Desde la asociación civil Ser Comunidad, Diego Fonseca, planteó esta mañana en diálogo con Radio Altos la preocupación que generan las decisiones que viene adoptando el gobierno de Javier Milei que atentan contra el derecho al acceso a una vivienda digna.
En particular se refirió al cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda y a las eliminaciones del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
“Es una decisión política que nos preocupa, como todas las decisiones que atenten contra el bien común. La vivienda es un derecho humano y está reconocido internacionalmente y también en la Constitución Nacional y en la Constitución de la provincia de Buenos Aires”, enfatizó.
Por eso, recalcó que la cuestión habitacional tiene que ser central en cualquier política de Estado porque son los estados los que deben ejercer la función de ser el principal garante del bien común.
“La vivienda debería ser un bien social, que toda la gente que lo necesite pueda resolver su situación y concrete así el sueño del techo propio”, subrayó.
Aunque admitió que en la puja entre el bien común y el derecho a la propiedad privada no siempre la vivienda es un bien social, sino que, por el contrario, pasa a ser un bien del mercado, “al cual acceden pocos”.
“Es muy difícil acceder a una vivienda o a un lote en la situación en la que está la sociedad. Por eso es tan importante la presencia del Estado, que garantice la concreción de este derecho y que regule”, insistió.
Sobre la concepción del gobierno de Javier Milei de que sea el privado el que se haga cargo, en este caso, de los desarrollos en materia habitacional, Fonseca advirtió que acá no cabe esa lógica porque se habla de que cada persona resuelva su situación de acceso a la vivienda a través del mercado y “hay mucha gente que no lo puede hacer”.
Agregó que mucha preocupación generó, también, la eliminación del PROCREAR que, destacó, permitió a la clase media poder resolver el acceso a la vivienda, y del Fondo de Integración Socio-Urbanístico.
Sobre cómo afectan estas decisiones políticas a Bahía Blanca, especificó que en la ciudad hay más de 30 villas y asentamientos precarios que los que si el Estado no está ordenando, regulando, haciendo obras y llevando los servicios básicos, “nadie lo hace”.
“Todo eso se estaba encarando a través del FISU. Que el Estado derogue un fondo de esta característica afecta directamente a muchas familias, en Bahía Blanca. Sobre alrededor de 10.000 familias las que viven en estas más de 30 villas y asentamientos precarios”, alertó, por último.
Fuente: Frente al Cano.
Destacado3 años hace
Destacado3 años hace