sigue reivindicando el diálogo, pero habla como el más duro de todos: “Hay una intromisión del Gobierno en la libertad sindical, en la relación que existe entre empleadores y trabajadores a través de la articulación de los convenios colectivos de trabajo”, aseguró a Infobae.

“No se observa libertad en el ejercicio de las actividades privadas -dijo-, sino que se busca meter al Estado desde la política para ejercer un cierto condicionamiento a lo que representa la defensa de los trabajadores, tanto en el derecho colectivo como en el derecho individual”.

Aun así, Martínez rescató algo: “Desde la CGT mostramos que no le tememos al diálogo. Consideramos que cualquier propuesta de diálogo surgida desde el Poder Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de administrar el destino de la Argentina, es importante, más que nada para resolver los problemas estructurales. Así como le preocupa al Gobierno el nivel de informalidad que hay en Argentina, nos preocupa a los dirigentes que representamos al movimiento sindical en la CGT. Sabemos que con el actual modelo económico lo único que se va a lograr es tener más desocupación por el nivel de recesión y de crisis que está pasando el sector productivo, donde se observa gran cantidad de empresas grandes, medianas y pequeñas que están cerrando sus puertas. A eso se suma la apertura indiscriminada de la política económica, permitiendo el ingresos de miles de productos que vienen subsidiados del exterior”.

Más allá de distintos artículos urticantes para la CGT, el ejemplo del sindicalismo sobre la provocación del Gobierno se basa en el artículo 126 de la reforma laboral, en el que dice que “los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.

La ley vigente establece la obligatoriedad de que los empleadores actúen como agentes de retención y no sólo de las cuotas de afiliación, como quedó ahora tras la modificación libertaria, sino también de “otros aportes”, lo que permitió que también estuviera garantizada la recaudación de las cuotas solidarias.

¿A quién le molesta que los sindicatos tengan acceso más fácil a recaudar las cuotas de sus afiliados, que pagan de manera voluntaria? Es cuestionable el sistema de cuotas solidarias porque fija el descuento salarial tanto a los afiliados como a los no afiliados de manera compulsiva y obligatoria, pero incluso la Corte afianzó el esquema de los empleadores como agente de retención de las cuotas sindicales al convalidar ese beneficio para los sindicatos con simple inscripción, en un fallo dictado en 2021 que fue un golpe para el establishment gremial.

Un abogado que asesora a empresas incluso encontró una contradicción del Gobierno que favorecerá los litigios: impulsa aquel artículo que jaquea la recaudación de las cuotas sindical, pero no derogó la Ley 24.642, que establece un procedimiento como juicio ejecutivo para el cobro de las cuotas sindicales que el empleador debe retener obligatoriamente. Entonces, según este abogado, “mantuvieron una ley que en realidad pasaría a no tener fuerza legal, salvo que el trabajador haya consentido afiliarse, comunicarle al empleador y que el empleador haya asumido un compromiso de retener y no hacerlo”.

Para la CGT, todo esta trama que rodeó a la reforma laboral pone al desnudo que el ala política del Gobierno (los Menem y Santiago Caputo) se impuso a Sturzenegger en algunos puntos del proyecto, pero no alcanzó a desactivar un grupo de “artículos-bomba” que finalmente hicieron estallar la relación con la CGT.

Los líderes de la CGT reaccionaron rápidamente para evitar que los apurara el ala dura y apenas comenzó la reunión de Consejo Directivo de este jueves (la primera de esta nueva conducción), el cotitular cegetista Jorge Sola (Seguros) propuso una movilización para el jueves 18, que todos aceptaron sin reparo alguno (ese día incluso marchará la izquierda trotskista, que además de movilizarse le reclama a la CGT hacer un paro general).

La actitud del Gobierno terminó endureciendo a toda la central obrera, que cerró filas alrededor de su triunvirato, de una impronta más dialoguista. Otro dirigente de llegada al Gobierno como Sergio Romero (UDA) también se pasó al bando de los duros: hace meses que pelea infructuosamente con sus colegas para mejorar el salario docente de apenas 500 mil pesos.

Fue curiosa una postal que se registró este viernes: Luis Barrionuevo (gastronómicos), que perdió su lugar en el triunvirato de la CGT e influencia sindical, organizó una comida de sus dirigentes más fieles con Jorge Sola para anunciarle su apoyo a la protesta del jueves 18. Allí también estaban dirigentes inflexibles como Omar Maturano (La Fraternidad) y volubles ante las medidas de fuerza como Roberto Fernández (UTA), e incluso Sergio Aladio (Camioneros de Santa Fe), el máximo opositor interno de Hugo Moyano (¿se quejará porque Jorge Sola se sentó al lado de su peor enemigo?).

Ahora, la CGT reforzará el lobby entre gobernadores y legisladores dirigido a lograr los votos necesarios para que se caiga la ley en el Congreso y promoverá la impugnación judicial del proyecto. ¿Alcanzará? Ninguna de las partes de este conflicto aceptará una derrota.

Por eso hay exponentes libertarios que planean una contraofensiva contra la CGT: si bien aún no hay ánimo de una batalla total, podría haber “hostilidad” en la distribución de fondos para las obras sociales, como insinuó un funcionario con despacho en la Casa Rosada.

Desde la CGT, que se imaginan algo sí, hay pánico: si ya tienen problemas para administrar obras sociales en crisis, la perspectiva será peor, tal como surge de un dato de los técnicos cegetistas: la baja de 1 punto en las contribuciones patronales que prevé el proyecto equivale a 16.500 millones mensuales menos en el Fondo Solidario de Redistribución (que paga los reintegros a las obras sociales) y a 96.000 millones menos en la masa a distribuir entre las entidades del sistema sindical de salud (según los cálculos sobre números de agosto).

El escenario que quedó instalado preanuncia que ambas partes están condenadas a una guerra de final imprevisible. ¿Habrá vencedores y vencidos? ¿O el Gobierno y la CGT se conformarán con un empate?

Las familias de las víctimas del fentanilo adulterado organizarán dos movilizaciones simultáneas para reclamar respuestas políticas urgentes frente a lo que definen como la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina. Las concentraciones se realizarán en espejo, una en La Plata y otra en Rosario, bajo la consigna: “Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”.

“Las 124 muertes no pueden quedar relegadas a recomendaciones legislativas que con suerte se sortearán el próximo año. La ausencia de las autoridades sanitarias en las citaciones y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico que las familias no podemos aceptar”, se lee en el comunicado de los dolientes.

En uno de los párrafos más salientes de la convocatoria, los familiares de las víctimas fatales del medicamento de HLB Pharma adulterado expresaron que: “En un contexto de renovación legislativa, con una Comisión Investigadora que no logró avances significativos en cuanto definir responsabilidades políticas, hoy exigimos respuestas inmediatas de las autoridades sanitarias. La ausencia de las autoridades sanitarias y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico. Con una investigación judicial abierta que analiza las responsabilidades políticas y que incluso continuó su labor durante la feria judicial, reivindicamos el rol de la Justicia, único ámbito donde las familias nos encontramos representadas por sus avances concretos”.

La investigación judicial expone fallas estructurales

El juez federal Ernesto Kreplak amplió en los últimos días el perímetro de su investigación y envió una nueva tanda de historias clínicas correspondientes a pacientes que murieron luego de haber sido tratados con fentanilo.

Un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense presentado al juez federal de La Plata, confirmó que38 de las 40 historias clínicas de pacientes fallecidos analizadas—sobre un total de 173—corresponden a muertes por infecciones bacterianas asociadas al uso del anestésico adulterado.

Ese material ya permite determinar con mayor precisión las responsabilidades médicas, sanitarias y regulatorias.

En paralelo, declararon ante Kreplak varios ex trabajadores del Laboratorio Ramallo, la planta en la que se elabororaron las partidas contaminadas de fentanilo HLB Pharma. Sus testimonios describieron graves fallas en el proceso de elaboración, deficiencias en la esterilización, controles internos relajados y condiciones de trabajo que, según relataron, eran incompatibles con la manipulación de sustancias críticas como el fentanilo.

La causa ya tiene 14 imputados procesados, entre ellos directivos, responsables técnicos y figuras vinculadas a la cadena de producción y control del medicamento.

“Queremos respuestas inmediatas”

Las familias señalan que, mientras la Justicia avanza, el Poder Ejecutivo permanece inmóvil. Por eso, uno de los objetivos centrales de la movilización es exigir una reunión urgente con el ministro de Salud, Mario Lugones, y con la titular de la ANMAT, Agustina Bisio. Buscan saber qué medidas tomaron, qué falló en los sistemas de trazabilidad y por qué el Estado no detectó a tiempo el desastre sanitario. “Queremos construir conciencia y memoria social, romper el silencio, evitar el encubrimiento y garantizar que una tragedia así no vuelva a repetirse”, explican los organizadores.

Hasta el momento, el escándalo se cobró el cargo de una funcionario, la titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Carmen Mantecón Fumadó después que este medio revelara las demoras del INAME, organismo que depende de la ANMAT para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.

La documentación oficial llevaría a concluir que si la autoridad regulatoria hubiese actuado de forma más efectiva y menos displicente ante las “irregularidades críticas” detectadas en los laboratorios de Ariel García Furfaro, se podría haber evitado que el 18 de diciembre de 2024 Laboratorios Ramallo, elaborador exclusico de HLB Pharma, fabricara el Lote 31202 del fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias y asociado a la muerte de más de casi.

Los familiares motor del reclamo

Sin organizaciones políticas detrás y sin un aparato de contención estatal, los familiares quedaron al frente del reclamo público.

Muchos de ellos llevan meses recorriendo despachos oficiales, acompañando las presentaciones judiciales y reuniéndose con especialistas para comprender la magnitud del esquema que permitió que dos partidas contaminadas con bacterias peligrosas circularan por hospitales públicos y privados.

En su convocatoria, agradecen expresamente el rol de los medios de comunicación, a los que consideran fundamentales para que la tragedia no quede sepultada en el silencio burocrático. “Los medios son un actor indispensable en esta lucha colectiva por la verdad y la justicia”, señalan.

Una causa abierta que interroga al Estado

El expediente del fentanilo adulterado ya no sólo investiga un error técnico o un proceso farmacéutico defectuoso: apunta también a un sistema de control sanitario debilitado, un circuito de habilitaciones que funciona de manera deficitaria y un Estado que —según entienden las familias— no actuó ni antes, ni durante, ni después de la tragedia. “Las 173 muertes no pueden encerrarse en un expediente. Necesitamos respuestas políticas, decisiones concretas y responsables que den la cara”, sostienen en la convocatoria para el 16 de diciembre.

Los objetivos principales de la movilización son:

– Exigir respuestas inmediatas de las autoridades políticas solicitando una reunión con el Ministro de Salud Mario Lugones y la titular de la ANMAT Agustina Bisio

– Revindicar el avance judicial y la decisión de incluso trabajar en feria judicial.

– Seguir dando visibilidad la tragedia sanitaria, recordar a cada víctima y denunciar la cadena de negligencias que permitió el envenenamiento masivo.

Las movilizaciones buscarán precisamente eso: romper el silencio oficial, mantener viva la memoria de cada víctima y reclamar que el Estado, por una vez, esté a la altura de la tragedia que se investiga.