El peronismo cerró un año cargado de batallas intensas y dañinas. Peleas intestinas, interminables y, en muchos casos, inútiles. Acusaciones permanentes, reproches incesantes y futurología negativa. Para adelante no hay nada bueno si no es en unidad, dicen algunos. Para adelante lo bueno solo vendrá si se dividen las aguas, dicen otros.

El pasado reciente del peronismo, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, está atado al futuro inmediato. Porque las diferencias se mantienen en el tiempo y la discusión de fondo sobre si se debe quebrar o no el esquema político, permanecen vigente en el medio del fuego cruzado.

El año terminó con Cristina Kirchner internada y despojada de su conducción política a través de las redes sociales y con Axel Kicillof haciendo carretear su proyecto nacional para que el despegue se concrete en febrero, cuando avance, con mayor velocidad, el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en todo el país.

El 2025 finalizó también con el interbloque de senadores peronista inmerso en una cacería de brujas luego de que la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada votaran el Presupuesto 2026, alineado a los pedidos de los gobernadores a los que responden: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo. Ambos son socios importantes de la Casa Rosada y rivales internos del kirchnerismo.

La tensión creciente que hay en el interbloque de la Cámara alta puede terminar en una fractura durante el primer semestre del año que comenzó hoy. No es la primera vez que el kirchnerismo pone en el foco de la represalia a estos tres senadores. Fueron los mismos que acompañaron la sanción del RIGI, en un apartado de la ley Bases, y generaron una avanzada K decidida, furiosa y viral, contra la decisión.

Los gobernadores de Catamarca y Tucumán están completamente desalineados del esquema principal del peronismo. Los filo peronistas como el salteño Gustavo Sáenz o el misionero Hugo Passalaqua, juegan su propio juego hace tiempo y transformaron sus estructuras políticas en partidos provinciales que contienen a un sector del PJ. El armado federal del peronismo está desvencijado.

Los pocos mandatarios que quedaron dentro de Fuerza Patria se unificaron en una mesa política que obtuvo visibilidad, un par de semanas atrás, en la casa de La Pampa en Buenos Aires. En ese encuentro estuvieron una veintena de legisladores que les responden, y no fueron invitados aquellos alineados a Máximo y Cristina Kirchner.

Durante esa reunión hubo un acuerdo común para que ese bloque empiece a pesar más en el armado político del peronismo y, especialmente, para que tenga influencia directa en la prioridad de los temas que impulsan los bloques parlamentarios en las dos cámaras del Congreso. Se sienten relegados y están cansados de la forma de conducción del cristinismo.

Son los mismos mandatarios los que van a intentar ganar protagonismo durante este año que arranca. Ellos, que saben con exactitud como funciona el poder en el peronismo, advierten que el 2026 es determinante para fundar un proyecto político nacional que sea competitivo a mitad del 2027, cuando Javier Milei quiera revalidar su mandato. A partir de hoy empezó a correr el reloj de arena.

Además, al mismo tiempo, cada uno debe empezar a empujar, con decisión, la discusión interna en sus provincias para ver quiénes van a ser sus sucesores. Es el caso del pampeano Sergio Ziliotto, el fueguino Gustavo Melella, el formoseño Gildo Insfrán y Axel Kicillof, que tiene por delante el desafío de constituir su proyecto presidencial y sumar poder en su voz, para abrirle el camino a un nombre propio que lo reemplace y sea parte de su esquema político.

El que más suena en estos tiempos difusos del PJ es el nombre de Gabriel Katopodis, el ministro de Infraestructura, que se convirtió en un negociador todoterreno al que en el kicillofismo le valoran “jugar bien” en las múltiples batallas internas que enfrentaron en La Plata contra el cristinismo. Del otro lado del mostrador aparecen nombres como el de Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro o Mayra Mendoza.

En esa lista, y también en la que tiene nombres presidenciables, está Sergio Massa. El ex ministro de Economía es uno articulador permanente de las voluntades del peronismo. Tanto a nivel provincial como nacional. Y está siempre presente en las ternas donde se compite por los votos. En su intimidad siempre suele poner paños de agua fría a cualquier especulación, pero su apellido suele estar atado a muchas hipótesis futuras que hay en Fuerza Patria.

El peronismo cerró un año donde el liderazgo de Cristina Kirchner quedó muy golpeado. No solo por su condena en la causa Vialidad, la que le impide ser candidata en las elecciones, y su detención en San José 111, sino también por el avanzado desgaste de un ciclo político, con ella a la cabeza, que empieza a cerrarse. Así lo piensan en la mayor parte de la fuerza política, salvo en el camporismo, donde intentarán sostener su imagen, su figura espiritual y su poder auténtico hasta donde les dé la nafta.

Casi por un acto reflejo, CFK intentará este año conservar el poder que le queda. Su centralidad, su influencia (aún muy importante) en los dos bloques legislativos del Congreso, y su capacidad de condicionar armados provinciales en las negociaciones que atraviesan los límites federales. Y, sobre todo, su figura inmaculada para un sector del electorado bonaerense.

Hay una aceptación mayoritaria en el peronismo del interior respecto al lugar que debe ocupar la ex presidenta. La propuesta nacional y popular que surja es con ella adentro, concentrada en el conurbano bonaerense y sin capitanear el barco. Es con ella pero con limitaciones. Ya no tiene el poder necesario para imponer condiciones. Y la política es, ante todo, muy cruel, cuando el poder se escapa entre los dedos.

El peronismo afronta un cambio de ciclo innegable. En el año que arrancó este jueves empezará a visibilizarse esa modificación que primero es abstracta y después termina siendo concreta. No es un capricho de la política, es un reclamo de las mayorías. Que, en definitiva, son las que marcan el pulso de las elecciones. Las que ponen los votos en las urnas y las que tuercen el rumbo de las imposiciones de la dirigencia.

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que dialogó con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le solicitó que Santa Fe ingresara de inmediato los USD 800 millones correspondientes a un crédito internacional obtenido por la provincia. La administración provincial rechazó el pedido y argumentó que, bajo las condiciones actuales, no puede asumir un riesgo financiero que implique pérdidas para las arcas santafesinas.

Los fondos provienen de un bono emitido en los mercados internacionales a principios de este mes, por un monto de USD 800 millones, con un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,10%. La colocación fue ampliamente demandada tanto por inversores internacionales como locales, lo que desde la gobernación se interpretó como una señal de confianza en la calidad crediticia de la provincia.

“El crédito es para obra pública, no para gastos corrientes”, señaló el gobernador durante una entrevista con Cadena 3 de Rosario. “Los dólares los tenemos afuera, y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras. Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar”, expresó Pullaro al describir el intercambio con Caputo.

Precisó que la evolución del tipo de cambio entre el momento de la adquisición y las cotizaciones actuales podría implicar una pérdida para Santa Fe si los fondos ingresan sin cobertura adecuada.

Pullaro sostuvo que, si existiera “algún instrumento financiero que asegure que si el dólar aumenta Santa Fe estaría cubierta, desde luego que los traemos”. Dejó así abierta la posibilidad de coordinar con Nación la llegada de los fondos si se logra un mecanismo de cobertura cambiaria satisfactorio para la provincia.

El diálogo entre Pullaro y Caputo ocurre mientras el gobierno de Javier Milei enfrenta un próximo vencimiento de deuda del orden de los USD 4.300 millones. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha detallado públicamente de dónde provendrán los dólares para ese pago, lo que mantiene la discusión sobre las reservas y la disponibilidad de divisas.

Pullaro remarcó que la decisión de Santa Fe responde a criterios técnicos enfocados en la preservación del valor de los recursos y su destino exclusivo a las obras para las cuales fueron obtenidos. “Queremos que al país le vaya bien y, si podemos colaborar con el Gobierno nacional, lo vamos a hacer. Siempre lo hicimos”, afirmó Pullaro, aunque aclaró que la provincia no puede asumir un riesgo de pérdida al ingresar los fondos sin un mecanismo que proteja su valor.

Desde la gobernación santafesina enfatizaron en diálogo con Infobae que la postura provincial no constituye un desafío político al Gobierno nacional. Fuentes del Ejecutivo provincial, en diálogo confidencial con Infobae, afirmaron: “No hay ningún desafío al Gobierno ni se puede tomar la conversación con Caputo como una presión para que Santa Fe traiga los dólares”. Destacaron que la relación institucional con la Casa Rosada continúa “buena, más allá de que tenemos reclamos que todavía no encontraron una respuesta satisfactoria”.

Entre los reclamos planteados, desde la provincia subrayó dos cuestiones prioritarias: la reparación y mantenimiento de rutas nacionales, considerada urgente, y la restitución del flujo por parte de la Caja de Jubilaciones interrumpido en enero de 2024, situación que afecta las cuentas provinciales y que, según Santa Fe, sigue sin resolverse.

La emisión de deuda de Santa Fe, concretada en diciembre pasado, representó uno de los hitos financieros de la provincia. Según el comunicado oficial, la salida al mercado internacional fue exitosa: se recibieron ofertas por 1.800 millones de dólares, más del doble del monto emitido, con la participación de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 minoristas, incluidos ochocientos inversores locales argentinos. La gobernación interpretó esto como un respaldo a la gestión fiscal y a la capacidad de financiamiento internacional de la provincia.

El destino de los recursos fue definido por Santa Fe como la financiación de obras estratégicas: proyectos energéticos, mejoras en infraestructura vial —especialmente rutas clave para la circulación de bienes—, inversiones en seguridad pública y obras sociales. La provincia sostiene que los ingresos de divisas deben acompañar la ejecución efectiva de certificados de obra, principio que motiva su rechazo a anticipar el ingreso total de los fondos.

La discusión entre Nación y Santa Fe expone una tensión técnica, no política. El Gobierno nacional busca ordenar el flujo de dólares para afrontar compromisos de deuda sin afectar su estrategia financiera. Por su parte, la provincia administra recursos obtenidos en condiciones de mercado internacional, con compromisos contractuales para infraestructura, y aplica una interpretación estricta que prioriza la ejecución de obras y la preservación del valor de los fondos.

La postura de Pullaro se inscribe en un contexto político más amplio: a diferencia de otros gobernadores no alineados con el kirchnerismo, el mandatario santafesino no participó en la ronda de reuniones que el Gobierno nacional mantuvo recientemente con mandatarios provinciales encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, ni con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este dato fue interpretado como una señal de una relación distante pero institucional entre la provincia y la Casa Rosada.

La posición de Santa Fe ante el pedido de Caputo se fundamenta en argumentos financieros y técnicos, con una visión de coordinación que no compromete la autonomía ni la administración de los recursos provinciales. Pullaro dejó en claro que la decisión responde a los objetivos de ejecución de obra pública para los que se tomaron los fondos, sin perjudicar el patrimonio provincial. Al mismo tiempo, manifestó su disposición a colaborar con el Gobierno nacional siempre que existan condiciones para proteger el valor de los recursos.

La definición sobre cómo y cuándo ingresarán los USD 800 millones al país será clave en las próximas negociaciones entre la provincia y la Nación, en un escenario donde cada flujo de divisas adquiere relevancia para la política económica nacional y provincial.

El período de sesiones extraordinarias del Congreso llegó a su fin y el gobierno de Javier Milei fue el último en cantar victoria con la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal. El Palacio Legislativo mantendrá sus puertas cerradas hasta principios de febrero y los libertarios deberán aprovechar el receso para asegurarse los votos de varios proyectos clave. El más importante, sin dudas, será la reforma laboral, que busca “modernizar” la legislación para dinamizar el empleo privado. Aunque la agenda legislativa también incluirá la reforma del Código Penal, el compromiso de “estabilidad fiscal y monetaria” y una modificación de la Ley de Glaciares que favorezca los emprendimientos mineros en zonas hoy protegidas.

La intención original del Gobierno era avanzar en el Senado con la media sanción de la reforma laboral antes de que termine el año. Pero el traspié que significó que la oposición lograra rechazar en Diputados el capítulo del Presupuesto donde estaban incluidas las derogaciones de las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario obligó a Patricia Bullrich a replantear su estrategia.

La jefa del bloque de senadores de LLA no quiso correr riesgos al ver el comportamiento sinuoso de algunos gobernadores aliados y ordenó postergar el debate de la reforma laboral hasta el 10 de febrero. Ahora el ministro del Interior Diego Santilli será el principal responsable de asegurarse el respaldo de las provincias para la reforma que inaugurará la segunda mitad del gobierno de Milei.

Al mismo tiempo, el Gobierno continuará negociando con la CGT, que endureció su postura en los últimos dos meses y realizó un paro nacional el 18 de diciembre sin demasiado impacto político. Entre los puntos más sensibles para los sindicatos figura la limitación al cobro de cuotas solidarias a trabajadores no afiliados y la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.

Entre los principales cuestionamientos de la oposición también se destacaron las críticas a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplazaría al sistema de indemnización tradicional y utilizaría un 3% de los aportes, monto que dejaría de percibir la ANSeS.

Por su parte, en la Cámara de Diputados anticipan que la actividad se retomará recién a fines de febrero con el ingreso de la reforma del Código Penal, que incluye el endurecimiento de muchas penas.

A pesar del éxito del Presupuesto y de las buenas perspectivas que entusiasman al oficialismo respecto a las reformas pendientes, el saldo general del año legislativo fue muy negativo para el gobierno de Milei.

Entre marzo y noviembre se sancionaron apenas once leyes -el número más bajo de la última década- y solo dos fueron impulsadas por el oficialismo. Durante todo 2025 la oposición controló la agenda y logró aprobar aumentos para universidades, jubilaciones, para los hospitales pediátricos y para el área de discapacidad, también intentó modificar la forma de reparto de los Aportes del Tesono Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos.

Milei recurrió al veto presidencial en siete oportunidades para bloquear todos los proyectos que a su entender ponían en riesgo el equilibrio fiscal pero la oposición logró revertir tres vetos (discapacidad, universidades y Garrahan). Finalmente el Gobierno nunca ejecutó los aumentos, con el argumento de que el origen de los fondos no estaba estipulado.

Los libertarios apuestan a que el recambio legislativo, que convirtió a LLA en la primera minoría en Diputados y también lo dejó fortalecido en el Senado, más la dispersión de la oposición, marquen el inicio de una nueva etapa que les permita avanzar con su agenda de reformas.