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Política Provincial

Alonso le respondió a Wolf: “En el Conurbano, la gente eligió el modelo de seguridad de Kicillof”

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El ministro de Seguridad, Javier Alonso consideró este lunes que “en el sur del Conurbano la gente elige el modelo de seguridad de Axel Kicillof” en respuesta a su par de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff quien pidió “un cambio de rumbo” en esa materia. Además, Alonso le recordó que los homicidios en ocasión de robo bajaron durante los cuatro años previos y le pidió que “se ponga a trabajar” en la situación social de los policías de su distrito.

Alonso salió al cruce de las declaraciones de Wolff, a las que calificó de “chicana política”, luego de que el porteño se quejase porque 11 policías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que viven en la provincia fueron asesinados en ocasión de robo mientras iba de su casa a su trabajo.

El jefe de la Policía de la Provincia rechazó que haya descontrol en materia de seguridad y recordó que “durante los cuatro años de María Eugenia Vidal, el número de homicidios en ocasión de robo fue de 429, mientras que en los cuatro siguientes, bajo el gobierno de Kicillof, bajó a 381”.

Alonso recordó que el AMBA es un área continua que debe “ser gestionada en conjunto”, pero apuntó a la gran disparidad de recursos de un lado y otro de la General Paz “producto de la discriminación” con la “Coparticipación y otros mecanismo de financiamiento” que sufre la provincia de Buenos Aires. “La Ciudad tiene unos 25 mil policías y la Provincia 100.000 para un territorio que es 1.515 veces más grande”, recordó al pedir “discutir en serio el financiamiento de la política de Seguridad.

En ese marco, el ministro bonaerense acusó a su par porteño de ejercer “la prepotencia de la billetera” porque “muchos de los policías que hoy trabajan en la Metropolitana se formaron con nosotros, “aprendieron a ser policías con nosotros pero se fueron a trabajar a Capital por una diferencia salarial que, pese a que aumentamos los sueldos, aun no pudimos terminar de cerrar.”

Alonso apuntó a la falta de política de contención social para los efectivos de la policía Metropolitana y se preguntó: “¿por qué no acceden a una vivienda en el lugar dónde trabajan”. Pidió, en ese sentido, “un plan habitacional” para que esos agentes no tengan que “viajar a veces más de dos horas para llegar a su trabajo”. Y explicó que los policías que fueron asesinados no cayeron en actos de servicios “sino en ocasión de robo porque, como es obligatorio portar el arma en el trayecto, se tienen que identificar.

“Es una falta de respeto a los bonaerenses que Wolff diga ‘necesitamos un cambio de rumbo en materia de seguridad en los distritos del sur del conurbano lindantes con la Capital’” porque “la gente eligió allí el modelo de Seguridad de Kicillof cuando votó”. Recordó el caso de Lanús, donde el actual jefe de la Policía Metropolitana, Diego Kravetz, “era responsable de la seguridad e hizo campaña a intendente con ese tema, pero perdió con Julián Álvarez. En La Plata y Quilmes, con Martiniano Molina, se dieron situaciones similares”, dijo.

“Cuando nosotros llegamos había 790 patrulleros, ahora hay 6000; cuando llegamos no tenían chalecos y ahora están todos equipados; cuando llegamos un policía ganaba un 30% menos que el promedio del resto de los empleados públicos, qué es cambiar de modelo, volver al de Vidal”, se preguntó el ministro.

“No se puede buscar siempre el problema afuera, también lo hicieron cuando amenazaron con enviar a las personas en situación de calle a la Provincia”, destacó.

Para Alonso, las palabras de Wolff “son una chicana política producto de la fragilidad de”. El jefe de la Bonaerense dijo que “a nosotros cualquier policía que matan nos duele” e insistió en que “estamos dispuestos a trabajar en conjunto porque el Área Metropolitana es una sola”. (DIB) AL

Fuente: Diarios Bonaerenses.

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AySA: el Gobierno adjudicó las acciones y la Provincia se prepara para impugnar

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El Gobierno adjudicó la venta del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa que presta servicios de agua y cloacas en el AMBA, por US$340,2 millones al grupo que había hecho la mayor oferta durante el proceso de licitación. Si bien el 13 de noviembre debe formalizarse el traspaso, la Provincia se prepara para impugnar el proceso.

La decisión fue oficializada este jueves con la resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. En ella, la cartera que lidera Luis Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa de la licitación y adjudicó la venta al consorcio por orden de mérito. Además, instruyó a la Tesorería General de la Nación a notificar al adjudicatario la cuenta para la transferencia del valor ofrecido por el 90% de las acciones.

El grupo que se hará cargo de Aysa es el integrado por Rowing; Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. El contrato de compraventa de acciones se firmará el 13 de noviembre de 2026, según lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

El paquete accionario de AySA adjudicado está compuesto por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, representativas del 90% del capital social y votos de la empresa, con un valor nominal de $1000 cada una. De esta manera, la privatización avanza hacia su etapa final, con la firma del contrato prevista para el 13 de noviembre de 2026 y la transferencia del control accionario al consorcio adjudicatario.

Privatización de AySA

Más allá de esta resolución, la privatización enfrenta una ofensiva judicial que podría demorar el traspaso. Las acciones judiciales impulsadas a través de la Defensoría del Pueblo, y un grupo de legisladores kirchneristas se focalizan en dos puntos clave de la privatización: la reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios que contempla el nuevo contrato de concesión y el ocultamiento de la tasación oficial de la empresa que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para determinar la razonabilidad de las ofertas.

En este contexto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodisadvirtió que la privatización condena a millones de argentinos a seguir sin agua potable ni cloacas y aseguró que buscarán impugnar el traspaso. En el AMBA, el 24,5% de los habitantes (3,7 millones) no tiene acceso a agua de red y el 36,4% (5,5 millones) no cuenta con cloacas.

“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”.

Y ahondó: “El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei.”.

En estos tres años, AySA aumentó la tarifa, recaudó mucho más, pero paralizó todas las obras, explicó el funcionario. En este sentido, dijo que las tarifas aumentaron 555% en valores nominales y la recaudación por cobro de tarifas creció 135% en términos reales, pero la inversión en obras cayó 75% en términos reales.

Fuente: Agencia DIB

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Aprobaron la Ley Ema contra el acoso digital en los colegios y prohibieron celulares en los secundarios

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La Ley Ema surgió a raíz del trágico caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que se suicidó en agosto de 2024 tras sufrir la viralización y difusión no consentida de un video íntimo en su entorno escolar. Su madre, Laura Sánchez, transformó el dolor en una propuesta para que no se repitan casos similares y así surgió primero una Guia Ema y luego el proyecto de ley, trabajado junto a diversos colectivos y especialistas.

En la Legislatura, el articulado fue presentado por la diputada Mayra Mendoza, quien hoy, tras la sanción, dijo que todo es “fruto del trabajo de Laura, la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha”. Agregó que “a partir de ahora y siempre, llevaremos todas el nombre de Ema como bandera para que ninguna otra piba tenga que pasar por lo mismo” y destacó que “desde hoy, contamos con una herramienta para que nuestras juventudes se formen en entornos digitales”.
La “Ley Ema” privilegia un enfoque preventivo de la problemática al incorporar a las bases educativas el concepto de ciudadanía digital segura, centro a partir del cual se disponen una serie de acciones concretas para combatir el acoso. Entre ellos figuran la inclusión en la currícula de contenidos transversales obligatorios sobre el consentimiento, la privacidad, el uso crítico de la tecnología y los derechos digitales.

También se establece la capacitación docente obligatoria en esta materia y la actualización de protocolos de actuación ante la aparición de casos concretos en las escuelas. Además, amplía el concepto de violencia, que ahora incluye la difusión no consentida de material íntimo (sextorsión o pornovenganza), el ciberbullying, el hostigamiento, y los discursos de odio misóginos en entornos virtuales, entre otras novedades.

La nueva norma se aprueba en medio de la repetición de nuevos casos videos realizados con inteligencia artificial en el que aparecen imagenes manipuladas de alumnas de colegios, realizados por sus compañeros de cursadas.

La regulación de las pantallas

En tanto, también se hizo ley un proyecto para regular el uso de las pantallas en los colegios secundarios, que fue presentado por el diputado Martín Rozas. Dispone que los alumnos pueden llevar sus teléfonos a la escuela, pero no pueden utilizarlos durante las horas de cursada. La idea es definir un “uso responsable” que contemple la no utilización de estos dispositivos en la jornada educativa.

La norma tiene excepciones pedagógicas y de salud: El uso de pantallas solo se permite cuando exista una finalidad pedagógica expresa y autorizada por el docente, o bien por cuestiones de salud específicas del estudiante.

Articulación con la primaria: con esta sanción se incorpora el nivel secundario a la Ley provincial N° 15.534. Esta normativa ya regulaba y limitaba el uso de dispositivos en el nivel primario -presentada por el senador Emmanuel González Santalla-, y unifica así los criterios para ambos niveles.

Fuente: Agencia DIB.

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Carlos Bianco exigió mantener las PASO y dijo que eliminarlas es “un delito”

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Mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno nacional podrá avanzar en el Congreso con una reforma electoral que contemple la eliminación o suspensión de las PASO, desde la administración de Axel Kicillof exigieron mantenerlas y calificaron de “ilegal” querer avanzar con cambios a menos de un año de las elecciones.

En pleno debate sobre las intenciones de la gestión libertaria de eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que ese cambio de reglas es “un delito” y que en el fondo lo que busca es evitar que la oposición se organice para disputarle la presidencia a Milei.

“Quieren evitar que la oposición se organice para que Milei sea reelecto”, sostuvo en conferencia de prensa Bianco, quien denunció que desde el Gobierno nacional lo han dicho de “manera descarada” que quieren voltear las PASO para que la oposición no se pueda organizar.

En este contexto, destacó que una reforma concebida para facilitar el triunfo de una fuerza política no tiene justificación institucional. “Eso está mal, es ilegal, es un delito. Manipular el sistema electoral para que reelija o gane una determinada fuerza política. Si modificás el sistema electoral tiene que ver con que sea más transparente, más económico, más eficaz”, agregó. Y destacó, como una forma de mensaje interno, que hay un compromiso de gobernadores peronistas de no modificar el sistema actual.

Las PASO y la Boleta Única Papel

Bianco vinculó la iniciativa con otros cambios promovidos durante la gestión libertaria, entre ellos la implementación de la Boleta Única Papel y los proyectos sobre el funcionamiento de los partidos políticos. “No se puede modificar el sistema solo para ganar una elección”, dijo.

En ese sentido, afirmó que el sistema electoral argentino no presentaba un reclamo que exigiera una reforma de esta magnitud y defendió la experiencia de las elecciones bonaerenses del año pasado. Según sus datos, en esos comicios se emitieron más de 8,6 millones de votos y se registraron 11 infracciones a la legislación electoral.

También cuestionó el argumento económico utilizado por el oficialismo para avanzar con cambios en el mecanismo de votación. Dijo que la organización de la elección bonaerense tuvo un costo de $85.000 millones y aseguró que la proyección de una votación nacional con Boleta Única Papel duplicaría ese monto para el distrito.

Fuente: Agencia DIB

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